Cuatro balas hirieron de muerte a Fermín Monasterio el 9 de abril de 1969. Nacido en Burgos, tenía 38 años, esposa, tres hijas y llevaba cinco años trabajando en Bilbao. Aquel día circulaba por el casco viejo mientras cuatro miembros de ETA, Mario Onaindia, Txutxo Abrisketa, Víctor Arana y Miguel Echevarría, regresaban a Bilbao para instalarse en un piso de la calle Artekale. Allí les esperaba la Policía. Onaindia, Abrisketa y Arana fueron apresados pero Echevarría huyó, alcanzado por dos disparos. El etarra paró un taxi y pidió al conductor que lo llevara hacia Burgos. Durante el trayecto, el taxista advirtió que estaba herido y rechazó continuar. Echevarría le amenazó con matarle si no le llevaba o le dejaba el taxi pero Monasterio se resistió. El etarra le descerrajó cuatro tiros y huyó. Otro taxista encontró a su compañero agonizante en la carretera y lo llevó al hospital de Basurto, donde falleció. Casi treinta años después, Echevarría fue detenido en México. Fue condenado a 8 años de cárcel por fabricar explosivos. Los hechos anteriores a 1977 habían sido amnistiados.
Los policías municipales Eloy García Cambra, navarro de 44 años, y su compañero Ignacio Rubio identificaron en la estación de autobuses de Galdácano a un individuo sospechoso: un miembro de ETA que había quedado allí con otros tres terroristas. Eloy, sin saber que era un etarra, se quedó solo con el sospechoso mientras su compañero se trasladaba a Basauri para informar del arresto a la Guardia Civil. Los otros tres etarras vieron a su compañero con el policía y le dispararon a quemarropa y por la espalda. Después se dieron a la fuga en un taxi, que se topó con el coche de la Guardia Civil en el que regresaban dos agentes y el otro policía municipal. Se inició entonces un tiroteo en el que resultó herido un guardia civil. Los etarras lograron huir. Miles de personas acudieron al funeral de Eloy García. La víctima era policía municipal desde hacía quince años, estaba casado y tenía cuatro hijos. Casi todos los comercios de Galdácano cerraron en señal de duelo.
Martín Durán Grande tenía veintiún años cuando fue asesinado en Bilbao. La noche del 10 de septiembre, varios miembros de ETA que intentaban llegar a España a través del Bidasoa fueron sorprendidos por la Guardia Civil. Uno de ellos fue detenido, pero el resto consiguió volver a Francia. Gracias a la información obtenida tras ese incidente, los agentes localizaron un piso en Bilbao que podía estar siendo utilizado por ETA. La mañana del día 11, efectivos policiales entraron en la casa y detuvieron a María Dolores González Catarain, Yoyes, que doce años después sería también asesinada por ETA. Mientras se hallaban allí llegaron otros dos etarras: uno de ellos fue apresado y otro huyó seguido por Durán, que recibió dos disparos. El agente llegó hasta la calle y allí se desplomó. A causa de la gravedad de las heridas falleció el 15 de septiembre. Horas más tarde, la Guardia Civil localizó al presunto autor de los disparos, Juan José Urcelay Imaz. En el enfrentamiento el etarra resultó muerto. Otro activista de la banda y dos agentes, heridos.
El inspector José Ramón Morán González tenía 32 años y vivía en Sopelana, a 7 kilómetros de Getxo donde trabajaba como responsable de la expedición del DNI. Estaba casado y tenía una hija de 3 años. Cada día se desplazaba en tren hasta allí y caminaba hasta la comisaría. Poco después de bajar, a las 8.40 horas del 22 de abril, un terrorista le disparó por la espalda con una escopeta de caza y después se dio a la fuga en un vehículo que le esperaba cerca. El policía cayó al suelo éntrelas calles Alango y Alangoberri y falleció pocos minutos después de llegar a la casa de socorro.
ETA se hizo responsable del asesinato a través de un comunicado. Como respuesta, el 25 de abril se decretó el estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa, por quinta vez desde el 5 de agosto de 1968, tras el atentado que acabó con la vida de Melitón Manzanas. José Ramón Morán era natural de La Vecilla (León). Había estado destinado en Palma de Mallorca, Torremolinos y Barcelona e intervenido en varias operaciones antiterroristas.
El 6 de mayo de 1975, el guardia civil Andrés Segovia Peralta, de 41 años, había terminado su servicio en la fábrica de armas Astra-Unceta y regresaba al acuartelamiento caminando por la vía férrea Bilbao-Bermeo. Eran poco más de las diez y media de la noche cuando, apenas recorridos unos cien metros, varios individuos que le esperaban en un Morris MG rojo le ametrallaron por la espalda. Cuando el jefe de estación y los clientes de un bar cercano llegaron hasta él había sido alcanzado por más de 20 impactos y aún seguía con vida. Andrés Segovia murió media hora más tarde en el taxi que le trasladaba a un hospital de Bilbao. En el suelo se encontraron casi cuarenta casquillos de bala.
Andrés Segovia Peralta nació en 1934 en Moral de Calatrava (Ciudad Real), estaba casado y era padre de una niña de cinco años y de un niño de nueve. Desde que salió de la Academia, en 1969, estuvo destinado en Gernika. El Ayuntamiento de su localidad natal lo nombró hijo adoptivo el día después del atentado.
El inspector Fernando Llorente Roiz, de 51 años, volvía a casa después del trabajo. Antes, entró en un bar cercano para recoger un paquete y se quedó un rato a ver en la tele dos asaltos de un combate de boxeo y tomar unos vinos con unos amigos. Mientras tanto, un desconocido llamó a su casa preguntando por él, para cerciorarse de que no había llegado. Cuando iba a entrar en el portal, en la calle Calixto Díaz de Bilbao, dos individuos le dispararon a quemarropa dejándole mortalmente herido mientras su hija lo veía por la ventana. Algunas personas que estaban en el bar fueron a atenderle al oír los disparos y le llevaron en coche al hospital de Basurto, donde falleció poco después. La víctima presentaba seis heridas de bala.
Fernando Llorente nació en Villanueva de Villaescusa (Cantabria). Llevaba veintisiete en la Policía y, antes de ser destinado a Bilbao, trabajó en Valladolid. Había estado al mando del 091 y después en las oficinas del DNI. Estaba casado y tenía tres hijas de veinte, diecisiete y tres años. Cientos de personas acompañaron a su familia en su funeral.
El teniente Domingo Sánchez Muñoz, de Sobradillo (Salamanca) y 48 años, participaba en el operativo que buscaba a los etarras que asesinaron a Andrés Segovia Peralta en Gernika ocho días antes. Entre las cuatro y las cinco de la madrugada del 14 de mayo Domingo y otros guardiaciviles tomaron posiciones en varias carreteras de acceso a la villa. Hacia las 6 llegaron al número 47 de la calle Señorío de Vizcaya y llamaron a la vivienda, en la planta baja. Los propietarios, Ignacio Garay Lejarreta y su mujer, Blanca Saralegui Allende, acudieron mientras dos miembros de ETA intentaban huir por una ventana. Frente a ella estaba Domingo Sánchez. Los etarras abrieron fuego alcanzando en la cabeza y en el pecho al teniente, que fue trasladado a un hospital de Bilbao donde ingresó cadáver. El tiroteo duró casi media hora y en él también resultaron muertos los propietarios de la casa donde se encontró armamento, información sobre movimientos de la Guardia Civil y un plano del itinerario que seguía habitualmente Andrés Segovia. Los dos etarras que habían iniciado los disparos lograron huir, aunque dos horas después uno de ellos, Jesús María Markiegi Aiastui, Motriko, fue localizado en una zona de monte donde se produjo un nuevo enfrentamiento en el que resultó muerto. El segundo intervino en otro tiroteo, pero logró escapar.
Domingo Sánchez tenía cuatro hijos de entre veintiuno y dieciséis años. Su primer destino como guardia civil fue Barcelona, en 1946, donde conoció a su esposa, Raquel Salicio y donde fue enterrado. En 1974 ascendió a oficial y fue destinado a Bilbao adscrito durante los últimos meses al Servicio de Información de la Comandancia de Vizcaya.
Víctor Legorburu Ibarreche, alcalde de Galdácano desde 1966, estaba sopesando dejar el cargo para dedicarse a su trabajo en la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao y al pequeño negocio de tipografía que compartía con un hermano. Tres meses antes, ETA había lanzado un ultimátum exigiendo la dimisión de todos los alcaldes y por eso Víctor iba escoltado por dos policías municipales. Además, dos años antes varios encapuchados entraron en su imprenta, amenazaron a Víctor y a su hermano Julián con una metralleta y prendieron fuego al local.
El 9 de febrero de 1976, el mismo día en que vencía el ultimátum de ETA, Legorburu salió de su casa sobre las ocho de la mañana y se dirigió al garaje, a varias manzanas, para recoger su coche y acudir al trabajo en la caja de ahorros. Cuatro individuos apostados a ambos lados de la calle le ametrallaron y fue alcanzado por doce proyectiles que le causaron la muerte. En el atentado resultaron también heridos los escoltas: Francisco Ruiz Sánchez, quien, a pesar de recibir once impactos de bala, logró salvar su vida y Gerardo García Romero. Víctor Legorburu, de sesenta y tres años, había nacido el 6 de marzo de 1912 en la misma localidad de la que era alcalde, estaba casado y tenía dos hijos de 20 y 22 años.
El guardia civil Miguel Gordo García era técnico en desactivación de explosivos. Como tal, había intervenido muchas veces en la retirada de ikurriñas, a menudo adosadas a cargas explosivas. Él había sido el encargado de quitar todas las banderas con explosivos de la provincia de Vizcaya a lo largo de la última semana. Aquel fin de semana aparecieron en las tres provincias vascas al menos, diez ikurriñas, tres de ellas con explosivos simulados y otras adosadas a cables de alta tensión. Miguel, de 41 años, murió electrocutado en Barakaldo al retirar una de ellas de un cable de alta tensión en la calle León, frente al edificio de Telefónica. Veinticuatro horas después de la muerte de Miguel Gordo, otra bandera fue colocada en la parte vieja de San Sebastián, con una inscripción firmada por ETA, y unida por cables a dos paquetes, uno de ellos con un potente explosivo.
Nacido en 1935 en Villabrán de Cea (Palencia), Gordo estaba casado y tenía un hijo de seis años. Ingresó en la Guardia Civil diecisiete años antes. Su primer destino fue en Ochandiano (Vizcaya) de donde pasó a la Comandancia de Bilbao como técnico en desactivación de explosivos. Fue enterrado Riesgo de la Vega (León), donde nació su viuda. Miguel Gordo fue el quinto guardia civil asesinado en circunstancias similares en apenas seis meses.
La portada del Diario de Navarra del 10 de junio llevaba dos noticias. Una, la aprobación del Proyecto de Ley del Derecho de Asociación, que abría el horizonte a la legalización de los partidos políticos. Otra, la del asesinato del abogado Luis Carlos Albo, tiroteado a las 16:10 horas, cuando se dirigía al instituto de Basauri donde impartía clases de Formación Política. Tres terroristas le esperaban en un coche robado poco antes en Bilbao. Al verle llegar, se bajaron y le dispararon a bocajarro varias veces. El abogado recibió seis impactos de bala, la mayoría de ellos en la cabeza, que le causaron la muerte instantáneamente. Los etarras huyeron en el automóvil en dirección a Bilbao.
Luis Carlos era hijo de Fausto Albo, un militar que fue alcalde de Barakaldo durante diecinueve años. También era jefe local del Movimiento Nacional, el partido único del régimen de Franco. Tenía 56 años y había nacido en Arnuero (Cantabria). Estaba casado y tenía seis hijos de entre 11 y 25 años. Abogado, tenía el despacho en Basauri. Con él trabajaba su hija como secretaria. “Creía que algo le podía pasar”, declaró la joven al diario El País un día después del crimen. Aun así no tomaba precauciones y, aunque tenía permiso de arma corta, nunca iba armado. En el funeral, su hijo mayor rogó que no se lanzaran voces de odio ni rencor: “Creo que así interpreto fielmente el pensamiento de mi padre”, dijo
El 20 de mayo de 1977, los Comandos Bereziak de ETA político-militar (que pronto se integrarían en ETA militar) secuestraron al industrial Javier de Ybarra y Bergé en su domicilio de Neguri (Getxo). Cuatro terroristas se presentaron en la casa familiar haciéndose pasar por enfermeros, sacaron las metralletas que llevaban ocultas bajo sus batas y consiguieron llegar hasta el lugar donde se encontraba el empresario. “No os preocupéis por mí. Lo más que estos van a poder hacer es pegarme un tiro y, en ese caso, iré a reunirme con vuestra madre en el cielo”, dijo a sus hijos.
Días más tarde, los terroristas enviaron una carta a la familia exigiendo el pago de un rescate: “La oligarquía de los Ybarra entregará a ETA la cantidad de mil millones de pesetas. En caso contrario, J. Ybarra será ejecutado, como lo fue Ángel Berazadi Uribe”. Familiares y hombres de negocios intentaron reunir el dinero solicitado, pero apenas consiguieron juntar 50 millones. El 2 de junio Miguel Ángel Apalategui, uno de los principales líderes de los Bereziak y sospechoso de haber ordenado el secuestro, fue detenido en Hendaya (Francia). El 13 de junio, los Ybarra recibieron un ultimátum en el que se fijaba como fin del plazo para el pago las 00.00 del día 15, fecha que posteriormente fue retrasada al 18.
El 20 de junio Radio Popular de San Sebastián recibió un comunicado en el que se indicaba dónde había sido depositado el cadáver con un plano del Alto de Barazar. Los guardias civiles que fueron a buscarlo sospechaban que pudiera ser una emboscada, pero no encontraron nada. Dos días después el cadáver cerca del caserío de Rekarte, un refugio de montañeros en el Alto de Barazar, envuelto en plásticos y cubierto por ramas de árboles, con un disparo en la cabeza, que podría haberse producido tres días antes. Allí aparecieron también diversos efectos personales de la víctima: un rosario, un misal y sus gafas.
Javier de Ybarra, nacido en Bilbao el 2 de julio de 1913, era licenciado en Derecho y diplomado en Psicología y Pedagogía. Estuvo vinculado al Consejo Superior de Protección de Menores en España, el Tribunal Tutelar de Menores de Vizcaya y la Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud. Como industrial, presidió la Babcock-Wilcox en Bilbao y fue consejero del Banco de Vizcaya, Iberduero y el diario El Correo. Durante cerca de 10 años, ETA le exigió el pago del impuesto revolucionario, pero él siempre se negó a hacerlo. En el ámbito político, fue presidente de la Diputación Provincial de Vizcaya (1947-1969) y alcalde de Bilbao (1963-1969).
Antonio Hernández Fernández-Segura, de 23 años, casado y con un hijo de seis meses, murió en el atentado que costó la vida al presidente de la Diputación de Vizcaya, Augusto Guillermo Unceta Barrenechea y al guardia civil Ángel Antonio Rivera Navarrón.
Hernández había ingresado en la Guardia Civil el 17 de febrero de 1975. Natural de Baños de Graena (Granada), llevaba muy poco tiempo destinado en Gernika.
Relato completo del atentado en Augusto Guillermo Unceta Barrenechea.
Véase también Ángel Antonio Rivera Navarrón
Ángel Antonio Rivera Navarrón falleció en el atentado de Gernika del 8 de octubre de 1977, en el que también murieron el presidente de la Diputación de Vizcaya, Augusto Guillermo Unceta Barrenechea, y el guardia civil Antonio Hernández Fernández-Segura.
Rivera nació en Socuéllamos (Ciudad Real) y estaba soltero. Había ingresado en la Guardia Civil en febrero de 1976.
Relato completo del atentado en Augusto Guillermo Unceta Barrenechea.
Véase también Antonio Hernández Fernández-Segura.
Como todos los sábados, aquel 8 de octubre el presidente de la Diputación de Vizcaya, Augusto Guillermo Unceta Barrenechea, se dirigió al frontón Jai Alai de Gernika para jugar un partido de pala con unos amigos. Le acompañaban dos agentes de la Guardia Civil, que formaban parte de su escolta. A las 12.50 estacionó su vehículo en un aparcamiento próximo al frontón, mientras los dos guardias civiles, que viajaban en otro automóvil, se detenían un poco más adelante. Augusto Unceta se apeó y abrió el maletero para recoger la bolsa de deporte. En ese momento un individuo le disparó un primer tiro en la cabeza, al que siguió una ráfaga de metralleta. En total, 11 impactos de bala que le ocasionaron la muerte de forma instantánea.
Los agentes Ángel Antonio Rivera Navarrón y Antonio Hernández Fernández-Segura estaban aún dentro de su coche cuando fueron tiroteados desde otro turismo. Uno de ellos pudo sacar su pistola y salir del coche, pero no tuvo tiempo de responder al fuego de los terroristas y cayó sobre el pavimento. Su compañero también pudo salir pero falleció a los pocos minutos. Uno de los agentes presentaba 17 impactos de bala; el otro, 12.
Nacido el 5 de diciembre de 1923 en Gernika, Augusto Unceta estaba casado y tenía tres hijos. Era propietario de la empresa de armas Astra, Unceta y Cía, y había sido alcalde de su localidad natal en los años sesenta. Desde que se produjo el asesinato del presidente de la Diputación de Guipúzcoa, Juan María Araluce Villar, el Ministerio del Interior le había asignado vigilancia policial. Había recibido numerosas amenazas de ETA, especialmente después de que, desde la Diputación de Vizcaya, se opusiera a la legalización de la ikurriña.
ETA se atribuyó el atentado a través de varias llamadas telefónicas a medios de comunicación de Bilbao. Esta acción supuso el inicio de una ofensiva de la rama ETA militar, que se había visto reforzada con la incorporación de los Comandos Bereziak, procedentes de ETA político-militar.
Véase también Antonio Hernández Fernández-Segura y Ángel Antonio Rivera Navarrón.
El 24 de febrero de 1978, Manuel Lemus Noya (Puen de Puerto, A Coruña, 1931), policía municipal de 46 años, fue asesinado cuando esperaba el autobús en la parada del camino de Regales, Santurtzi. Los etarras le dispararon desde un coche causándole dos heridas mortales de bala: una en la tráquea y otra que entró por la parte izquierda del pecho y salió por la espalda. Pese a que un barrendero pudo asistirlo y trasladarlo a la clínica de San Juan de Dios tras el ataque, finalmente, Manuel falleció a causa de sus heridas el 6 de abril.
El etarra José Antonio Balgañón, que había investigado y controlado los hábitos diarios de Lemus, fue condenado como cómplice de asesinato a 12 años y 1 día de reclusión menor, así como a indemnizar a los herederos de la víctima.
Esteban Beldarrain Madariaga, de 52 años, cobrador en la cabina de peaje ubicada en El Gallo (Galdakao) en la autopista Bilbao-Behobia, había sido teniente de alcalde de la localidad de Castillo-Elejabeitia. Un año y medio antes de su asesinato, la prensa publicó que había disparado con una escopeta de caza a una ikurriña colocada en la plaza de Galdakao, acto por el que recibió amenazas de ETA. La noche del 16 de marzo de 1978, Ernesto Alberdi Jáuregui y otros tres miembros que formaban parte de un grupo terrorista denominado Askatu, perteneciente a ETA, robaron un taxi en Bilbao y fueron al peaje en el que trabajaba Esteban Beldarrain, ametrallándole e hiriéndole mortalmente en la cabeza, piernas, brazos y estómago.
Alberdi Jáuregui fue condenado por complicidad en un delito de asesinato a 12 años y 1 día de reclusión menor, así como a indemnizar a los herederos de la víctima.
Andrés Guerra Pereda, de 29 años y casado, fue una de las primeras víctimas mortales de los atentados terroristas que ETA inició en 1977 contra la empresa Iberduero, promotora de la central nuclear que estaba construyendo en la localidad vizcaína de Lemoiz.
En noviembre de 1977, ETA ordenó a José Antonio Torre Altonaga, alias Medius, electricista de la empresa Elecnor en las instalaciones de la central, que facilitara el acceso a tres terroristas vestidos con buzos similares a los de la empresa Tamoin, que también trabajaba para la central de Lemoiz. Torre les introdujo en la planta, les enseñó la forma de llegar al generador y una vía de escape.
El 17 de marzo de 1978, los terroristas se colaron en el edificio y prepararon una bomba para que se explotara a las 14.55 horas. Torre, que acabó su turno a las dos de la tarde, llamó a la central unos 40 minutos después diciendo: “Soy un portavoz de ETA militar. Hay colocado un explosivo de gran potencia en uno de los generadores del edificio de contención 1”. A las 14.53 horas se produjo la explosión en la que fallecieron Andrés Guerra Pereda y Alberto Negro Viguera. Otros catorce trabajadores de la central resultaron heridos. Torre fue condenado por su participación en el atentado a 20 años de reclusión menor.
Véase también Alberto Negro Viguera.
Alberto Negro Viguera, 43 años, casado y padre de tres hijos, murió por la detonación de una bomba colocada en las instalaciones de la central nuclear de Lemoiz (Bizkaia), el 17 de marzo de 1978.
Su hija mayor, Mari Mar Negro, estaba en casa, con su madre, cuando escucharon por la radio la noticia del atentado en Lemoiz. Ambas fueron de inmediato a la clínica San Juan de Dios, donde estaban trasladando a los heridos.
Mari Mar reconoció a un compañero de su padre, que en cuanto las vio lloró dando a entender a madre e hija que Alberto era uno de los muertos. Con su asesinato, la familia se quedó sin ingresos hasta que Iberduero, promotora de la central nuclear, contrató a Mari Mar.
Entre las visitas de condolencia que la familia recibió, destaca la de un cura muy conocido en Portugalete, que se identificó como emisario de la organización terrorista y les aseguró que ETA no tenía intención de que muriera ningún trabajador en el atentado; su objetivo –les dijo– era frenar las obras de construcción de la central y asustar a quienes las financiaban.
Relato completo del atentado en Andrés Guerra Pereda.
Dos jóvenes sin identificar abrieron fuego la noche el 15 de abril contra dos policías municipales que vigilaban el parque Doctor Areilza, de Portugalete. Lolo Jato resultó herido de gravedad y su compañero4 ileso. Postrado en una silla de ruedas, fue sometido a numerosas intervenciones y falleció 25 años después, el 17 de mayo de 2003.
Fue incluido en el listado de asesinatos sin esclarecer que las asociaciones de víctimas entregaron en la Audiencia Nacional para conocer la situación procesal de su causa. En el informe de su Oficina de Atención a Víctimas consta como resolución judicial el archivo provisional de la causa.
Casado, murió a los 65 años.
José María Portell (Barakaldo, 1933), de 44 años, fue el primer periodista asesinado por ETA. Casado con la también periodista Carmen Torres Ripa, tenía cinco hijos y conocía muy bien el mundo y el entorno de ETA, por lo que fue elegido por el Ministerio del Interior para ser intermediario entre el Gobierno y la banda terrorista en 1977. El 28 de junio de 1978, cuando Portell entró en su coche, un terrorista se colocó a la altura de la ventanilla del conductor y otro en la parte trasera. Acto seguido le dispararon, provocándole la muerte instantánea. ETA militar reivindicó el asesinato, pese a que ETA político-militar hizo pública una declaración condenándolo.
En el momento de su muerte, Portell era redactor jefe en La Gaceta del Norte, director de La Hoja del Lunes, corresponsal de La Vanguardia, ABC y la agencia Associated Press. Había estudiado periodismo en Madrid y Barcelona y, al terminar sus estudios, comenzó a trabajar en el diario Hierro. Precisamente en una entrevista publicada en dicho diario, Portell declaraba: “La noticia que me gustaría dar es: Por fin hay paz en Euskadi”. Había escrito dos libros: Euskadi: la amnistía arrancada (Dopesa, 1977) y Los hombres de ETA (Dopesa, 1974). Miles de personas acudieron a la parroquia de San José, en Barakaldo, para despedirse del periodista asesinado y acompañar a su familia.
José Javier Jáuregui Bernaola, de 38 años, soltero, era conductor de una ambulancia de la Seguridad Social en Sestao y tenía un bar en la localidad vizcaína de Lemoa, donde también era juez de paz.
Jáuregui no se consideraba de ningún partido, aunque había recibido amenazas, sobre todo telefónicas, por colocar una bandera española en su bar. El 8 de julio de 1978, la víctima se encontraba en su establecimiento, situado en la calle de la Estación, cuando dos miembros del Comando Kioto de ETA entraron y le dispararon cinco tiros a corta distancia, causándole la muerte. Los etarras se dieron a la fuga en un automóvil robado en el que les esperaba un cómplice.
El capitán de corbeta Francisco de Asís Liesa Morote, barcelonés de 56 años, era el segundo jefe de la Comandancia de Marina de Bilbao. Era ingeniero industrial y se había iniciado profesionalmente como marino mercante, para pasar después por oposición a la Armada. Estaba casado y tenía un hijo de 25 años. Fue asesinado en su propia casa, en la calle Amadeo Deprit, el 3 de octubre de 1978.
Hacia las 20.30, un desconocido se acercó al portero del inmueble para que le abriera. Una vez dentro, le preguntó si Francisco Liesa estaba en casa y, tras confirmarlo, sacó un arma y lo encañonó con ella. Otros tres miembros de ETA, que cubrían la mitad de sus caras con pañuelos, entraron entonces en el portal. Los terroristas obligaron al portero a que les condujera hasta el domicilio del militar, en cuyo interior se encontraban también su esposa y tres alumnos de náutica a quienes estaba dando clase.
La propia víctima fue quien abrió la puerta a los agresores, que obligaron a entrar al portero. Al verlos, la mujer gritó “¡asesinos!”, “¡asesinos!”, mientras uno de ellos se encerraba con Francisco Liesa en una habitación. Tras cinco minutos, en los que al parecer mantuvo una conversación con él, el terrorista abrió la puerta y dijo: “Ya hemos terminado”. Sin mediar palabra, efectuó un único disparo a bocajarro en la sien del capitán de corbeta, que murió al instante.
El guardia civil Ángel Pacheco Pata tenía 20 años y llevaba solo dos meses destinado en Bilbao. Tenía 20 años, estaba soltero y era natural de Ciudad Rodrigo (Salamanca), aunque había vivido desde muy pequeño en la también población salmantina de Fregeneda, de donde eran sus padres.
Tras el asesinato en Elgoibar del cabo primero Anselmo Durán Vidal, la Guardia Civil estableció controles de carretera en las zonas próximas al lugar del atentado. Uno de esos controles se situó en el Alto de San Miguel, en una carretera secundaria que conducía a Elgoibar. Un coche llegó hasta allí con las luces apagadas y, al encontrarse con los agentes, disparó contra ellos y emprendió la fuga. Las balas alcanzaron a Ángel Pacheco, que murió prácticamente en el acto.
Los terroristas eran miembros del comando Araba de ETA, que se habían desplazado a Bizkaia y se toparon accidentalmente con el control. Tras el tiroteo, un agente salió a perseguir a los agresores y encontró el vehículo abandonado, lo que hizo sospechar que habían huido por el monte. Aunque se rastreó minuciosamente la zona, no se localizó a los etarras.
Al día siguiente del atentado, tuvo lugar una manifestación en Eibar bajo el lema “No al terrorismo, sí a la Constitución”. Los manifestantes recorrieron las calles de la localidad colocando carteles de denuncia de los últimos asesinatos y repartiendo octavillas. A raíz de los atentados de Elgoibar y Markina, se convocó para el 28 de octubre otra manifestación contra el terrorismo en Bilbao, bajo el lema “Por una Euskadi libre y en paz”. Fue uno de los primeros actos de protesta multitudinarios de rechazo al terrorismo que se celebraron en el País Vasco.
El policía nacional José Benito Díaz García tenía 27 años y había nacido en la localidad tinerfeña de Porís de Abona. Estaba recién casado y era padre de un niño de corta edad. El 13 de octubre de 1978, él y otros dos agentes, Ramón Muiño Fernández y Elías García González, salieron en un Jeep de la Policía para relevar a sus compañeros que custodiaban a un recluso de la prisión de Basauri ingresado en el sanatorio de Santa Marina, en Bilbao.
El atentado tuvo lugar en la carretera de acceso al sanatorio. Los terroristas estaban ocultos a ambos lados de la calzada y dispararon desde tres puntos distintos. El conductor del coche, Ramón Muiño, y Elías García fallecieron al instante. José Benito Díaz, situado en la parte trasera, resultó herido de extrema gravedad y, tras ser trasladado al hospital civil de Bilbao, fue intervinieron quirúrgicamente durante cinco horas. A pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, murió el 25 de octubre.
Un joven que pasó por el lugar del atentado pocos instantes después vio a un grupo de seis u ocho personas armadas y el vehículo policial acribillado a balazos. Uno de los terroristas disparó a las ruedas del coche del testigo para evitar que pudiera alertar inmediatamente de lo sucedido. Los terroristas huyeron en dirección a la carretera de Santo Domingo, por lo que en apenas 10 minutos pudieron llegar al centro de Bilbao. Al día siguiente, ETA asumió la autoría del atentado.
Véase también Elías García González y Ramón Muiño Fernández.
El policía Elías García González, de 21 años, era natural de Fuenterroble de Salvatierra (Salamanca). Estaba casado y tenía una hija de dos meses. Destinado en la quinta compañía de la Policía Armada, con base en Bizkaia, falleció el 13 de octubre de 1978 en Bilbao, cuando varios etarras emboscados acribillaron el Jeep en el que viajaba. En el mismo atentado fallecieron los policías José Benito Díaz García y Ramón Muiño Fernández.
Véase el relato completo del atentado en José Benito Díaz García.
Véase también Ramón Muiño Fernández.
Ramón Muiño Fernández, de 30 años, era natural de Valella (Lugo) y estaba soltero. Pertenecía a la tercera compañía de la Policía Armada, con sede en Bizkaia, y vivía en el barrio bilbaíno de Santutxu. Falleció en el mismo atentado que sus compañeros José Benito Díaz García y Elías García González, cuando varios etarras tirotearon el vehículo en el que viajaba, el 13 de octubre de 1978, en Bilbao. En el mismo atentado murieron los policías José Benito Díaz García y Elías García González.
Véase el relato completo del atentado en José Benito Díaz García.
El agente Alberto Villena Castillo, granadino de 27 años, fue asesinado cuando recorría los muelles de Lekeitio, muy cerca del puesto de los especialistas fiscales de la Guardia Civil, donde estaba destinado desde hacía tres años. Su misión era vigilar la costa para evitar la entrada de contrabando a través del puerto. Estaba casado y tenía una hija pequeña.
El 14 de octubre de 1978, hacia las 21.30 horas, Alberto fue tiroteado desde el interior de un vehículo ocupado por cuatro personas. Cinco de los disparos alcanzaron su cuerpo, uno de ellos cerca del corazón. Fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil y de ahí al ambulatorio de la Seguridad Social, donde ingresó cadáver.
Los autores del atentado utilizaron un automóvil Simca 1200, con el que huyeron en dirección a Gernika. Allí abandonaron el turismo para proseguir la fuga en un Seat 127 con matrícula de San Sebastián.
Los domingos por la tarde, cuando había partido de fútbol, dos parejas de la Guardia Civil se desplazaban desde el cuartel de Las Arenas al campo de Gobelas, en Getxo, para cubrir la seguridad del encuentro. El 22 de octubre de 1978, hacia las 18.15, el sargento Luciano Mata Corral y los agentes Luis Carlos Gancedo Ron, Andrés Silverio Martín y Carlos Troncoso Currito, que habían acudido al campo de fútbol, regresaban caminando al cuartel. Iban divididos en parejas, una por cada acera de la calle, cuando cuatro individuos escondidos detrás de una tapia les dispararon con metralletas y escopetas de caza. Luciano Mata y Luis Gancedo, que caminaban por la acera más cercana a la tapia, murieron en el acto. Los otros dos guardias civiles, que transitaban por la acera opuesta, también fueron tiroteados, sin tener tiempo para reaccionar. Carlos Troncoso salvó la vida, pero Andrés Silverio falleció tres días después.
Tras el atentado, los cuatro terroristas corrieron hasta el lugar donde los esperaban otros dos individuos. Los seis huyeron en dos vehículos robados, que fueron encontrados horas más tarde a pocos kilómetros de allí. Al día siguiente, ETA militar asumió la autoría del crimen. Luis Gancedo era natural de Buyando-Tineo (Asturias), tenía 28 años, estaba casado y era padre de dos hijos
Véase también Luciano Mata Corral y Andrés Silverio Martín.
El sargento de la Guardia Civil Luciano Mata Corral era natural de Puebla de Valdivia (Palencia), tenía 58 años y tan solo le quedaban cuatro días para la jubilación reglamentaria cuando fue asesinado por ETA. Estaba casado y era padre de dos hijos. Falleció en el atentado de Getxo perpetrado el 22 de octubre de 1978, al ser alcanzado por varias ráfagas de metralleta, que le causaron la muerte al instante. En este atentado murieron también los guardias civiles Luis Carlos Gancedo Ron y Andrés Silverio Martín.
Relato completo del atentado en Luis Carlos Gancedo Ron.
Véase también Andrés Silverio Martín.
El guardia civil Andrés Silverio Martín procedía de Gaucín (Málaga), tenía 25 años y estaba casado. Fue asesinado en Getxo el 22 de octubre de 1978, cuando regresaba de prestar seguridad en un partido de fútbol. Caminaba junto al sargento Luciano Mata Corral y los agentes Luis Carlos Gancedo Ron y Carlos Troncoso Currito. Todos ellos fueron ametrallados por cuatro miembros de ETA, que estaban escondidos detrás de una tapia.
Las primeras personas que acudieron al lugar de los hechos encontraron muertos a Luciano Mata y Luis Gancedo, y heridos a Andrés Silverio y Carlos Troncoso. Andrés sangraba abundantemente de la cabeza y presentaba heridas en el codo, piernas y glúteos. Carlos, de 26 años, casado y natural de Isla Cristina (Huelva), tenía impactos en el tórax, pierna derecha y codo. Ambos fueron trasladados en vehículos particulares al hospital civil de Bilbao. Carlos acabaría salvando la vida, pero Andrés entró en coma profundo y, pese a ser intervenido quirúrgicamente, falleció tres días después.
Relato completo del atentado en Luis Carlos Gancedo Ron.
Epifanio Benito Vidal Vázquez era chapista en un garaje de Durango y estaba afiliado a la UGT. Había nacido en la localidad zamorana de Villardondiego, tenía 27 años y estaba casado con Rosa María Vadillo Uranga, de 23, con quien tenía un hijo, Iván, de apenas un año. Residía en Durango, donde también vivían sus padres y una hermana.
El 25 de octubre de 1978, como de costumbre, Epifanio salió del trabajo con otros cuatro compañeros para ir a sus respectivas casas a comer. Los cinco empleados caminaron unos 100 metros y atravesaron un descampado, cuando un hombre que simulaba revisar un automóvil y que iba acompañado por otras dos personas se acercó a Epifanio y comenzó a hablar con él. Este individuo y sus acompañantes le dispararon hasta siete veces. Tres tiros le alcanzaron la cabeza y le provocaron la muerte en el acto. Los terroristas huyeron en el mismo vehículo que habían utilizado como señuelo.
Al día siguiente, ETA militar asumió la autoría del atentado y acusó a la víctima de estar relacionada con la Policía. Tras su funeral, un grupo de personas se manifestó en silencio por las calles de Durango detrás de una ikurriña bajo el lema “No más asesinatos”.
Juan Cruz Hurtado Fernández, de 25 años y natural de Areatza, y su novia Manuela, sevillana de 21, solían frecuentar el bar Azul de Gernika, donde ambos vivían. Allí se encontraban el 2 de noviembre de 1978. Juan estaba sentado delante de la barra cuando varios terroristas con la cara tapada se le acercaron y le dispararon hasta en cuatro ocasiones, matándolo en el acto. Manuela también fue alcanzada por uno de los disparos, que le provocó heridas por las que tuvo que ser atendida en un centro sanitario.
Los asesinos llevaban varias semanas vigilando los movimientos de su víctima, a quien acusaban de ser de extrema derecha y de colaborar con la Policía. El día del crimen, a las 21.20, entraron en un garaje y robaron un vehículo a mano armada. Después esperaron a que Juan y Manuela llegaran al bar para atentar contra ellos.
Dos días después, ETA militar se hizo responsable de este asesinato y del de Rafael Recaola Landa, albañil acribillado el mismo día. El 4 de diciembre de 1982, la Audiencia Nacional condenó a José María Sagarduy Moja, José Antonio Echevarri Ayesta, Juan Carlos Gorrindo Echeandía y Enrique Aguirre Echeita como autores del atentado. La sentencia imponía a cada uno de ellos una pena de 23 años, cuatro meses y un día, además de una indemnizar a los herederos de Juan por su asesinato y otra a Manuela por las heridas sufridas en el atentado.
José Benito Sánchez Sánchez, natural de Morille (Salamanca), tenía 30 años y estaba a punto de casarse. Ingresó en la Policía Nacional a los 26 años y acababa de ascender a cabo cuando fue asesinado por ETA.
El atentado tuvo lugar en el cuartel de Basauri, a poca distancia de la autopista Bilbao-Behobia. Sus instalaciones tenían residencias para los agentes, garajes y talleres, además de zonas deportivas. Antes de perpetrar el crimen, un comando de ETA había observado que los agentes solían practicar deporte en un campo situado en la parte trasera del recinto. El 20 de noviembre de 1978, minutos después de las once de la mañana, 33 policías jugaban allí al fútbol. Los terroristas se acercaron por la autopista en tres vehículos robados, se detuvieron en el arcén, abrieron fuego contra los centinelas de las dos garitas y dispararon indiscriminadamente contra los demás agentes. En el atentado murieron José Benito Sánchez y Benjamín Sancho Legido. Otros 16 policías resultaron heridos, al igual que un joven que se encontraba en el exterior del cuartel. Benjamín y siete de los heridos pertenecían a la compañía de la reserva general con base en Zaragoza. El resto formaban parte de la guarnición de Basauri.
Dos años más tarde, Juan José Gaminde Aranguren fue condenado a seis años y un día de prisión mayor por encubridor, mientras que José Manuel Legarreta-Echevarría Gamboa fue condenado a dos penas de 12 años y un día de reclusión menor como cómplice del atentado. Además, ambos debían indemnizar a los herederos de las víctimas y a los heridos.
Véase también Benjamín Sancho Legido.
El policía municipal Ángel Cruz Salcines, de 60 años, era de Santander y desde 1947 vivía con su esposa en el País Vasco. Perdió la vida en el mismo atentado en el que también murieron el comisario José María Sarrais Llasera y el subcomisario Gabriel Alonso Perejil, el 5 de diciembre de 1978 en el bar Urgull de San Sebastián.
Alrededor de las 14.30, la esposa de Ángel comenzó a preocuparse porque su marido entraba a trabajar a las 16.00 y todavía no había llegado a casa a comer. Llamó a la oficina del Ayuntamiento de Pasaia y le dijeron que Ángel había tenido un accidente y que se encontraba en el hospital. Tuvo que llamar al centro médico para enterarse de que, en realidad, su marido estaba muerto.
Ángel Cruz, José María Sarrais y Gabriel Alonso habían sido acribillados a balazos por los pistoleros de ETA que asaltaron el bar donde los tres policías se encontraban tomando un aperitivo. Ángel permanecía aún con vida cuando llegaron los servicios sanitarios, pero falleció durante su traslado al Hospital de Nuestra Señora de Aránzazu. Pocos días después de este atentado, ETA asesinó también al jefe de Ángel, Juan Jiménez Gómez.
Relato completo del atentado en José María Sarrais Llasera.
Véase también Gabriel Alonso Perejil.
El taxista Elías Elexpe Astondoa, de 56 años, casado y con dos hijas, nació en la localidad de Arantzazu, en el valle de Arratia, y era euskaldún (vascoparlante), igual que su familia. El 26 de noviembre de 1978, se encontraba en el caserío familiar, llamado Zubieta Barri, escuchando las noticias de las ocho de la tarde de Radio Nacional de España. De pronto, alguien llamó a la puerta. Cuando abrió, un desconocido le disparó dos veces. Murió prácticamente en el acto. Una de sus hijas acababa de subir a la segunda planta del caserío y escuchó el motor de un coche que se detenía. Segundos después, oyó los dos disparos que acabaron con la vida de su padre.
Elías había recibido numerosas amenazas por haber sido miembro de la Guardia de Franco, según confirmaron sus allegados y algunos compañeros de trabajo. ETA militar se hizo responsable del crimen a través de un comunicado. El vehículo utilizado por los terroristas había sido robado previamente en Gernika a punta de pistola. El propietario fue maniatado y abandonado a las afueras de esa localidad, tras haberle sido arrebatado el DNI.
Vicente Rubio Ereño, que en pocos días iba a cumplir 61 años, era padre de siete hijos, el más pequeño de siete años. Era militante de Falange Española y había sido amenazado de muerte por ETA. Fue suboficial del Ejército durante los años 1969 y 1970, antes de llegar a la jefatura de la Policía Municipal de Santurce. Después abandonó el cargo para dedicarse a otras actividades, aunque cuando atentaron contra él ya estaba jubilado.
El 9 de diciembre de 1978, tres días después de la aprobación en referéndum de la Constitución española, Vicente Rubio se encontraba con un amigo, Juan González Fernández, en el bar Zarza de Santurtzi. Estaban en la barra, al fondo del establecimiento, cuando entró un miembro de ETA con la cara cubierta por una capucha y empezó a disparar con una pistola. Vicente fue herido mortalmente, mientras que su amigo sufrió lesiones de carácter leve, porque al terrorista se le encasquilló el arma.
Tras cometer este asesinato, el etarra salió a la calle, donde le esperaba otra persona dentro de un Renault 12 con matrícula de Bilbao, que poco antes había sido robado a mano armada por tres individuos en la capital vizcaína. El bar Zarza había sido amenazado un mes antes con pintadas a favor de ETA y en contra del dueño del establecimiento.
Joaquín María Azaola Martínez, natural de Getxo y de 55 años, era delineante y exmiembro de ETA. Padre viudo de tres hijos, fue asesinado el 19 de diciembre de 1978. Aquél día, Azaola, también conocido como Yokin en los círculos etarras, se hallaba en el garaje donde se reunía con varios compañeros para ir al trabajo, cuando un trío de encapuchados le asaltaron. Uno de ellos le disparó tres veces entre pecho y vientre matándole. ETA militar reivindicó el atentado acusándole de ser confidente de la Policía.
La historia de Yokin se remonta a los años de postguerra, cuando se exilió a Francia, regresando intermitentemente al País Vasco. Durante esos cortos lapsos que pasó en Vizcaya se unió a ETA. En 1974 participó en la llamada operación Pesca, cuyo objetivo era secuestrar a don Juan de Borbón en Mónaco, trasladarlo a Niza y pedir la libertad de etarras encarcelados junto a un pingüe rescate económico. Azaola, en desacuerdo con el plan, alertó al gobierno vasco en el exilio y a la Policía española y su chivatazo propició que la operación fuera abortada.
A finales de 1977 se instaló definitivamente en su localidad natal acogiéndose a la Ley de Amnistía y publicó Los elegidos de Euskadi. Un atentado al futuro bajo el seudónimo Odei Erreka, libro en el que relataba el secuestro fallido y que sirvió de pretexto a ETA para acusarle de colaborador y asesinarle.
José María Arrizabalaga Arcocha, bibliotecario de 27 años, natural de Ondarroa, soltero y jefe de la Juventud Tradicionalista Carlista de Vizcaya, fue asesinado por ETA el 27 de diciembre de 1978. El mismo día en el que el Rey firmaba la Constitución, dos miembros de la denominada célula Oiz entraron en la biblioteca municipal de Ondarroa, donde José María trabajaba, y le descerrajaron once disparos causándole la muerte.
Su familia ya había sufrido un atentado anterior, el 14 de diciembre de 1971, cuando la banda terrorista colocó una bomba en la perfumería de su hermano, antiguo alcalde de Ondarroa.
En julio de 1980, la Policía desarticuló el comando responsable del atentado y los etarras Juan Carlos Gorrindo Echeandia y José Antonio Echevarri Ayesta fueron condenados a 23 años, 4 meses y un día de reclusión mayor; mientras que a José María Sagarduy Moja se le impuso una pena de 14 años, 8 meses y un día de arresto menor. Los tres fueron condenados a pagar una indemnización económica conjunta a los herederos de la víctima.
Lisardo Sampil Belmonte, taxista y camionero a tiempo parcial de 49 años, era de Lanoa (Ourense) y vivía en Yurre desde hacía veintidós años. Casado y padre de dos hijos, fue asesinado por ETA el 30 de diciembre de 1978 acusado de ser “colaborador y confidente de las fuerzas de ocupación en Euskadi”.
Sampil fue ejecutado en su taxi mientras esperaba clientes en la puerta de un bar. Un terrorista encapuchado perteneciente al comando Kioto le disparó en la cabeza, el corazón y el costado.
El 2 de enero ETA militar reivindicó la muerte de Lisardo y el 5 de marzo de 1982 se condenó a Juan José Larrinaga Echeverría y Ernesto Alberdi Olano, autores del atentado, a 24 años de prisión mayor y al pago de una indemnización económica a los herederos de la víctima.
Vicente Irusta Altamira, de 26 años y soltero, era amigo personal de Juan Hurtado Fernández, el vecino de Gernika que fue asesinado por ETA el 2 de noviembre de 1978. Vicente fue ajusticiado por la banda terrorista el 8 de febrero de 1979 tras recibir tres disparos de una escopeta de caza a unos trescientos metros del caserío donde vivía. No hubo testigos del crimen. A las 9 horas del 8 de febrero, un grupo de niños que se dirigía a la escuela encontró el cuerpo en un descampado. Vicente fue visto por última vez sobre las 22 horas del día anterior tras abandonar un bar de su localidad. La banda terrorista justificó el crimen aduciendo que Vicente tenía lazos con la extrema derecha.
Véase también Juan Hurtado Fernández.
César Pinilla, de 48 años y guardia civil retirado, estaba casado y tenía una hija. Llevaba seis años en Munguía como jefe de la Policía Municipal cuando el comando de apoyo a ETA militar Andoni Campillo le asesinó camino de su casa el 12 de febrero de 1979. Varios terroristas le dispararon por la espalda matándole en el acto. Sus restos fueron enterrados en la localidad onubense de Gibraleón, de donde era su esposa.
El final de los años 70 y el comienzo de los 80 fueron conocidos como los años de plomo en el País Vasco, porque el terrorismo y la violencia eran extremos y resultaban contagiosos. Al lado de las grandes organizaciones terroristas —ETA militar y ETA político-militar— aparecieron imitadores —como los Comandos Autónomos Anticapitalistas e Iraultza—, pero también células locales. Uno de esos grupos, el comando de apoyo a ETA militar Andoni Campillo, nació en la comarca de Bermeo y Gernika por iniciativa de un antiguo miembro de ETA. José Luis Bengoa García fue condenado por este atentado.
El apellido de Maderal Oleaga pertenece al de un héroe de la Legión. El cabo Juan Maderal, de Erandio, donde tiene una plaza dedicada, murió en combate enfrentándose a las tropas infiltradas desde Marruecos en la colonia española, el 13 de enero de 1958 en el barranco de Edchera (Sáhara). En aquella batalla, el Ejército español contabilizó treinta y ocho muertos y medio centenar de heridos. Juan y su jefe, el brigada Francisco Fadrique, murieron protegiendo la retirada de sus compañeros y, por ello, fueron condecorados con la Cruz Laureada de San Fernando, que premia el valor en combate.
José María, hermano de Juan, bilbaíno de 48 años, estaba casado y tenía dos hijos. Empleado de Iberduero y presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Vizcaya, que agrupaba a unos quinientos exlegionarios, había recibido amenazas varias amenazas de muerte antes de ser asesinado el 16 de marzo de 1979.
A primera hora de la mañana, cuando se dirigía a pie a su trabajo, como todos los días, tres terroristas encapuchados le dispararon siete balas en la cabeza y el tórax que acabaron con su vida.
Pedro Ruiz Rodriguez, de 30 años, natural de Villar don Pardo, Jaén, y casado desde hacía cuatro meses, trabajaba desde hacía diez en el Ayuntamiento de Durango, primero como externo y, tras aprobar las oposiciones, como policía municipal.
ETA le asesinó el 28 de abril de 1979 al mediodía, cuando dirigía el tráfico urbano, momento en el que unos etarras se acercaron a él en un coche robado y lo ametrallaron. Cinco disparos le causaron la muerte en el acto.
Juan Antonio Olagorta Arana y Juan Carlos Gorrindo Echeandia fueron condenados a 29 años de reclusión mayor y al pago de una indemnización a los familiares de la víctima; mientras que José Antonio Echevarri Ayesta y Juan Miguel Iturriaga Omar fueron condenados como cómplices del asesinato a 14 y 12 años de reclusión menor, respectivamente, y al pago subsidiario de la indemnización anterior.
Antonio Pérez García, natural de la localidad malagueña de Cortes de la Frontera, casado y con tres hijas, llevaba 20 años residiendo en Lemona tras diez en otras localidades vizcaínas. Trabajaba como vigilante en una empresa cementera y regentaba un bar. Tras sufrir amenazas abandonó temporalmente la localidad. Poco después de regresar fue asesinado el 17 de mayo de 1979 por miembros del comando Kioto de ETA.
La noche de su asesinato, Antonio salió de su trabajo en la cementera con un compañero, y ambos se dirigieron a su bar en coche. Al dejar a su acompañante en el establecimiento para ir a aparcar el vehículo, dos terroristas le asaltaron y uno de ellos le mató con tres disparos en el tórax, tras lo que huyeron en un coche robado.
En 1979, Juan José Larrinaga Echeverría fue condenado a 26 años, 8 meses y 1 día de reclusión mayor. En 1987, también fueron condenados a prisión Juan José Legorburu Guerediaga, Ernesto María Alberdi Olano, Juan Antonio Urrutia Aurteneche y Fernando Iraculis Albizu, así como a indemnizar a los herederos de Antonio.
Ángel Baños Espada, nacido en Cartagena y padre de cinco hijos, murió a los 46 años por la explosión de una bomba colocada en la central nuclear de Lemóniz el 13 de junio de 1979. Era la segunda bomba y el tercer muerto de ETA en la central. Otro artefacto similar había acabado con la vida de Andrés Guerra Pereda y Alberto Negro Viguera un año antes.
Aquel 13 de junio, dos terroristas se colaron en las instalaciones y colocaron a punta de pistola el explosivo en el tanque de refrigeración. Pese a que ETA alertó telefónicamente de la bomba tanto a Iberduero, empresa responsable de las obras de la central, como a la emisora bilbaína Radio Popular y se realizó el protocolo de evacuación para los empleados, Baños no se percató del desalojo y murió a consecuencia de la onda expansiva de la explosión.
Los cuatrocientos trabajadores de Iberduero emitieron un comunicado público el 20 de junio denunciando la “irresponsabilidad” de ETA.
Véase también Andrés Guerra Pereda y Alberto Negro Viguera.
El agente comercial Diego Alfaro Orihuela, de 50 años, natural de Jerez de la Frontera y residente en Sevilla, murió en el atentado de Basauri del 22 de junio de 1979. Aquella noche, mientras Diego iba en coche con otros tres agentes comerciales, pasaron cerca del cuartel de la Policía Nacional de Basauri y entraron en el fuego cruzado que la policía mantenía con un comando etarra. Los terroristas disparaban contra dos autobuses llenos de agentes procedentes de Bilbao que regresaban al cuartel tras su servicio. Diego y sus compañeros, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, se agacharon, pero dos balas perdidas entraron en el coche por la luna trasera. Una impactó en la cabeza de Diego, fracturándole el cráneo. Falleció a las pocas horas. Otros dos compañeros del vehículo sufrieron heridas leves.
El policía nacional Emilio López, segoviano de 30 años y soltero, fue asesinado el 28 de julio de 1979. Tras dejar momentáneamente el control de carretera que vigilaba junto al cabo Miguel Ángel Saro Pérez para dirigirse a pie a un estanco cercano, varios etarras les dispararon desde un coche y huyeron. Pese a que después del atentado se realizaron numerosos controles, no se encontró rastro de los terroristas. Ambos agentes fallecieron cuando eran trasladados al hospital de Basurto.
Véase también Miguel Ángel Saro Pérez.
El cabo de la Policía Nacional Miguel Ángel Saro Pérez, de 30 años, santanderino, casado y con tres hijos, murió tiroteado por ETA en el atentado del 28 de julio de 1979 en el que también falleció el agente Emilio López de la Peña.
Relato completo del atentado en Emilio López de la Peña.
Antonio Nieves Cañuelo, de 23 años, era de Marmolejo (Jaén), estaba casado y tenía dos hijos. Eran las 12.10 horas del 8 de agosto de 1979 cuando cuatro terroristas atentaron contra él y dos compañeros.
Antonio conducía por una pista interior del aeropuerto vizcaíno de Sondica un Land Rover oficial e iba con sus compañeros de patrulla, Juan Cortijo Durán y Benito Rodríguez Lera. Dos terroristas estaban ocultos tras una tapia del cementerio británico, a 50 metros de ellos, esperándoles para disparar. Otros dos terroristas vigilaban a seis rehenes.
Cuando tuvieron el Land Rover a su alcance ametrallaron a los agentes. Alcanzaron a Antonio, por lo que el vehículo zigzagueó, dio una vuelta de campana y acabó destrozado. Los agentes fueron trasladados a centros sanitarios, pero cuando Antonio llegó al hospital de Basurto ya había fallecido. Sus compañeros, heridos de gravedad, lograron sobrevivir.
En el lugar donde estaban los etarras encontraron más de cincuenta casquillos.
El policía municipal Manuel Ferreira Simois, de 47 años, había nacido en Untas (Ourense). Llevaba 15 años viviendo en el País Vasco y los últimos diez trabajando como policía municipal en Portugalete. Estaba casado y tenía ocho hijos. Uno de ellos, Francisco Javier Ferreira Castro, era miembro del Cuerpo Nacional de Policía y 25 años más tarde fue víctima de otro atentado de ETA en el que resultó herido leve, el 18 de junio de 2004. Manuel había recibido diversas amenazas: le habían enviado una esquela con su nombre y realizado pintadas en su domicilio anunciando su muerte.
El 13 de agosto de 1979, Manuel se encontraba dirigiendo el tráfico entre las calles General Castaños y Gregorio Uzquiano de Portugalete. Hacia las 13.30 horas, ordenó a un coche que se detuviera para dejar paso a los vehículos de la otra vía. El coche paró y de él se apeó un encapuchado que se acercó al policía y le disparó. Fue trasladado a la clínica de San Juan de Dios en estado grave y, posteriormente, al hospital de Cruces, donde ingresó muerto.
Antonio López Carrera, de 66 años, era de Camposanto (Cantabria) y tenía cuatro hijos. Vivía en Vizcaya desde hacía unos 40 años. Trabajó hasta jubilarse en la factoría de Astilleros Españoles de Olabeaga. Anteriormente había formado parte de la Guardia de Franco y había recibido amenazas de ETA.
La noche del 16 de agosto de 1979, Antonio y su esposa salieron a cenar con unos amigos al bar de Sondica. Cuando llegaron a casa, su esposa se dio cuenta de que había olvidado el jersey en el restaurante. Antonio volvió a recogerlo y de regreso a su domicilio tres etarras le ametrallaron por la espalda y huyeron en un coche robado.
En 1982, José María Astola Iruretagoyena, Juan Bilbao Moro y Luis Alberto Pastor Landa fueron condenados como autores del atentado a 26 años, 8 meses y un día de cárcel. También fueron condenados a pagar una indemnización económica a los herederos de Antonio.
Modesto Carriegas Pérez, natural de Arcentales (Vizcaya), cumplió 47 años la víspera de su asesinato. Casado y con cinco hijos, era director de una sucursal del Banco Hispano Americano. En las elecciones generales fue número dos en la lista del partido Unión Foral, formación política federada a Alianza Popular.
El 27 de enero de 1979 ya había sufrido un atraco y había sido secuestrado por ETA político militar en el banco donde trabajaba. Los terroristas robaron diez millones de pesetas y se llevaron a Modesto como rehén desde Barakaldo hasta Bilbao. Posteriormente fue liberado en un bar, donde le indicaron que permaneciera hasta las 9 horas.
Ocho meses más tarde, el 13 de septiembre de 1979, dos etarras le esperaron escondidos en la escalera que bajaba hasta el sótano de su casa, en el número 3 de la plaza 18 de Julio de Barakaldo. Eran las 8 de la mañana cuando, al llegar al portal, le dispararon cuatro veces, hiriéndole en la cabeza y en el estómago.
Los terroristas huyeron en un coche que fue encontrado por la Policía Nacional en Portugalete. Tras el asesinato, la familia recibió una carta de ETA en la que se les instaba a irse de Barakaldo.
En 2004 el Ayuntamiento de Barakaldo homenajeó a las víctimas de ETA asesinadas en la localidad o nacidas allí.
El comandante de infantería Julián Ezquerro Serrano, de 39 años, nació en la localidad riojana de Pradejón. Estaba casado y tenía tres hijos. Ingresó en la academia militar en 1957 y ascendió a comandante en julio de 1979. Fue destinado al Gobierno Militar de Vizcaya, donde solo llevaba 15 días cuando fue asesinado por ETA. Tenía los diplomas de Estado Mayor, cazador paracaidista, piloto de helicópteros y aptitud pedagógica. Antes de irse a Bilbao, estuvo destinado en la Unidad de Helicópteros en la Brigada Paracaidista y fue profesor en la Academia General Militar.
El 19 de septiembre, el comandante Ezquerro y el coronel de Caballería, Aurelio Pérez-Zamora Cámara, iban en coche desde el cuartel de infantería Garellano al Gobierno Militar. Conducía el soldado Gustavo Pérez Domínguez, Ezquerro iba de copiloto y Pérez-Zamora en el asiento de atrás. Poco después de salir, pasaron por debajo de la autopista que actualmente es la avenida de Sabino Arana, cuando tres terroristas que conducían un vehículo robado se colocaron en el lateral derecho y les ametrallaron por el costado y la parte trasera. Ezquerro falleció en el acto, y Pérez-Zamora fue herido de gravedad y trasladado al hospital de Basurto, donde murió poco después.
El soldado Pérez, de 21 años, chófer del vehículo, salió a pie del coche después de recibir uno de los disparos por la espalda y se desmayó por la conmoción. Rápidamente le trasladaron en un coche al hospital, donde le intervinieron de una herida de carácter leve.
Al día siguiente tuvo lugar una protesta en contra de la violencia en el País Vasco. Cuatro días más tarde la organización terrorista ETA militar se declaró responsable del atentado a través de un comunicado en diferentes medios de comunicación.
Véase también Aurelio Pérez-Zamora Cámara.
El coronel Aurelio Pérez-Zamora Cámara había empezado a trabajar en el Gobierno Militar de Bilbao el 23 de julio, dos meses antes de ser asesinado por ETA en el atentado perpetrado en Bilbao el 19 de septiembre, cuando un comando acribilló el vehículo en el que viajaba. En el atentado también murió el comandante Julián Ezquerro Serrano.
Pérez, de 59 años, era natural de Santa Cruz de Tenerife y estaba casado. Ascendió a coronel con 57 años y tenía varios diplomas de especialista en carros de combate, automovilismo y cría caballar.
Relato completo del atentado en Julián Ezquerro Serrano.
Luis María Uriarte Alza, natural de Durango (Vizcaya), tenía 56 años y estaba casado con Victoria Garay, con quien tenía tres hijos. Fue alcalde de Bedia durante once años, ex diputado provincial y ocupó un escaño en la Diputación Foral tres años antes de su asesinato. Tras casi dos años lejos de su casa por amenazas terroristas, Luis María regresó a Lemona en abril de 1979.
El exalcalde había reanudado su trabajo en un taller de reparación de camiones a donde se dirigió el 29 de septiembre de 1979 como habitualmente. A las 8 de la mañana estaba leyendo un periódico en el coche, antes de comenzar la jornada laboral, cuando dos etarras le dispararon. Fue trasladado al hospital de Basurto, en Bilbao, donde fue intervenido quirúrgicamente. Falleció el 5 de octubre. La rama militar de ETA asumió la autoría del atentado terrorista el 2 de octubre de 1979.
Alfonso Manuel Vilariño Orce llevaba cuatro años como cabo de la Policía Municipal de Amorebieta y había sido amenazado por ETA en varias ocasiones. Era de Ferrol, tenía 49 años, estaba casado y tenía cuatro hijos.
La tarde del domingo 30 de septiembre de 1979 había ido al frontón Jai Alai de Gernika para ver los partidos de cesta punta. A la salida, tres terroristas encapuchados se acercaron y uno de ellos le disparó una ráfaga de nueve impactos que le mató. Tres días después del atentado, ETA militar asumió la autoría del asesinato.
Unos meses antes Alfonso ya había sido ametrallado en el interior de un coche, pero no fue alcanzado por ningún disparo y logró salir ileso.
El miembro del comando Kioto Juan José Larrinaga Echeverría fue condenado a 26 años de reclusión mayor. Posteriormente se impuso la misma pena a Juan José Legorburu Guerediaga. Ambos fueron condenados también al pago conjunto y solidario de una indemnización a los herederos legales de la víctima.
El fin de semana del 30 de septiembre fueron asesinados el exalcalde de Bedia, Luis María Uriarte Alza , el jefe de la Policía Municipal de Amorebieta, Alfonso Manuel Vilariño Orce, y el camarero, Pedro Goiri Rovira, de Las Arenas (Getxo), casado y con un hijo de seis meses.
A las 4 de la madrugada Pedro Goiri Rovira se encontraba en el bar La Pianola con su esposa, otra empleada del bar y un amigo.
Dos encapuchados irrumpieron de improviso. Uno de ellos gritó: “Somos de ETA” y exigió el dinero de la caja. Pedro se dirigió al etarra en tono tranquilo y le dijo: “Yo a ti te conozco”. En ese mismo instante, el etarra le disparó en el corazón y le golpeó con la culata en la cabeza al caer al suelo.
ETA pretendió justificar el asesinato de Goiri acusándole de colaborador policial. La hipótesis de la investigación fue que los terroristas al ser reconocidos le mataron.
El día de su asesinato, a partir de las 16 horas, todos los bares de la zona de Getxo cerraron en señal de duelo y protesta por el atentado.
Véase también Luis María Uriarte Alza y Alfonso Manuel Vilariño Orce.
Antonio Mesa Portillo fue trasladado desde Sevilla a la comisaría de Getxo cuando ascendió a comisario. Tenía 42 años, era de Rosal de la Frontera (Huelva) y estaba casado.
El 11 de Octubre de 1979, Antonio y el inspector Miguel Ángel González salieron de la comisaría para ir a comer a sus respectivas casas. Iban en el mismo coche oficial, Miguel Ángel al volante, cuando pararon en un semáforo de la entonces avenida del Ejército, en Algorta. En ese instante varios individuos ametrallaron el vehículo por la derecha. Antonio fue alcanzado por veinte impactos y Miguel Ángel González por cuatro balas en la pierna derecha. Fueron trasladados a la casa de socorro de la localidad y desde allí, al hospital civil de Basurto. Antonio ingresó muy grave tras perder mucha sangre. Falleció 22 días después del atentado.
También fue herido leve un vecino de Algorta, Francisco Andrés Cobreros, que estaba dentro de un bar cercano al semáforo donde fueron ametrallados los policías.
El guardia civil Manuel Fuentes Fontán, de 29 años y nacido en Pontevedra, llevaba cinco años destinado en el País Vasco y vivía en Santurce. Recientemente había solicitado el traslado a Pontevedra, pero le comunicaron que debía esperar porque los agentes casados tenían prioridad.
Si no estaba de servicio solía visitar a su novia en Portugalete. El 31 de octubre de 1979 comió en casa de su novia y a las 15:30 horas se dirigió al cuartel de Santurce. Cuando iba a subir al coche, dos individuos, uno encapuchado y otro con la cara cubierta con un pañuelo, le dispararon con una pistola y un subfusil.
Manuel recibió 12 balazos dentro de su coche. Tras los disparos, su novia se asomó a la ventana y vio como escapaba uno de los terroristas. Bajó a la calle, se acercó al coche y encontró a Manuel agonizando. Fue trasladado en ambulancia a la clínica San Juan de Dios, en Santurce, donde murió minutos después de ingresar.
El día siguiente al atentado, alrededor de mil personas se manifestaron en Portugalete en protesta por el asesinato.
Jesús García García, de 43 años y natural de la localidad vizcaína de Arrigorriaga, estaba casado y tenía tres hijos cuando fue asesinado pocos días antes de su cumpleaños. Era propietario del bar Ion Kola de Barakaldo.
En el mes de diciembre de 1979, la revista Interviú (Nº 188) publicó una información en la que se recogían las acusaciones de un exmiembro de la Policía Nacional, Francisco Ros Frutos, contra supuestas personas de la ultraderecha, entre los que estaba el militante de Fuerza Nueva Jesús García, a quien acusaba de ser el máximo organizador de grupos extremistas en el País Vasco. El 5 de enero de 1980, a las 18.45 horas, dos terroristas entraron en el bar de Jesús y le dispararon provocándole la muerte. Los asesinos se dieron a la fuga en un Seat 131 robado que les esperaba fuera del local. Cinco días después, ETA militar asumió la autoría del atentado enviando un comunicado a distintos medios de comunicación de Bilbao.
Fuerza Nueva acusó a la revista Interviú de ser la responsable de la muerte de Jesús García por hacer públicas costumbres de la víctima y proporcionar datos falsos. El 20 de diciembre, el propio Jesús escribió una carta a Interviú comunicando que las acusaciones mencionadas en el reportaje eran falsas y que emprendería las acciones legales oportunas.
El periodista Francisco Xavier Vinader Sánchez, autor de los reportajes publicados en Interviú con la información que le proporcionó el expolicía, fue condenado a 7 años de reclusión mayor por imprudencia temeraria profesional, con resultado de dos asesinatos, el de Jesús García García y el de Alfredo Ramos Vázquez, asesinado por ETA unos días más tarde. Además, fue obligado a indemnizar a los herederos de Jesús.
También fue condenado el expolicía Francisco Ros Frutos, como cooperador de un delito de imprudencia temeraria no profesional, a 4 años de reclusión menor y al pago solidario, junto al otro procesado, de la indemnización prevista para los herederos de Jesús García.
Véase también Alfredo Ramos Vázquez.
Francisco Moya Jiménez, de 42 años, era natural de Alcaudete (Jaén). Estaba casado y tenía tres hijos. Llevaba siete años destinado en la casa cuartel de Elorrio y como anteriormente ya había sido amenazado, solicitó el traslado a otra población fuera del País Vasco.
Francisco tenía como costumbre ir todas las tardes después de comer al restaurante Gamboa, en el barrio Berriochoa, cerca de la casa cuartel de Elorrio. Sobre las tres de la tarde llegaba al bar, tomaba un café y algunos días jugaba una partida de cartas con un grupo de amigos.
El 14 de enero de 1980, se dirigía como siempre hacia el restaurante Gamboa cuando se colocó a su altura un coche del que bajaron tres personas. Moya se percató del peligro y echó a correr pero los terroristas le dispararon por la espalda con dos pistolas y una metralleta. Recibió 14 impactos de bala que le mataron en el acto.
Los terroristas volvieron al coche y dejaron el cuerpo de Moya tumbado en el suelo rodeado de sangre. Poco después, la esposa de Moya que regresaba de hacer unas compras pasó por el lugar del atentado y encontró a su marido muerto.
El 15 de enero de 1980, ETA militar asumió la autoría del atentado a través de un comunicado enviado a distintos medios informativos de Bilbao.
José Miguel Palacios Domínguez, de 31 años, nacido en Algorta y soltero, trabajaba como agente comercial de la firma Olivetti, aunque en el momento del atentado estaba desempleado. Compartía piso con unos amigos en la calle Sarrikobaso, de Algorta, y casi todas las tardes iba a la cafetería Txiskiñe, en el mismo barrio, a jugar a las cartas.
El 19 de enero de 1980, hacia las 19 horas, José Miguel estaba jugando una partida en la cafetería cuando dos hombres y una mujer entraron y observaron a los clientes. Dos de los terroristas cruzaron el local hasta el extremo donde estaba José Miguel y le dispararon. Fue alcanzado por nueve disparos en la cabeza, el cuello y el pecho, que le dejaron mortalmente herido. Los asesinos salieron a la calle donde les esperaba otro individuo en un coche robado y se dieron a la fuga. José Miguel fue trasladado urgentemente al hospital de Basurto, donde ingresó muerto.
Alfredo Ramos Vázquez, de 56 años, era natural de Borrajeiros, en la provincia de Pontevedra, estaba casado y tenía dos hijas. Desde hacía 18 años era propietario del bar Stadium, en Barakaldo.
A Ramos se le relacionó con la ultraderecha de Vizcaya en los reportajes que la revista Interviú publicó en diciembre de 1979. En ellos se mencionaba también a Jesús García García, a quien ETA asesinó el 5 de enero de 1980.
A raíz de estas acusaciones, Ramos envió diversas cartas a la prensa bilbaína para aclarar que ni él ni su familia pertenecían a ningún grupo político y que no habían realizado ninguna de las acciones que se mencionaban en el reportaje de la revista.
El 23 de enero, dos terroristas de ETA, encapuchados y armados, entraron en el bar y sujetaron por el brazo a Ramos mientras amenazaban a su esposa, su hija y una sobrina para que se mantuvieran quietas. Los etarras le introdujeron a la fuerza en un coche donde había otro encapuchado y le llevaron hasta la zona minera de La Arboleda.
En ese lugar, Ramos fue interrogado y asesinado de cinco tiros en la cabeza. Media hora después, un comunicante anónimo avisó al diario Egin del lugar donde se encontraba el cadáver. La policía lo encontró en una cuneta, junto a la mina Matamoros, con la cabeza cubierta por una capucha y las manos atadas a la espalda.
ETA militar asumió la autoría del asesinato. El periodista de Interviú, Francisco Xavier Vinader Sánchez, y el ex policía Francisco Ros Frutos, como fuente informativa del reportaje, fueron condenados a 7 y 4 años de prisión respectivamente, además del pago de la indemnización a los herederos de la víctima.
Véase también Jesús García García.
Juan Manuel Román Moreno, de 23 años, era de Rota (Cádiz) y pertenecía a la Compañía de Reserva General de la Policía, con base en Logroño. Estaba en Vizcaya reforzando a los efectivos de esta provincia.
El 27 de enero de 1980, Juan Manuel viajaba en un convoy que escoltaba un camión que transportaba material para la factoría de Altos Hornos de Vizcaya. Tres vehículos regresaron hacia el acuartelamiento de Basauri, a las 20.30 horas, cuando cerca de la entrada del túnel de Malmasin se encontraron un coche obstaculizando la circulación. En el monte les esperaban al menos seis etarras que acribillaron a tiros a la dotación policial. Juan Manuel resultó muerto. Otros cinco agentes, José Luis Moreno, José Quintero González, José Marín Hospital, Evaristo Añeiros Castro y Eustaquio Calzada fueron heridos de diversa consideración.
El guardia civil Alfredo Díez Marcos era de Fermoselle (Zamora). Estaba casado, tenía 24 años y un hijo de 9 meses cuando fue asesinado por ETA junto a seis guardiaciviles. La dureza del atentado provocó una conmoción sin precedentes en la vida pública española.
Varias veces a la semana, un convoy formado por vehículos de la Guardia Civil y de la fábrica de armas Esperanza y Compañía salía de la localidad vizcaína de Markina en dirección a la playa de Laga, en Ibarranguelua, para probar algunos de los morteros que fabricaba la empresa.
El 1 de febrero de 1980, el convoy salió de Markina a las 7.30 horas. En el primer vehículo iban técnicos de la empresa Esperanza y Cía. Detrás circulaban un Land Rover de la Guardia Civil con tres agentes y otro vehículo de la empresa que llevaba los morteros. El último de la caravana era otro Land Rover de la Guardia Civil en el que viajaban tres agentes.
La protección de estos transportes de armamento la realizaban tres guardiaciviles en el puesto de Lekeitio y otros tres en el de Ondarroa. En el kilómetro 53 de la carretera, los dos Land Rover del cuerpo fueron atacados por ETA con fusiles de asalto, metralletas, granadas de mano y otras armas de fuego. Los agentes quedaron atrapados en los vehículos malheridos o muertos.
Para culminar el asesinato de todos los guardiaciviles, los etarras se acercaron y arrojaron una granada de mano en el interior del primer Land Rover e hicieron lo mismo en el otro, aunque la granada explotó antes de que los terroristas se alejaran lo suficiente y dos de ellos, Gregorio Olabarria Bengoa y Javier Gorrotxategi Agote, quedaron gravemente heridos y finalmente murieron.
Jaime Rementeria Beotegui fue condenado por su cooperación en la acción terrorista a seis penas de 19 años de reclusión menor y al pago subsidiario de indemnizaciones a los herederos de los guardias civiles asesinados: Alfredo Díez Marcos, José Gómez Martiñán, José Gómez Trillo, Antonio Marín Gamero , José Martínez Pérez Castillo. y Victorino Villamor González. Fue puesto en libertad el 17 de agosto de 2002 tras cumplir 22 años de prisión.
José Gómez Martiñán, de 24 años, nació en Algeciras (Cádiz). Estaba casado y no tenía hijos. Murió en el atentado de ETA de Ispaster junto a otros cinco guardias civiles, el 1 de febrero de 1980. A su funeral, celebrado en Tarifa, asistieron cerca de 4.000 personas.
Relato completo del atentado en Alfredo Díez Marcos.
Véase también Antonio Marín Gamero , José Martínez Pérez Castillo y Victorino Villamor González.
José Gómez Trillo, de 30 años, nació en Xirivella (Valencia), estaba casado y tenía un hijo. ETA lo mató en la emboscada de Ispaster en la que también fueron asesinados otros cinco guardias civiles, el 1 de febrero de 1980.
Véase el relato completo del atentado en Alfredo Díez Marcos.
Véase también José Gómez Martiñán, José Gómez Trillo, Antonio Marín Gamero y José Martínez Pérez Castillo.
Antonio Marín Gamero, de 27 años, nació en Oliva de la Frontera (Badajoz), estaba casado y tenía dos hijos. Murió en el atentado de Ispaster en el que fallecieron seis guardias civiles al sufrir una emboscada etarra, el 1 de febrero de 1980.
Relato completo del atentado en Alfredo Díez Marcos.
Véase también José Gómez Martiñán, José Gómez Trillo, José Martínez Pérez-Castillo y Victorino Villamor González.
José Martínez Pérez-Castillo nació en Oria (Almería) y estaba soltero. Llevaba tres años en la Guardia Civil cuando fue asesinado por ETA. Murió en el atentado de Ispaster junto a otros cinco guardias civiles, el 1 de febrero de 1980.
El Ayuntamiento de Oria acordó remitir telegramas de dolor e indignación en nombre del pueblo al Rey, al presidente del Gobierno, al director de la Guardia Civil y al gobernador civil de la provincia.
Véase el relato completo del atentado en Alfredo Díez Marcos.
Victorino Villamor González nació en Quecedo de Valdivielso (Burgos). Estaba soltero. Murió en el atentado de Ispaster junto a cinco compañeros que fueron asesinados en una emboscada de etarras, el 1 de febrero de 1980. Al funeral de Victorino acudió una multitud de personas de toda la comarca del valle de Valdivielso.
Véase el relato completo del atentado en Alfredo Díez Marcos.
Véase también José Gómez Martiñán, José Gómez Trillo, Antonio Marín Gamero y José Martínez Pérez Castillo.
Dámaso Sánchez Soto, leonés de 50 años, casado y con tres hijos, vivía en Durango, Vizcaya, donde era dueño de una joyería. La noche del 24 de marzo de 1980, mientras cerraba su establecimiento con su mujer y una de sus hijas, dos etarras encapuchados bajaron de un taxi robado en el que les esperaba otro terrorista. Le dispararon cinco veces provocándole la muerte en el acto. ETA justificó el crimen acusando a Sánchez de ser confidente de la Policía.
José Larrinaga Echeverría, Juan Antonio Urrutia Aurteneche y Fernando Iraculis Albizu fueron condenados a 26 años de reclusión mayor y a indemnizar económicamente a los herederos de la víctima.
Enrique Aresti Urien, conde de Aresti, de 62 años, era natural de Gordejuela, Vizcaya. Viudo desde 1962 y padre de cinco hijos, es considerado la segunda víctima que se negó al pago del chantaje económico de ETA, tras José Legasa Ubiría.. Aresti, presidente del Patronato de Protección de la Mujer y miembro de la Asociación Vizcaína de Caridad, pertenecía a una de las familias más acomodadas de la alta sociedad vasca, muy ligada a la siderurgia minera. Su título nobiliario fue concedido a su abuelo por el rey Alfonso XIII en 1908.
Aresti, subdirector de la aseguradora La Unión y el Fénix y gerente de Maura y Aresti, era un hombre de hábitos. Cada día se desplazaba a pie a ambos trabajos. El 25 de marzo de 1980 fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras subía por las escaleras del edificio de La Unión.
ETA militar reivindicó su asesinato tres días después aduciendo que, siendo Aresti un representante del gran capital vasco, no sólo se había negado a pagar el denominado impuesto revolucionario, sino que además lo había denunciado a la Policía.
Véase también José Legasa Ubiría.
Antonio Moreno Núñez, policía nacional de 24 años, soltero y malagueño natural de Cortes de la Frontera, estaba destinado en Bilbao desde hacía dos años y prestaba servicio en la comisaría de Santurce.
El 9 de mayo de 1980 fue asesinado en su coche por tres terroristas que le dispararon desde otro vehículo, cuando se dirigía del trabajo a casa. Recibió cinco balas, una de ellas en la cabeza que resultó mortal. Una patrulla cercana que escuchó el tiroteo se personó en el lugar a los pocos minutos, pero sólo pudo certificar la muerte de su compañero. ETA asumió la autoría del atentado tras una llamada al diario Egin.
Al día siguiente se celebró el funeral de Moreno en el acuartelamiento de la Policía Nacional de Basauri. Fue enterrado en Gaucín.
En mayo de 1978 la Policía detuvo a dos etarras pertenecientes a los comandos desarticulados Mendizabal y Sherpa. Tomás Sulibarria, Tomy, bilbaíno de 27 años y líder del primer comando, había escapado de la policía y estaba refugiado en Francia con su mujer y su hija. Pero tres meses más tarde, el 30 de agosto, Tomás apareció herido con un disparo en el cuello en la vizcaína carretera de Mundaca. Ya en el ambulatorio de Bermeo, en estado grave e incapaz de articular palabra, Sulibarria escribió con su propia sangre que pertenecía a ETA, tras lo que fue detenido y trasladado a un hospital donde fue finalmente identificado.
ETA se declaró responsable de su atentado acusándole de ser confidente de la Policía.
La familia de Sulibarria y sus antiguos compañeros de trabajo emitieron dos comunicados negando las acusaciones de la banda terrorista, que ya había advertido a Sulibarria que se fuera de Euskadi, amenaza a la que hizo caso omiso. Cuando se recuperó, ingresó un año en prisión.
La mañana del 3 de junio de 1980, Sulibarria tuvo una reunión para ser readmitido en su antiguo banco, pero de camino a su casa, un hombre y una mujer le dispararon un tiro en la nuca que le mató en el acto. ETA volvió a declarar su autoría en el atentado reiterando sus acusaciones.
José Pablo García Lorenzo era bilbaino, tenía 25 años, estaba casado desde hacía tres y tenía una hija de un mes. Era empleado del Ayuntamiento de Amorebieta desde 1971. Había trabajado como encargado de medir los contadores de agua en los domicilios de la localidad y en el momento del asesinato estaba adscrito al servicio de recogida de basuras.
El 19 de junio de 1980, José Pablo salió de su casa, en la calle San Miguel, a las 8 de la mañana para ir a su trabajo en el Ayuntamiento. Apenas había abandonado el portal cuando dos personas se acercaron y le dispararon a bocajarro en el pecho y la cabeza. Los autores del atentado huyeron en un coche robado. Al oír los disparos, la mujer de José Pablo salió a la calle corriendo y encontró a su marido en el suelo. ETA se hizo responsable del asesinato el 23 de junio de 1980.
Julio Santiago Expósito Pascual tenía 23 años y era de Sestao. Estaba soltero y había terminado recientemente el servicio militar. Trabajaba con su padre en la sastrería Expósito, propiedad de la familia.
A las 14 horas del 20 de junio de 1980, Julio y su padre salieron de la sastrería, en la antigua calle Queipo de Llano, para ir a comer a su casa en la calle San Diego. Caminaron dos metros en dirección a su coche, cuando dos etarras encapuchados y armados se bajaron de un automóvil y se dirigieron hacia ellos. Uno de los terroristas empujó a Julio que intentó protegerse escondiéndose detrás de un coche pero fue ametrallado y murió en el acto.
Cuando Julio cayó al suelo uno de los terroristas lo remató disparándole varias veces. El padre de Julio se acercó al cuerpo de su hijo y vio que ya estaba muerto. Los terroristas huyeron en un coche en el que les esperaban otros dos miembros de la banda. Al día siguiente, ETA militar se hizo responsable del atentado a través de una llamada telefónica al diario Egin.
Antonio Fernández Guzmán, de 37 años, casado y con dos hijos, era natural de Huelma (Jaén), aunque residía en Santurce desde hacía diez años, donde trabajaba como empleado de la empresa Termesa, dedicada a las tareas de estibado. ETA le mató, acusándole de ser confidente policial, el 3 de septiembre de 1980.
Ocho meses antes de su asesinato, en los muelles de Santurce aparecieron unos pasquines en los que se acusaba a Antonio de ser confidente policial. Sus amigos los retiraron, contactaron con los autores y les aclararon que las acusaciones eran falsas.
El 3 de septiembre de 1980, Antonio se dirigió andando hacia el puerto de Santurce donde trabajaba. Al llegar a la confluencia de las calles Capitán Mendizábal y Juan XXIII, dos etarras le tirotearon a corta distancia causándole la muerte. Los terroristas huyeron en un coche robado en el que les esperaba un cómplice.
Nicolás Fernández Guzmán, uno de los cinco hermanos de la víctima, pasó junto al lugar del atentado y se enteró del asesinato de Antonio al ver su cuerpo en el suelo.
José María Urquizu Goyogana tenía 55 años, era de Durango, estaba casado y era padre de cinco hijos. Estaba destinado en Burgos, donde pasaba parte de la semana. Había rechazado la escolta y no quiso irse del País Vasco porque era su tierra. Había sido fundador y miembro de diversas asociaciones deportivas.
José María era teniente coronel del Cuerpo de Sanidad. Los sábados solía ir a Durango, su localidad natal, donde estaba la farmacia que regentó primero su padre y luego su hermnao con su apoyo. Allí se encargaba de realizar análisis en un pequeño laboratorio.
El 13 de septiembre de 1980 a las 11.45 horas, un hombre y una mujer entraron en la farmacia diciendo que querían hacerse un análisis de sangre y preguntaron por José María. Cuando se inclinó para mirar por el microscopio, recibió un tiro en la nuca que le mató en el acto.
Los asesinos huyeron por un callejón y se subieron a un coche robado en el que les esperaba otro individuo. Cuando se conoció la noticia, todas las farmacias de la zona cerraron como protesta por lo sucedido. ETA militar asumió la autoría del atentado.
El crimen de José María sigue impune a día de hoy.
El guardia civil Antonio García Argente, de 20 años, era natural de Manises (Valencia). Estaba asignado en la III Compañía Móvil de Barcelona, aunque había sido destinado temporalmente al País Vasco. El 20 de septiembre de 1980 fue asesinado por ETA con otros tres agentes.
Después de ocho meses del asesinato en Ispaster de los seis guardias civiles que se encargaban del transporte de armamento fabricado por la empresa Esperanza y Cía. (véase Alfredo Díez Marcos), cuatro agentes que protegían las instalaciones de la empresa murieron en otro atentado terrorista.
El 20 de septiembre de 1980 los agentes Antonio García Argente, Mariano González Huergo, Miguel Hernández Espigares y Alfonso Martínez Bellas, estaban en el restaurante Arrieta, donde acostumbraban a comer algunos guardias civiles. El local tenía una puerta principal que se cerraba sobre las 14.30 horas y una puerta trasera, en la calle Osteko, que también solía estar cerrada.
El 20 de septiembre, poco después de las 14.30 horas, alguien llamó a la puerta trasera. La hija del dueño del restaurante abrió, al pensar que alguno de los clientes habituales llegaba con retraso. Tres terroristas con metralletas irrumpieron en el local, fueron directos a la mesa en la que comían los guardias civiles y comenzaron a disparar a los cuatro agentes que murieron en el acto.
Los etarras Jaime Rementería, encargado de dibujar el croquis del restaurante, y Fidel González, que alojó varios días a los terroristas y prestó su automóvil para realizar el asesinato, fueron condenados a cuatro penas de 17 años, 4 meses y un día de prisión mayor como cómplices del atentado, además de indemnizar económicamente a los herederos de cada una de las víctimas. José Ramón Foruria también fue condenado como cómplice. Las penas impuestas eran de 10 años y un día de prisión mayor por cada asesinato, así como al pago a los herederos de una indemnización económica.
Véase también Mariano González Huergo, Miguel Hernández Espigares y Alfonso Martínez Bellas.
Mariano González Huergo, de 25 años, era de Santander. Guardia civil, estaba destinado en la 551 comandancia de su ciudad natal, aunque se encontraba temporalmente en el País Vasco como refuerzo a las plantillas de la zona.
Mariano González fue asesinado por ETA el 20 de septiembre, cuando estaba comiendo con tres compañeros de trabajo, Antonio García Argente, Miguel Hernández Espigares y Alfonso Martínez Bellas, en el restaurante Arrieta de Marquina. Durante el atentado, tres terroristas armados con metralletas entraron en el local y comenzaron a dispararles, matándoles en el acto.
Véase el relato completo del atentado en Antonio García Argente.
Véase también Miguel Hernández Espigares y Alfonso Martínez Bellas.
Miguel Hernández Espigares, de 23 años, natural de Guadix (Granada), estaba soltero. Su destino era la III Compañía Móvil de Barcelona, pero se encontraba en el País Vasco como refuerzo a las plantillas de la zona.
Miguel fue asesinado por ETA el 20 de septiembre, cuando estaba comiendo con tres compañeros de trabajo, Antonio García Argente, Mariano González Huergo y Alfonso Martínez Bellas, en el restaurante Arrieta de Marquina.
Véase el relato completo del atentado en Antonio García Argente.
Véase también Mariano González Huergo y Alfonso Martínez Bellas.
Alfonso Martínez Bellas, de 22 años, era de A Coruña. Estaba casado, tenía un hijo pequeño y su esposa estaba embarazada del segundo. Estaba destinado en la 111 Comandancia de Madrid, pero le habían mandado temporalmente al País Vasco para reforzar las plantillas de la zona.
Fue asesinado por ETA el 20 de septiembre, cuando estaba comiendo con tres compañeros de trabajo, Antonio García Argente, Mariano González Huergo y Miguel Hernández Espigares, en el restaurante Arrieta, de la localidad de Marquina.
Véase el relato completo del atentado en Antonio García Argente.
Véase también Mariano González Huergo y Miguel Hernández Espigares.
Ramón Coto Abad, jubilado de 71 años, estaba casado y era amigo de los dueños del estanco de la calle Navarra de Bilbao, a quienes iba a visitar casi todas las mañanas.
A las 13.30 horas del 29 de septiembre de 1980, Ramón estaba en el establecimiento, sentado en un taburete detrás del mostrador, cuando llegaron varios miembros del comando Orbaiceta de ETA militar. Uno de los terroristas se quedó vigilando en la puerta, mientras otro entró en el local y disparó a Ramón, provocándole heridas muy graves. Fue trasladado e intervenido quirúrgicamente en el hospital civil de Bilbao, pero falleció tres días después.
El etarra Sabino Onaindia fue condenado a una pena de 6 años y un día de prisión mayor. Aitor Zumarraga Casas, como autor del atentado, fue sentenciado a una pena de 28 años de prisión mayor, así como a la indemnización correspondiente a la viuda de la víctima. Vicente Antonio Sagredo Rivas también fue condenado a 26 años de reclusión mayor, así como al pago de la indemnización a los herederos.
El subcomisario de policía Sergio Canal Canal nació en Bentrances (Orense). Tenía 56 años, estaba casado y no tenía hijos. Cuatro miembros de ETA le ametrallaron cuando volvía de prestar servicio, el 3 de octubre de 1980.
El primer día de cada mes, el subcomisario Canal, el inspector José Antonio Merenciano Ruiz y un conductor se trasladaban a Durango para tramitar el Documento Nacional de Identidad en unas oficinas que el Ayuntamiento ponía a disposición de los policías. El 3 de octubre, tras finalizar su trabajo, subcomisario e inspector volvían a Bilbao con el conductor Jesús Hernando Ortega. A las 12.30 horas, su coche se paró en un semáforo en rojo en la confluencia de las calles Carlos II y Mauricio Zabal. Cuatro terroristas dispararon contra el coche y se acercaron para rematar en la cabeza de las víctimas. Los terroristas huyeron en un coche robado.
José Antonio Merenciano Ruiz murió en el acto. Jesús y Sergio fueron heridos graves y trasladados al hospital civil de Bilbao. Jesús murió durante el trayecto y Sergio, media hora más tarde.
Véase también Jesús Hernando Ortega y José Antonio Merenciano Ruiz.
Jesús Hernando Ortega, policía nacional burgalés de 44 años, casado y con un hijo, fue asesinado en el atentado de Durango del 3 de octubre de 1980 con los agentes Sergio Canal Canal y José Antonio Merenciano Ruiz, cuando fueron acribillados por varios etarras en el coche en el que viajaban.
Véase el relato completo del atentado en Sergio Canal Canal.
Véase también Sergio Canal Canal y José Antonio Merenciano Ruiz.
El inspector de la policía nacional, José Antonio Merenciano Ruiz, valenciano de 24 años y casado desde hacía cuatro meses, fue asesinado en el atentado de Durango del 3 de octubre de 1980 con los agentes Sergio CanalCanal y Jesús Hernando Ortega, cuando fueron acribillados por varios etarras en el coche en el que viajaban.
Véase el relato completo del atentado en Sergio Canal Canal.
Véase también Jesús Hernando Ortega.
El 23 de octubre de 1980, Felipe Alejandro Extremiana Unanue, casado y padre de cinco hijos, fue asesinado por dos miembros del Comando Kioto, que le tirotearon cuando aparcó su coche junto a la Escuela de Formación Profesional de Amorebieta en la que daba clases. Los asesinos se fugaron en un coche robado, donde les esperaba un cómplice.
Un hermano de Felipe fue concejal durante el franquismo y un sobrino suyo había sido asesinado dos meses antes de su muerte.
Juan José Larrinaga Echeverría, Juan Antonio Urrutia Aurteneche y Fernando Iraculis Albizu fueron condenados a 26 años de reclusión mayor y al pago de una indemnización a los herederos legales de la víctima.
Vicente Zorita Alonso, leonés de 60 años, casado y con cuatro hijos, era empleado de Altos Hornos desde hacía 30 años. Miembro de la ejecutiva de Alianza Popular de Vizcaya y número tres en la candidatura a las anteriores elecciones al Parlamento vasco por esta provincia, ETA militar lo asesinó a balazos el 14 de noviembre de 1980.
El 14 de noviembre de 1980, cuando regresaba a casa tras pasar la tarde en compañía de algunos amigos, Zorita fue secuestrado y ejecutado con varios disparos en el cuerpo y uno en la cabeza en Santurce.
José Luis Oliva, natural de Santander, aunque con domicilio en Bilbao, tenía 31 años y estaba casado. Trabajaba como autónomo arreglando persianas, oficio que había desempeñado varios años antes en una empresa bilbaína. José Luis Oliva Hernández pertenecía al comando Orbaiceta de ETA. Sus compañeros de comando le asesinaron acusándole de gastar el dinero de un atraco en asuntos personales.
El 14 de enero de 1981 dos compañeros terroristas quedaron con José Luis y le dijeron que les acompañara a recoger unas armas. Se montaron en un coche y durante el trayecto se desviaron en Sodupe, donde le mataron. Los terroristas regresaron a pie a la estación y después cogieron un tren a Bilbao.
El etarra Francisco Javier Echevarría González fue condenado como autor del asesinato a 18 años de prisión menor y al pago de una indemnización a los herederos de José Luis.
José María Ryan, de 39 años, era natural de Bilbao y de origen irlandés. Estaba casado y tenía cinco hijos. Estudió Ingeniería y se especializó en energía térmica y nuclear en Estados Unidos. Llevaba 15 años trabajando de ingeniero en Iberduero.
El 29 de enero, ETA secuestró a Ryan, ingeniero de la central nuclear de Lemóniz, que se encontraba en proceso de construcción y contra la que varios comandos de ETA llevaban años atentando. Tanto las instalaciones de la central, como la empresa Iberduero, promotora de la planta, y otras compañías relacionadas con la construcción habían sufrido anteriormente varios ataques y amenazas.
Un día después del secuestro de Ryan, ETA difundió un comunicado en el que exigían al Gobierno español la demolición de la central nuclear en un plazo de siete días a cambio de la liberación del rehén. La banda citaba que el plazo empezaba a contar desde las 17:40 horas de ese mismo día y establecía que “si una vez concluido dicho plazo se ha hecho caso omiso a nuestras exigencias, ETA se considerará libre de todo compromiso y actuará en consecuencia”.
Las peticiones de puesta en libertad de amplios sectores de la sociedad no impidieron que el 6 de febrero ETA cumpliera su amenaza y asesinara a Ryan. A las 21:30 horas, ETA anunció dónde se encontraba el cadáver de su rehén. Sobre las 22:00 horas, su cadáver fue encontrado cerca de la carretera comarcal que une Zaratamo y Arcocha, cerca de Galdácano. Tenía las manos atadas y había recibido un tiro en la nuca.
La respuesta social al asesinato fue multitudinaria. Tres días después de su muerte se llevó a cabo una jornada de huelga general. En Bilbao tuvo lugar una manifestación de repulsa convocada por los partidos democráticos y las centrales sindicales que congregó a unas cien mil personas. En San Sebastián se manifestaron varias decenas de miles de personas y en Vitoria unas 40.000 salieron a la calle en protesta por el asesinato.
José Luis Raimundo Moya, de 57 años y natural de Irurzun (Navarra), era comisario de Policía y jefe de la comisaría bilbaína de Santiago. También era licenciado en Derecho, diplomado en Medicina y Cirugía y había hecho cursos de Criminología. Entró en el Cuerpo Superior de Policía en 1944. Además, participaba como delegado en la institución benéfica Caja Socorro. Estaba considerado como un profesional muy preparado y había publicado varios libros.
El 5 de marzo de 1981 a las 15:15 horas, José Luis caminaba junto a su hermano por el barrio de Deusto en dirección a su casa en la calle Blas de Otero. Durante el paseo, su hermano se encontró con un conocido y se paró a hablar con él unos minutos mientras José Manuel continuó andando. En ese momento, un vehículo en el que viajaban tres miembros de ETA se detuvo cerca de la acera por la que caminaba el policía. Uno de los terroristas bajó, se acercó por la espalda y disparó a la cabeza de José Manuel.
Los terroristas se dieron a la fuga en el coche y el policía fue trasladado urgentemente al hospital de Basurto, donde ingresó gravemente herido. Finalmente no se pudo hacer nada por salvar su vida.
El 6 de marzo, ETA asumió la autoría del asesinato llamando por teléfono al diario Egin. El 16 de enero de 1988 los miembros del Comando Orbaiceta, Francisco Javier Echevarría González y Joseba Koldobika Artola Ibarreche fueron condenados como autores del asesinato. Artola fue sentenciado a una pena de 29 años de reclusión mayor, y Echevarría a 18 años de reclusión menor, así como al pago de una indemnización a los herederos de la víctima.
El teniente coronel Romeo Rotaeche, de 52 años, era natural de Burgos. Desarrolló casi toda su carrera militar en Vizcaya, rechazando otros destinos a pesar de las amenazas terroristas. Estaba casado y tenía seis hijos. Salió de la academia con el grado de teniente de Artillería y fue destinado a Bilbao. Tras ascender a teniente coronel, su destino fue la Zona de Reclutamiento en el Gobierno Militar de Vizcaya. Además, trabajaba en Viviendas de Vizcaya como técnico de la construcción y de cálculo de estructuras. En 1978, ya había sido víctima de un atentado terrorista del que salió ileso, tras ser ametrallado el vehículo en el que se encontraba.
El 19 de marzo de 1981, Ramón acudió a la misa de las 9:30 horas en la basílica de Begoña, cerca de su domicilio. Cuando terminó la homilía, un hombre y una mujer le siguieron hasta el umbral de la basílica, donde la mujer le disparó en la nuca. Fue trasladado en ambulancia a la clínica Virgen Blanca e intervenido quirúrgicamente. Permaneció en estado muy grave durante dos días, hasta que falleció el 21 de marzo.
Los etarras del comando Vizcaya José Antonio Borde, Sebastián Echániz y Enrique Letona fueron condenados a penas de 28 años de prisión cada uno. La sentencia les prohibió residir en Bilbao durante diez años y les obligó a indemnizar a la viuda y a sus hijos.
Vicente Sánchez, de 32 años, era natural de Fuentes de San Vicente (Salamanca), estaba casado y era padre de dos niñas de 7 y 4 años. Estaba adscrito al servicio de artificieros de la Policía Nacional y llevaba ocho años viviendo en Vizcaya.
Todos los días después de comer, Vicente llevaba a su hija más pequeña al colegio Santa Teresa de Barakaldo. El 8 de abril de 1981 llegó al colegio poco antes de las 15:00 horas, aparcó frente a la puerta y acompañó a su hija al interior del centro. Minutos después, salió y subió al automóvil. Antes de cerrar la puerta se acercó por su izquierda un coche del que bajaron dos terroristas encapuchados que comenzaron a dispararle ante la presencia de alumnos y padres.
El coche de Vicente, sin freno de mano, se desplazó cuesta abajo con la puerta abierta hasta que chocó contra otro vehículo. Poco después, una ambulancia trasladó el cuerpo del policía hasta el hospital de Cruces, donde ingresó muerto. Pasados tres días, ETA militar asumió la autoría del crimen.
Francisco Francés, de 29 años, era natural de Sevilla. Estaba casado, tenía dos hijas pequeñas y pronto sería padre de otro hijo. Había sido trasladado al País Vasco apenas una semana antes del atentado y pertenecía a la XIX Compañía de la Reserva General de la Policía Nacional, con base en Granada.
El 9 de abril de 1918, hacia las 7:00 horas, dos coches patrulla pretendían hacer un control policial cuando sufrieron una emboscada en una de las carreteras de acceso al centro de Bilbao, cerca de la basílica de Begoña. Un comando de ETA, integrado al menos por cinco individuos, estaba a unos 60 metros de distancia en una localización que les permitía dominar la situación. Los agentes fueron tiroteados cuando aún no habían colocado las señales indicativas del control.
En el suelo quedaron heridos los agentes Francisco Francés, Antonio Muñoz y Antonio Prado, que fueron trasladados a la clínica de la Virgen Blanca. Francisco ingresó en estado agónico y falleció poco después.
Retirado del servicio desde hacía seis años, el teniente coronel Luis Cadarso San Juan, de 63 años, había nacido en Vitoria, estaba casado y tenía tres hijos. Fue segundo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Vizcaya durante varios años. Ascendió a capitán y se fue a Durango y, ya como comandante, regresó a Bilbao hasta su jubilación.
El 14 de abril de 1981, Luis salió a las 10:45 horas de su casa, en la calle Nagusia de Basauri, adquirió un billete de lotería en un establecimiento y después se dirigió al quiosco a comprar la prensa. En ese momento, dos hombres y una mujer le dispararon cuatro tiros. Dos le alcanzaron el corazón y la cabeza, causándole la muerte.
Los miembros del comando Vizcaya, Sebastián Echániz Alcorta, Enrique Letona Viteri y José Antonio Borde Gaztelumendi fueron condenados como autores del crimen y sentenciados a 28 años de reclusión mayor cada uno, así como a indemnizar a los herederos de la víctima.
José Olaya de la Flor, guardia civil de 28 años, natural de Madrigal de la Vera, Cáceres, casado y con una hija, fue asesinado por el Comando Vizcaya el 14 de mayo de 1981. Una bomba alcanzó su coche mientras escoltaba, junto a dos compañeros, un transporte de explosivos en Lemona. Manuel Sánchez Borrallo también murió en el acto, mientras que Anselmo Jiménez Aller resultó gravemente herido.
Enrique Letona Viteri fue condenado a dos penas de 29 años y a 19 más por asesinato frustrado. No pagó las correspondientes indemnizaciones económicas al declararse insolvente.
Véase también Manuel Sánchez Borrallo.
El guardia civil Manuel Sánchez Borrallo, de 26 años, casado y natural de Calanas, Huelva, murió junto a su compañero José Olaya de la Flor en el atentado bomba de Lemona perpetrado por el Comando Vizcaya el 14 de mayo de 1981.
Véase el relato completo del atentado en José Olaya de la Flor
El teniente del Ejército Magín Fernández Ferrero, de 44 años, leonés de Villazala del Páramo estaba casado y con dos hijos. Destinado en la IV Zona del IMEC, llevaba 20 años residiendo en Barakaldo. La mañana del 5 de julio de 1981, tras abrir el puesto prensa de su esposa, fue emboscado y ejecutado por varios terroristas que le dispararon en la espalda y la cabeza. Se recogieron 14 casquillos de bala en la escena del atentado.
Ovidio Ferreira Martín, de 29 años y empleado de una agencia de transportes, murió a consecuencia de las heridas recibidas en el tiroteo entre policías y etarras desencadenado el 10 de julio de 1981 en el casco viejo de Bilbao, en el que también murió Joaquín Gorjón González. Ovidio, que se vio inmerso en medio del fuego cruzado, fue alcanzado por dos disparos, uno en la pierna derecha y otro en la cara, que se alojó en la parte posterior del cráneo. Falleció el 14 de octubre de 1981.
Relato completo del atentado en Joaquín Gorjón González.
Joaquín Gorjón González, guardia civil retirado de 59 años, natural de la salmantina Vilvestre, estaba casado y tenía seis hijos. Gorjón, que entró en la Benemérita en 1945 y se retiró en abril de 1972, trabajaba en el departamento de importaciones de una agencia de aduanas en Bilbao. La mañana del 10 de julio de 1981 murió de un disparo en la espalda y el cuello mientras esperaba el tren en la vizcaína estación de Basauri.
El asesino y dos cómplices huyeron en coche, pero fueron perseguidos por dos patrullas de la Policía Nacional hasta el casco viejo de Bilbao, donde los etarras bajaron del coche y siguieron corriendo por las calles. En la persecución fueron heridos el etarra Sebastián Echániz, aunque logró huir, y dos personas más, Aurora Múgica y Ovidio Ferreira Martín.
Sebastián Echániz Alcorta, Enrique Letona Viteri y José Antonio Borde Gaztelumendi fueron condenados a 26 años, 8 meses y 1 día de prisión mayor.
En enero de 2009, la Asociación Nacional de Guardias Civiles Marqués de las Amarillas homenajeó a Gorjón nombrándole socio de honor a título póstumo.
Véase también Ovidio FerreiraMartín.
Tras tres meses en los que ETA no cometió ningún asesinato, volvió a matar el 17 de octubre de 1981. La víctima fue el cabo primero de la Guardia Civil Santiago González de Paz, tinerfeño de 30 años, casado y con dos hijos y miembro del cuerpo de especialistas fiscales del puerto de Santurce. Tres terroristas le acribillaron en su coche y huyeron en un taxi robado en el que les esperaba otro etarra.
Manuel Hernández Seisdedos, salmantino de 34 años y casado, fue asesinado el 26 de noviembre de 1981 en la trastienda de su armería. Tras acceder al establecimiento aún cerrado al público, uno de los terroristas se acercó a Manuel y le disparó a bocajarro en presencia de sus hijas. Pese a ser trasladado con rapidez a Urgencias del hospital de Basurto, entró con parada cardíaca y falleció dos días después.
Luis Alberto Pastor Landa fue condenado como cómplice, por ayudar a los autores del crimen a huir, a 13 años de reclusión menor, así como al pago de una indemnización a los herederos de la víctima.
Benigno García Díez, lucense de 36 años y natural de Foz, llevaba 17 años viviendo en Ondarroa. Estaba casado y tenía seis hijos. Tras trabajar como marinero, entró en la Policía Municipal en 1975. Después de recibir múltiples amenazas y sentirse perseguido, cambió sus hábitos y solicitó un año de excedencia para marcharse del pueblo y dejar que los ánimos se enfriasen. Sin embargo, el 27 de enero de 1982, una semana antes de entrar en vigor su excedencia, dos terroristas le dispararon tres balas por la espalda a escasos metros de su casa. Falleció de camino al hospital de Cruces. La viuda y los hijos de Benigno tuvieron que abandonar Ondarroa y se fueron a vivir a Cataluña.
Cristina Mónica Illarmendi Ricci, soltera de 36 años, era natural de Buenos Aires (Argentina), profesora de inglés y residente en Santurce. Fue asesinada por ETA en el atentado del restaurante Rancho Chileno, donde también murieron los inspectores de Policía, Agustín Martínez Pérez. y Alfonso Maside Bouzo, el 22 de marzo de 1982.
Véase el relato completo del atentado en Agustín Martínez Pérez.
Véase también el atentado de Alfonso Maside Bouzo.
El inspector de policía Agustín Martínez Pérez, leonés de La Bañeza, de 26 años, soltero y desde hacía cuatro años destinado en la comisaría de Sestao, murió en el atentado del restaurante Rancho Chileno, en el que solían comer miembros del Cuerpo Superior de Policía. El 22 de marzo de 1982, tres terroristas entraron en el establecimiento y ametrallaron a cuatro inspectores de Policía y una joven civil. Agustín Martínez Pérez, Alfonso Maside Bouzo y la joven Cristina Mónica Illarramendi, que acompañaba a los policías, murieron; mientras que los inspectores Miguel Ángel Cabezas Fernández y Miguel Ángel Fernández Martínez resultaron heridos. El etarra Enrique Letona Viteri fue herido en una pierna, pero consiguió huir junto al resto de terroristas.
Enrique Letona Viteri, Ángel Luis Hermosa Urra y Miguel Arrieta Llopis fueron condenados a 28 años de reclusión mayor por cada una de las tres víctimas mortales, a dos penas de 18 años por cada asesinato frustrado y al pago conjunto y solidario de las respectivas indemnizaciones. Juan Carlos Echeandia Zorroza fue condenado como cómplice por facilitar información de Agustín, a una pena de 18 años de reclusión menor y dos de 17 años, 4 meses y 1 día, así como al pago de una indemnización a los herederos de las víctimas y a los heridos; mientras que Juan Ignacio Aldana Celaya, como encubridor, fue condenado a 10 años y 1 día y a 5 años por cada uno de los asesinatos frustrados, más al pago de una indemnización.
Véase también el atentado de Alfonso Maside Bouzo y Cristina Mónica Illarramendi.
Alfonso Maside Bouzo, de 26 años, natural de Baños de Molías (Orense) y soltero, llevaba cuatro años destinado en la comisaría de Sestao cuando fue asesinado el 22 de marzo de 1982 en el atentado del restaurante Rancho Chileno donde también murieron los Inspectores de Policía Agustín Martínez Pérez. y Cristina Mónica Illarramendi.
Véase el relato completo del atentado en Agustín Martínez Pérez..
Véase también el atentado de Cristina Mónica Illarramendi.
Ángel Pascual Múgica, francés de 44 años nacido en Mecon, casado y con cuatro hijos, era ingeniero de la empresa Iberduero, en la que llevaba 25 años, y director del proyecto de la central de Lemóniz. Pese a que después de los atentados contra la empresa y del asesinato de su amigo José María Ryan Estrada le habían asignado escolta, fue asesinado la mañana del 5 de mayo de 1982. Dos terroristas dispararon al coche en el que viajaba con su hijo. Ángel resultó mortalmente herido y su hijo sufrió heridas en una mano.
Ese día se formó en Vitoria la Sociedad de Gestión de la Central Nuclear de Lemóniz, Sociedad del Gas de Euskadi y Ente Vasco de Energía. Los técnicos de Lemóniz se negaron a volver a sus puestos de trabajo mientras la situación de acoso continuase. El 13 de mayo la empresa anuló los contratos de ejecución de obras, suministros y servicios con sus contratas en la central de Lemóniz hasta que fuera viable continuar.
Véase también José MaríaRyan Estrada.
Luis Manuel Allende Porrúa era un conocido odontólogo bilbaíno, casado y con una hija. Vicepresidente del Colegio Oficial de Odontoestomatología entre 1971 y 1975, ocupaba desde 1979 ́ la cátedra de Prótesis en la Escuela Universitaria de Estomatología de la Universidad del País Vasco. La tarde del 1 de junio de 1982 fue secuestrado en su consulta por tres terroristas. ETA exigía quince millones de pesetas, y aunque la familia negó haber pagado el rescate, fue liberado nueve días más tarde.
Tras su secuestro, se demostró pericialmente que la enfermedad cancerígena que Allende comenzó a padecer y por la que falleció el 20 de febrero de 1983 fue provocada por el estrés del secuestro.
Dos etarras fueron condenados como autores del rapto a 18 y 9 años de prisión.
El coronel retirado Daniel Henríquez García, de 64 años y leonés de Margoz de Atajo, había sido segundo jefe del Gobierno Militar de Bilbao y del regimiento de Garellano. Estaba casado y tenía tres hijas. Fue ametrallado por cuatro terroristas que iban en coche la tarde del 3 de junio de 1982, cuando se dirigía andando a casa tras comprar unos periódicos. Murió en el acto.
Tres años antes, Henríquez sufrió un intento de secuestro fallido y había recibido amenazas, por lo que estuvo viviendo en una caserna del Ejército y tuvo escolta durante un tiempo, hasta que se jubiló y volvió a su casa.
Rafael Vega Gil, de 48 años y natural de Tudelilla (La Rioja), llevaba más de dos décadas en Santurce dirigiendo un almacén de venta de vinos. Estaba casado y con cuatro hijos cuando fue asesinado el 5 de junio de 1982. Apenas una hora después de abrir su negocio, dos etarras accedieron a su despacho y dispararon contra él seis tiros, cuatro de ellos en la cabeza. Fue trasladado al hospital de Cruces donde falleció al cabo de una hora. Su viuda, María Dolores Bernisa Martínez, de 47 años, se suicidó tres meses después, víctima de una profunda depresión causada por el asesinato de su marido.
Ricardo Prieto Vicente y José Antonio Hernández Hernando, miembros de una célula etarra denominada Poeta, fueron condenados a 26 años, 8 meses y 1 día; además de indemnizar a los hijos de la víctima.
José Aybar Yáñez, vizcaíno de San Julián de Musquiz de 58 años, casado y con tres hijos, llevaba tres décadas en la Policía Municipal de Barakaldo, de la que era jefe desde 1968. La noche del 30 de junio de 1982, Aybar fue asesinado mientras jugaba a las cartas con dos amigos en un bar que frecuentaba tres veces por semana, costumbre estudiada por los cinco miembros del Comando Vizcaya que planificaron el atentado. Mientras un terrorista esperaba en el coche, los cuatro restantes entraron en el local y dispararon contra Aybar, que estaba de espaldas a la entrada. Ocho disparos le hirieron gravemente y murió de camino a un centro sanitario.
Uno de los etarras, Arrieta Llopis, hirió a dos de sus compañeros en el tiroteo, matando a Francisco Javier Zabaleta Urretavizcaya.
Ángel Luis Hermosa Urra fue condenado a 30 años de reclusión mayor y Juan Ignacio Aldana Celaya a 20 años de reclusión menor como cómplice. Además, Hermosa debía pagar la indemnización económica correspondiente y Juan Ignacio de forma subsidiaria.
En 2001 fueron condenados Miguel Arrieta Llopis a 30 años de reclusión mayor y Sebastián Echániz Alcorta a 30 años de reclusión mayor.
Alberto López-Jaureguízar Poncela, de 42 años, casado y con cuatro hijos estaba empleado en Tabacalera. Solía asistir a los funerales causados por el terrorismo y poner en su casa la bandera española con un crespón negro cuando mataban a un policía. Acababa de afiliarse a Alianza Popular cuando fue asesinado el 16 de julio de 1982. Aquella mañana, al arrancar su coche, tres terroristas se colocaron a ambos lados del mismo y lo acribillaron a balazos matándole en el acto. Tras el atentado, la familia de Alberto se trasladó a Alicante.
Miguel Garrido Romero, guardia civil onubense de 22 años y soltero, era especialista en la desactivación de bombas y estaba destinado en el grupo de Tedax de Vizcaya. Murió en acto de servicio el 25 de agosto de 1982, cuando su equipo, formado por el cabo primero Pedro Robles Barberán y Vicente Gómez Duarte, intentaba desactivar una bomba colocada en una oficina del Banco de Vizcaya. Tras recibir de madrugada una llamada anónima informando del artefacto explosivo, la policía estableció un anillo de seguridad alrededor de la sucursal y se desalojaron las viviendas cercanas. Sin embargo, la bomba explotó inesperadamente matando en el acto a Miguel Garrido Romero y Vicente Gómez Duarte, e hiriendo de gravedad al jefe del grupo de artificieros, Pedro Robles Barberán. La onda expansiva también lanzó al suelo a otros cinco guardias civiles, pero ninguno sufrió heridas de consideración. ETA asumió la autoría del atentado cuatro días después mediante un comunicado enviado al diario Egin.
Véase también Vicente Gómez Duarte.
Vicente Gómez Duarte, sevillano, soltero y artificiero del Tedax, murió en acto de servicio en el atentado bomba de la oficina del Banco de Vizcaya junto a su compañero Miguel Garrido Romero el 25 de agosto de 1982, día en el que cumplía 26 años.
Relato completo del atentado en Miguel Garrido Romero.
Emilio Fernández Arias, gallego de la lucense Piñeiro, de 48 años, casado y con dos hijos, llevaba 14 años viviendo en Erandio, encargado del despacho de buques como suboficial de la Armada en la Comandancia de la Marina.
Fernández desconocía que el bar al que solía ir pertenecía a una familia relacionada con el entorno de ETA. El hijo de la propietaria, Juan Carlos Echeandia Zorroza, era miembro de la rama militar de la banda terrorista y le vigilaba. La mañana del 22 de septiembre varios terroristas le esperaron cerca de su casa y cuando salió le dispararon dos veces en la cabeza.
Echeandia fue condenado a 21 años de prisión mayor, así como al pago de una indemnización a los herederos de Emilio.
Juan Carlos Ribeiro de Aguiar Nalda, portugués de 33 años, vecino del barrio de San Pelayo, de Bakio (Vizcaya), fue encontrado muerto con cinco impactos de bala la noche del 5 de octubre de 1982. Su cuerpo apareció en una cuneta de la carretera que unía Bakio con Bermeo. Fue visto por última vez acompañando a una joven hasta el autobús, después de haber estado en bares de Bermeo. Ningún grupo asumió la autoría del asesinato.
César Uceda Vera, teniente jiennense del Cuerpo de Músicas Militares de 47 años, cofundador del Conservatorio de Lejona, casado y padre de nueve hijos, murió tiroteado en su coche por dos terroristas el 21 de octubre de 1982. Tras ingresar en el hospital de Basurto, fue trasladado a un hospital de Madrid por motivos de seguridad, pero falleció el 17 de noviembre a consecuencia de las 6 balas que tenía alojadas en su cuerpo, dos en el pecho y cuatro en el brazo.
Manuel Murua Alberdi, como autor del crimen, y Juan Carlos Echeandia Zorroza, por cómplice, fueron condenados a 26 años, 8 meses de prisión y 1 día de reclusión mayor, así como a indemnizar económicamente a sus herederos.
Domingo Javier García González, bilbaíno de 30 años, casado y con tres hijos, regentaba un bar en Getxo donde fue asesinado por dos terroristas que le dispararon el 22 de octubre de 1982.
Benicio Alonso Gómez, de 51 años, soriano de Barca, casado y con dos hijos, era empleado del Banco Vizcaya. La mañana del 5 de febrero de 1983 murió por la explosión de un maletín-bomba colocado por el comando José Martí en la sede central del Banco en Bilbao. Tres minutos después de una llamada que advirtió del artefacto, explotó matando aRamón Iturriondo García, Aníbal Alfonso Izquierdo Emperador e hiriendo de gravedad a Alonso y 11 personas más. A pesar de que le amputaron los dos brazos para salvarle la vida, murió dos días después. Tras este atentado se produjo una multitudinaria manifestación de repulsa que fue calificada como “la primera manifestación masiva contra ETA en el País Vasco”.
Juan Carlos Echeandia Zorroza fue condenado a 52 años de prisión y a pagar una indemnización económica a los herederos de cada uno de los fallecidos, mientras que Josu Amantes Arnaiz a penas que sumaban 61 años de cárcel.
Véase también Ramón Iturriondo García y Aníbal Alfonso Izquierdo Emperador.
Ramón Iturriondo García, de 43 años, era cajero del Departamento de Moneda Extranjera en el Banco de Vizcaya, estaba casado y tenía cuatro hijos. Murió el 5 de febrero de 1983 a consecuencia de la bomba que dos miembros de ETA del comando José Martí hicieron explotar en la sede central del Banco de Vizcaya en Bilbao.
La acción terrorista causó tres muertos y once heridos. La conmoción social por el atentado provocó una amplia respuesta ciudadana en el País Vasco. Dos días después se celebró en Bilbao una manifestación bajo el lema “ETA no, el pueblo unido por la paz”, en la que participaron cincuenta mil personas. Pamplona, San Sebastián, Vitoria y otras localidades se unieron a las manifestaciones de protesta. El atentado puso fin a la iniciativa de crear una “mesa por la paz” propuesta por el lehendakari.
Relato completo del atentado en Benicio Alonso Gómez.
Aníbal Alfonso Izquierdo Emperador, de 48 años, estaba casado y tenía un hijo. Murió junto a sus compañeros BenicioAlonso Gómez y Ramón Iturriondo García por la explosión de la bomba que el comando José Martí colocó en la sede del Banco de Vizcaya. Era empleado de otra sucursal pero el 5 de febrero de 1983 acudió a la sede central para realizar unas gestiones. Poco después del atentado, ETA difundió un comunicado a través de Egin para aliviar el rechazo que los asesinatos provocaron en la sociedad vasca. La banda terrorista definió el acto como un “lamentable suceso”, y su comunicado era una muestra de “autocrítica pública”. La mayoría de los partidos calificaron la declaración terrorista como una “cínica” argucia.
Relato completo del atentado en BenicioAlonso Gómez.
Véase también Ramón Iturriondo García.
El cabo Pedro Barquero González, de 30 años, era natural de Cádiz y se había casado hacía siete meses con María Dolores Ledo García., que murió en el atentado en el que también falleció el teniente de la Policía Nacional Julio Segarra Blanco. La pareja estaba esperando su primer hijo. Fueron asesinados por ETA el 4 de mayo de 1983, dentro del garaje de la plaza del Carmelo cuando la pareja iba a una revisión médica.
Véase el relato completo del atentado en Julio Segarra Blanco.
Véase también María Dolores Ledo García.
María Dolores Ledo García tenía 25 años, era natural de Barakaldo e impartía clases en el colegio Zumalakarregi del barrio bilbaíno de Santutxu. Estaba embarazada de tres meses cuando fue asesinada por ETA el 4 de mayo de 1983 junto a su esposo, el cabo de la Policía Nacional Pedro Barquero González. La pareja se encontraba dentro del garaje de la plaza del Carmelo con la intención de asistir a una revisión médica de la mujer. En el atentado también murió el teniente de la Policía Nacional Julio Segarra Blanco, a quien retuvieron como rehén y asesinaron después.
Véase el relato completo del atentado en Julio Segarra Blanco.
Véase también Pedro Barquero González.
El teniente Julio Segarra Blanco, de 50 años, era natural de Cabanillas del Campo (Guadalajara). Estaba casado con María Nieves Echeverría y tenía tres hijos: dos de 14 y 13 años y uno de tan solo 8 días. El oficial estaba destinado en Bilbao, ciudad natal de su esposa, desde 1966.
Miembros del comando Vizcaya de ETA prepararon el secuestro de Segarra para intentar que liberaran a presos de la organización terrorista. El 4 de mayo de 1983, tres etarras le esperaron dentro del garaje de la plaza del Carmelo donde el teniente aparcaba su coche. A las 8:00 horas, Julio fue al garaje para coger su coche e ir a trabajar al acuartelamiento de Basauri, donde estaba destinado. Los terroristas sorprendieron al policía, le ataron de pies y manos con alambres y le amordazaron la boca con un esparadrapo.
Cuando los etarras iban meter a Segarra en el maletero de un coche, entró en el garaje el cabo de la Policía Pedro Barquero González, que tenía su plaza de aparcamiento al lado del teniente. El cabo iba a una revisión médica con su mujer, María Dolores Ledo García., que estaba embarazada.
Pedro sacó su pistola, pero los terroristas le dispararon a él y a su mujer. Ambos cayeron muertos al suelo. Después, mataron a Julio Segarra y se dieron a la fuga. Cuando salían del garaje se encontraron con un vecino que había escuchado los disparos. Los terroristas le intentaron tranquilizar haciéndose pasar por policías.
Los miembros de ETA Enrique Letona Viteri y José Félix Zabarte Jainaga fueron condenados, como autores del atentado con resultado de muerte, a la pena de 29 años de reclusión mayor; por un delito de asesinato, en concurso ideal con uno de aborto, a 29 años de reclusión mayor, y por un delito de homicidio a 17 años de reclusión menor. Se les imponía también una indemnización de 15 millones de pesetas por cada una de las muertes a los herederos de las víctimas. El ayuntamiento de Cabanillas del Campo rindió homenaje a Julio Segarra poniéndole su nombre a una calle.
Véase también Pedro Barquero González y María Dolores Ledo García..
Eduardo Vadillo Vadillo, de 59 años, natural de Villalba de Losa (Burgos), estaba casado y tenía dos hijas. Estaba domiciliado en Bilbao y era jefe de ventas de la delegación de Land Rover Santana.
El teniente coronel de la Guardia Civil José Llull Catalá, era jefe de la 512 Comandancia de Vizcaya. Le gustaba compartir el riesgo con los hombres a su mando con el fin de mantener alta la moral, especialmente de aquellos que tenían que hacer los servicios más peligrosos. Solía acompañar a las patrullas cuando tenían que hacer itinerarios regulares, escoltar transportes de explosivos o en otros servicios en caso de atentado terrorista.
El 14 de junio de 1983, el teniente coronel Llull conducía su vehículo oficial, un Seat 1430, por el Alto de Trabacúa en Durango para inspeccionar los cuarteles de la zona. Sobre las 11:30 horas, Llul estaba a punto de llegar al lugar donde miembros del comando Gorrochategui de ETA habían colocado una bomba, esperando que en algún momento pasara por la carretera un vehículo de la Guardia Civil.
Sin embargo, el automóvil de Llul fue adelantado por otro turismo, un Talbot 150, conducido por Eduardo Vadillo Vadillo. Los terroristas, escondidos detrás de unas matas a poca distancia, vieron que un vehículo de capota negra se acercaba y activaron la bomba, que dio de lleno al conductor y lanzó el coche a unos veinte metros de la carretera. Eduardo fue gravemente herido y trasladado al hospital de Basurto donde falleció.
Fueron condenados José Ramón Larrinaga Celaya, a una pena de 9 años de prisión mayor por un delito de atentado contra un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado; en concurso ideal con un delito de asesinato, cualificado por la tenencia de explosivos, a 29 años de reclusión mayor. María del Carmen Guisasola Solozábal fue condenada como autora del asesinato a 23 años de reclusión mayor. Además, tuvieron que indemnizar económicamente a los herederos de la víctima.
El agente Manuel Francisco García San Miguel, de 27 años, nació en Guitiriz (Lugo) y llevaba cuatro años trabajando como policía nacional. Un año antes del atentado fue destinado a la agrupación de conductores de Bilbao. Estaba casado y recientemente había sido padre de una niña.
El 13 de julio de 1983, Manuel Francisco se dirigió a su casa, en Sopelana, a las 8:45 horas tras acabar su servicio en Getxo. Antes de dejar la comisaría se vistió de paisano y tomó el tren para desplazarse desde Getxo hasta su lugar de residencia. Cuando llegó a su parada, caminó en dirección a su domicilio, en la calle Zubike. En ese momento, dos terroristas se acercaron por la espalda y le dispararon dos tiros en la cabeza, cayendo al suelo donde le remataron.
Manuel Benito, de 36 años, era natural de Salamanca, estaba casado con Lourdes Martínez y tenía dos hijos, Javier, de 3 años, y Manuel, de 9. Era agente de la Policía Nacional y estaba destinado en la comisaría de Portugalete.
La noche del 3 de octubre, Manuel se encontraba en el bar Lugo, situado en la calle San Nicolás de Portugalete, charlando con dos personas. Dos etarras entraron en el local, se dirigieron hacia él, le dispararon y se dieron a la fuga. Una patrulla de la Policía Municipal que estaba cerca acudió al bar y encontró a Manuel aún vivo con tres impactos de bala en la cabeza y el estómago. Fue trasladado urgentemente al hospital de Cruces donde falleció dos días después.
El 5 de diciembre de 2002, el Ayuntamiento de Portugalete rindió un homenaje a Manuel por el aniversario de su muerte. A la ceremonia asistieron su mujer y sus dos hijos.
Juan José Pulido Pavón, de 38 años, nació en la localidad extremeña de Montánchez, estaba casado y tenía tres hijos. Era conocido como “doctor Yerbas” por su actividad como herborista y experto en el uso de plantas medicinales para el tratamiento de enfermedades.
La noche del 8 de octubre de 1983, Juan José salió del bar Justo de Hernani junto a dos amigos. Los tres entraron en un coche y Juan se sentó en la parte trasera. Antes de ponerse en marcha, un terrorista se acercó y le disparó cuatro veces en el cuello, tórax y extremidades. Fue trasladado a un centro sanitario donde murió mientras estaba siendo intervenido. Los terroristas trataron de justificar su asesinato acusándole de estar relacionado con el narcotráfico.
Jesús María Zabarte, miembro del comando Donosti de ETA y Pedro Miner fueron condenados a 25 años de cárcel y a una indemnización a los herederos de Pulido.
El representante comercial Ángel Martínez Trelles, de 31 años, era natural de Oviedo, estaba casado y tenía una hija.
Hacia las 20:00 horas del 9 de noviembre de 1983, Ángel se encontraba en un bar charlando con el encargado del establecimiento cuando entraron dos miembros de ETA militar, uno fue hacia él y le disparó, causándole la muerte.
Ángel trabajaba ocasionalmente como camarero en el bar de la Hermandad de Antiguos Legionarios, situado en la plaza Conde de Mirasol, en el barrio de Bilbao la Vieja. La víctima había sido legionario paracaidista y formaba parte de la Hermandad, cuyo presidente, José María Maderal Oleaga, fue asesinado cinco años antes. Además, la sede de esta organización había sufrido un atentado con bomba a principios de ese mismo año.
El miembro del comando Vizcaya, Juan Manuel Gaztelumendi Uribarren, fue condenado a 29 años de prisión mayor, así como a la obligación de indemnizar a los herederos de Ángel.
Véase también José María Maderal Oleaga.
El teniente de Navío Antonio de Vicente Comesaña, de 52 años, nació en Pontevedra, estaba casado y tenía seis hijos. Hacía sólo cuatro meses que estaba destinado como ayudante de Marina de Bermeo.
Antonio fue asesinado a las 21:30 horas del 12 de noviembre de 1983. Se encontraba en una plaza de Bermeo, junto a la estafeta de Correos, cuando dos terroristas le dispararon por la espalda a corta distancia. Antonio tenía heridas de bala en la cabeza y en el pecho y fue trasladado al hospital de Cruces de Barakaldo donde falleció poco después.
El etarra Fernando Uriarte Elorduy fue condenado como cooperador necesario en el asesinato, a una pena de 27 años de reclusión mayor, así como a la indemnización correspondiente.
El ingeniero industrial Mikel Solaun Angulo fue miembro de ETA en la década de los 60. Estuvo encarcelado en Basauri, de donde logró escapar en 1970. Se instaló en Francia y regresó a España en 1977, coincidiendo con la amnistía. Cuando regresó ya estaba desvinculado de ETA y se dedicó a su familia y a su trabajo.
Tres años antes de ser asesinado, ETA le pidió permiso para colocar explosivos en un edificio en construcción que él dirigía. Mikel aceptó. Eran viviendas para la Guardia Civil y la detonación estaba prevista para el día de la inauguración, el 13 de marzo de 1984. Mikel avisó de la existencia y localización de los explosivos, fue detenido y acusado de colaboración con ETA. Le condenaron a 4 años de prisión, donde fue agredido por otros miembros de ETA. Después de un año, Mikel fue liberado, con medidas de seguridad para protegerlo, mientras buscaba trabajo fuera del País Vasco.
El 4 de febrero de 1984, Mikel Solaun entró en un bar acompañado por su esposa y sus dos hijas. Dos etarras le localizaron y dispararon contra él. Murió en el acto, delante de su familia.
Juan Manuel Píriz y Juan Manuel González fueron condenados a 27 años de prisión.
José Naranjo Martín, de 50 años, era natural de Moral de Calatrava (Ciudad Real) y llevaba 19 años trabajando como policía municipal en Elorrio (Vizcaya). Estaba casado con Consolación Fernández, con quien tenía siete hijos, el mayor de 22 años y el más pequeño de 9.
A las 22:00 horas, Naranjo salió de su casa, en la calle Hospital de Elorrio. Iba uniformado y se dirigía a las dependencias de la Policía Municipal en el Ayuntamiento, donde trabajaba como agente. Como todos los municipales de la localidad, iba desarmado,
Al pasar por la calle San Pío X, dos miembros de ETA se acercaron por detrás y le dispararon varias veces. Le mataron en el acto. Los asesinos se dieron a la fuga en un vehículo robado.
Bernardo Pérez Sobrino, de 27 años, era natural de Carrión de Calatrava (Ciudad Real), aunque vivía en el País Vasco desde hacía diez años. En 1981 entró en la Policía Nacional y fue destinado a Bilbao. Estaba casado con María del Carmen Medina González, de 27 años, con quien tuvo dos hijos.
Vivía en el barrio de Uretamendi y solía reunirse con sus amigos en el bar Bautista. El 2 de abril, después de comer, el policía se dirigió al bar. Detrás de él entró un desconocido que pidió una consumición y poco después sacó una pistola con la que disparó a Bernardo en el cuello. Cayó al suelo mortalmente herido.
El miembro de ETA, José Félix Zabarte Jainaga, fue condenado como autor del asesinato a una pena de 29 años de prisión y al pago de una indemnización económica a los herederos de Bernardo.
José Verdú, de 31 años y natural de Alicante, llevaba menos de un año destinado en el País Vasco. Estaba casado y tenía dos hijos.
A las 23:00h, José se dirigía a su casa, en la calle Guipúzcoa de Galdácano (Vizcaya). En la puerta de su casa le esperaban varios miembros de ETA. José se dio cuenta y sacó su arma, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Le dispararon dos tiros en la cabeza que le hirieron gravemente. Los terroristas se montaron en un coche y se dieron a la fuga.
José fue trasladado en primer lugar a la clínica Virgen Blanca, de Bilbao, pero la gravedad de las heridas aconsejó su posterior traslado al Hospital de Basurto, donde murió doce días después.
Antonio Velasco Benito, de 40 años, estaba casado y tenía un hijo de 6 años. Era natural de Pedrosilla del Ralo (Salamanca), localidad donde fue enterrado.
El agente estaba trabajando en una de las puertas de la Audiencia Territorial de Bilbao con tres compañeros más, aunque ese momento era el único que se encontraba fuera del edificio. Antonio observó un coche con tres personas que circulaba a escasa velocidad. Cuando se puso a su altura, los ocupantes del vehículo le dispararon varias veces y se dieron a la fuga, sin que ningún agente pudiera evitarlo.
Cayó al suelo herido gravemente. Fue trasladado rápidamente al Hospital de Basurto, donde falleció una hora más tarde.
Manuel Vicente González Vilorio, de 43 años y natural de León, estaba casado y tenía seis hijos. Era secretario del Ayuntamiento de Ispaster y del de Ea desde 1973.
El asesinato se produjo en plena polémica entre el partido socialista y el Partido Nacionalista Vasco sobre el nombramiento de los secretarios en los ayuntamientos. ETA reconoció que cometió el asesinato para presionar en el conflicto. Sucedió el 18 de junio de 1984.
Aquel día, hacia a las 22:00 horas, el alcalde de Ispaster, José María Juaristi, un teniente de alcalde y el secretario del Ayuntamiento, Manuel Vicente, regresaban de inspeccionar las obras del frontón municipal. Al pasar cerca de un bar situado en la plaza del municipio, dos etarras, un hombre y una mujer, dispararon varias veces y por la espalda a la cabeza de Manuel Vicente, matándole en el acto. El alcalde fue herido en la mano derecha.
ETA ya había intentado atentar contra él unos años antes y había sufrido amenazas. Aún así, no quiso abandonar el País Vasco por motivos familiares. Durante un tiempo llevó protección policial.
Alberto Aznar Feix, teniente coronel retirado desde hacía cuatro años, acostumbraba a salir de paseo con su madre por Portugalete. El 2 de julio de 1984, miembros del comando Vizcaya de ETA le siguieron en uno sus paseos. Cuando regresaban a casa en la calle María Díaz de Haro, se detuvieron a hablar con una vecina. En ese momento, uno de los terroristas se acercó y disparó a bocajarro contra Alberto. Fue trasladado al Hospital de Cruces, pero cuando llegó ya había fallecido.
La mayor parte de su carrera profesional la había realizado en Vizcaya, en el Regimiento de Artillería que existió en Basauri hasta suprimirse la unidad. Se volvió a casar tras enviudar y tenía una hija de 21 años y un hijo de 20 de su primer matrimonio.
Los etarras Juan Manuel Gaztelumendi y Joaquín Urain Larrañaga fueron condenados a 29 años de reclusión. También se les exigió una indemnización para los herederos de Alberto.
Antonio Torrón Santamaría, de 55 años, estaba casado y tenía un hijo y una hija, de 29 y 27 años, respectivamente. Aunque nacido en Burgos, llevaba 30 años viviendo en Vizcaya y pensaba jubilarse en marzo del año siguiente.
Antonio estaba destinado en la unidad del Servicio Fiscal en el puerto de Santurce, no muy lejos de su casa, en la calle Maestro Zubeldia de Portugalete. El 19 de julio de 1984, hacia las 14:30 horas, regresaba a su domicilio. Cuando se encontraba en el portal, dos terroristas se acercaron por la espalda y le dispararon un único tiro en la cabeza que le causó la muerte. Unas vecinas, sin éxito, trataron de evitar la pérdida de sangre tapándole la herida con una toalla.
Juan Rodríguez Rosales, de 48 años, fue asesinado unos minutos antes de las 14:00 horas, cuando se dirigía a pie desde su casa hasta el cuartel de la Policía Municipal de Lekeitio donde trabajaba. El 25 de julio de 1984, dos miembros de ETA, un hombre y una mujer, le esperaban a escasos metros del Ayuntamiento. Uno de los terroristas efectuó un único disparo que le alcanzó en la cabeza y le mató.
Juan Rodríguez, casado y con tres hijas, pertenecía al cuerpo de la Policía Local desde 1969. Era natural Valdepeñas (Jaén).
José Félix Zabarte Jainaga y María del Carmen Guisasola Solozábal, miembros del comando Vizcaya de ETA, fueron condenados a 29 años de cárcel.
José María Martínez Martínez-Cubero, de 41 años y natural de León, estaba casado y tenía dos hijos. Vivía en Portugalete desde hacía años donde se dedicaba a la compra-venta de oro y de aparatos electrónicos. Fue secuestrado por etarras y conducido hasta las cercanías de una mina abandonada en su propio coche. Su cuerpo fue encontrado el día 21 de septiembre, en San Salvador del Valle, atado de pies y manos con cinta aislante. Los terroristas le dispararon un tiro en la nuca. Murió en el acto.
Luis Alberto Asensio Pereda era natural de Ahedo Linares (Burgos). Trabajaba como cocinero civil en el cuartel de Munguía. Murió en el atentado de ETA en el que también fallecieron el teniente Juan Enríquez Criado y el subteniente Francisco Javier Fernández Lajusticia. El 7 de diciembre de 1984, el microbús en el que se dirigían hacia la capital vizcaína por la carretera Nacional 634, se topó con un coche bomba que explotó. Fue en el cruce de El Gallo, en el término de Galdácano.
Relato del atentado en Juan Enríquez Criado.
Véase también Francisco Javier Fernández Lajusticia.
Juan Enríquez Criado, de 39 años, era natural de San Fernando (Cádiz), estaba casado y tenía cuatro hijos. Llevaba diez meses en el cuartel de Soietxes y dos meses después del atentado iba a regresar a Ceuta.
El 7 de diciembre de 1984, a las 15:30 horas, miembros del comando Vizcaya atentaron contra un microbús con catorce militares y empleados civiles que circulaba escoltado por dos Jeep de la Policía Militar. Venían del cuartel de Soietxes, cercano a Munguía, y se dirigían hacia la capital vizcaína por la N-634. Un automóvil explotó a su paso por el cruce de El Gallo, en Galdácano.
Fallecieron en el acto el subteniente Francisco Javier Fernández Lajusticia y, poco después, ya en el hospital, el teniente Juan Enríquez Criado y el cocinero civil Luis Alberto Asensio Pereda. Otras once personas resultaron heridas.
Los etarras Juan Manuel Gaztelumendi Uribarren y Joaquín Urain Larrañaga fueron condenados a tres penas de 29 años de prisión mayor por estos tres asesinatos y a 11 penas de 20 años de prisión menor por 11 delitos de asesinato en grado de frustración. Además, debían indemnizar a los herederos de las víctimas y a los heridos.
Véase también Luis Alberto Asensio Pereda y Francisco Javier Fernández Lajusticia
Francisco Javier Fernández Lajusticia, de 43 años, era natural de Logroño, estaba casado y tenía tres hijos. Murió en el atentado perpetrado el 7 de diciembre de 1984 por los miembros del comando Vizcaya de ETA. La explosión de un coche le mató junto al teniente Juan Enríquez Criado y el cocinero civil Luis Alberto Asensio Pereda.
Relato del atentado en Juan Enríquez Criado.
Véase también Luis Alberto Asensio Pereda.
El 26 de diciembre de 1984, ETA asesinó a un hombre llamado Miguel Castellanos Escamilla, propietario del Bar Gudea Da en Bermeo. La banda terrorista creyó que había matado al dueño del establecimiento, pero no se trataba de Miguel Castellanos, sino que la verdadera víctima fue Pedro Pardo Romero, un quinqui apodado de “El Peleas”, miembro de una familia de quincalleros conocida como “los Patusos”, que se había visto involucrado en una pelea entre clanes ocurrida en 1966 en una localidad salmantina. Tras la trifulca, Pedro Pardo fue trasladado por la Guardia Civil a un hospital de Ciudad Rodrigo. Aún convaleciente y cubierto de vendajes se escapó del hospital. Diez años después fue detenido en Barcelona acusado de varios delitos, entre ellos atraco a mano armada, por lo que fue condenado a una pena mínima de cárcel. Tras quedar en libertad, se perdió su pista durante varios años, hasta que reapareció en Bermeo con la identidad falsa de Miguel Castellanos, con la que fue asesinado por ETA.
La identidad de Miguel Castellanos Escamilla correspondía a la de un vecino de Barcelona que en 1975 había denunciado la sustracción de su Documento Nacional de Identidad. La verdadera identidad de la víctima no se conoció hasta que un subteniente de la Guardia Civil, José Luis Cervero Carrillo, publicó la auténtica historia en la revista Guardia Civil de noviembre de 1997.
El atentado se produjo el 26 de diciembre, a las 19:30 horas, cuando dos personas entraron en el bar Gudea Da. Ambos individuos pidieron primero una consumición y posteriormente le dispararon dos tiros al dueño del bar. Resultó herido por dos disparos en el maxilar inferior y en el pómulo y trasladado urgentemente a un centro sanitario, pero murió antes de llegar. ETA le acusó de tráfico de drogas y de ser confidente de la Guardia Civil.
El etarra y policía municipal de Bermeo, Fernando Uriarte Elorduy, fue condenado a 17 años, 4 meses y 1 día de reclusión por complicidad en el asesinato.
Agapito Sánchez Angulo, de 30 años, era natural de Castro Urdiales (Cantabria). El 19 de enero, a las 16:00h, estaba trabajando en su peluquería situada en la calle General Castaños de Portugalete. Tres clientes menores de edad esperaban su turno cuando tres terroristas entraron en el local, sacaron sus armas y obligaron a las personas que estaban presentes a salir de la peluquería. Nieves Fernández, segunda mujer de Agapito Sánchez, con quien tenía un hijo, fue testigo de lo que pasó.
Los terroristas llevaron a Agapito a la trastienda y allí le asesinaron. Después se dieron a la fuga en un coche donde les esperaba otra persona. ETA militar intentó justificar el asesinato haciendo falsas acusaciones sobre supuestas actividades de tráfico de drogas.
En 1988 fueron condenados Francisco Javier Echevarría González, Elías Fernández Castañares y Joseba Koldobika Artola Ibarreche, miembros del comando Orbaiceta de ETA, a 29 años de cárcel por el asesinato. En 1990 Fernando Vicente de Luis Astarloa fue sentenciado a la misma pena. Todos los condenados debían indemnizar económicamente a los herederos de la víctima.
Jesús lldefonso García Vadillo, de 32 años, era natural de Alcazarén (Valladolid). Estaba casado, tenía una hija, Idoia, de 5 años y su mujer estaba embarazada de cinco meses. Llevaba más de cinco años viviendo en Vizcaya, en Bilbao primero y después en Galdácano. Era analista químico y trabajaba en el control de calidad de la empresa Aceros Echevarría de Basauri.
Jesús Ildefonso fue a las 18:00 horas a recoger a su hija al colegio Vizcaya de Galdácano, mientras su mujer estaba trabajando en Bilbao. Regresaban a casa cuando un hombre se acercó con una pistola y le apuntó a la cabeza. Jesús Ildefonso empezó a dar patadas al etarra para defenderse, evitando que un primer disparo le diera en la cabeza. A continuación, se acercó una mujer y le disparó dos tiros que le hirieron.
Malherido, Jesús logró escapar momentáneamente. “Dejad a mi papá”, gritaba su hija. La víctima no paraba de decir: “No soy yo, no soy yo”, pero resbaló y cayó al suelo. Mientras su hija suplicaba que dejasen en paz a su padre, los etarras siguieron disparando hasta alcanzarle. Consiguió arrastrarse hasta la pared de un supermercado donde los terroristas le remataron. La hija de Jesús se quedó junto al cuerpo de su padre hasta que una mujer la llevó a una farmacia cercana, donde la recogió su madre con una crisis de ansiedad.
Los etarras le confundieron con un policía del cuartel de Basauri al que se parecía físicamente. Los trabajadores de Aceros Echevarría realizaron un parón y se manifestaron por las calles de Galdácano el día siguiente del crimen.
El cabo Luis Lorenzo Navarro Izquierdo era natural de Ampudia (Palencia) y tenía 26 años. Hizo la carrera de profesor de Educación General Básica en la Escuela de Magisterio de Palencia. Muy aficionado al atletismo, llegó a ser subcampeón de España en los 400 metros lisos. Llevaba unos días en el País Vasco, reforzando la plantilla policial de Vizcaya, cuando fue asesinado.
El 16 de mayo de 1985, a las 14:30 horas, dos furgonetas de la Compañía de Reserva de Valladolid iban a relevar a sus compañeros en el cuartel de la Policía Nacional de Basauri cuando una bomba colocada en el interior de un coche explotó al pararse en el semáforo de la calle Urbi. Luis fue trasladado al hospital de Basurto en estado de coma, pero falleció cuando le iban a intervenir. Otras 13 personas, 10 agentes y tres civiles, resultaron heridas de diversa gravedad.
Su viuda, María Luisa Marcos, estaba embarazada de un mes y no pudo ir a su entierro debido a la sedación tras sufrir un ataque de nervios.
José Félix Zabarte Jainaga fue condenado a un total de 298 años de prisión por los delitos así como a pagar una indemnización a la viuda. El comando terrorista estaba formado también por Carmen Guisasola Solozábal y un tercero no identificado. Guisasola fue sentenciada más adelante.
Juan José Uriarte había en la localidad vizcaína de Gámiz-Fica 39 años atrás. Estaba casado con María del Carmen Álvarez y tenía cuatro hijos. En Bermeo regentaba el bar Lorea y lo compaginaba con la profesión de taxista hasta que decidió dedicarse exclusivamente al taxi.
El 17 de mayo de 1985, sobre las 17:00 horas, Juan José se encontraba en la parada de Lamera, en Bermeo. Varias personas se acercaron y subieron a su vehículo. Le dijeron que les llevara hasta un camino vecinal próximo a la ermita de San Juan de Gaztelugache y una vez allí le obligaron a ponerse de rodillas. El etarra Joseba Koldobika Astarloa le pegó un primer tiro en la nuca. Cuando su cuerpo cayó al suelo le dispararon tres veces más.
Los etarras no se dieron cuenta de que habían matado al primo del entonces obispo auxiliar de Bilbao. La Iglesia era la única institución que había permanecido a salvo de ETA. La banda negó la autoría del atentado, pero los autores fueron detenidos y condenados por el crimen de Juan José Uriarte.
Los miembros del comando Orbaiceta de ETA, Elías Fernández Castañares, Joseba Koldobika Artola Ibarreche, Fernando Vicente Luis Astarloa y Francisco Javier Echevarría González fueron sentenciados a una pena de 29 años de prisión y al pago de una indemnización a los herederos de la víctima.
Moisés Cosme había sido policía básico antes de entrar en el Cuerpo Superior de Policía. Tenía 30 años y era natural de la localidad segoviana de Martín Miguel. Vivía en el País Vasco desde hacía tres años y medio. Estaba casado y tenía dos hijos. Catorce días antes de su muerte, Moisés fue felicitado por su “brillante trabajo de información y posterior captura” de un grupo de narcotraficantes.
La mañana del 26 de mayo de 1985, Moisés y su hijo de 3 años salieron a comprar el periódico a la plaza del pueblo. La calle estaba llena de gente cuando dos terroristas de ETA se acercaron a él por la espalda y uno de ellos le disparó en la nuca. Cayó al suelo y le remató con otro tiro en la cabeza en presencia de su hijo.
El niño huyó al ver caer al suelo a su padre. Estuvo perdido durante varias horas y fue localizado por agentes de la Policía Municipal llorando. Solo el hijo de Moisés fue testigo del asesinato porque, a pesar de cometerse en una zona muy concurrida, nadie declaró. Por la tarde, alrededor de 500 personas se manifestaron contra ETA.
El etarra Félix Ignacio Esparza Luri fue sentenciado por el atentado. Esparza fue detenido en Saint-Paulles-Dax (Francia) en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía francesa en abril de 2004. El Tribunal de Apelación de París admitió la extradición a España del etarra una vez cumplida la condena de 17 años de prisión que se le impuso en Francia.
José Martínez Parens, de 32 años, era natural de Hellín (Albacete). Estaba casado con Coro Arrieta Arrillaga y tenía dos hijas, de 9 y 2 años. En 1973 entró a trabajar en la empresa de armamento Esperanza y Cía. de Marquina, donde realizó tareas administrativas y llegó a ocupar el puesto de jefe de seguridad.
Sobre las 18:30 horas del 30 de mayo de 1985, José Martínez Parens iba a un bar céntrico de la localidad vizcaína de Marquina después de salir de trabajar cuando recibió un único tiro por la espalda. Su mujer y su hija estaban en un parque cercano al lugar del crimen y fueron de las primeras personas en llegar al lugar donde José estaba aún con vida.
La víctima fue trasladada en ambulancia al hospital de Galdácano donde murió antes de llegar. Le acompañaba su mujer, que sufrió un desmayo y tuvo que ser atendida por los servicios médicos.
Al día siguiente, los vecinos de Marquina realizaron un parón en bares y comercios, que cerraron sus puertas en protesta por el asesinato.
En 1986 el miembro de ETA José Félix Zabarte, autor del asesinato, fue condenado a 27 años de prisión. Además, tuvo que compensar económicamente a los herederos de la víctima.
El cabo Eugenio Recio García, de 51 años y padre de seis hijos, trabajaba en el cuartel de la Guardia Civil de La Salve en Bilbao. Llevaba 26 años en el Instituto Armado, veinte de ellos destinado en el País Vasco, pero iba a ser trasladado a Salamanca para estar más cerca de su pueblo natal, Pitiegua.
El 18 de junio salió de su casa a las 7:45 horas para ir a trabajar. Caminaba por la calle Las Viñas de Santurce hacia la estación de tren cuando un etarra se le acercó por la espalda y le mató de un tiro en la nuca.
El marinero Ignacio Montes Abad, de 36 años, nació en Lekeitio y era padre de cuatro hijos. El 24 de junio de 1985, embarcaría de madrugada para salir a faenar. Eran aproximadamente las 3:00 horas y faltaba media hora para zarpar cuando fue a su casa a cambiarse de ropa y se percató de que le seguían. Corrió e intentó refugiarse en el portal de su casa, pero el etarra José Félix Zabarte Jainaga vació sobre él el cargador de su pistola.
Los últimos años de Ignacio estuvieron llenos de difamaciones y campañas de acoso. En su pueblo natal aparecieron pintadas con las frases: "Montes: ETA te va a matar” o “Muerte al chivato de Montes”. ETA asumió la responsabilidad del asesinato y acusó a Ignacio de ser traficante de drogas y de haberse dedicado, con ocasión del funeral celebrado en su día en memoria del dirigente de Herri Batasuna Santiago Brouard, a “pinchar las ruedas de los coches que habían llegado a Lekeitio desde todas las zonas de Euskadi”.
El etarra José Félix Zabarte Jainaga fue condenado a 27 años de prisión mayor. El matrimonio formado por José Ignacio Ibarra Cruz y María Natividad Beascoechea Moreno fue sentenciado como colaborador, a 17 años, 4 meses y 1 día de reclusión menor. María del Carmen Guisasola Solozábal fue condenada a 27 años de prisión por su participación.
El policía nacional Manuel Fuentes Pedreira, de 38 años, vivía cerca del frontón Santa Isabel en Arrigorriaga (Vizcaya), donde le mataron dos terroristas el 10 de mayo de 1986. Aquel día, tras acabar un partido de pelota, estaba sentado en una de las gradas y esperaba su turno, cuando un hombre y una mujer se sentaron detrás de él. La mujer le disparó por la espalda en la cabeza. Huyeron en un taxi robado en el que les esperaba un tercer terrorista.
Manuel era natural de La Golada (Pontevedra) y llevaba cuatro años viviendo en Vizcaya con su novia, Dolores Quintanilla. Estaba destinado en el Parque Móvil de Bilbao. En 2007 se colocó una placa en memoria de Manuel en el frontón donde fue asesinado.
José Miguel Moros, de 18 años, era natural de Portugalete y estaba soltero. Llevaba dos meses trabajando en la Constructora Urgandía cuando una bomba le destrozó una mano y le causó heridas muy graves en la cara. Ocurrió el 27 de junio de 1986. Fue trasladado al hospital de Cruces de Barakaldo para ser intervenido quirúrgicamente. Murió el 13 de agosto.
La noche anterior al atentado, la Policía Municipal de Santurce había recibido un aviso de bomba. Lo notificó a la Policía Nacional y a la Municipal de Portugalete. Pensaron que la información era falsa, por la llamada y la localización de la bomba. Aun así, se inspeccionó el lugar sin encontrar nada sospechoso. La bomba explotó a las 7:50 horas al activarse el motor de una máquina perforadora que encendió el operario José Miguel Moros Peña. El atentado fue asumido por el grupo Iraultza (Revolución).
En 2002, el Ayuntamiento de Portugalete hizo un homenaje a José Miguel Moros y a otra víctima de la misma localidad asesinada por ETA en 1979, Manuel Ferreira Simois.
Tres miembros del comando Vizcaya de ETA robaron un taxi para asesinar al policía nacional Julio César Sánchez Rodríguez, de 31 años, el 28 de octubre de 1986. Los etarras se acercaron al lugar donde se encontraba Sánchez y mientras uno esperaba al volante, otro bajó del vehículo, se aproximó al objetivo y le disparó un único tiro en la cabeza, matándole en el acto.
Eran las 17:15 horas. Sánchez acompañaba a sus cuatro hijos de regreso a casa en el barrio de San Adrián, en Bilbao. Aquel día, los menores fueron testigos del asesinato de su padre, a escasos metros del portal de su casa.
Sánchez estaba casado con Leonor Fuente y tenía cuatro hijos. El policía había llegado al País Vasco ocho años atrás, procedente de Salamanca, su tierra natal y donde fue enterrado. Había ingresado en el Cuerpo Nacional de Policía en 1977. En Bilbao trabajaba en las oficinas de expedición del Documento Nacional de Identidad.
El etarra Julián Achurra Egurola fue condenado como coautor de un delito de asesinato a la pena de 28 años de reclusión mayor, aunque él no fue quien disparó al policía. Además, debía pagar una indemnización económica.
En la tarde del 15 de octubre de 1986, miembros de ETA secuestraron al empresario Lucio Aguinagalde, de 69 años, a las puertas de su casa. Se desplazaron hasta la sierra del Gorbea, en Ubidea (Vizcaya) y ocultaron a Lucio en una cueva.
Días después, el 2 de noviembre, la ertzaintza desplegó un operativo, dirigido por Genaro García de Andoain Larrinaga, amigo personal de Lucio. Cuando intentaron entrar en la cueva, dos etarras, Juan María Gabirondo Agote y Luis Enrique Gárate Galarza dispararon contra los policías. Genaro murió, uno de los etarras consiguió huir y el otro fue detenido y herido. El tercer etarra, Francisco Cabello Pérez, fue capturado ileso. Mientras, Lucio fue liberado sin sufrir daños.
Genaro, de 64 años, era natural de Bilbao y tenía tres hijos. Veterano militante del PNV, fue el segundo mando de la Policía Autonómica vasca asesinado por ETA. Fue director de Tráfico del Gobierno vasco y en octubre de 1985 fue nombrado delegado para Asuntos de la Policía. Con 17 años fue miembro del batallón de soldados vascos Arana Goiri. Tras la Guerra Civil española fue encarcelado hasta 1943.
Los etarras Juan María y Francisco fueron condenados a 29 años de reclusión mayor, además de la correspondiente indemnización a los herederos de la víctima. Luis Enrique fue detenido en el sur de Francia y le atribuyeron la autoría del ametrallamiento.
María Luisa, de 60 años, era natural de la localidad vizcaína de Dima. Su marido estaba enfermo y sus dos hijos estaban en paro. Su trabajo como limpiadora de oficinas era la única fuente de ingresos de la familia.
El 19 de febrero de 1987, la Cruz Roja de Bilbao recibió una llamada telefónica anónima de un portavoz de ETA militar. El comunicante informaba de que habían colocado un artefacto explosivo en el concesionario Renault de Muelle de Marzana, que haría explosión a las once de la noche. María Luisa Sánchez Ortega trabajaba como limpiadora cerca de la zona. A las 22:40 horas había acabado su jornada laboral y regresaba a casa, cuando la explosión la alcanzó de lleno. A causa de las heridas, tuvieron que amputarle las piernas, pero finalmente murió al día siguiente en el hospital de Basurto.
La cúpula de ETA continuaba su campaña contra los intereses franceses en España en protesta por la colaboración del gobierno galo en la lucha antiterrorista.
Félix Peña Mazagatos, de 55 años, era natural de la localidad vizcaína de Portugalete. Estaba soltero y trabajaba en la factoría de Astilleros Españoles en Sestao.
El 25 de abril de 1987, varios jóvenes proetarras tiraron cócteles molotov en la Casa del Pueblo de Portugalete. Félix estaba tomando un vino con un amigo y su ropa se incendió, lo que le provocó graves quemaduras y fue ingresado de gravedad en el hospital de Cruces de Barakaldo. Diez días después, Félix alcanzó una leve mejoría y le sometieron a un injerto de piel. Al finalizar, sus constantes eran estables pero falleció a las 14:45 horas. En el mismo atentado, murió la militante socialista María Teresa Torrano Francia. En abril de 2003 el Ayuntamiento de Portugalete rindió un homenaje a Félix y María Teresa. En una de las paredes de la Casa del Pueblo de Portugalete se puede ver una placa en recuerdo de los dos fallecidos.
Relato completo del atentado en María Teresa Torrano Francia.
María Teresa Torrano Francia, de 37 años, estaba casada y era madre de dos hijos. Murió como consecuencia de las heridas causadas por el ataque del grupo proetarra Mendeku que prendió fuego a la Casa del Pueblo del Partido Socialista de Euskadi en Portugalete. En el atentado falleció también Félix Peña Mazagatos.
La militante socialista fue ingresada en el hospital de Cruces en Barakaldo con quemaduras de tercer grado en el 50 % del cuerpo, incluyendo cabeza, cara, cuello y extremidades superiores. Murió tres días después del atentado de una parada cardiorrespiratoria. Tras su muerte, su familia creó la Fundación Maite Torrano con el objetivo de preservar la memoria de la víctima e impulsar las libertades en el País Vasco.
El marido de María Teresa, Jesús Ramos, secretario de la agrupación socialista de Portugalete, intentó apagar con un extintor el fuego de las ropas de su mujer y también resultó herido. Otras ocho personas fueron heridas en el atentado. Jesús y cuatro de ellos tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente.
Fueron condenados José Antonio Basterra Urrutia, Carlos Ciriano Lázaro, Miguel Ángel Guerra Falcón, José Andrés Uribarrena Ochoa, José Manuel Vázquez Centeno y Jesús López Santa Coloma. Un séptimo participante fue absuelto por su minoría de edad.
Véase también Félix Peña Mazagatos.
José, de 42 años, era natural de Villamayor (La Coruña). Estaba casado y tenía dos hijos. El día de su asesinato, salió de su trabajo en la Comandancia de Marina de Bilbao, hacia las 15:00 horas, y regresaba a su casa a pie, en el barrio de Repélega de Portugalete, cuando un etarra le pegó un tiro en la nuca que acabó con su vida.
El 12 de junio de 1985 se firmó en España el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea. José Millarengo de Bernardo fue la cuarta víctima mortal que se producía en el mismo día.
Cristóbal Martín Luengo, de 51 años, era natural de la localidad salmantina de Valderrodrigo, donde fue enterrado. Estaba casado y tenía tres hijos. Había ingresado en la Benemérita en 1960 y llevaba destinado en Bilbao 20 años. Desde hacía cuatro años hacía trabajos administrativos en el Gobierno Militar de Vizcaya.
El 8 de septiembre de 1987, en torno a las 15:00 horas, Cristóbal Martín Luengo estaba a punto de llegar a su domicilio, en el barrio bilbaíno de Arangoiti. Tres etarras le estaban esperando en un taxi robado. Cuando le vieron llegar, dos de ellos se bajaron y le dispararon en la nuca, mientras el tercer terrorista se quedó en el coche para salir huyendo. Su mujer y una de sus hijas bajaron a socorrerle.
El etarra Joseba Koldobika, quien disparó y asesinó a Cristóbal, huyó a Francia desde donde fue extraditado a España el 4 de diciembre de 1996. En 1997 fue condenado a 33 años y 9 meses de prisión y a pagar una indemnización a los herederos de Cristóbal. Finalmente no cumplió más de nueve años en prisión.
El guardia civil Manuel Ávila García era natural de la localidad de Alcalá la Real (Jaén) y tenía 22 años. Estaba soltero y había sido destinado al País Vasco unos meses antes de ser asesinado en Gernika.
El 9 de septiembre de 1987, hacia las 22:00 horas, un vehículo camuflado de la Guardia Civil salió del cuartel en dirección a la fábrica de armas Astra, Unceta y Cía. para hacer vigilancia. Apenas habían recorrido 300 metros cuando se percataron de que había un coche sospechoso. Al acercarse explotó una bomba que había en su interior y que fue accionada por el miembro del comando Eibar, Juan Carlos Balerdi. Manuel falleció en el acto, mientras que el cabo Federico Carro Jiménez murió poco después.
Fueron condenados Jesús María Ciganda Sarratea, Juan Carlos Balerdi Iturralde, Fermín Urdiain Ciriza, Iñaki Zugadi García y Miren Yosune Onaindia Susaeta. Además, debían pagar una indemnización a los herederos de los fallecidos.
Véase también Federico Carro Jiménez.
El cabo de la Guardia Civil Federico Carro Jiménez, leonés de 29 años, soltero e hijo del coronel de aviación Federico Carro Villagómez, murió junto a su compañero Manuel Ávila García por la explosión de un coche bomba detonado en las inmediaciones de su acuartelamiento de Gernica el 9 de septiembre de 1987.
Relato completo del atentado en Manuel Ávila García.
Vicente Montoya Salazar, policía nacional alavés de 42 años, estaba casado y con dos hijos. Adscrito al servicio de escoltas de la Jefatura de la Policía Nacional de Bilbao, murió por la explosión de una bomba-lapa colocada en los bajos de su coche el 25 de septiembre de 1987 en Barakaldo. Vicente falleció en el hospital de Cruces siete días después del atentado a consecuencia de las severas heridas sufridas. Su esposa, que estaba en el balcón de la casa despidiéndose de él en el momento de la explosión, resultó herida en la cara y las manos.
En 2004, el Ayuntamiento de Barakaldo entregó la Medalla de Oro de la Anteiglesia a las 14 víctimas del terrorismo asesinadas en ese municipio o nacidas allí.
El guardia civil Pedro Ballesteros Rodríguez, madrileño de 24 años, casado y con una hija, fue la primera víctima mortal de ETA tras haberse firmado el Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi, más conocido como Pacto de Ajuria Enea.
El 19 de marzo de 1988 fue tiroteado en un stop por dos terroristas. Le dispararon ocho tiros que le mataron en el acto. Su mujer resultó herida en un brazo. Ambos regresaban a su casa del cuartel de Durango tras celebrar el Día del Padre con los padres de su mujer, con quienes dejaron a su hija.
Juan Ignacio Oyarbide Aramburu y Manuel Urionabarrenechea Betanzos, miembros del comando Araba y responsables del asesinato de Pedro, murieron en 1989 tras un enfrentamiento con la Guardia Civil en Irún. Otros cuatro sospechosos fueron absueltos por no quedar probada su participación en los hechos.
El policía nacional Pedro Antonio Fonte Salido, coruñés de 27 años y soltero, fue asesinado junto al inspector Martín Martínez Velasco el 10 de septiembre de 1988. Ambos estaban adscritos a la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao. Fonte fue asesinado mientras esperaba en un coche policial camuflado a que Martínez regresara de un bar de Izurza, al que mataron cuando hablaba por teléfono. Sus restos mortales fueron enterrados en Vilachá. En el cementerio se congregaron “centenares de personas, compañeros, amigos y allegados del agente fallecido”.
Véase también Martín Martínez Velasco.
El inspector de policía Martín Martínez Velasco, leonés de 33 años y casado, murió junto a su compañero, el agente Pedro Antonio Fonte, en el atentado de Izurza del 10 de septiembre de 1988. Ambos estaban adscritos a la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao. A Martínez lo mataron mientras se hallaba en un bar realizando una llamada de teléfono, en tanto que Fonte fue asesinado mientras esperaba en un coche policial camuflado a que Martínez regresará del bar. Ambos fallecieron en el acto.
Juan Carlos Arruti Azpitarte, Juan Ignacio Oyarbide Aramburu y Manuel Urionabarrenechea Betanzos fueron condenados como autores del crimen, y María Begoña Arroyo Pérez Nanclares como encubridora.
Véase también Pedro Antonio Fonte.
José Luis Barrios Capetillo, de 34 años y natural de Santurce (Vizcaya), estaba casado y con cuatro hijos. Era presidente de la Asociación de Hosteleros de la localidad y regentaba junto a su padre, ex concejal socialista en el Ayuntamiento de Santurce, el restaurante San Jorge. El 17 de septiembre de 1988, mientras José Luis preparaba unos cafés un miembro de ETA se le acercó por la espalda y le disparó en la cabeza.
Ramón Bañuelos Echevarría, vendedor ambulante de 33 años y con cuatro hijos, murió por una bomba colocada en los bajos de su coche. La explosión, ocurrida en el barrio bilbaíno de Churdinaga, le causó la muerte inmediata el 7 de octubre de 1988. Según ETA fue “ejecutado por colaborar con la Policía y por sus vinculaciones con el tráfico de drogas”. Ramón había estado unos meses en prisión preventiva en la cárcel de Basauri por tráfico de estupefacientes. Un primo de Ramón, Ignacio Bañuelos Lasso, también sería asesinado por ETA en 1989. María García Bañuelos y su hija Laura Manzanares García, familiares de Buñuelos, fueron heridas en Bilbao tras estallar una bomba adosada a los bajos de la furgoneta que ocupaban en 1991.
Fernando del Olmo Vega y José Luis Martín Carmona fueron condenados a 30 años de reclusión mayor, además del abono conjunto y solidario de una indemnización a los herederos de Ramón. Por su parte, Juan Carlos Iglesias Chouzas fue sentenciado a 40 años y 7 meses de prisión.
El policía nacional Cristóbal Díaz García, de 36 años, era sevillano de Montellano y estaba casado con un hijo. Había acabado de prestar servicio de vigilancia en la entrada de la comisaría bilbaína de Santuchu cuando un compañero le pidió que ocupara un momento su puesto, instante en el que un etarra le dispararó con un fusil de mira telescópica. Falleció una hora después en la mesa de operaciones del hospital de Basurto el 29 de octubre de 1988.
José era natural de la localidad leonesa de Joarilla de las Matas. Estaba casado y tenía tres hijos. Vivía en Vizcaya desde 1981 y estaba destinado en el Servicio Fiscal de la Guardia Civil de Santurce. Era especialista en submarinismo.
El 12 de abril de 1989, sobre las 8:30 horas, José Calvo de la Hoz, de 51 años, iba en coche en dirección a la oficina del Servicio Fiscal del puerto de Santurce. Se detuvo para esperar el transbordador que une el barrio de Las Arenas con Portugalete en la ría de Bilbao, cuando dos etarras montados en otro vehículo se acercaron y le dispararon. José recibió cuatro tiros que le provocaron la muerte poco después de ser ingresado en el hospital de Cruces.
La etarra Carmen Guisasola Solozábal fue condenada a 3 años de prisión por un delito de encubrimiento. Además, debía indemnizar económicamente a la esposa de José.
Juan Bautista Castellanos, de 56 años, era natural de la localidad cacereña de Abadía, estaba casado y tenía dos hijas. Entró en el Ejército a través de la Academia de Suboficiales y estaba destinado en Bilbao desde 1954.
El 25 de abril por la mañana, Juan Bautista Castellanos Martín salió del garaje donde aparcaba su coche para ir a trabajar a la farmacia del Gobierno Militar, cuando un coche en el que iban dos etarras le cerró el paso. En ese momento uno de ellos se bajó y le disparó tres tiros. Sufrió heridas en el brazo izquierdo, el corazón y la nuca, que le provocaron la muerte en el acto. Al día siguiente, ETA hizo un comunicado en el que asumía la autoría del asesinato.
Luis Hortelano García, de 33 años, era natural de Bilbao, estaba casado y tenía dos hijos. Había ingresado en el Cuerpo Nacional de Policía en 1982, pero cuatro años más tarde comenzó a trabajar en la Ertzaintza.
El 24 de mayo de 1989, varios terroristas colocaron una bomba cerca de un concesionario de Peugeot, en el barrio bilbaíno de Zorroza, para atraer a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Al mismo tiempo, los etarras dejaron cerca un coche cargado de explosivos. Cuando estalló el primer artefacto, inspeccionaron la zona en busca de más explosivos. Encontraron un taxi que llevaba en su maletero una bomba e iniciaron la desactivación. Después de más de dos horas, la bomba estalló y mató en el acto al ertzaina Luis Hortelano García y a los policías nacionales Manuel Jódar Cabrera y José María Sánchez García, miembros de los Tedax. Además hirió a otras 11 personas: cuatro policías, un bombero y seis civiles.
El etarra José Luis Martín Carmona, como autor del triple asesinato, fue condenado a 20 años de reclusión mayor por un delito de atentado y a dos penas de 28 años de reclusión mayor por dos delitos de asesinato. También fueron condenados los etarras Fernando del Olmo Vega e Inmaculada Pacho Martín. Además, debían indemnizar económicamente a los herederos de los fallecidos de forma conjunta y solidaria.
Véase también Manuel Jódar Cabrera y José María Sánchez García.
Manuel Jódar Cabrera, de 35 años, era natural de Rubite (Granada), estaba casado y tenía dos hijos. Ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en 1975.
Manuel murió el 24 de mayo de 1989 mientras intentaba desactivar una bomba colocada por ETA en el maletero de un taxi. Junto a él falleció su compañero, José María Sánchez García, y el ertzaina Luis Hortelano García. Los agentes estuvieron más dos horas manipulando el sistema explosivo cuando dos trampas añadidas estallaron provocando la muerte de los tres agentes.
Relato completo del atentado en Luis Hortelano García.
Véase también José María Sánchez García.
José María Sánchez García, de 34 años, natural de Galinduste (Salamanca), estaba casado con Ana María Lerena y tenía un hijo de 4 años y una hija de 5 meses. Ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en 1981.
José María murió junto a su compañero, Manuel Jódar Cabrera, y el ertzaina Luis Hortelano García, cuando intentaban desactivar una bomba colocada por ETA en el maletero de un taxi, el 24 de mayo de 1989. Sus restos fueron enterrados en Galinduste, donde veraneaba con su familia.
Días después, en protesta por el atentado, policías, guardias civiles, funcionarios de prisiones y familiares se manifestaron en las proximidades de la prisión de Alcalá-Meco en Madrid.
Relato completo del atentado en Luis Hortelano García.
Véase también Manuel Jódar Cabrera.
Luis Reina Mesonero, de 61 años, era natural de Bilbao y propietario de una pescadería en el mercado de la plaza de Abastos de Bilbao. Su mujer llevaba 27 años en una silla de ruedas.
El 12 de septiembre, sobre las 21:00 horas, Luis entró en el portal de su casa, en la calle Fica 32 y recogió un paquete del buzón. Pocos meses antes había sufrido una embolia que le había lesionado el oído y la vista. Por esa razón, acercó sus ojos al paquete, momento en el que explotó provocándole heridas mortales en la cabeza y el tórax.
ETA calificó el atentado de Luis Reina Mesonero de “equivocación y error irreparables”, según un comunicado enviado al diario Egin. La banda atribuía la confusión a que un policía nacional tenía el mismo nombre que la víctima, dato que la Jefatura Superior de Bilbao negó de forma tajante.
El mismo día que fue asesinado Luis Reina, el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, Antonio Aragón, recibió un paquete sospechoso que la Policía logró desactivar.
Eladio Rodríguez García, de 50 años, era natural de Castro de Rey (Lugo) y tenía dos hijos, de 22 y 17 años. Desde 1984 estaba destinado en el País Vasco. Cuando fue asesinado estaba destinado en la unidad de seguridad en la comisaría del barrio bilbaíno de San Ignacio.
El 6 de noviembre, a las 7:00 horas, el subinspector del Cuerpo Nacional de Policía Eladio Rodríguez García salió de casa con el hijo de 15 años de la mujer con la que vivía. El chico volvió́ a casa para coger un paraguas mientras el policía arrancaba el coche. En ese momento explotó una bomba colocada en los bajos del vehículo por miembros del comando Vizcaya de ETA. Murió en el acto.
Los etarras Inmaculada Pacho Martín, Fernando del Olmo Vega y José Luis Martín Carmona fueron condenados a 30 años de reclusión mayor como culpables del atentado. Además, debían indemnizar económicamente a los herederos de la víctima de forma conjunta y solidaria.
Ignacio Bañuelos, de 26 años, natural de Guardo (Palencia), estaba casado y tenía dos hijos. Se dedicaba a la recogida de quincalla y objetos usados y a la venta ambulante.
El 15 de noviembre de 1989, Ignacio arrancó su camión cuando una bomba colocada por ETA en los bajos de su vehículo explotó y le mató en el acto en el barrio bilbaíno de Uribarri.
No era esta la primera vez que la familia Bañuelos era víctima de la violencia de ETA. En octubre de 1988 Ramón Bañuelos Echevarría, primo de Ignacio Bañuelos, había sido asesinado en el barrio de Txurdinaga. Posteriormente, en enero de 1991, otros dos miembros de la misma familia, María García Bañuelos, de veintisiete años, y su hija, Laura Manzanares García, de once años, resultaron heridas de gravedad, también en el barrio de Txurdinaga, tras estallar una bomba adherida a los bajos de la furgoneta que ocupaban.
El policía nacional José Ignacio, de 39 años, era natural de la localidad leonesa de Villagatón. Residía en Galdácano desde hacía ocho años. Estaba casado y tenía tres hijos, de 4, 10 y 14 años. En 1978 ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía y después de un año comenzó a trabajar en el Servicio de Automoción de la comisaría de Basauri.
El 30 de enero de 1990, fue la primera vez que ETA empleaba una bicicleta-bomba para asesinar. Poco antes de las 15:00 horas, José Ignacio salió del bar Los Claveles de Galdácano, donde solía tomar el aperitivo antes de ir a comer a su casa. Iba a subir a su coche cuando una bomba en una bicicleta, ubicada junto al coche, explotó y le causó la muerte en el acto. Fue enterrado en el cementerio de Astorga tras su funeral en la iglesia de Santa Marta de la localidad leonesa. Más de 4.000 personas asistieron a las honras fúnebres.
Rafael San Sebastián, bilbaíno de 42 años y desempleado, vivía con sus padres en el barrio de Neguri de Algorta (Vizcaya) y era hermano de Federico San Sebastián Flechoso, secretario general de Iberduero. El 10 de junio de 1990, mientras desayunaba en la cafetería Gwendolyne de Getxo, Jon Bienzobas le disparó tres veces en la cabeza matándole en el acto. Otro terrorista se quedó fuera del local cubriendo la acción. Ambos etarras huyeron junto a otros terroristas que les esperaban en un coche frente a la cafetería.
No obstante, ETA afirmó en un comunicado que el asesinato de Rafael se trataba de un “error (...) Reiteramos, pues, ante nuestro Pueblo y muy en particular ante los familiares y allegados de la víctima nuestra más seria y sincera autocrítica por esta equivocación y error irreparables”.
Bienzobas fue extraditado temporalmente por Francia para ser juzgado y condenado en 2007.
El guardia civil José Manuel Alba Morales, zaragozano de 22 años, casado y esperando el nacimiento de su primer hijo, llevaba tres meses destinado en la Compañía de Especialistas Fiscales de la Guardia Civil de Bilbao. El 2 de septiembre de 1990, último día de servicio antes de sus vacaciones, un coche-bomba sin conductor impulsado por miembros de ETA por la rampa de entrada al muelle de Uribitarte, chocó y explotó en el lugar donde trabajaba José Manuel, que murió una hora después en el hospital de Basurto. La deflagración también mató al civil Luis Alberto Sánchez García, que había intentado detener el coche.
Sus restos mortales fueron trasladados a Córdoba, donde vivía la mayor parte de su familia.
Relato completo del atentado en Luis Alberto Sánchez García.
Luis Alberto Sánchez García, de 28 años, era natural de Barakaldo (Vizcaya). Murió el 2 de septiembre de 1990, cuando trataba de detener un coche-bomba sin conductor, impulsado por miembros de ETA por la rampa de entrada al muelle de Uribitarte. El vehículo explotó cerca del puesto de Servicio Fiscal de la Guardia Civil, matando también al guardia civil José Manuel Alba Morales, hiriendo a varias personas y ocasionando considerables daños materiales en las viviendas y vehículos cercanos.
Los etarras Jesús María Mendinueta Flores, Joseba Iñaki Zugadi García, Fernando del Olmo Vega e Inmaculada Pacho Martín, para los que el fiscal solicitaba un total de 360 años de reclusión, fueron absueltos por falta de pruebas. Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, fue condenado junto a Juan María Ormazábal como autor del atentado. En total Iglesias fue condenado a más de 1.200 años de cárcel en los veinte juicios celebrados contra él.
Véase también José Manuel Alba Morales.
El 6 de octubre de 1990, el hostelero Carlos Arberas Arroyo, de 43 años, casado y con tres hijos, fue asesinado a tiros por dos terroristas en la barra del bar-restaurante Zabala de Palencia cuando tomaba algo al caer la noche. Los asesinos salieron del bar y huyeron en un taxi robado, donde les esperaba otro terrorista.
Antes de regentar su propio negocio, Arberas había trabajado como vigilante de seguridad en las obras de la central nuclear de Lemóniz.
José Francisco Hernández Herrera, policía nacional tinerfeño, natural de Tegueste y de 34 años, estaba casado y con dos hijos. Llevaba nueve años en el Cuerpo e iba a trasladarse próximamente a Tenerife, donde ya tenía aprobado el destino. El mediodía del 18 de noviembre de 1990, dos dotaciones del Cuerpo Nacional de Policía regresaban de trabajar en el campo de fútbol de Santurce, tras celebrarse un partido entre el equipo local y el Aragón. El atentado se produjo al pasar a la altura de un camión-bomba estacionado en el arcén, que alcanzó de lleno al segundo vehículo y mató en el acto a los agentes José Francisco Hernández Herrera y Daniel López Tizón. Todos los policías pertenecían a una unidad de reserva del Cuerpo Nacional con base en La Coruña y debían prestar servicio en Santurce hasta finales del mes de noviembre.
Los restos mortales fueron trasladados a Tejina (Tenerife), cerca de su pueblo natal.
Véase también Daniel López Tizón.
Daniel López Tizón, policía nacional coruñés de 41 años, estaba casado y con dos hijos. Fue asesinado por un camión-bomba que el comando Vizcaya detonó al paso del convoy formado dos vehículos blindados en el que viajaba el 18 de noviembre de 1990 en Santurce. Su compañero y amigo, José Francisco Hernández Herrera, también falleció en el atentado. Los restos mortales de López, que estaba realizando un servicio excepcional de 20 días en Vizcaya, fueron trasladados a su natal La Coruña.
Véase el relato completo del atentado en José Francisco Hernández Herrera.
Luis Alfredo Achurra Cianca, policía nacional bilbaíno de 37 años, estaba casado y tenía tres hijos. El 14 de diciembre de 1990 se hallaba en un taller de reparación de vehículos en Amorebieta (Vizcaya), para pagar una factura. Cuando maniobró para reubicar su coche, explotó una bomba colocada en los bajos por miembros del comando Vizcaya, matándole en el acto e hiriendo al propietario de un bar cercano.
Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi,fue condenado a 35 años de reclusión mayor por colocar la bomba-lapa y Francisco Javier Martínez Izaguirre a 27 años de reclusión mayor; mientras que Juan María Ormazábal Ibarguren, que también participó en el atentado, murió en un tiroteo con la Policía Autonómica Vasca en agosto 1991.
Isidro Jiménez Dual, de 37 años y natural de Bilbao, estaba casado y tenía cinco hijos. Fue asesinado como presunto traficante de droga el 9 de enero de 1991 mediante la explosión de una bomba-lapa adosada a su furgoneta. Falleció dos días después. Tres transeúntes resultaron heridos en el mismo incidente. Germán Urízar de Paz fue condenado como autor a 28 años de reclusión mayor y a pagar una indemnización a los herederos de Isidro y al resto de las víctimas.
Francisco Díaz de Cerio Gómez, vizcaíno de 41 años, casado y con dos hijos, había pertenecido a la Guardia Civil desde 1974 hasta 1980. En 1981 dejó el Instituto Armado y entró a trabajar en la central nuclear de Lemóniz (Vizcaya). Más tarde ingresó en la compañía hidroeléctrica Iberduero, realizando la lectura de contadores en domicilios particulares. Murió tiroteado cerca de su casa el 31 de enero de 1991.
Manuel Echevarría Echevarría, vendedor ambulante de 44 años, fue asesinado por una bomba-lapa colocada en su furgoneta, en el barrio bilbaíno de La Peña, el 21 de marzo de 1991. Falleció en el hospital de Basurto. La onda expansiva hirió a María Begoña Arias, de 41 años, que tuvo que ser atendida por una contusión dorsal.
Vicente Albarrán, Sabino Llona Sáenz, Jorge Javier Ortiz de Echeverría y Anakoz Bilbao Mezo, miembros de Jarrai, fueron condenados a 7 años de prisión por su relación con este atentado y por informar a ETA sobre presuntos traficantes de droga y agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
José Manuel Cruz Martín, policía nacional onubense de 27 años y casado, murió por una bomba-lapa colocada en su coche el 8 de abril de 1991 en Barakaldo. Su mujer, que le acompañaba en el momento de la explosión, sufrió graves lesiones. Asimismo, fueron heridos un chico de 15 y una mujer de 37 años. Cruz fue enterrado en el cementerio de La Soledad, en su Huelva natal, y a su funeral acudieron más de 1.500 personas.
Mendinueta Flores e Iglesias Chouzas, del Comando Vizcaya, fabricaron la bomba y se la entregaron a Raúl Alonso Álvarez y a Germán Urízar de Paz para que ejecutasen el atentado. Los cuatro fueron condenados a severas penas de cárcel y a indemnizar económicamente a los herederos de Cruz.
Francisco Álvarez Gómez, guardia civil pacense de 38 años, casado y con dos hijos, estaba adscrito al Servicio de Vigilancia Fiscal de la Guardia Civil y trabajaba en el Puerto de Bilbao. El 9 de mayo de 1991 sufrió un atentado al explotar una bomba colocada en los bajos de su coche. Murió en la ambulancia cuando era trasladado al hospital de Cruces (Barakaldo). Su funeral en la iglesia San Félix de Cantalicio de Ortuella congregó a más de dos mil personas.
Jesús María Mendinueta Flores fue acusado de participar en el atentado pero le absolvieron por falta de pruebas en 1994.
Ricardo Couso Río, guardia civil coruñés de 38 años, casado y con dos hijos, fue asesinado a tiros por miembros del comando Vizcaya. El atentado tuvo lugar cuando esperaba a que salieran sus dos hijos del colegio. Uno de ellos fue testigo del fatídico desenlace.
El asesino huyó en un taxi robado, en el que esperaban otros etarras. ETA asumió la autoría del asesinato pocos días después.
Jesús Mendinueta Flores fue condenado a un total de 28 años de cárcel por el crimen. Juan Carlos Iglesias Chouzas, a 29 años de reclusión y a indemnizar económicamente a los herederos de Couso. Otro de los responsables, Juan Manuel Ormazábal Ibarguren, murió en un tiroteo con agentes de la Policía Autonómica vasca en Bilbao, en 1991.
Carlos Pérez Dacosta, guardia civil zamorano de 22 años, soltero y con apenas un año de servicio en el Cuerpo, murió asesinado por la explosión de un coche-bomba cuando circulaba por el barrio de Las Arenas de Getxo, a unos 100 metros de un acuartelamiento de la Benemérita, el 28 de julio de 1991. El artefacto hirió a su compañero y a varios transeúntes, tres de los cuales tuvieron que ser hospitalizados. Además causó importantes daños materiales.
Alfonso Mentxaka Lejona, vizcaíno de Sondica y ertzaintza de la sexta promoción, era miembro del Grupo Especial de Intervención. De 29 años y casado, murió en acto de servicio el 1 de septiembre de 1991. Aquel día, los etarras Juan María Ormazábal Ibarguren y Jesús María Mendinueta Flores intentaron robar a la fuerza el coche en el que patrullaba Mentxaka, al que Ormazábal hirió de muerte cuando intentó huir. Sin embargo, varios ertzainas acudieron al lugar alertados por el ruido del disparo e iniciaron un tiroteo con los terroristas. El altercado se saldó con la muerte de Ormazábal, primer etarra muerto en un enfrentamiento con la Policía Autonómica Vasca, y con Mendinueta herido de bala en las piernas. Fue detenido y finalmente condenado a 27 años de reclusión mayor y a indemnizar a los herederos legales de Alfonso. Asimismo, la policía también detuvo aquel día a los etarras Icíar Martínez Sustacha y Pedro Mariano Márquez del Fresno, que justo antes de la muerte de Mentxala se habían reunido con Ormazábal y Mendinueta en la feria de Bilbao.
En 1991, ETA mató a siete niños —uno en San Sebastián, cinco en Vic (Barcelona) y uno en Erandio— e hirió a otros menores de edad.
Fabio Moreno Asla tenía 2 años y había nacido en Bilbao. Su madre y toda su familia materna eran vascos. Su padre y varios miembros de su familia eran guardia civiles. Murió tras la explosión de una bomba colocada por miembros de ETA en el coche de su padre en la localidad vizcaína de Erandio.
Tres días antes del atentado, los etarras Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, y Francisco Javier Martínez Izaguirre fueron a la casa del guardia civil Antonio Moreno Chica, el padre de Fabio. Localizaron su automóvil, y mientras Martínez vigilaba, Iglesias forzó la puerta delantera derecha y colocó la bomba debajo del asiento del copiloto.
El 7 de noviembre de 1991, Antonio tenía la intención de ir a la piscina con sus mellizos. Antes de montar en el coche miró los bajos para comprobar que no había ninguna bomba. Después todos montaron en el vehículo. Cuando iban por la calle Tartanga, hacia las 16:45 horas, la bomba se activó en una curva. Fabio murió en el acto y su hermano Alexander sufrió quemaduras en una pierna y perforación en un tímpano. Su padre estuvo incapacitado 852 días y posteriormente fue declarado inválido para ejercer su profesión. Los etarras sabían que Antonio iba y volvía de su trabajo en tren y que exclusivamente usaba el coche en compañía de su familia.
Fabio fue enterrado en el cementerio vizcaíno de Derio.
Martínez fue condenado a 85 años de prisión e Iglesias a 82 años de cárcel. Además tenían que indemnizar a los herederos de Fabio y a los dos heridos. Rosa María Arana fue absuelta, el tribunal le aplicó el principio in dubio pro reo (en caso de duda, a favor del reo).
Pedro Carbonero Fernández, de 54 años y natural de Peraleda de San Román (Cáceres), estaba viudo y tenía cuatro hijos, tres chicos y una chica, de entre 27 y 22 años. Llevaba 17 años destinado en la localidad vizcaína de Galdácano, donde era jefe del puesto de la Benemérita de esa ciudad.
Los terroristas Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, y Javier Martínez Izaguirre habían estado vigilando a Pedro Carbonero Fernández para conocer sus costumbres.
El 18 de noviembre de 1991, Juan Manuel Tobalina Rodríguez llevó a los etarras en coche hasta Galdácano, donde robaron un taxi a mano armada. Ese día no localizaron al agente, por lo que al día siguiente, por la tarde, Iglesias y Martínez volvieron a Galdácano. Robaron un taxi y fueron a la calle Juan Bautista Uriarte, donde localizaron al sargento Carbonero, que volvía al cuartel de la Guardia Civil con su pareja. Chouzas se acercó por la espalda y le disparó. Carbonero cayó al suelo herido y el criminal le remató con un tiro en la cabeza.
Chouzas se dirigió al taxi robado donde le esperaba Martínez para darse a la fuga. Después se alojaron en el domicilio de Tobalina en Basauri.
Fueron condenados los etarras Martínez, como autor del asesinato, a 30 años de reclusión mayor; Tobalina, como encubridor, a 10 años y 1 día de prisión mayor; e Iglesias a 30 años de reclusión. Además, debían indemnizar a los herederos de Carbonero.
José Anseán Castro, de 38 años, era natural de Lugo. Estaba casado y tenía un hijo de 14 años. Llevaba 12 destinado en el País Vasco y trabajaba como conductor de la Unidad Polivalente, prestando servicios de custodia de edificios públicos y traslado de detenidos.
El 14 de enero de 1992, José caminaba con su esposa hacia la parada de autobús para ir al trabajo en el cuartel del Cuerpo Nacional de Policía de Basauri. En ese momento, dos etarras bajaron de un vehículo y le dispararon.
ETA ya había intentado asesinar al policía unos días antes, pero no tuvo éxito. El matrimonio formado por Juan Manuel Tobalina Rodríguez y María Paulina García Rodríguez había proporcionado información sobre José Anseán al comando Vizcaya. Para perpetrar el atentado, los etarras Kepa Urra Guridi y Javier Martínez Izaguirre, robaron un taxi y encerraron a su propietario en el maletero. Después recogieron a los etarras Iglesias Chouzas y Rojo González y se dirigieron al barrio de Bolueta a por su víctima. Todos ellos serían condenados y obligados a pagar una indemnización.
José Manuel Anseán Pérez, su hijo, se suicidó al conocer la sentencia del asesino de su padre. Tenía 29 años. Desde la muerte de su padre tuvo que recibir tratamiento psiquiátrico. Fue enterrado en el concello de Baleira, junto a su padre.
José San Martín Bretón, de 49 años, nació en la localidad riojana de El Redal. Estaba casado y tenía dos hijos. Uno de ellos era guardia civil en Logroño y el otro realizaba el Servicio Militar en Cádiz. José trabajaba en la Comandancia de la Guardia Civil de La Salve en Bilbao. Entró en el Instituto Armado a los 21 años y llevaba 15 en el País Vasco.
El etarra José Manuel Fernández Pérez de Nanclares informó de la ruta que seguía el guardia civil José San Martín Bretón a los miembros del comando Vizcaya, Juan Carlos Iglesias Chouzas y Javier Martínez Izaguirre.
El 25 de febrero de 1992, sobre las 14:30 horas, los tres etarras esperaron a la víctima cerca de la estación de tren de Getxo, por donde solía pasar para volver a casa. Iglesias y Martínez Izaguirre le siguieron a pie hasta la plaza de Villamonte. Iglesias le disparó allí por la espalda matándole en el acto. Los terroristas huyeron y se refugiaron en casa del etarra José Manuel y su esposa, María Ángeles Pérez del Río. Todos fueron condenados.
José fue enterrado en su pueblo natal. En 2007, casi 15 años después de su asesinato, el Ayuntamiento de El Redal puso el nombre del agente a una plaza.
Joseba Goikoetxea Asla, de 42 años, era natural de Bilbao, estaba casado y tenía tres hijos. Comenzó su militancia en el PNV con 17 años. En los años ochenta ingresó en la Policía Autonómica vasca y fue ascendiendo hasta que en 1986 se hizo cargo de la unidad de Información. Fue juzgado y sentenciado –en 1991 a seis años de inhabilitación- por los pinchazos telefónicos que se hicieron en 1986.
Goikoetxea era un hombre clave en la lucha antiterrorista en Euskadi. Había sido amenazado varias veces por ETA y su nombre había aparecido como potencial objetivo de la organización.
El 22 de noviembre de 1993, Goikoetxea salió de su casa para acompañar en coche a su hijo, de 16 años, hasta la parada del autobús. Después, el agente iría a la sede del PNV en Bilbao, donde trabajaba desde su inhabilitación por realizar escuchas ilegales.
De camino al centro de Bilbao, Goikoetxea paró su coche en un semáforo en la calle Tívoli, donde le esperaban dos etarras que se acercaron a pie y le dispararon varias veces. Dos balas, en la cabeza y la región lumbar, le hirieron de muerte tras estar en coma y fallecer cuatro días después. Su hijo resultó ileso.
El 1 de diciembre, el diario Egin publicó un comunicado de ETA en el que la organización terrorista asumía la autoría del atentado.
Cinco días después se celebró el funeral en la basílica de Begoña, al que acudieron miles de ciudadanos e hicieron una multitudinaria manifestación en protesta contra el crimen. Goikoetxea fue enterrado en el cementerio vizcaíno de Derio.
Los etarras Lourdes Churruca, José Luis Martín Carmona, María Aránzazu Garbayo, José Antonio Embeitia Ortuondo, Andoni Ugalde Zubiri y Juan Ignacio Sánchez Melendo fueron condenados a prisión. Además, debían indemnizar económicamente a los familiares de la víctima.
El comando Vizcaya de ETA se había fijado como objetivo atentar contra la vida del guardia civil Fernando Jiménez Pascual. Los terroristas José Luis Martín Carmona y Andoni Ugalde Zubiri se habían ocupado, previamente, de vigilar a Fernando.
María Teresa Pedrosa y Carlos Emilio Cristóbal, miembros del comando Vizcaya, colocaron una bomba bajo el asiento del conductor del coche de Fernando, aparcado cerca de su casa.
El 4 de abril, sobre las 14:30 horas, Fernando montó en su coche, cuando vio un objeto extraño bajo el asiento del conductor y lo cogió con las manos. El artefacto explotó y le mató en el acto. La onda expansiva también hirió a una mujer que caminaba cerca del lugar.
Fernando Jiménez Pascual, de 29 años, era oriundo de Barakaldo, estaba casado y tenía una hija de 6 años. Trabajaba en el servicio de vigilancia en el Gobierno Civil de Vizcaya desde hacía un año. Al funeral asistieron centenares de personas. Fue enterrado en el cementerio de Salamanca.
Los etarras Carlos Emilio Cristóbal Martínez, José Luis Martín Carmona y Lourdes Churruca Medinabeitia fueron condenados a penas de 32 años de reclusión como autores del atentado; Andoni Ugalde Zubiri fue condenado a una pena de 17 años y 4 meses de reclusión menor y María Teresa Pedrosa Barrenechea fue condenada a la pena de 32 años de reclusión. Además debían indemnizar económicamente de forma conjunta y solidaria a los herederos de Fernando, a la mujer herida y a los afectados por los daños materiales.
Benigno Villalobos Blanco, de 39 años, era natural de Lemóniz (Vizcaya). Casado y con tres hijos, era hijo y hermano de guardias civiles. Desde su ingreso en la Benemérita en 1975, siempre prestó servicio en Vizcaya. Estaba destinado en el Centro de Control de Transportes Internacionales de Barakaldo.
Hacia las 8:00 horas de aquel 28 de abril de 1994, Benigno se dirigía a su puesto de trabajo. Fue hacia su coche, frente a su casa en la calle José Rufino Olaso, y cuando introducía la llave para abrirlo, el etarra Ángel Irazabalbeitia le disparó tres tiros en la cabeza y le mató en el acto.
En el funeral, tras el acto litúrgico, fue trasladado hasta Cerezales del Condado (León).
Lourdes Churruca Medinabeitia y José Luis Martín Carmona fueron condenados a 38 años de prisión cada uno. El tercer etarra, autor de los disparos, Ángel Irazabalbeitia, falleció en Lujua (Vizcaya), en noviembre del mismo año, en un enfrentamiento con la Ertzaintza. Aitor Bores Gutiérrez, como cómplice, fue sentenciado a 28 años de reclusión y Jorge Martínez Aedo, a 32 años de reclusión mayor. Además, debían indemnizar a los herederos de Benigno.
Hacia las 23:30 horas de aquel 9 de agosto, dos terroristas estaban esperando a José Antonio Díaz Losada, de 29 años, cerca del número 9 de la calle Bizkargi, en el barrio bilbaíno de Rekalde para matarle. José Antonio llegó en su furgoneta acompañado de su esposa y su hija de 14 meses. La mujer junto a la hija entraron en el portal mientras él aparcaba. Cuando José Antonio salió de la furgoneta y caminó hacia el portal, un etarra le disparó un tiro en la cabeza. Le mató en el acto.
ETA justificó el asesinato de José Antonio, natural de Bilbao, vinculándole al tráfico de drogas. Tenía antecedentes por tráfico ilícito de estupefacientes, atentado contra la autoridad, resistencia, desobediencia y robo con violencia e intimidación. En 1993 estuvo en la cárcel por ello.
Los etarras Jorge Martínez Aedo, José Luis Martín Carmona y Lourdes Churruca Medinabeitia fueron condenados a 48 años de reclusión cada uno.
Unos minutos antes de las 20:00 horas de aquel 21 de agosto de 1994, el policía José Santana Ramos, de 37 años, estaba jugando a las cartas con unos amigos, en la sede social del Partido Nacionalista Vasco (PNV) de Berengo, cuando el etarra José Luis Martín Carmona le disparó dos tiros en la cabeza. Murió en el acto. Uno de los disparos hirió el brazo derecho de José Benedicto Herrero Hernández.
José era natural de Minas de Riotinto (Huelva). Vivía en Berengo junto a su esposa, agente de la Ertzaintza, y sus tres hijos. Ingresó en 1979 en el Cuerpo Nacional de Policía y llevaba destinado en Bilbao 12 años. Prestaba servicios en el Puerto de Santurce. El funeral oficial fue celebrado en Bilbao. Después del acto, sus restos fueron trasladados a Dos Hermanas (Sevilla).
Los terroristas José Luis Martín Carmona y Lourdes Churruca Medinabeitia fueron condenados a 30 años de reclusión mayor, cada uno. Aitor Bores Gutiérrez, a 14 años de reclusión y Jorge Martínez Aedo a la pena de 17 años y 4 meses de reclusión menor. Además, debían pagar la correspondiente indemnización.
Rafael Leiva Loro y Domingo Durán Díez estaban trabajando en las oficinas de expedición de pasaportes y documentos de identidad en Bilbao, cuando dos etarras entraron y les dispararon repetidamente. Rafael murió en el acto tras varios disparos en la cabeza, mientras que Domingo quedó tetrapléjico y murió en 2003. El atentado sucedió el 13 de enero de 1995.
Rafael, de 43 años, era natural de Atarfe (Granada) y tenía seis hijos. Ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en 1977 y llevaba 10 años destinado en el País Vasco. Estaba afiliado a la Unión Federal de Policías.
Los etarras Jorge González Endemaño, Agustín Almaraz Larrañaga, José Ignacio Alonso Rubio y Aitor Fresnedo Guerricabeitia fueron condenados por el atentado.
Véase también Domingo Durán Díez.
Modesto Rico Pasarín, de 33 años, era natural de la localidad vizcaína de Barakaldo. Estaba casado y vivía en el barrio de Santutxu de la capital bilbaína. En 1989 ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía y pertenecía a la escala básica. Trabajaba en la Audiencia Provincial de Vizcaya.
El 17 de febrero de 1997, Modesto murió tras la explosión de una bomba-lapa colocada por ETA en los bajos de su vehículo.
El etarra Pedro del Hoyo Hernández fue condenado a una pena de 30 años de prisión mayor. Además, debía indemnizar a los herederos de la víctima.
El policía nacional Luis Andrés Samperio Sañudo era natural de Cantabria, estaba casado y tenía dos hijos pequeños. Estaba destinado en el Grupo de Estupefacientes de la Brigada de la Policía Judicial de Bilbao. Trabajaba en el País Vasco desde hacía 14 años e iba a ser trasladado a Cantabria.
El 24 de abril de 1997 Luis Andrés recibió un disparo en la nuca cuando se encontraba en el portal de su domicilio en el barrio bilbaíno de Deusto. El asesinato fue perpetrado por dos terroristas con la cara descubierta que amenazaron a varios adolescentes si les identificaban. Su mujer se encontraba en casa cuando escuchó un estruendo. Se asomó a la ventana y vio tirado en el suelo a su marido. Fue ella quien llamó a la ambulancia para que le socorrieran.
El etarra óscar Barreras Díaz fue condenado a 27 años por el atentado. Además, tuvo que indemnizar económicamente a los herederos de Luis Andrés.
El guardia civil José Manuel García Fernández, de 43 años, era natural de la localidad asturiana de San Esteban de Cuani. Estuvo destinado en el País Vasco desde 1983. En el momento de su muerte estaba asignado al cuartel de Sanfuentes, en Abanto.
El 3 de mayo de 1997 José Manuel fue asesinado de un tiro en la nuca en presencia de su mujer mientras cenaban en el restaurante El Puerto, en la localidad de la Zierbena, próxima a Bilbao.
Asier Uribarri Benito y Lander Maruri Basagoiti fueron condenados como cómplices del asesinato, a 16 años de prisión y una indemnización a los herederos de José Manuel.
Daniel Villar Enciso, de 39 años, era natural de Madrid, estaba casado y tenía dos hijos de 11 y 10 años. Estaba destinado en el Servicio de Seguridad del cuartel del Cuerpo Nacional de la Policía de Basauri, donde llevaba viviendo varios años.
El 5 de septiembre de 1997 una bomba-lapa colocada por ETA en los bajos de su vehículo explotó cuando puso en marcha su coche. Varios vecinos intentaron sacarle del vehículo pero las llamas se lo impidieron. Cuando lograron rescatarle, fue trasladado al hospital de Cruces donde falleció. Tras el atentado, se realizaron multitudinarias manifestaciones contra el terrorismo.
El etarra Pedro del Hoyo Hernández fue condenado a 25 años de prisión y a indemnizar a los herederos de Daniel.
El ertzaina José María Aguirre Larraona, de 35 años, era natural de la localidad vizcaína de Zalla. Estaba casado y tenía un hijo.
El 18 de octubre de 1997 el rey Juan Carlos iba a inaugurar el Museo Guggenheim de Bilbao. El Museo había sido uno de los objetivos de ETA desde que comenzó el proyecto de construcción. Por esta razón, días antes de la inauguración varios agentes de la Ertzaina controlaban la zona por motivos de seguridad.
El 13 de octubre de 1997, dos miembros de la Policía Autonómica vasca vieron un coche sospechoso. En el interior se encontraban dos etarras que pretendían colocar frente al museo un falso macetero que contenía una docena de granadas. José María procedió a identificarles y descubrió que la matrícula de la furgoneta era falsa. En ese momento, el etarra Eneko Gogeaskoetxea le disparó hiriéndole de muerte. El etarra consiguió darse a la fuga pero el otro terrorista, Kepa Arronategi, fue detenido por la Policía Municipal. Fue condenado a 30 años de reclusión mayor además de a indemnizar a los herederos de José María.
Diez años después del asesinato, familiares y amigos de José María se reunieron junto al Guggenheim para rendirle homenaje. La plaza donde fue asesinado lleva su nombre.
Jesús María Pedrosa Urquiza, de 57 años, estaba casado y tenía dos hijas. El 4 de junio de 2000 fue asesinado de un tiro en la cabeza en Durango (Vizcaya). Jesús María estaba afiliado al sindicato ELA y desde 1987 era edil del Partido Popular (PP) en Durango. Había recibido amenazas anteriormente, y aun así renunció a llevar escolta.
Dos días después de su asesinato se convocó una multitudinaria manifestación en protesta por el atentado al grito de “Libertad”. Tras la muerte de Jesús María se instauró el premio que lleva su nombre.
José María Lidón, de 50 años y natural de Gerona, era magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya. Casado y con dos hijos, ejercía también como catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Deusto, donde impartía clases desde hacía casi 30 años. También daba clases en la Academia de la Policía Municipal de Bilbao. La mañana del 7 de noviembre de 2001 varios etarras le asesinaron a tiros mientras iba en su coche acompañado de su esposa. Su hijo, que iba delante de ellos en otro coche, también presenció el crimen. ETA asumió la autoría del asesinato en un comunicado ocho días después.
La Universidad de Deusto edita en su memoria una publicación anual titulada Cuadernos penales José María Lidón. Dos años después de su muerte, el rector presentó el libro Estudios jurídicos en memoria de José
El inspector de Policía, Eduardo Antonio Puelles García, de 48 años y natural de Barakaldo (Vizcaya), estaba casado y con dos hijos. Era Jefe de Grupo de la Brigada de Información de Bilbao del Cuerpo Nacional de Policía y responsable de una red de vigilancia a sospechosos de terrorismo. Había participado en una decena de operaciones que se habían saldado con la detención de más de setenta miembros o colaboradores de ETA. Puelles murió asesinado por la explosión de una bomba-lapa colocada por ETA junto al depósito de combustible del coche, el 19 de junio de 2009. Los dos días siguientes al atentado hubo una concentración de ciudadanos por las calles de Bilbao en protesta por el atentado.