José Antonio, de 25 años, estaba regulando el tráfico en la NI con su compañero Félix de Diego, cuando un Seat 850, ocupado por los etarras Iñaki Sarasketa y Francisco Javier Etxebarrieta, Txabi, se paró junto a él. El agente vio algo sospechoso en la matrícula, solicitó la documentación y fue atrás para mirar el bastidor. Treinta años después, Sarasketa  contó: Txabi me dijo: «Si lo descubre, le mato». «No hace falta», contesté yo, «lo desarmamos y nos vamos». «No, si lo descubre lo mato». Salimos del coche. El guardia civil nos daba la espalda, de cuclillas mirando el motor. Sin volverse empezó a hablar: «Esto no coincide…». Txabi sacó la pistola y le disparó. Cayó boca arriba. Txabi volvió a dispararle tres o cuatro tiros más en el pecho. […] fue un día aciago. Un error. Como otros muchos en estos veinte años. Era un guardia civil anónimo, un pobre chaval. No había ninguna necesidad de que aquel hombre muriera”. Su compañero, Félix de Diego, fue asesinado por ETA 11 años después.

El 2 de agosto de 1968 Melitón Manzanas, jefe de la brigada político social en Guipúzcoa, entraba en su casa de Irún cuando sonó un disparo y el hombre, alcanzado por la espalda, cayó al suelo. Su mujer vio al agresor —un individuo de unos veinticuatro años, de estatura media, con bigote y largas patillas— y forcejeó con él. A pesar de ello, el pistolero logró hacer varios disparos más. El de Melitón Manzanas fue el primer asesinato premeditado de ETA. Xabier Izko de la Iglesia se encargó de organizarlo y fue condenado en el Consejo de Guerra de Burgos de 1970 como autor material del atentado, aunque siempre negó haber sido quien disparó. El policía había sido acusado por miembros de la oposición al franquismo de malos tratos y torturas a los detenidos, atestiguadas ya en democracia por muchas de sus víctimas, entre ellas destacados políticos y escritores.

Gregorio Posada era el jefe del Grupo de Información de la Guardia Civil en Azpeitia. El 3 de abril de 1974 circulaba en su vehículo, un Seat 850, por la calle Juan XXIII, que estaba en obras, por lo que el coche avanzaba lentamente. Dos miembros de ETA, armados con subfusiles Marieta, se colocaron delante del vehículo y lo ametrallaron. Los proyectiles destrozaron el cristal y alcanzaron de lleno al conductor, que perdió el control del vehículo y chocó contra un local. Posada, en estado muy grave, falleció a las 20:00 horas de ese mismo día en el hospital militar de San Sebastián. Los autores se fugaron en una moto robada. Por este atentado José Antonio Garmendia Artola, alias Tupa, y Ángel Otaegui Echevarría fueron juzgados en consejo de guerra y condenados a muerte. A Garmendia le conmutaron la pena a causa de las heridas en la cabeza que sufrió en el momento de la detención. Otaegui fue uno de los cinco últimos fusilados del régimen de Franco, el 27 de septiembre de 1975.

El 31 de mayo de 1974, cuatro miembros de ETA armados con subfusiles atracaron la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles en Beasain, llevándose las nóminas de unos cien obreros, unos catorce millones de pesetas. Unas doce horas después del atraco, cometido con la complicidad de un trabajador de la compañía, la guardia civil localizó un vehículo sospechoso cuyos integrantes se refugiaron en un edificio en ruinas. Tras un tiroteo, los agentes recuperaron casi todo el dinero y arrestaron a uno de los asaltantes. Días más tarde, durante la madrugada del 2 al 3 de junio, Manuel Pérez y otros dos guardias civiles vieron a dos hombres y una mujer que transitaban por la carretera y pararon a identificarlos. Dos de ellos ofrecieron su documentación, pero el tercero Miguel Ángel Apalategui Aierbe, de diecinueve años, empleado de CAF, disparó contra Manuel Pérez. Apala, que años más tarde alcanzaría notoriedad como miembro de ETA, saltó a un río salvando un enorme desnivel y huyó en la oscuridad. Manuel Pérez, alcanzado de un disparo en el corazón, murió poco después en una clínica de Tolosa. Era natural de San Román de Retorta (Lugo), tenía veintinueve años y estaba soltero, destinado en la Comandancia de San Sebastián.

Jerónimo Vera García, sargento de la Guardia Civil, tenía 45 años el día que un etarra lo asesinó. Había nacido en Murcia, pero llevaba viviendo en Guipúzcoa 25 años. El 29 de octubre de 1974, como parte de una investigación con junta con la Policía sobre actividades de ETA, el sargento y un guardia primero localizaron en Trincherpe, Pasajes, a un individuo sospechoso se encontraba entre la variante de San Sebastián y la calle que desemboca en el puerto. Los dos guardias civiles lo vigilaban pero, al darse cuenta de que intentaba alejarse, le dieron el alto. El sospechoso era Ignacio Iparraguirre, que sacó una pistola y disparó contra el sargento, a quien alcanzó en el pecho. Los guardias respondieron a los disparos hiriendo de gravedad al etarra. Un conductor que pasaba trasladó en su coche al sargento Vera hasta el hospital militar de San Sebastián, donde falleció dos horas y media después. Iparraguirre falleció días más tarde.

Argimiro García, agente de la guardia Civil de 50 años, solía pasear por las calles de Mondragón con el subteniente Luis Santos, salmantino como él, y tomar un vino en algún bar de la localidad donde llevaban destinados seis y siete años respectivamente. El 17 de diciembre de 1974, los dos guardias se encaminaron por la calle del Ferial. Argimiro iba de paisano pero Santos, el comandante del puesto, llevaba el uniforme. Minutos después de las 20:30 horas, los ocupantes de un Seat matrícula BI-0945-E, robado unas horas antes a mano armada, se pusieron a la altura de los dos guardias civiles y dispararon una ráfaga de ametralladora. Los dos agentes quedaron tendidos en el suelo mientras personal y clientes del cine Gurea, situado frente al lugar, acudían a auxiliarles. Los terroristas, cuatro o cinco según los testigos, huyeron en el mismo coche, chocaron con otro vehículo y lo abandonaron a unos cuatrocientos metros. Argimiro estaba casado y tenía siete hijos de entre 14 y 26 años. Sus heridas eran de tal gravedad que falleció antes de llegar a un centro médico.

El subteniente Luis Santos Hernández, natural de la localidad salmantina de Alamedilla, resultó muerto ametrallado por varios etarras junto a su compañero Argimiro García Estévez en Mondragón. A pesar de las heridas sufridas, Santos fue hablando por el camino mientras era trasladado al centro asistencial de la localidad y, desde allí, al hospital de Cruces, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia. A las 23:30 horas falleció. Santos estaba casado y tenía una hija de 24 años y un hijo de 25. Ingresó en la Guardia Civil en 1944 y estaba destinado en Mondragón desde 1968.

José Diaz Linares tenía 29 años cuando una mañana, como cualquier otra, salió de su casa en el barrio donostiarra de Intxaurrondo para coger el coche y dirigirse al centro. Eran las 9.30 cuando cayó sobre él una lluvia de balas. Desde la acera de enfrente, varios individuos parapetados tras una furgoneta gris le ametrallaron. A su mujer le dio tiempo a ver cómo intentaba sacar el arma y caía muerto antes de poder disparar. Tenía nueve impactos en la espalda y en el suelo se encontraron más de 40 casquillos de calibres diferentes.

 Los autores del atentado habían robado la furgoneta apenas una hora antes, amenazando al propietario a punta de pistola. Lo maniataron, amordazaron y encapucharon y lo retuvieron en su interior mientras conducían hasta Intxaurrondo para cometer el crimen. 

José Díaz Linares, destinado en la Brigada Social de la comisaría de San Sebastián, nació el 24 de agosto de 1945 en la localidad de Vilella (Lugo), donde vivían sus padres. Estudió Magisterio en Lugo, pero no ejerció de maestro sino que ingresó en la Academia General de Policía. Cuando terminó sus estudios en 1973, fue destinado a San Sebastián.

Mariano Román tenía 37 años  era gaditano, de Algodonales. Estaba casado, era padre de cinco hijos –tres chicos y dos chicas- y llevaba veinte años destinado en la Comandancia de San Sebastián.  El 5 de junio de 1975 estaba de servicio con su compañero Higinio Martín Domínguez  en el tren correo número 14 de los Ferrocarriles Vascongados. A las 7:00 horas vieron subir en la estación de Añorga a dos hombres que les llamaron la atención, pues llevaban gabardinas a pesar de estar en junio.

Higinio se acercó para identificar a los dos sospechosos con el tren ya en marcha. Los individuos retrocedieron y uno de ellos abrió fuego con una metralleta contra los agentes. Los impactos alcanzaron una ventanilla y sus cristales dieron en los ojos de Higinio. Los dos etarras aprovecharon para cambiar de vagón mientras los agentes se colocaban en las puertas para cubrir la posible salida de los terroristas. Desde allí, Mariano Román Madroñal salió despedido del tren fracturándose la base del cráneo en la caída, y murió en el acto. Los dos etarras saltaron del tren en Recalde, donde les aguardaba un vehículo en el que se dieron a la fuga.

A Carlos Arguimberri Elorriaga, de 43 años, en Deba lo creían un chivato.  Su familia era carlista. Su padre fue sepulturero, carpintero y cartero y él trabajó de zapatero y de conductor de autobús. También fue alcalde pedáneo y concejal de Deba. Cuando parte de los vecinos de Itziar, su barrio, comenzaron a involucrarse en actividades nacionalistas en los sesenta, Carlos permaneció ajeno. Y empezó entonces a extenderse el rumor de que era un delator a quien se culpaba del traslado del sacerdote decidido por el obispado e incluso de alguna detención.

El 7 de julio de 1975, cuando volvía a casa conduciendo el autobús, dos etarras se levantaron hacia Carlos y le obligaron a salir de la carretera general. Tras gritarle “Hi txakur bat haiz” [“eres un perro”], lo mataron a tiros delante de su hermano y su hermana y de las mujeres horrorizadas que salieron gritando del autobús. Mientras el cuerpo de Carlos yacía sobre el volante, el autobús comenzó a rodar marcha atrás y casi atropelló a una de las mujeres que había caído al suelo con las prisas de los momentos de terror. El vehículo se detuvo al chocar contra un muro. La sangre de Carlos derramada sobre la carretera estuvo a la vista durante varios días escribió el antropólogo Joseba Zulaika.

Según Zulaika, vecino de Itziar que conoció a Carlos, no había “ni un ápice de verdad” en los rumores que le hicieron “villano oficial” de su localidad. Pero antes de su asesinato, en 1972, miembros de un grupo católico pintaron  en su autobús las palabras “Karlos hil” («muerte a Carlos»). Y ETA le incendió el autobús. Su asesinato fue el primero de una serie contra personas a quienes se acusaba de ser confidentes policiales, pero que la mayor parte de las veces eran, simplemente, vascos no nacionalistas.

Francisco Expósito Camio, de 54 años,  esperaba clientes  leyendo el periódico sentado en su taxi en Usurbil, su pueblo natal.  Era su último día de trabajo porque al día siguiente se iba de vavaciones a Alemania, donde su hija acababa de tener un niño. Entonces se acercaron dos individuos, uno por cada lado del taxi y, sin mediar palabra, le dispararon a bocajarro causándole la muerte de forma instantánea. Un tercer terrorista les esperaba en un vehículo con el que se dieron a la fuga. Desde su casa, cercana a la parada de taxis, su esposa oyó los disparos y rápidamente bajó a ver qué ocurría, pero no pudo hacer nada por él. Los asesinos, en su huida, arrojaron panfletos en los que ETA acusaba a la víctima de ser confidente de la Guardia Civil. En la década de los cincuenta fue campeón de España de ciclo-cross. Tenía cuatro hijas.

ETA militar trató de matar a Demetrio Lesmes por primera vez el 15 de julio de 1975.  Tres etarras esperaban al guardia jurado, de 55 años, en una rotonda de Hernani dentro de un coche robado. Cuando el vigilante pasó en su coche, los etarras salieron tras él. Dos de ellos abrieron fuego con una pistola y una metralleta desde las ventanillas del vehículo cuando Demetrio ya estaba frente a la puerta de la fábrica donde trabajaba de vigilante. Le dio tiempo a lanzarse al suelo y no resultó herido. Unos días después, el mismo grupo de terroristas le asesinó.  Llevaban tiempo vigilándole y conocían bien sus costumbres así que el 8 de agosto le esperaron hasta poco después de las 14:00 horas, cuando volvía a casa a pie del trabajo. Dos etarras bajaron de un automóvil, caminaron hacia él,  sacaron sus armas y abrieron fuego, dejándole mortalmente herido en el suelo. Aunque fue trasladado rápidamente al ambulatorio de Hernani, no se pudo salvar su vida. Demetrio Lesmes había nacido en la provincia de Salamanca, estaba casado y tenía tres hijas. Trabajaba como guardia jurado en la empresa Pedro Orbegozo desde 1946.

Esteban Maldonado, hijo y hermano de guardiaciviles, tenía 20 años y había nacido en Mérida (Badajoz). La mañana del 5 de octubre de 1975 Esteban, otros dos guardias segundos, un cabo y un conductor fueron enviados en un Land Rover al santuario de Nuestra Señora de Aránzazu, cerca de Oñate, para retirar una ikurriña. Los agentes inspeccionaron la zona, por temor a que hubiera algún explosivo conectado a la bandera. La ikurriña estaba unida a un paquete que sólo contenía arena, y la retiraron.  Cuando volvían al cuartel, a las 13.45, una bomba  oculta en un talud estalló a su paso con 300 tornillos a modo de metralla.  El Land Rover fue alcanzado de lleno en el costado, salió despedido a unos veinte metros y dio varias vueltas antes de detenerse completamente destrozado.

El cabo al mando, José Gómez Castillo, y el conductor, Juan García Lorente, resultaron heridos de gravedad. Sus compañeros, Esteban Maldonado Llorente, Jesús Pascual Martín Lozano y Juan Moreno Chamorro murieron al instante; dos de ellos quedaron tendidos en la carretera, y el tercero, con el cuerpo seccionado, en una cuneta. Varios franciscanos que se dirigían al santuario trasladaron a los dos heridos a un centro sanitario. El 10 de octubre ETA se responsabilizó del atentado a través de un comunicado enviado a la prensa de París.

Jesús Pascual Martín Lozano, nacido el 2 de junio de 1950 en la localidad segoviana de Villaverde de Íscar, estaba soltero. Había ingresado en la Guardia Civil en el mes de febrero y el puesto de Mondragón fue su primer destino profesional. Murió en el atentado del santuario de Aránzazu con sus compañeros Esteban Maldonado Llorente y Juan Moreno Chamorro el 5 de octubre de 1975, cuando volvían de retirar una ikurriña y ETA hizo estallar una bomba al paso de su vehículo.

Relato completo del atentado en Esteban Maldonado Llorente.

El guardia civil Juan Moreno Chamorro, nacido el 8 de mayo de 1949 en la localidad de Villamesías (Cáceres), tenía veintiséis años cuando fue asesinado; estaba casado y era padre de tres hijos.  Estaba destinado en el cuartel de Mondragón. El 5 de octubre de 1975 fue enviado a retirar una ikurriña del santuario de Aránzazu cuando una bomba activada a su paso acabó con su vida y la de sus compañeros Jesús Pascual Martín Lozano y Esteban Maldonado Llorente.

Relato completo del atentado en Esteban Maldonado Llorente.

El guardia civil Manuel López Treviño salió, a las 20:00 horas del 18 de octubre de 1975, del cuartel de Zarautz para volver a casa. Dos o tres miembros de ETA le esperaban en la calle y le siguieron durante unos metros. A la altura del número 15 de la calle San Ignacio, le dispararon por la espalda una ráfaga de metralleta. Tres balas le  alcanzaron en la cabeza y le causaron la muerte instantánea. Algunos vecinos acudieron al cuartel para dar aviso mientras otros buscaban un médico. Una monja de la Casa de Misericordia fue la primera en acudir y comprobó que el hombre no tenía pulso. El médico, unos minutos más tarde, confirmó la muerte del agente. Cuando el cuerpo se encontraba aún en la acera, pasó por allí un joven  que identificó a la víctima: era su padre.

Manuel López Treviño, nacido el 17 de marzo de 1927 en la localidad de Monterrubio de la Serena (Badajoz), estaba casado y era padre de seis hijos. ETA se responsabilizó del atentado en un comunicado emitido el 21 de octubre.

Antonio Echeverría Albisu,  de 33 años y edil de Oiartzun desde hacía poco más de un año, era el alcalde más joven de Guipúzcoa. A las 14.30 horas del 24 de noviembre de 1975, un desconocido de unos 25 años llamó a la puerta de su casa y, cuando un familiar abrió, dijo que tenía un encargo urgente para Antonio de parte del alcalde de Hernani. La víctima salió a la puerta y en ese momento el desconocido le disparó con una pistola a la altura del pecho. Después se subió a un coche que le esperaba a pocos metros de distancia y se dio a la fuga. Antonio fue trasladado a la Policlínica de San Sebastián, pero cuando llegó ya había fallecido. Además de alcalde Oiartzun, Antonio Echeverría era agente de la propiedad inmobiliaria, con oficinas en Rentería y San Sebastián. Estaba soltero y vivía con sus padres y una hermana en el caserío de Oyarriarre. Al día siguiente, la banda terrorista ETA difundió un comunicado en el que amenazaba a todos los alcaldes que no dimitieran en un plazo de dos meses. La muerte del primer edil de Oiartzun y la declaración etarra posterior supuso el inicio de una campaña de atentados contra cargos municipales y forales que se prolongó durante varios años dejando tras de sí numerosas víctimas.

A Manuel Vergara Jiménez le faltaban seis días para cumplir los 22 años cuando murió al estallar una bomba de ETA. El sábado 17 de enero de 1976 salió de patrulla en un Land Rover con un cabo y otros compañeros del puesto de la Guardia Civil de Ordizia. A las 15.50 horas, los agentes vieron una ikurriña colocada en el extremo de un palo que hacía de mástil, sobre un túnel, en la variante de Beasain de la Nacional I. Manuel y sus compañeros se acercaron con precaución, porque sabían que ETA solía poner trampas junto a las ikurriñas. Apenas tres meses antes, tres guardiaciviles murieron en una emboscada cuando acudieron a retirar una de ellas en el santuario de Aránzazu. Manuel vio junto al mástil un paquete de periódicos del que asomaba una mecha, comprobó que era un artefacto falso y lo lanzó lejos. Después tiró del mástil sin darse cuenta de que la carga explosiva real estaba enterrada en el suelo y conectada a la ikurriña. Al retirarla, se activó la bomba. La onda expansiva lanzó su cuerpo a casi veinte metros, provocándole la muerte en el acto. La detonación hirió levemente a otros dos agentes. Manuel nació el 23 de enero de 1954 en Viso del Alcor (Sevilla). Hijo y hermano de guardiaciviles, ingresó en el cuerpo en febrero de 1974. En junio de 1975 Manuel fue trasladado al puesto de Villafranca de Ordizia.

Julián Galarza tenía 37 años  y llevaba casado apenas un par de meses. El 10 de febrero de 1976, unos minutos antes de la una del mediodía,  se detuvo en un bar a tomar un vino con un amigo, como solía hacer antes de ir a comer a casa. Salió del local con su amigo y se encontró con unos familiares. Caminaron unos metros juntos antes de despedirse para cruzar la calle que le separaba de su domicilio. Le esperaban varios miembros de ETA que le dispararon a bocajarro y, tras cerciorarse de que estaba muerto, abandonaron el lugar en el mismo coche en el que llegaron, un taxi que robaron esa mañana, obligando a su conductor a bajarse y a no contactar con nadie en las dos horas siguientes. No habían pasado siquiera 24 horas desde el asesinato del alcalde de Galdácano. El 12 de febrero hizo público un comunicado en el que reconocía haberse equivocado de objetivo.

Emilio Guezala Aramburu, de 49 años, y su primo, Fernando Inchaundarrieta, salían de un bar de Lezo cuando fueron ametrallados desde un coche en marcha. Emilio fue alcanzado por ocho impactos de bala que le ocasionaron la muerte. Su primo resultó herido en una pierna.  La víctima, veterinario durante varios años en Rentería,  decidió cambiar de profesión ante un inminente traslado a Canarias y trabajar como inspector de los autobuses interurbanos San Sebastián-Fuenterrabía, empresa de la que era enlace sindical y donde estuvo en activo 15 años. Emilio era viudo y vivía con su madre, octogenaria, en Lezo. Tenía un hijo que se encontraba cumpliendo el servicio militar en Canarias y cuatro hijas de entre 12 y 18 años.

El atentado que costó la vida a Emilio Guezala era parte de la campaña de intimidación que ETA inició en julio de 1975 con el asesinato de Carlos Arguimberri en IItziar. Se trataba de atentados contra personas de origen vasco a quienes la banda acusaba de ser confidentes policiales.

Una pareja descubrió un coche con las luces encendidas y el motor en marcha en un paraje alejado de la carretera. Eran las 8.30 horas del 13 de marzo de 1976,  los jóvenes, sorprendidos, se acercaron y encontraron dentro el cuerpo sin vida del conductor con el  rostro ensangrentado. Se llamaba Manuel Albizu Idiáquez, tenía 53 años y le habían disparado dos balas a través del parabrisas.  Manuel estaba casado y tenía cuatro hijos de entre 11 y 25 años. Tres años antes había sido policía municipal y era hermano de un concejal del Ayuntamiento de Deba y del levantador de piedras Soarte, ex campeón nacional de esta especialidad. Todos nacieron en el caserío de Soarte, en el barrio de Lastur de la localidad guipuzcoana de Itziar-Deba.  En aquel momento trabajaba en Rentería como tractorista en unas excavaciones y, los fines de semana,  era taxista en un coche de su propiedad con una licencia alquilada. Sus hijos, como tantos otros familiares de víctimas, cruzaron la frontera con Francia en busca de una explicación al asesinato de su padre. No obtuvieron respuestas.

Ángel Berazadi Uribe, de 58 años, era el director gerente de la empresa de máquinas de coser Sigma, de Elgoibar, y estaba casado con la hija del fundador de la factoría. Hombre de costumbres fijas, cuando la tarde del 18 de marzo no regresó a su casa en el barrio donostiarra de Intxaurrondo, su familia alarmada recorrió el trayecto entre San Sebastián y Elgoibar por si hubiera sufrido un accidente. Al día siguiente la esposa de Ángel denunció su desaparición. Al parecer, Berazadi fue capturado por un comando terrorista tras salir de la empresa  y trasladado al caserío Ipiola, en Itziar, donde lo mantuvieron cautivo veinte días. Los secuestradores pertenecían a los Comandos Bereziak (especiales) de ETA político-militar, encabezados por Francisco Múgica Garmendia, Pakito; Eugenio Etxebeste, Antxon, y Miguel Ángel Apalategi, Apala, enfrentados abiertamente a la la dirección de ETA político militar, liderada por Eduardo Moreno Bergareche, Pertur. Los Bereziak, situados al margen de la disciplina oficial de ETA, solicitaron un rescate de doscientos millones de pesetas antes del 5 de abril. La familia estuvo representada en las negociaciones con los terroristas por miembros del PNV ya que Berazadi era próximo al partido. Según el relato de José María Irujo y Ricardo Arqués (ETA. La derrota de las armas, Plaza y Janés, 1993), el propio Xabier Arzalluz intervino para conseguir la liberación del empresario. Por parte de los Bereziak, fue Antxon quien participó en las negociaciones. La familia no logró reunir la cantidad exigida por los Bereziak, y estos, inflexibles, ordenaron al comando el asesinato. El cadáver del industrial apareció a la 1.45 horas del 8 de abril en una cuneta de la carretera comarcal Elgoibar-Azcoitia, tendido boca arriba, con los ojos cubiertos por unas gafas de soldador y un tiro en la nuca. Junto al cadáver había siete balas sin disparar. En las muñecas se apreciaban marcas de esposas o grilletes, lo que indicaba que había permanecido atado o encadenado a un lugar fijo. Aquella fue la primera vez que ETA asesinaba a un secuestrado.

Ángel nació en Zarautz el 8 de febrero de 1918, estaba casado y tenía seis hijos. Hablaba perfectamente euskera y se le consideraba un gran impulsor de la cultura vasca, pues había patrocinado la creación de varias ikastolas en Elgoibar, Zarautz y San Sebastián. Fue presidente del C. D. Zarautz de fútbol y era un consumado pescador de altura de atún. En agosto del año anterior había recibido una carta de ETA en la que le exigían diez millones de pesetas bajo amenaza de represalias, una carta similar a las recibidas por otros empresarios del País Vasco. El industrial era amigo de Francisco Luzuriaga, miembro del consejo de administración de Sigma y que sufrió un intento de secuestro el 11 de enero de ese mismo año.

Los etarras esperaron a Vicente Soria Blasco apostados en las inmediaciones de la fábrica Tornillos Ormaechea, donde trabajaba. A las 8.10 horas del 30 de marzo, cuando llegaba al trabajo, se cruzaron en su camino y le dispararon a bocajarro. Dos proyectiles le alcanzaron en el estómago y le causaron la muerte poco después. Un compañero de trabajo que fue testigo acudió a socorrerle. Cuando se acercó, Vicente le dijo: “Me han matado, me han matado”. Con la ayuda de otro compañero, Vicente fue conducido hasta el médico de la localidad y luego al hospital de San Sebastián, donde ingresó cadáver.

Los asesinos huyeron en un vehículo desde el que dejaron caer una granada de fabricación alemana que no explotó, porque llevaba el seguro puesto. Soria tenía 48 años, estaba casado y era padre de cuatro hijos de entre seis y dieciséis años. Vivía desde hacía dos décadas en Placencia de las Armas, pero era de Ceclavín (Cáceres). Para redondear su sueldo en la fábrica, los fines de semana trabajaba como portero en la discoteca Dantzari. ETA se atribuyó el atentado en un comunicado emitido el 30 de marzo en Bayona.

Otra vez, una ikurriña fue el cebo. Era el 3 de mayo de 1976 y la bandera se había colocado en un muro del embalse de Urtatxa, a unos dos kilómetros de Legazpia. Al lado, un paquete que parecía contener un explosivo. El grupo de guardiaciviles que reconocían la zona supo que la madrugada anterior un artefacto explosivo había destruido el vehículo del regente de un establecimiento de Legazpia. El cabo Antonio de Frutos ordenó a los dos agentes que le acompañaban que establecieran un cordón de seguridad en la zona ante el temor de que el paquete sospechoso contuviera un explosivo. Mientras tanto él ,en un Seat 850, inició el regreso al cuartel para informarse sobre la explosión del día anterior. Había recorrido apenas doscientos metros cuando estalló una bomba con seis kilos de explosivos colocada en un talud y accionada a distancia.  Antonio murió de forma instantánea.

Antonio de Frutos nació en Valtiendas (Segovia) el 19 de abril de 1932, y dejó viuda, María Martín Peña, y tres hijas: María Jesús, de doce años; Teresa, de diez, y Antonia, de ocho. En 1963 ingresó en la Guardia Civil y su primer destino fue Bergara, en Guipúzcoa, donde nació su primera hija. Después fue trasladado a la villa segoviana de Riaza, donde estuvo seis años, hasta que en junio de 1971 ascendió a cabo primero y fue destinado a Legazpia. Antonio y su familia vivían atemorizados desde que se halló una bomba en la garita del puesto, en diciembre de 1975 y habían comprado un piso en Madrid. Sólo esperaban que las niñas terminaran el curso. El día del funeral, su viuda se trasladó a Madrid con sus hijas.

Cuatro individuos armados con metralletas dispararon casi un centenar de proyectiles contra el coche de Juan María de Araluce Villar, presidente de la Diputación de Guipúzcoa, consejero del Reino y procurador en Cortes y el de su escolta, ocupado por tres policías. Además de Araluce, en el atentado murieron el conductor, José María Elícegui Díaz y los tres escoltas Alfredo García González, Antonio Palomo Pérez y Luis Francisco Sanz Flores.

El coche de Araluce, como de costumbre, recorrió los menos de 800 metros que separaban la diputación del domicilio de su presidente seguido por un vehículo de escolta. Los dos turismos se detuvieron ante el domicilio de Araluce  y tres individuos que esperaban bajo una marquesina de autobús los ametrallaron. Además de matar a los cinco ocupantes de los vehículos, hirieron a diez transeúntes y huyeron en un coche que después abandonaron. «Acabábamos de empezar a comer cuando oímos varios tiros; nos abalanzamos a la ventana y vimos en la acera, al borde del coche, el cuerpo ensangrentado de mi padre. Dos de mis hermanos bajaron inmediatamente a la calle, mientras los demás atendíamos a mi madre», declaraba Juan María, hijo mayor del político asesinado. Tres horas y media después del atentado, sendas llamadas anónimas a la emisora La Voz de Guipúzcoa y al diario La Voz de España se responsabilizaban en nombre de ETA V Asamblea, rama militar, de su autoría. A última hora de la noche, ETA V Asamblea reiteraba oficialmente la autoría del atentado desde Bayona.

Juan María de Araluce Villar, casado y padre de nueve hijos, nació el 24 de junio de 1917 en Santurce (Vizcaya). Teniente piloto de aviación de caza, combatió durante la Guerra Civil española. En 1947 obtuvo por oposición la notaría de Tolosa. Desde 1968 ocupaba el cargo de presidente de la Diputación de Guipúzcoa.

Véase también José María Elícegui Díaz, Alfredo García González, Antonio Palomo Pérez y Luis Francisco Sanz Flores.

José María Elícegui Díaz tenía veinticinco años, estaba a punto de casarse. El día que lo mataron era su último día de trabajo conduciendo el coche del presidente de la diputación de Guipúzcoa. Llevaba un año trabajando como interino y lo quería dejar. Según recordaba su hermano Jesús, estaba preocupado. No era policía ni militar y en la Diputación le habían avisado de que tenía que llevar pistola

El funeral de José María Elícegui se celebró el 6 de octubre en la localidad guipuzcoana de Pasajes. “Muchas vecinas me dijeron que como la muerte había sido así, es decir, un atentado terrorista, tenían miedo y no podían ir al funeral [...]”, recordaba su madre, Clementina. “Después del atentado la gente cambió de actitud y comportamiento con la familia, no reaccionaban con normalidad [...]. Mi marido y yo tuvimos que irnos unos meses fuera, no aguantamos las malas miradas, el olvido, el vacío, nos sentíamos aislados”.

Relato completo del atentado en Juan María de Araluce

Véase también Alfredo García González, Antonio Palomo Pérez y Luis Francisco Sanz Flores.

El policía Alfredo García González era el conductor del coche de escolta de Juan María de Araluce Villar, presidente de la Diputación de Guipúzcoa, también asesinado por ETA ese mismo día. Tenía veintinueve años, estaba soltero y era natural de Lago de Babia (León), donde nació el 5 de noviembre de 1946.

Relato completo del atentado en Juan María de Araluce,

Véase también José María Elícegui Díaz, Antonio Palomo Pérez y Luis Francisco Sanz Flores.

Antonio Palomo Pérez era subinspector de Policía y formaba parte de la escolta de Juan María de Araluce, presidente de la Diputación de Guipúzcoa. Falleció acribillado por tres etarras en el atentado contra el político. Natural de Osuna (Sevilla), había nacido en mayo de 1952 y estaba soltero. Llevaba un año y medio destinado en Guipúzcoa. Fue enterrado en Madrid el 6 de octubre junto a su compañero Luis Francisco Sanz Flores. 

Relato completo del atentado en Juan María de Araluce

Véase también José María Elícegui Díaz, Alfredo García González y Luis Francisco Sanz Flores.

Luis Francisco Sanz Flores hubiese cumplido veinticinco años el día siguiente del atentado que le costó la vida y a otras cuatro personas, entre ellas la de Juan María de Araluce, presidente de la Diputación de Guipúzcoa cuando tres etarras acribillaron con más de un centenar de balas los coches en que viajaban. Luis Francisco, escolta de Araluce, era natural de Madrid, donde nació el 5 de octubre de 1951. Se había casado quince días antes con una mujer donostiarra.

Miles de personas presenciaron el 6 de octubre en Madrid el traslado de los cadáveres de Luis Francisco Sanz y Antonio Palomo Pérez en un ambiente tenso pero sin incidentes. En las inmediaciones de San Sebastián de los Reyes, a unos veinte kilómetros de Madrid, varios centenares de personas, en su mayor parte funcionarios de Policía que esperaban la llega da de los furgones mortuorios, formaron un cortejo fúnebre hasta la Puerta del Sol. Finalizado el acto religioso, fueron sacados los féretros a hombros de compañeros, familiares y amigos, y recibidos por la multitud que se agolpaba en las inmediaciones de la iglesia con una ovación.

Constantino Gómez Barcia tenía 21 años cuando fue asesinado el 13 de marzo de 1977. Ese día salió con tres compañeros a divertirse a una discoteca de Mondragón. A las 02.45, salieron de la sala de fiestas y subieron al Renault 12 de uno de los guardias. El dueño del coche y su novia se sentaron delante y Constantino y sus compañeros del puesto de Oñati: Miguel Santaella Carretero y José Castaño Vázquez, detrás.

Cuando llegaron al cruce con la de Mondragón-Bergara, el coche que les precedía se ante una señal de ceda el paso obligándoles a detenerse. Dos individuos armados con escopetas se bajaron del primer coche y tirotearon a los guardias civiles. El conductor y su novia se agacharon y consiguieron salir ilesos, pero los ocupantes de la parte de atrás fueron alcanzados por los disparos. Constantino Gómez murió en el acto. Miguel Santaella recibió heridas de pronóstico muy grave y José Castaño sufrió lesiones de diversa consideración. Fueron trasladados urgentemente al centro asistencial de Mondragón, donde se certificó la defunción de Constantino.

El vehículo utilizado para perpetrar el atentado fue hallado en las proximidades de la localidad. Su propietario había sido introducido por la fuerza en el maletero. ETA asumió la autoría del atentado con dos llamadas al diario de San Sebastián La Voz de España, en las que afirmaba que esta acción era una venganza por la muerte, la semana anterior, de dos terroristas de ETA en un enfrentamiento con la Guardia Civil en Zumarraga. Constantino Gómez era natural de Lugo, pero fue enterrado en Oviedo. A su funeral asistieron más de 1.000 personas. El joven agente estaba soltero. Su padre había sido miembro de la Guardia Civil, cuerpo al que también pertenecían sus tres hermanos.

Antonio Galán Aceituno tenía 47 años y llevaba apenas un mes destinado en Gipuzkoa cuando fue asesinado por ETA.  El 29 de abril de 1977, a primera hora de la mañana, un comando de ETA político-militar asaltó una oficina del Banco Hispano Americano en Tolosa y se apoderó de 20 millones de pesetas. Cuando el banco avisó a la Guardia Civil, Antonio Galán acudió a la oficina. A las 8.30, mientras estaba allí preparando las diligencias, otros cuatro etarras de la rama militar  entraron en el banco, también para atracarlo.

Uno de los terroristas llevaba un uniforme de la Guardia Civil, lo que confundió a Antonio. Los asaltantes dispararon una ráfaga de metralleta y  el suboficial respondió con su arma reglamentaria, hiriendo en el hombro al etarra vestido de guardia civil. Sin embargo, los asaltantes le alcanzaron y murió en el acto. Aunque fue trasladado de inmediato a la clínica de San Cosme y San Damián, los médicos solo pudieron certificar su muerte.

Antonio Galán, de 47 años, era natural de Castilblanco (Badajoz), estaba casado con Carmen López Corral y tenía tres hijas de entre 5 y 11 años. Había estado destinado en Pontevedra durante 14 años y, al ascender, fue trasladado a Tolosa. La localidad natal del sargento acordó, el 12 de junio de 1982, poner el nombre de Antonio Galán a una de sus calles. Castilblanco se convirtió así en uno de los primeros municipios en rendir homenaje a una víctima del terrorismo.

El guardia civil Manuel Orcera tenía 23 años y llevaba poco más de uno destinado en el País Vasco cuando fue asesinado. Manuel estaba de servicio en la estación de Amara la tarde del 18 de mayo de 1977. Dos individuos entraron y le tirotearon hasta la muerte. Otro policía que estaba en el andén disparó contra los agresores pero no logró alcanzarlos.

Al día siguiente ETA atentó de la misma forma contra otra pareja de la Policía Armada de servicio en la estación de Renfe de Pamplona, sin víctimas mortales.

Manuel Orcera nació el 27 de mayo de 1953 en Úbeda (Jaén). Estaba casado, tenía una hija de corta edad y su esposa estaba embarazada cuando le mataron. Había estudiado en la Academia de Policía de Badajoz y llevaba destinado en San Sebastián desde abril de 1976. A su funeral, celebrado en Úbeda, acudieron cerca de 15.000 personas.

El sargento José Díaz, asturiano de 54 años, casado y con dos hijos, llevaba más de 20 años en la Policía Municipal cuando fue asesinado a la entrada de su casa en Irun, la tarde del 2 de noviembre de 1977. Tres terroristas le dispararon a corta distancia cuando iba a subir por la escalera; y aunque su hijo le encontró con vida, falleció poco después. Los asesinos, que utilizaron un taxi robado para desplazarse y huir del lugar, amordazaron al conductor que, aproximadamente dos horas más tarde del atentado, fue encontrado y liberado gracias a un comunicado anónimo. Posteriormente, el vehículo fue hallado en Errenteria.

Tal y como recogía ABC al día siguiente del asesinato, José nunca había recibido amenazas y era consciente del peligro que corría, aunque no prestaba atención a las medidas de seguridad. “¿Para qué?, si no sirve de nada —comentaba a sus allegados—. Cuando le esperan a uno en la escalera de su casa, ¿qué le vamos a hacer? Lo único es aguardar a ver a quién le toca la china la próxima vez”.

Julio Martínez Ezquerro (Logroño, 1931), concejal de 46 años y padre de dos hijas, regentaba un quiosco de prensa en la plaza de España de Irun. Julio, antiguo miembro de la Guardia de Franco, era uno de los cuatro ediles que seguían en su puesto tras la dimisión del resto de la corporación a causa de la inestable situación política de entonces. El 16 de diciembre, tras una reunión en el ayuntamiento, varios terroristas le mataron en el garaje de su casa disparándole a quemarropa tres balas en la cabeza y el tórax. Su mujer, que escuchó el tiroteo, fue la primera en encontrar el cadáver.

Los etarras Eugenio Sein Echevarría y Francisco Javier Arocena Salaberria, autores materiales del asesinato, fueron condenados a 27 años de prisión mayor y a indemnizar a la familia. En 1979 también fue detenido José Ignacio Picabea Burunza, elegido diputado del Parlamento Vasco por la provincia de Gipuzkoa en 1980 y posteriormente condenado a 30 años de cárcel por la muerte de Martínez Ezquerro.

El sargento primero jubilado de la Guardia Civil José María Acedo Panizo (Carmarzana de Tera, Zamora, 1924), de 54 años, trabajaba como jefe de porteros en la empresa Aplicaciones Técnicas del Caucho en la localidad guipuzcoana de Aduna. Acedo, que durante su servicio en el cuerpo de la Benemérita había mandado el puesto de la Guardia Civil de Andoain, municipio cercano a Aduna, y anteriormente había servido en el cuartel de Ordizia, fue asesinado el 10 de marzo de 1978. Un miembro de la célula militar de ETA denominada Gamboa irrumpió en su trabajo y le disparó varias veces a bocajarro. Acedo intentó huir, pero cayó al suelo malherido. El terrorista lo remató de un disparo en la cabeza. Acedo ya había fallecido cuando ingresó en la residencia Nuestra Señora de Aránzazu, en San Sebastián.

La banda terrorista justificó el atentado esgrimiendo que la víctima había intervenido en la operación en la que, 10 años antes, había muerto el miembro de la banda Txabi Etxebarrieta.

El guardia civil Miguel Íñigo Blanco (Cáceres, 1954) de 24 años y soltero, falleció de dos disparos en la cabeza el 15 de mayo de 1978 en la residencia sanitaria de Nuestra Señora de Aránzazu, San Sebastián, tras el atentado perpetrado por ETA el 9 de mayo de 1978, en el que también murió su compañero Juan Marcos González.

Relato completo del atentado en Juan Marcos González.

Juan Marcos González (Llanes, Asturias, 1958), hijo y hermano de guardias civiles, ingresó en el cuerpo en 1976. Llevaba un año destinado en San Sebastián, a la espera de ser traslado a Galicia, cuando la noche del 9 de mayo de 1978 sufrió un atentado con otros tres compañeros mientras protegían el acuartelamiento de Intxaurrondo. El Land Rover en el que viajaban fue ametrallado por dos miembros de ETA cerca del cementerio de Polloe. El conductor del vehículo, Juan Marcos González, y Miguel Íñigo Blanco resultaron gravemente heridos, y los otros dos agentes, Juan Jiménez Bermúdez y José Amado Juan, lograron saltar del coche, heridos de menor gravedad.

Antonio García del Molino e Ignacio Apilañez Olalde, integrantes del Comando Xenki, fueron condenados por este atentado a penas de 50 años de cárcel cada uno.

Véase también Miguel Íñigo Blanco.

Martín Merquelán Sarriegui, taxista de 48 años, casado y padre de cinco hijos, se encontraba en una parada de la localidad guipuzcoana de Irun la noche del 23 de mayo de 1978, cuando subió a su taxi un individuo para que lo llevara al barrio de Guruze.

Al parecer, durante el trayecto subieron al coche otros dos hombres, que le obligaron a dirigirse a un antiguo recinto militar abandonado en la carretera que une Oiartzun con el Castillo del Inglés.

Su mujer, al ver que no volvía a casa, se puso en contacto con sus compañeros, quienes le confirmaron que había salido acompañado. A las 00.30, los taxistas pusieron una denuncia en la comisaría.

Posteriormente, su taxi se encontró con las puertas abiertas abandonado en Pasaia. Hacia las 4 de la madrugada apareció muerto en la carretera hacia el Castillo del Inglés con dos balazos disparados a bocajarro, uno de ellos en la parte posterior de la cabeza. Además, tenía hematomas y cuatro dedos de la mano rotos, que indicaban que había sido golpeado.

Los taxistas guipuzcoanos suspendieron los servicios el 25 de mayo en señal de duelo, exhibiendo crespones negros.

Antonio García Caballero (Rueca, Badajoz, 1952), de 26 años, casado y padre de dos hijos, era policía municipal adscrito a la plantilla del Ayuntamiento de Tolosa. Fue asesinado el 21 de junio de 1978 por miembros del Comando Gamboa de ETA, el mismo grupo que en marzo había matado al sargento retirado José María Acedo Panizo en Aduna.

Aquel día tres individuos tirotearon a Antonio cuando se dirigía a su casa desarmado y vestido de civil. Le dispararon más de 14 tiros, y nueve le alcanzaron provocándole la muerte inmediata. Los terroristas se dieron a la fuga en un coche robado la tarde anterior, que fue localizado en Andoain.

El agente, que vivía en una casa de huéspedes de Tolosa, era conductor de la grúa municipal y durante los dos años que llevaba en Gipuzkoa había recibido amenazas de muerte en varias ocasiones. El 17 de junio de 1978 su coche ya quedó dañado como consecuencia de un atentado fallido.

José Ignacio Goicoechea Arandia, José Luis Elustondo Oyarzábal y Joaquín Zubillaga Artola, miembros del Comando Gamboa de ETA, fueron condenados a 24 años de reclusión mayor por su asesinato y a indemnizar a la viuda de la víctima.

El sargento de la Policía Armada Francisco Martín González (ávila, 1946), de 32 años, llevaba destinado en San Sebastián un mes cuando, el 27 de mayo de 1978, vigilaba una urbanización de San Sebastián con otros tres agentes. El Jeep en el que viajaban los cuatro policías estaba aparcado en la calle a la espera de efectuar un relevo de patrullas, momento en el que se acercó un taxi, del que bajó un etarra que les ametralló.

Francisco murió en el acto, mientras sus tres compañeros, José Frado Carro, Francisco Sánchez Arcos y José Gutiérrez Díaz, fueron heridos de gravedad.

Su mujer, Cristina Domínguez, que en el momento del atentado vivía en Madrid, le recuerda como “una persona buenísima a la que todo el mundo quería, era sencillo, trabajador y amante de la familia”.

Miguel Sarasqueta Zubiarrementeria, miembro del Comando Donosti fue condenado a 30 años de prisión mayor por este asesinato, y José Manuel Olaizola Eizaguirre, como cómplice, a 17 años de prisión menor. Posteriormente, se condenó a 30 años de prisión mayor a José Cruz Eizaguirre Mariscal como autor material del atentado. Además, tuvieron que indemnizar económicamente a los herederos de la víctima, así como a los heridos en el atentado.

Domingo Merino Arévalo (Ciudad Real, 1950), de 28 años, era representante de comercio. Estaba separado y era padre de una hija de seis años. Llevaba viviendo desde los ocho años en el País Vasco cuando se trasladó con sus padres a la localidad guipuzcoana de Zestoa.

Merino fue asesinado la noche del 5 de julio de 1978 mientras aparcaba su coche en el hotel de Zarautz donde llevaba viviendo tres meses. Varios etarras le dispararon seis veces, matándolo en el acto. Algunos huéspedes del hotel salieron a la calle al oír los disparos y llegaron a ver cómo un turismo de color rojo huía a toda velocidad y se saltaba un semáforo.

En un principio se creyó que el atentado había sido realizado por miembros de la extrema derecha, porque Domingo Merino simpatizaba con la izquierda abertzale. Sin embargo, ETA no tardó en asumir la autoría del atentado, acusando a la víctima de ser confidente de la Policía.

Alfonso Estevas-Guilmain Muñoz, de 41 años, nació en Madrid y vivía en Hondarribia desde los 18 años. Había ingresado en la Policía y estaba destinado como inspector en la comisaría de Irun, donde era responsable del Servicio de Información. Estevas-Guilmain y su mujer tenían un hostal y eran una familia muy conocida en la localidad.

Miembros de ETA político-militar dispararon contra él cuando estaba aparcando su coche cerca del domicilio familiar. Su mujer y uno de sus tres hijos fueron testigos del asesinato sin poder hacer nada para evitarlo.

ETA pretendió justificar el asesinato acusando a la víctima de estar relacionada con el atentado que había sufrido en el sur de Francia el antiguo dirigente de ETA Juan José Etxabe, dato que fue desmentido por la familia.

El cabo primero de la Guardia Civil Aurelio Salgueiro López, de 46 años, era natural de Monforte de Lemos (Lugo), estaba casado y era padre de siete hijos (el mayor tenía 19 años y el menor era un bebé de apenas un año). Pertenecía al Servicio de Información y estaba destinado en Mondragón desde hacía 20 años.

Aurelio Salgueiro fue asesinado la mañana del 28 de agosto de 1978 en una plazoleta formada por las calles Zarugalde, Toribio Aguirre e Ignacio Zuloaga. Lo atacaron dos terroristas, miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, que le dispararon varios tiros por la espalda. Algunos testigos se refugiaron en una zapatería, mientras los terroristas huían en un vehículo en el que les esperaba un tercer individuo. Aurelio estuvo más de 10 minutos tendido en la acera sin que nadie acudiera a socorrerle y murió en el traslado al centro asistencial de la localidad.

Dos meses y medio después, varios individuos tirotearon el cuartel de la Guardia Civil en Aretxabaleta. En el atentado murieron una vecina y dos terroristas, José María Iturrioz Garmendia y Roberto Aramburu Uribarren. Otro terrorista, Enrique Zurutuza Odriozola, resultó herido. Iturrioz tenía una pistola Browning 76-C-06658, la misma que se utilizó para matar a Aurelio Salgueiro.

Amancio Barreiro Gens, de 35 años, se ganaba la vida como taxista. Había nacido en Villar de Cordeiro (Pontevedra), aunque vivía en San Sebastián. Estaba casado y tenía dos hijos pequeños cuando fue asesinado por miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas en Aginaga.

La tarde del 2 de septiembre de 1978, dos miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas subieron al taxi de Amancio para que los llevara a Usurbil. En el trayecto le indicaron que tomara un camino vecinal para dirigirse a un caserío y lo mataron disparándole a bocajarro. Después huyeron en el taxi.

Al no tener noticias de su marido, la esposa de Amancio denunció su desaparición. El vehículo fue encontrado al día siguiente en Orio, y una llamada anónima comunicó que el taxista había sido asesinado y que su cuerpo estaba en Aginaga.

El autodenominado Comando Autónomo Iparraguirre se responsabilizó del atentado. Jesús María Larzabal Bastarrica fue condenado a 26 años de reclusión mayor como implicado material, y José Ángel Cincunegui Urdampilleta a seis años por trasladar y recoger a los dos autores materiales del crimen. Ambos fueron condenados a indemnizar a los herederos de la víctima.

Lorenzo Soto Soto, de 24 años, había nacido en Lorca (Murcia) y estaba soltero. Ingresó en la Guardia Civil en 1974 y su primer destino fue Manresa (Barcelona), más tarde Azpeitia (Gipuzkoa) y después San Sebastián. Tanto él como su compañero José Zafra Régil estaban destinados en el economato de la comandancia de San Sebastián y entre sus funciones estaba el suministro de alimentos.

El 25 de septiembre de 1978, Lorenzo y José fueron al mercado con un vehículo en el que cargaron frutas y verduras. De vuelta al cuartel, tres terroristas con el rostro cubierto les dispararon en el interior del coche. Un cuarto terrorista les esperaba en un vehículo robado, que posteriormente tuvieron que abandonar por un fallo mecánico. En la huida se vieron obligados a detener un taxi y exigieron al conductor que les trasladara hasta el barrio de Bidebieta, donde bajó uno de ellos, y posteriormente hasta la zona de Herrera, donde se quedaron los otros tres. El cuerpo de José Zafra presentaba 21 orificios de bala; el de Lorenzo Soto, 17.

José Miguel Arzurmendi Albizu y Miguel Sarasqueta Zubiarrementeria fueron detenidos por este atentado. Arzurmendi fue condenado a 30 años de prisión mayor y a pagar una indemnización económica a los herederos de las víctimas. Sarasqueta fue condenado a siete años de prisión mayor por un delito de conspiración de terrorismo, ya que intervino en la preparación del atentado.

Véase también José Zafra Régil.

José Zafra Régil, de 30 años, natural de Puigcerdà (Girona), falleció acribillado por varios etarras el 25 de septiembre de 1978 en San Sebastián. José estaba casado con una alavesa y era padre de un niño de cuatro años. Ingresó en la Guardia Civil en mayo de 1968 y estaba adscrito al servicio del economato de la Comandancia de San Sebastián.

Véase el relato completo del atentado en Lorenzo Soto Soto.

Ramiro Quintero Ávila tenía 57 años, había nacido en Tacoronte (Tenerife) y era vecino de Lizartza. Estaba casado, tenía cuatro hijos y había ingresado como guarda forestal del Estado en 1947.

Varios miembros del Comando Uzturre de ETA vigilaron sus movimientos durante el mes de septiembre de 1978, lo que les permitió conocer el bar que frecuentaba habitualmente. Con la información obtenida, decidieron atentar el 2 de octubre. Los terroristas robaron un coche y se dirigieron al bar, donde lo mataron disparándole a la salida.

Al conocerse el atentado, la Guardia Civil puso en marcha diversos controles por las carreteras de Gipuzkoa. En el control de Astigarraga, los agentes presenciaron cómo un coche se detenía y sus dos ocupantes se daban a la fuga por el monte. Los agentes les dispararon, pero no llegaron a alcanzar a ninguno de los dos fugitivos.

El 15 de octubre de 1981, José Manuel Arzallus Eguiguren fue condenado como autor del atentado a 23 años de prisión mayor, así como a indemnizar a los herederos de Ramiro Quintero. El 13 de noviembre de 2008, el Ayuntamiento de Lizartza homenajeó al guarda forestal asesinado. Este fue el primer homenaje a una víctima del terrorismo en la historia del municipio.

Anselmo Durán Vidal, de 40 años, estaba casado y tenía seis hijos, de entre tres y 19 años. Nacido en Torrejoncillo (Cáceres), trabajaba en el cuartel de la Guardia Civil de Elgoibar, donde se encargaba de la intervención de armas desde 1973.

El 9 de octubre de 1978, por la tarde, el cabo primero Durán salió del cuartel para dirigirse al centro de la localidad. Caminó por un puente sobre la línea de ferrocarril Bilbao-San Sebastián y, al bajar las escaleras, a unos 100 metros del cuartel, fue ametrallado por cuatro terroristas desde un vehículo robado, en el que se dieron a la fuga.

Su hijo de 13 años fue uno de los primeros en acercarse al lugar de los hechos. Con ocho impactos de bala en el cuerpo, su padre aún pudo ser trasladado con vida hasta el ambulatorio de Elgoibar en un Land Rover de la Guardia Civil, pero falleció durante su posterior traslado al Hospital Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián.

Los Comandos Autónomos Anticapitalistas, a través de una llamada telefónica al diario Egin, asumieron la autoría del atentado. También comunicaron que el propietario del vehículo estaba atado en un barrio de Eibar y que el coche había sido abandonado en Markina, donde unas horas después ETA asesinó al guardia civil Ángel Pacheco Pata.

Ignacio Olaiz Michelena, miembro destacado de la gestora pro-amnistía de Andoain, tenía 42 años, estaba casado y era padre de tres hijos. Había trabajado como conductor de autobuses, pero al quedarse en paro montó un puesto de verduras en un mercado de San Sebastián.

ETA había intentado matarlo sin éxito en dos ocasiones, por considerarlo un infiltrado. El 29 de octubre de 1978, Ignacio Olaiz pasó la tarde con unos amigos en San Sebastián y después volvió a su casa, en Andoain. Cuando estaba aparcando el coche, dos terroristas armados con pistolas le obligaron a dirigirse hacia la localidad de Urnieta, donde lo asesinaron en las inmediaciones de unas canteras. El guarda de un almacén próximo escuchó los disparos y avisó a la Guardia Civil, pero la intensa niebla impidió efectuar la búsqueda en ese momento. A las cinco de la madrugada, la Guardia Civil encontró el cuerpo de Ignacio Olaiz en el interior de su coche, con impactos de bala en la cabeza y el costado. Los asesinos habían depositado varios billetes de 1.000 pesetas en una de sus manos.

José Luis Martín Elustondo, miembro del Comando Gamboa, fue condenado a 27 años, ocho meses y un día de reclusión mayor por participar en el atentado. Joaquín Zubillaga Artola y José Ignacio Goicoechea Arandia fueron condenados a una pena de seis años de prisión menor. Las sentencias incluían el pago de una indemnización, en primera instancia, por parte de José Luis Martín, y de forma subsidiaria por Joaquín Zubillaga y José Ignacio Goicoechea.

José Legasa Ubiría, irunés de 49 años, era contratista de obras y propietario de un garaje, estaba casado y tenía cuatro hijos. ETA militar asumió su asesinato y lo justificó por la denuncia que el empresario había realizado dos años antes en Francia.

En mayo de 1976, Legasa denunció un intento de extorsión de ETA, que pretendía obligarle a entregar una determinada cantidad de dinero. Gracias a esa denuncia, fue detenido el etarra Francisco Javier Aya Zulaica, Trepa, que fue condenado a tres años de cárcel. ETA no se lo perdonó y, en 1978, varios miembros de un comando integrado por ciudadanos franceses, encabezados por Henri Parot, cruzaron la frontera en dirección a España. Durante varios días buscaron a su víctima, para lo cual contaban con los datos de su vehículo y una fotografía que les había proporcionado su jefe, Txomin Iturbe.

El 2 de noviembre de 1978, encontraron a Legasa cuando bajaba de su coche junto a una obra, acompañado de su hermano Miguel. Los miembros del comando Argala se acercaron y dispararon contra el constructor, que recibió cinco impactos de bala, uno de ellos en la cabeza. Tras caer al suelo, la víctima fue rematada con un disparo a quemarropa. También fue alcanzado en una pierna su hermano, que tuvo que ser trasladado a un centro sanitario.

Henri Parot fue condenado por este asesinato en 1993 a una pena de 29 años de reclusión mayor y a otra de tres años de prisión menor. La sentencia también le condenaba a indemnizar a los herederos de José Legasa y a su hermano.

Rafael Recaola Landa era albañil y tenía 30 años. El 2 de noviembre de 1978 volvía en moto a su casa, en la localidad de Lezo, tras finalizar su jornada laboral. Amparados en la oscuridad de la noche, varios miembros de un comando de ETA aguardaron el momento oportuno para abrir fuego sobre él. Cinco impactos de bala, tres en el costado y dos en la cabeza, le causaron la muerte. Dos días más tarde, ETA militar asumió la autoría del atentado, acusando a Rafael Recaola de tener vinculación con los cuerpos policiales.

El guardia civil Mariano Criado Ramajo, de 24 años, era natural de Cáceres, ciudad donde su mujer estaba hospitalizada a punto de dar a luz el día que lo mataron.

El 5 de noviembre de 1978, por la tarde, él y otros tres agentes salían del estadio de Berazubi, en Tolosa, después de haber prestado seguridad durante un partido de fútbol. Varios terroristas escondidos detrás de una tapia los ametrallaron cuando todavía había muchos espectadores dentro del recinto. Mariano Criado fue alcanzado por un disparo, que le atravesó el cuello y le provocó la muerte en el acto. Sus compañeros pudieron esconderse detrás del autobús del equipo visitante y responder a los disparos. En el suelo quedaron heridos uno de los agentes, Antonio Pinel Romero, y el niño Jesús Orbegozo Beristain, de 13 años, que fueron trasladados a la clínica San Cosme y San Damián. Los etarras huyeron en un automóvil robado.

José Luis Martín Elustondo, José Ignacio Goicoechea Arandia y Joaquín Zubillaga Artola, miembros del comando Gamboa de ETA, fueron condenados a 27 años de reclusión mayor por el asesinato de Mariano Criado y a dos penas de 12 años de prisión menor por el intento de asesinato a Antonio Pinel y Jesús Orbegozo. La sentencia obligaba a indemnizar a los herederos del guardia civil asesinado, así como a su compañero herido y al representante legal de Jesús Orbegozo.

Luis Candendo Pérez era militante de Unión de Centro Democrático (UCD). Orensano de nacimiento, llevaba más de media vida en Gipuzkoa. Tenía 43 años, estaba casado y era padre de tres hijos. Trabajaba en la empresa Altos Hornos y su horario laboral terminaba poco antes de las siete de la tarde. Cuando salía de la fábrica, acostumbraba a ir a su casa, en Antzuola, para recoger la merienda y marchar a la sociedad donde pasaba el resto de la tarde con un grupo de amigos.

El 9 de noviembre de 1978, Luis paró el coche frente a la puerta de su casa, tocó la bocina y, como de costumbre, su esposa, María Luisa Zabala, salió para darle el bocadillo. Entonces un encapuchado se acercó y le disparó a través de la luna delantera del vehículo. Luis intentó salir del coche para ponerse a salvo, pero un segundo terrorista disparó a través de la ventanilla del conductor y lo mató. Los agresores huyeron en un vehículo que fue localizado poco después en Bergara, a unos 3 km del lugar de los hechos.

ETA militar se atribuyó la autoría de este asesinato. Un día después del atentado, miles de personas se manifestaron contra del terrorismo en toda España.

El guardia civil Leucio Revilla Alonso, natural de Benavente (Zamora), estaba soltero y tenía 25 años cuando murió en un atentado de ETA.

La mañana del 11 de noviembre de 1978, una patrulla de la Segunda Comandancia Móvil de la Guardia Civil, con base en Logroño, viajaba en dos Land Rover tras haber prestado servicio en la carretera que une Beasain con Zumarraga. En el término de Ezkio, miembros del comando Urola de ETA habían colocado una bomba escondida en un terraplén, que se activaba a distancia.

Al pasar el segundo vehículos, los terroristas hicieron estallar el artefacto, que alcanzó a tres agentes. Dos de ellos, el cabo José Rodríguez de Lama y el guardia civil Leucio Revilla Alonso, salieron expulsados del coche y murieron. El guardia civil Francisco Córdoba Ramos resultó gravemente herido. La intención de los terroristas era alcanzar a los dos automóviles, pero justamente antes el primer Land Rover adelantó a un camión, por lo que se había distanciado del segundo.

María Mercedes Galdós Arsuaga fue condenada a 27 años de reclusión mayor por cada uno de los asesinatos consumados y a cuatro penas de 17 años de prisión menor por los frustrados. Félix Ramón Gil Ostoaga fue condenado a una pena de 29 años y a otra de 27 de reclusión mayor. Ambas sentencias obligaban al pago conjunto y solidario de una indemnización a los herederos de José Rodríguez y Leucio Revilla. Se incluía también una indemnización para Francisco Córdoba, por las heridas sufridas.

Mercedes Galdós salió de prisión el 30 de septiembre de 2005. Gil Ostoaga, extraditado por Francia en 1994, fue puesto en libertad el 9 de octubre de 2002. Pocas semanas después, el 23 de noviembre, se suicidó con una escopeta de caza.

Véase también José Rodríguez de Lama.

El cabo primero José Rodríguez de Lama, de 31 años, natural de León, estaba casado con María del Carmen Villar, con quien tenía dos hijos. Su esposa, que se encontraba en León en el momento del atentado, estaba embarazada de más de ocho meses de su tercer hijo. José estaba adscrito a una compañía de la Guardia Civil de Logroño, al igual que su compañero asesinado, el guardia civil Leucio Revilla Alonso.

En el documental Trece entre mil, dirigido por Iñaki Arteta, la viuda de José Rodríguez recuerda así aquellos años: “El primer destino fue Santoña, ahí estuvimos un año. Él, la verdad, era muy inquieto. Hizo el curso de automovilismo, se hizo conductor y nos destinaron al lado de Ferrol. Y aquí, ya esperando el nuevo destino como cabo, fue cuando le mandaron para el parque móvil de Logroño. El parque móvil estaba formado por la Guardia Civil que salía destinada al País Vasco, donde iban siempre concentrados. Y, de hecho, en una de esas concentraciones fue donde le mataron”.

Carmen Villar escuchaba la radio junto a su padre cuando se enteró de que había tenido lugar un atentado en el que habían muerto dos guardias civiles. Estaba nerviosa porque no habían dado los nombres de los fallecidos. Entonces, decidió llamar por teléfono a un amigo de su marido, quien le dijo que no se preocupara, que José estaba bien. Para Carmen fue indignante enterarse por la radio de que su marido era uno de los asesinados. “Nadie, nadie me comunicó que mi marido había muerto en ese atentado”, dijo. Durante el funeral, pidió expresamente que no se pusiera ninguna medalla sobre el féretro: “Recuerdo perfectamente que siempre me decía que, si alguna vez le ocurriera algo de eso, lo único que me pedía era que no dejara que le pusieran ninguna medalla en el féretro”.

Relato completo del atentado en Leucio Revilla Alonso.

El 15 de noviembre de 1978, tres miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas que viajaban en un Renault 12 ametrallaron la casa-cuartel de la Guardia Civil en Aretxabaleta, sin llegar a causar víctimas. Los agresores fueron perseguidos hasta Mondragón, donde se vieron obligados a parar debido a la congestión del tráfico. Entonces bajaron del coche e iniciaron un tiroteo con los guardias civiles que los perseguían. Dos de los asaltantes, Roberto Aramburu Uribarren y José María Iturrioz Garmendia, murieron en el enfrentamiento, mientras que el tercero, Emilio Zurutuza Odriozola, resultó gravemente herido y fue detenido posteriormente.

En el tiroteo falleció Emilia Larrea Sáez de Adacia, vecina de Mondragón que se encontraba cerca del lugar. Tenía 54 años, estaba casada y era madre de tres hijos. Otras tres personas resultaron heridas de diversa consideración al ser alcanzadas por las balas.

El 16 de noviembre, con motivo del funeral de los dos terroristas muertos, unas 3.000 personas se manifestaron en Mondragón en protesta por la actuación de la Guardia Civil. Asimismo, 20.000 personas se concentraron en San Sebastián y otras muchas en diversas localidades guipuzcoanas por el mismo motivo. Al funeral de Emilia Larrea, celebrado también en Mondragón, asistieron más de 1.000 personas, que abarrotaron la iglesia y sus aledaños. El 20 de noviembre, el Comando Autónomo Bereterretxe se responsabilizó del ametrallamiento de la casa-cuartel de Aretxabaleta.

Heliodoro Arriaga Ciaurri, de 60 años, nació en Viana (Navarra). Fue Guardia Civil hasta 1965 y estuvo destinado en su provincia natal, así como en Logroño y Barcelona. Se retiró con 47 años, siendo brigada, y fijó su residencia en Villabona, donde comenzó a trabajar como portero en la empresa Sacem. Dos años después se casó con Natividad Aguirre, con quien tuvo un hijo, Alberto, que tenía 10 años cuando se produjo el atentado.

Miembros del Comando Uzturre de ETA habían estado vigilando a Arriaga el mes anterior para controlar sus hábitos y costumbres y preparar su asesinato. El 27 de noviembre de 1978, como todos los días, Heliodoro salió de casa a las 7.20 y se acercó a su coche, aparcado enfrente, en el barrio de Larrea. Entonces varios individuos le dispararon a corta distancia, de modo que cinco balas impactaron en su pecho y una en el abdomen. Heliodoro cayó al suelo y quedó tendido entre dos automóviles, donde un vecino lo encontró minutos más tarde. El personal sanitario que acudió a atenderle solo pudo certificar su muerte.

El etarra José Manuel Arzallus Eguiguren fue condenado como cómplice del atentado a 12 años y un día de reclusión menor y al pago de una indemnización a los herederos de la víctima.

Alejandro Hernández Cuesta, de 43 años, nació en Jerte (Cáceres), estaba casado y tenía ocho hijos de entre los 17 meses y los 18 años. Había pertenecido a la Guardia de Franco y, desde hacía seis años, trabajaba como conserje en la Escuela de Formación Profesional del barrio de Anaka, en Irun. También era propietario de un establecimiento nocturno.

El 30 de noviembre de 1978, un hombre y una mujer entraron en el centro educativo justo en el momento en que salían los alumnos del turno de mañana. La pareja fue a las oficinas donde encontraron a dos profesores y un alumno, a quienes preguntaron por Alejandro Hernández. El alumno lo encontró y le dio el recado de que dos personas lo estaban buscando. Cuando Alejandro llegó al lugar, el desconocido sacó una pistola y le disparó siete tiros en el tórax y las piernas.

Los terroristas se dieron a la fuga en un vehículo en el que les estaba esperando otra persona. Al día siguiente, en declaraciones al Diario de Navarra, un hijo de la víctima señaló que nunca fueron conscientes de ninguna amenaza contra su padre. ETA militar se responsabilizó del asesinato llamando a distintos medios de comunicación.

El guardia civil Manuel León Ortega, de 35 años, era natural de Constantina (Sevilla). Estaba casado y tenía tres hijos cuando ETA lo mató a tiros, el 1 de diciembre de 1978. Aquel día, Manuel León y Luis Palomares, también guardia civil, acudieron a tomar un café al bar del centro deportivo Aloñamendi, en Oñati, vestidos de paisano. Ambos estaban destinados en el cuartel de esta localidad guipuzcoana.

A las 16.30 horas, tres miembros del Comando Besaide de ETA irrumpieron en el bar al grito de “¡Cuerpo a tierra!”, mientras disparaban a los dos guardias civiles. Luis saltó al otro lado del mostrador y consiguió ponerse a salvo, pero Manuel recibió tres impactos en el costado. Los etarras huyeron en un vehículo robado, en el que les esperaba un cómplice al volante. Al propietario del coche lo habían metido en el maletero. Manuel fue trasladado al centro asistencial de Mondragón, donde los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento.

Los miembros de ETA José Ramón Bidaburu Otaduy, Félix Bengoa Unzurrunzaga y Ramón Arzamendi Medinabeitia fueron condenados a sendas penas de 26 años, ocho meses y un día de prisión mayor y al pago conjunto y solidario de una indemnización a los herederos de la víctima.

Gabriel Alonso Perejil, de 51 años, estaba casado y tenía dos hijos. Era subcomisario del Cuerpo General de Policía destinado en San Sebastián. Murió en el atentado del 5 de diciembre de 1978, en el que también fallecieron el comisario José María Sarrais Llasera y el policía municipal Ángel Cruz Salcines.

Los tres agentes habían ido a tomar un aperitivo a un céntrico bar donostiarra, tal y como acostumbraban, cuando de pronto se presentaron en él tres miembros de ETA, pistola en mano. Uno de los terroristas se quedó en la puerta, amenazando a camareros y clientes; los otros dos fueron directos hacia los policías y abrieron fuego contra ellos. Gabriel Alonso y José María Sarrais fallecieron prácticamente en el acto, mientras que Ángel Cruz murió en la ambulancia que lo trasladaba al hospital.

Relato completo del atentado en José María Sarrais Llasera.

Véase también Ángel Cruz Salcines.

El policía municipal Ángel Cruz Salcines, de 60 años, era de Santander y desde 1947 vivía con  su esposa en el País Vasco. Perdió la vida en el mismo atentado en el que también murieron el comisario José María Sarrais Llasera y el subcomisario Gabriel Alonso Perejil, el 5 de diciembre de 1978 en el bar Urgull de San Sebastián.

Alrededor de las 14.30, la esposa de Ángel comenzó a preocuparse porque su marido entraba a trabajar a las 16.00 y todavía no había llegado a casa a comer. Llamó a la oficina del Ayuntamiento de Pasaia y le dijeron que Ángel había tenido un accidente y que se encontraba en el hospital. Tuvo que llamar al centro médico para enterarse de que, en realidad, su marido estaba muerto.

Ángel Cruz, José María Sarrais y Gabriel Alonso habían sido acribillados a balazos por los pistoleros de ETA que asaltaron el bar donde los tres policías se encontraban tomando un aperitivo. Ángel permanecía aún con vida cuando llegaron los servicios sanitarios, pero falleció durante su traslado al Hospital de Nuestra Señora de Aránzazu. Pocos días después de este atentado, ETA asesinó también al jefe de Ángel, Juan Jiménez Gómez.

Relato completo del atentado en José María Sarrais Llasera.

Véase también Gabriel Alonso Perejil.

Un día antes de que se celebrara el histórico referéndum sobre la Constitución de 1978, el 5 de diciembre, el comisario José María Sarrais Llasera, el subcomisario Gabriel Alonso Perejil y el policía municipal Ángel Cruz Salcines entraron como de costumbre en el bar Urgull de San Sebastián, para tomar un aperitivo antes de dirigirse a sus respectivos domicilios a comer. El local estaba situado en la calle Reyes Católicos, cerca del cuartel policial de Aldapeta y de la comisaría de la capital guipuzcoana.

Los tres policías se situaron al fondo del establecimiento, junto a la barra. A las 14.20, tres terroristas entraron en el local a cara descubierta y armados con pistolas. Mientras uno de ellos amenazaba a los camareros y a los clientes que se encontraban cerca de la puerta, ordenándoles que se tiraran al suelo, los otros dos se dirigieron hacia los agentes y les dispararon: uno murió en el acto, sin tiempo para reaccionar; otro resultó herido e intentó refugiarse en la cocina, pero le dispararon de nuevo y murió; y el tercero fue herido de gravedad y falleció mientras lo trasladaban al Hospital Nuestra Señora de Aránzazu. Los terroristas huyeron en dos vehículos, situados en la calle Prim. José María Sarrais, de 56 años, estaba casado y tenía cinco hijos. En aquel momento se encontraba al mando de la comisaría de Errenteria, creada recientemente.

Tan solo 10 días después del triple asesinato, la Policía desarticuló el Comando Donosti, al que pertenecían los autores del crimen. Miguel Sarasqueta Zubiarrementeria fue condenado a 30 años de prisión mayor; José Miguel Azurmendi Albizu, a 70 años de reclusión mayor; y Martín Apaolaza Azcargorta, a siete años de prisión mayor. Todos ellos fueron condenados también al pago conjunto y solidario de las indemnizaciones a los herederos de las víctimas.

Véase también Gabriel Alonso Perejil y Ángel Cruz Salcines.

Juan Jiménez Gómez, de 58 años y natural de Benaoján (Málaga), había sido brigada de la Guardia Civil destinado en Pasajes hasta que se retiró y se hizo cargo de la Jefatura de la Policía Municipal. Era el jefe de Ángel Cruz Salcines, el agente asesinado en San Sebastián una semana antes, el 5 de diciembre. Indignado por las acusaciones de ETA contra su subordinado, envió una carta a la prensa negando que Cruz fuera “un chivato” y reivindicando su honor.

El 13 de diciembre de 1978, dos miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas entraron en las dependencias de la Policía Municipal, en la plaza de Viteri de Pasajes, con la excusa de haber perdido el carné de identidad. Cuando el policía fue a buscar el formulario para rellenar la denuncia, los terroristas le encañonaron con una pistola y le obligaron a llevarles ante el jefe de la guardia local.

Cuando Jiménez dijo que él era el jefe de la Policía Municipal, le dispararon. Después le robaron el arma reglamentaria y la cartera y huyeron en un vehículo robado. En uno de los cajones de la mesa se encontró un recorte de prensa, manchado de sangre, en el que aparecía la carta que había enviado a El Diario Vasco en defensa de Cruz pocos días antes.

Treinta años después del atentado, el Ayuntamiento de Benaoján homenajeó a Jiménez y posteriormente se descubrió una placa en el patio del cuartel de la benemérita de la localidad.

ETA se responsabilizó del atentado a pesar de que la autoría real correspondió a los CAA (Comandos Autónomos Anticapitalistas). Se condenó a Jesús María Larzabal Bastarrika a 25 años de reclusión mayor como autor del atentado y a Luis María Damián Expósito Arza, como cómplice, a 16 años de prisión menor. La sentencia incluía también el pago de una indemnización a los herederos de la víctima.

Véase también: Ángel Cruz Salcines.

Diego Fernández-Montes Rojas, natural de la localidad de Herencia (Ciudad Real), tenía 63 años y nueve hijos. Era coronel de Infantería ya retirado pero continuaba trabajando en la Delegación del Ministerio de Cultura, donde se ocupaba del depósito oficial de prensa. Vivía en un edificio de la calle Sancho el Sabio de San Sebastián junto a otros militares. Varios vecinos de este inmueble fueron asesinados en sucesivos atentados de ETA.

El  17 de diciembre de 1978, a las tres de la madrugada, Diego se dirigía a la sede de la delegación, situada en la calle Miramar, para esperar la llegada de los periódicos, cuando dos miembros del Comando Gamboa de ETA le dispararon justo antes de entrar en el edificio. Gravemente herido, Diego intentó refugiarse en los portales. Allí fue encontrado tendido en el suelo por el portero.

Mientras los dos agresores y una tercera persona se dieron a la fuga en un automóvil, los servicios sanitarios trasladaron a Diego al hospital Nuestra Señora de Aránzazu, donde le intervinieron quirúrgicamente durante tres horas. Murió a las nueve de la mañana.       

Los terroristas José Luis Martín Elustondo, José Ignacio Goicoechea Arandia y Joaquín Zubillaga Artola fueron condenados por el atentado. La sentencia incluía también la obligación de indemnizar a los herederos de la víctima.

Pedro Garrido Caro, comerciante de 58 años, casado y con una hija de 7, fue asesinado el 23 de diciembre de 1978. Tras llegar a San Sebastián de un viaje a su Miajadas natal (Cáceres), Garrido se dirigió, al filo de las 23:00 horas, a la tienda de ultramarinos que regentaba, donde fue acribillado junto a su familia por terroristas del comando Txirrita.

Pedro recibió tres disparos en el estómago y abdomen y un tiro mortal que le  seccionó la yugular. Filomena, su mujer, acusó el impacto de ocho disparos, aunque salvó la vida tras ser operada en el hospital de la Cruz Roja. María, su hija, fue herida en el muslo derecho e intervenida en la residencia Nuestra Señora de Aránzazu. Pedro Garrido fue ese enterrado en San Sebastián, aunque posteriormente sus restos mortales fueron trasladados a su localidad natal.

ETA asumió la autoría del asesinato acusando a la víctima de estar relacionada con la Policía. En febrero de 1981, la célula etarra responsable del atentado fue desarticulada y, un año más tarde, Manuel María Ostolaza Alcocer y Luis María de Marcos Olaizola fueron condenados a 29 años de reclusión mayor y al pago de una indemnización a los herederos de la víctima. También fueron condenados a una pena de 4 años, 3 meses y 1 día de prisión menor por las lesiones sufridas por la esposa y la hija de la víctima y a indemnizarlas económicamente.

Casi a la misma hora que una bomba mataba al cabo Francisco Berlanga Robles en Pamplona, el Comando Otxobi asesinaba en San Sebastián al comandante del Ejército de Tierra José María Herrera Hernández, de 53 años, casado y con un hijo.

Herrera, natural de la vizcaína Basauri, vivía en la capital donostiarra desde los 14 años. Tras graduarse en la Academia General Militar como teniente en 1950, fue destinado a una unidad de Regulares en Melilla donde ascendió a capitán y fue trasladado al regimiento de Loyola en el que permaneció hasta que fue promocionado a comandante el 3 de julio de 1975, año en el que fue nombrado ayudante del gobernador militar de la provincia.   

Herrera, profesor de educación física, presidente de la Federación Guipuzcoana de Voleibol, miembro del Comité Provincial de Deportes y colaborador asiduo de la Delegación Nacional de Deportes y del Consejo Superior, era una persona muy popular en la sociedad donostiarra, lo que propició que ETA le considerase un objetivo. El 2 de enero de 1979, tras varias semanas de seguimiento, Herrera fue tiroteado desde un coche robado al salir de su casa y falleció durante su traslado a un centro sanitario.

José María Zubiaurre Portugal fue condenado por este atentado a 25 años de reclusión mayor y al pago de una indemnización a los herederos de la víctima el 18 de enero de 1983.

Véase también Francisco Berlanga Robles.

Hortensia González Ruiz era una estudiante gaditana de 20 años, pareja del guardia civil  Antonio Ramírez Gallardo. ETA les asesinó a ambos el 6 de enero de 1979. Su muerte causó una fuerte conmoción en la sociedad española, ya que era la primera vez que ETA dirigía sus atentados contra una mujer vinculada personalmente a miembros de las fuerzas de orden público. A los funerales en su localidad natal de San Roque acudieron unas 12.000 personas. 

Tras el doble asesinato, el departamento de Derechos Humanos del Consejo General Vasco condenó los últimos atentados, que habían causado seis muertes en apenas seis días, calificando de “particularmente odiosa” la muerte de Hortensia.

Relato completo del atentado en Antonio Ramírez Gallardo.

El guardia civil Antonio Ramírez, de 24 años, natural de Tarifa (Cádiz), llevaba tres años destinado en la Agrupación de Tráfico de Villafranca de Ordizia. Fue asesinado por ETA con a su novia Hortensia González Ruiz,  el 6 de enero de 1979, como “aviso a todos los enemigos de Euskadi y, personalmente, a sus familiares”.

La pareja fue ejecutada en una señal de stop cuando volvía de pasar la noche en una discoteca de Besaín. Dos terroristas se situaron en los laterales de su coche y los ametrallaron matándolos en el acto. Antonio presentaba ocho disparos y Hortensia, que iba de copiloto, diez. Tras ser encontrados por tres jóvenes que pasaban por allí, les trasladaron a la clínica San Miguel, en la misma localidad, pero los médicos únicamente pudieron certificar su muerte.           

ETA militar asumió la autoría del crimen dos días después, señalando que era un atentado buscado.

Véase también Hortensia González Ruiz.

Miguel García Poyo, de 29 años, de San Martín de Pedroso en Zamora, estaba casado y tenía tres hijos. Una bomba de ETA acabó con su vida en Azpeitia, un atentado en el que también murieron Francisco Gómez Gómez - Jiménez y Francisco Mota Calvo.

Relato completo del atentado en Francisco Gómez Gómez-Jiménez 

Véase también Francisco Mota Calvo.

Francisco Mota Calvo, de 29 años, natural de Frechilla (Palencia), casado y con dos hijos, falleció en el atentado de Azpeitia en el una bomba de ETA también asesinó a Miguel García Poyo y Francisco Gómez Gómez - Jiménez.

Relato completo del atentado en Francisco Gómez Gómez-Jiménez

Véase también Miguel García Poyo.

Esteban Sáez, guardia civil de 33 años y natural del pueblo salmantino de Galinduste, estaba casado y tenía un hijo. Falleció el 4 de febrero a consecuencia de las heridas provocadas por un atentado perpetrado seis días antes,  el  29 de enero de 1979. Miembros de ETA atacaron con una bomba dos vehículos de la Guardia Civil que protegían un camión cargado de dinamita. Tras ametrallar el coche afectado por la explosión, los etarras se vieron forzados a huir monte a través porque los agentes del otro coche respondieron al ataque.

Esteban Sáez Gómez resultó herido de gravedad y murió el 4 de febrero;  mientras que Manuel Ruiz Ligero, natural de Socuéllamos, tardó tres años y siete meses en recuperarse a medias —como secuela le quedó una reacción depresivo neurótica— y el melillense Ildefonso Sánchez Amil, corrió mejor suerte y recibió el alta a los seis meses.

Los terroristas buscaban repetir el atentado que el 13 de enero de 1979 había causado la muerte a tres agentes en Azpeitia. El plan era preparar una bomba activada por cable y dejar un segundo artefacto para matar a otros guardias civiles cuando fueran a inspeccionar la escena. Afortunadamente fue desactivada a tiempo por el equipo de artificieros.

Pedro Juan Odriozola Aguirre y Ángel Hernández Tiemblo fueron condenados a 25 años de reclusión mayor y cinco penas de 15 años de reclusión menor y a indemnizar económicamente a los herederos de Esteban, a Manuel Ruiz Ligero y a Ildefonso Sánchez Amil.

Véase Francisco Gómez Gómez - Jiménez.

José Fernando Artola Goicoechea, de 54 años, de Hernani, casado y con dos hijos, era amigo de Luis Candendo Pérez, el militante de Unión de Centro Democrático (UCD) asesinado el 9 de noviembre de 1978 en Antzuola. Apenas dos meses después de aquel crimen, el 30 de enero de 1979, José Fernando fue víctima de un atentado de ETA.

El comando Besaide intentó ya atentar contra él el 28 de enero pero no consiguió localizarle y repitió la operación dos días después: los etarras robaron un vehículo en Zumárraga, introdujeron al propietario en el maletero y se dirigieron a la localidad de Antzuola, donde esperaron a Artola cerca de su casa. Cuando éste apareció en compañía de un vecino, los terroristas le dispararon desde el coche perforándole el hígado y el diafragma. Falleció poco después, cuando era ingresado en el Centro de Urgencias de Bergara. Los terroristas huyeron y abandonaron el vehículo robado con su dueño en el interior del maletero.

El 5 de diciembre de 1981 se condenó a José Ramón Bidaburu Otaduy, Félix Bengoa Unzurrunzaga y Ramón Arzamendi Medinabeitia a sendas penas de 26 años, 8 meses y 1 día de reclusión mayor y al pago de una indemnización económica a los herederos de la víctima.

Véase también Luis Candendo Pérez.

El Guardia Civil Félix de Diego, natural de Fuentecén (Burgos), de 47 años, casado y padre de cinco hijos, fue testigo de excepción del primer asesinato de ETA el 7 de junio de 1968 contra José Pardines Arcay., su compañero en la patrulla de Tráfico. Once años después, el 31 de enero de 1979, él también fue asesinado. De Diego había causado baja en el cuerpo a raíz de un accidente de circulación y trabajaba en un bar propiedad de su familia. Precisamente allí fue localizado por dos terroristas que entraron y le dispararon en el corazón, el vientre y la pierna izquierda. Ingresó cadáver en el  hospital de la Cruz Roja de Irún.    

El octubre de 1981 se condenó por este asesinato al sacerdote capuchino Fernando Arburúa Iparraguirre y a Manuel María Ostolaza Alcocer a 26 años, 8 meses y 1 día de reclusión mayor; y a Luis María de Marcos Olaizola, por asesinato en grado de conspiración, a 8 años de prisión mayor. La sentencia incluía el pago de una indemnización económica  a los herederos de la víctima.

Véase también José Pardines Arcay.

El guardia civil José Díez Pérez, de 25 años, soltero y natural de Córdoba, fue asesinado por ETA militar el 3 de febrero de 1979. Alrededor de las 20 horas, tres terroristas pararon frente al cuartel de Andoain donde trabajaba y dispararon al azar contra un grupo de agentes que se encontraban en la puerta del recinto. José resultó gravemente herido y, aunque sus compañeros lo trasladaron a la Policlínica de San Sebastián, falleció poco después. El teniente Miguel Madariaga Lope, de 30 años, también fue alcanzado por los proyectiles y resultó herido de gravedad, aunque consiguió sobrevivir. Un tercer Guardia Civil sufrió lesiones menores, que le provocaron graves trastornos psicológicos y le impidieron continuar con su trabajo.

El 5 de febrero ETA militar asumió su responsabilidad en este atentado mediante un comunicado que hizo llegar a varios medios de comunicación.

José Antonio Vivot Undabarrena, de 49 años y exalcalde de Olaberria (Guipúzcoa), su localidad natal, estaba casado y con cinco hijos. Era jefe de personal de una empresa cuando fue asesinado el 6 de febrero de 1979. Tras secuestrar un coche en  Beasain y atar a un árbol a  su dueño, los terroristas se personaron en la casa de Vivot. Tras acceder por la fuerza, arrancaron el cable del teléfono y amenazaron con sus armas a la familia de José Antonio, a quien se llevaron contra su voluntad y ejecutaron de tres disparos en el portal.

El 25 de abril de 1988, Mercedes Galdós Arsuaga, autora material del asesinato, fue juzgada y condenada a 29 años de prisión mayor. Félix Ramón Gil Ostoaga, su acompañante, fue también condenado a 29 años de prisión mayor y al pago solidario, junto a Galdós, de una indemnización económica a los herederos de la víctima. 

El guardia civil Benito Arroyo Gutiérrez, de Salamanca, tenía 40 años y llevaba 20 destinado en el cuartel de Deba. Casado y con dos hijos, había aprendido por sí mismo a hablar euskera.

El 23 de febrero de 1979, cuando se dirigía en coche al cuartel fue asesinado en un stop por un comando terrorista que le disparó en el pecho y la cabeza matándolo en el acto. Los terroristas huyeron a pie hacia la sala de fiestas Txitxarro, donde les esperaba una tercera persona al volante de un vehículo en el que se dieron a la fuga.         

Benito Arroyo fue enterrado al día siguiente en el cementerio de Itziar. ETA militar asumió la autoría del atentado y explicó que le habían asesinado “por el puesto significativo que ocupaba dentro del cuerpo, donde se dedicaba a tareas de información, seguimiento e infiltración, respecto a personas y grupos claramente posicionados con las organizaciones y la política de la izquierda abertzale”. En realidad, Benito estaba destinado en la intervención de armas y se encargaba, entre otras tareas administrativas, de tramitar los permisos de los cazadores para poder disponer de escopetas.

Miguel Chavarri Isasi, jefe de la Policía Municipal, de 48 años, era natural de Cihuri, La Rioja. Casado y con tres hijos, fue asesinado el 9 de marzo de 1979. Su cuerpo sin vida acribillado con nueve balazos fue hallado sentado en el sillón de su despacho. No hubo testigos del atentado y nadie escuchó los disparos que acabaron con su vida. Algunos vecinos aseguraron haber visto a un joven salir de las dependencias de la Policía y subirse a una motocicleta, pero no se pudo establecer una relación con el crimen.  

Según recogía la prensa al día siguiente, la víctima había recibido por correo, tres años antes, una amenaza de muerte.

El tolosano Adolfo Mariñas, de 30 años, fue asesinado el 6 de abril de 1979 por el comando autónomo Txikia por colaborar con la Policía. El cuerpo de Mariñas, que presentaba tres impactos de bala, fue encontrado por un camión de la limpieza municipal. No hubo testigos del crimen.

El cabo primero Miguel Orenes Guillamont, de 29 años, casado y con un hijo, murió acribillado en el atentado del 7 de abril de 1979 en el que también fallecieron el sargento Ginés Pujante García y el cabo Juan Bautista Peralta Montoya. Fue enterrado en su pueblo natal Rincón de Seca, Murcia.  

Relato completo del atentado en Ginés PujanteGarcía.

Véase también Juan Bautista Peralta Montoya.

El cabo Juan Bautista Peralta Montoya, murciano de 30 años, casado y con dos hijos, murió acribillado en el atentado del 7 de abril de 1979 en el que también murieron el sargento Ginés Pujante García y el cabo Miguel Orenes Guillamont                 

Relato completo del atentado en Ginés Pujante García.

Véase también Miguel Orenes Guillamont.

Ginés Pujante García, sargento de la Policía Nacional de 41 años, de la localidad murciana de San Ginés, casado y con dos hijos, murió junto al cabo primero Miguel Orenes Guillamont y el cabo Juan Bautista Peralta Montoya en el atentado perpetrado por ETA el 7 de abril de 1979. Los tres agentes, de la compañía de reserva general de la Policía Nacional de Murcia, fueron trasladados el 6 de abril al Regimiento militar de Loyola, en San Sebastián, como refuerzo temporal en la lucha contra el terrorismo.    

El día siguiente de su llegada, mientras se dirigían al cuartel vestidos de paisano tras cenar en un restaurante, tres terroristas pararon a su altura en un taxi robado y les dispararon matando a dos de los agentes en el acto. El tercero llegó con vida al hospital militar de San Sebastián, pero murió poco después. Tras una ceremonia religiosa, los cuerpos fueron trasladados a Murcia y enterrados en las respectivas localidades natales de los fallecidos.  

El crimen generó protestas públicas de familiares de miembros de la Policía. Un grupo de mujeres, esposas y madres de agentes destinados en el País Vasco exigieron que les enviaran a otras regiones.                   

Véase también Miguel Orenes Guillamont y Juan Bautista Peralta Montoya.

Dionisio Imaz Gorostiza, de 55 años, casado, con una hija y propietario de un taller mecánico en Ordizia, Guipúzcoa, fue asesinado el 9 de abril de 1979 por miembros del comando Cefe Sarasola.

Como cada día al anochecer, Dionisio fue al taller a sacar el coche para que su contable aparcara el suyo en su lugar, cuando dos etarras le dispararon ocho tiros que le mataron en el acto. Los asesinos huyeron en un vehículo en el que les esperaba un tercer cómplice. La Policía desarticuló el comando apenas un año más tarde, y Eugenio Antonio Irastorza Fernández y Agustín Cortés Lorenzo fueron condenados a 29 años de reclusión mayor y al pago conjunto y solidario de una indemnización económica a los herederos de la víctima.

El guardia civil canario Juan Bautista García, de 24 años, destinado en la agrupación de Tráfico de Tolosa fue asesinado el 17 de abril de 1979. Tras un intento de atentado fallido en el que los Tedax encontraron y neutralizaron una bomba en los bajos de su coche, ETA planificó un segundo atentado para el 17 de abril. Al volver de madrugada al cuartel donde vivía tras pasar la noche con su prometida, le mataron sin testigos. 

El conductor de un camión que iba por la Nacional I se topó con Bautista malherido con un disparo en el pecho, que le dijo: “Tengo un tiro; me han disparado. Lléveme a la clínica de San Cosme y San Damián”, le dijo. Pese a que también paró un turismo en el que viajaba un estudiante de medicina que le proporcionó primeros auxilios básicos, Bautista falleció antes de llegar al hospital.   

El Tedax Juan Antonio Díaz Román, melillense de 28 años, casado y con tres hijos, murió en acto de servicio el 1 de mayo de 1979 al explotar la bomba que intentaba desactivar colocada por el comando Aizorrotz en un edificio de viviendas en construcción en Oñate.

Miguel Osa Aldecoa fue condenado en 1991 a 12 años y un día de prisión menor como autor del asesinato, y al pago de una indemnización económica a la viuda de Juan. 

José Maestre Rodríguez, casado, de 26 años, natural de Arroche, Huelva, y su compañero Antonio Peña Solís, fueron asesinados el 2 de mayo de 1979. Aquél miércoles, día de mercado en Ordizia, el gentío obligaba a los vehículos a circular muy despacio, incluyendo el que iban los agentes, que se dirigían a Correos para recoger la correspondencia del cuartel. Aprovechando la lentitud del tráfico, un etarra se puso delante del vehículo y disparó una ráfaga de metralleta para después situarse en el lado derecho y vaciar el cargador. El agresor y un cómplice se fugaron en un coche robado en el que les esperaba otro terrorista. Los dos guardias civiles heridos fueron trasladados a la clínica San Miguel donde ingresaron cadáveres.

Véase también Antonio Peña Solís.

Luis Berasátegui Mendizábal, de 33 años, casado y con una hija, poseía un taller de maquinaria agraria. Al acabar la jornada laboral, Luis tenía la costumbre de reunirse con sus amigos en un bar para jugar a las cartas, hábito que le costó la vida el 6 de junio de 1979.

A las 20.10 horas, cuando estaban en plena partida, varios terroristas entraron en el establecimiento con bolsas de plástico en la cabeza y le dispararon cuatro tiros a quemarropa que le mataron en el acto. Los asesinos huyeron en un coche robado en el que les esperaba otra persona.

En 1995, José Gabriel Urizar Murgoitio, Enrique Letona Viteri, Francisco Martín Robles y Jon Aguirre Aguiriano fueron condenados a 29 años de prisión, además de a indemnizar económicamente a los herederos de la víctima.

Antonio Peña Solís, de 26 años, natural de Valor, Granada y soltero, falleció acribillado el 2 de mayo de 1979 en el atentado de Ordizia en el que también murió su compañero José Miguel Maestre.

Relato completo del atentado en José Miguel Maestre Rodríguez.

Andrés Antonio Varela Rúa, ourensano de 51 años, era comandante de Infantería retirado. Casado y con una hija, salía de su jornada laboral como funcionario del Ayuntamiento de San Sebastián cuando dos terroristas le dispararon por la espalda hiriéndole mortalmente en la cabeza y tórax el 7 de junio de 1979.

Varela, que también impartía clases de matemáticas en los Escolapios de Tolosa, “era un hombre encantador, querido por todos los tolosanos y dispuesto a hacer favores a cualquiera”, según le definió Iñaki Linazasoro, alcalde de Tolosa.

Héctor Abraham Muñoz Espinoza, de 39 años, natural de la localidad chilena de Concepción, vivía en Irún desde 1971. Casado con una francesa, poseía dos tiendas de antigüedades. Alrededor del mediodía del 19 de junio de 1979, mientras se hallaba trabajando en uno de sus establecimientos, dos terroristas le dispararon desde la puerta de entrada. Muñoz, que intentó refugiarse de la lluvia de balas detrás de un escritorio, fue rematado a bocajarro por los asesinos con tres disparos en la cabeza, el corazón y el cuello. Muñoz había sido amenazado de muerte en varias ocasiones y llevaba tiempo pensando en cerrar su negocio y abandonar el País Vasco. Días después del crimen, ETA militar asumió la autoría del asesinato de Muñoz acusándole de estar relacionado con distintos servicios de información internacionales.

Francisco Medina Albala, de 33 años y natural de la localidad granadina de Almuñécar, llevaba varios años viviendo en San Sebastián y trabajaba como albañil en unas viviendas que se estaban construyendo para la Guardia Civil en el barrio donostiarra de Intxaurrondo cuando fue asesinado el 22 de junio de 1979.

Esa mañana, Francisco fue tiroteado desde un coche mientras conducía su ciclomotor. Murió en el acto. Los terroristas se dieron a la fuga en un vehículo robado que la Policía encontró cerca del lugar del asesinato. ETA informó al diario Egin del paradero del dueño del coche, atado a un árbol y con la cara tapada con una capucha en el Alto de Zuloaga.

ETA militar se hizo responsable del crimen al día siguiente del atentado. Los compañeros de Francisco condenaron con vehemencia el asesinato.

Jesús María Colomo, de 26 años y casado, nació en la localidad navarra de Larraga y vivía en Ordizia desde hacía 20 años. Trabajaba de camarero en dos establecimientos: el bar del Círculo Tradicionalista de Ordizia, donde ayudaba a su padre, y la discoteca Sunday de Beasain, en la que el 6 de enero de ese mismo año fueron asesinados el guardia civil Antonio Ramírez Galardo y su novia, Hortensia González Ruiz.

El  21 de julio de 1979 a las 23 horas, Jesús María Colomo se dirigió a la discoteca en su coche y, tras aparcar y dirigirse a la sala, un etarra le disparó cinco tiros, tres de los cuales le alcanzaron en la cabeza. Ingresó cadáver en  la clínica de San Miguel. Tres días después, ETA militar asumió la autoría del atentado, amenazando con proseguir la “acción armada ofensiva contra todos los soportes del Estado español en Euskadi”.

Véase Antonio Ramírez Galardo y Hortensia González Ruiz.

El brigada Moisés Cordero tenía 51 años, era de Isla Cristina(Huelva), estaba casado y tenía tres hijos de 21, 19 y 11 años. Llevaba menos de un mes destinado en San Sebastián cuando fue tiroteado por ETA el 28 de julio de 1979. Ese mismo día, por la mañana, la banda asesinó a Emilio López de la Peña y Miguel Ángel Saro Pérez en otro atentado. ETA cumplía así su amenaza y volvía a atacar después de un mes de calma.

A las 22.40 horas, varios terroristas ametrallaron desde un coche la casa cuartel del barrio de Herrera, en San Sebastián. Las balas alcanzaron a tres agentes: Antonio Pastor Martín, José Álvarez Hillos y Moisés Cordero López. Los tres fueron trasladados a la residencia Nuestra Señora de Aránzazu donde fueron ingresados en la UCI. Moisés fallecía a las 3.30 horas a causa de seis disparos.

Su entierro tuvo lugar en el pueblo onubense de Encinasola, donde había pasado su infancia y juventud.

Véase también Antonio Pastor Martín, Miguel Ángel Saro Pérez y Emilio López de la Peña

El guardia civil Antonio Pastor Martín tenía 24 años, estaba casado y era de Palencia. Llevaba apenas dos días destinado en el cuartel de Donostia cuando ETA le ametralló desde un coche el 28 de julio de 1978. Fue trasladado al centro sanitario Nuestra Señora de Aránzazu donde murió a las pocas horas. En el mismo atentado también falleció su compañero Moisés Cordero López. Ese mismo día ETA asesinó en otro atentado a Emilio López de la Peña y Miguel Angel Saro Pérez.

Ese mismo fin de semana ETA perpetró varios atentados terroristas en el País Vasco y Navarra. En Pamplona, dos policías sufrieron conmociones por la explosión de un artefacto que intentaban desactivar en un cuartel de la Policía Nacional deshabitado. También en la capital navarra, ETA ametralló a dos guardias civiles de tráfico que resultaron heridos. En el puente colgante de Portugalete explosionó un artefacto cuya onda expansiva causó daños en los edificios colindantes. Y en el barrio bilbaíno de Urioste los ocupantes de un coche intentaron atropellar a dos guardias civiles.

Relato completo del atentado en Moisés Cordero López.

Véase también Emilio López de la Peña y MIguel Ángel Saro Pérez.

El guardia civil Juan José Tauste Sánchez, natural de Villacarrillo (Jaén), tenía 26 años y estaba casado con María Concepción García Bouzas, de 18. La pareja comenzó a vivir en la casa de los padres de ella, en la calle Txonta, de Eibar, localidad donde Juan José estaba destinado.

Hacia las 8.30 horas del 4 de agosto de 1979, Juan José subió a su Ford Fiesta para ir a trabajar al cuartel cuando dos individuos vestidos con gabardinas sacaron sus pistolas y le dispararon hasta matarle.

ETA militar asumió la autoría del asesinato y expresó su intención de continuar con los atentados para que las fuerzas de orden público abandonasen Euskadi.

El 30 de agosto de 1979, José María Pérez Rodríguez, de 28 años y de Gilena (Sevilla), viajaba con otros seis agentes de Policía vestidos de paisano en el tren de las 7.30 horas que les llevaba desde San Sebastián a Zumárraga. Cuando llegaron caminaron por una senda vecinal para llegar a la comisaría. Subieron una pendiente corta y el primero del grupo, al superar el desnivel, vio a dos encapuchados salir de un vehículo con metralletas, avisó a sus compañeros y se puso a cubierto. Un tercer terrorista salió de detrás de un camión y comenzó a disparar.

Todos los agentes pudieron ponerse a salvo excepto José María Pérez. En el lugar del atentado se encontraron casi setenta casquillos de balas disparadas por ETA.

José María fue trasladado a la clínica Orbegozo pero falleció antes de ingresar. Recibió ocho disparos, uno de ellos en el corazón. Fue enterrado en la localidad de San Juan de Aznalfarache.

El policía nacional Aureliano Calvo tenía 38 años, estaba casado y era padre de dos niñas de 12 y 3 años y de un niño de 6 meses. Fue encontrado muerto por varios disparos en el interior del taxi con el que trabajaba en sus horas libres. El vehículo fue localizado en la avenida de Tolosa, junto al colegio inglés. Los restos del policía fueron enterrados en Quintana de Valdelucio (Burgos), donde había nacido.

Al día siguiente del asesinato, los taxistas de San Sebastián efectuaron un paro como protesta contra el atentado de ETA.

El general de brigada Lorenzo González-Vallés Sánchez, de 59 años, era de Ceuta. Estaba casado con Josefina Seco y tenían cinco hijos. Uno de ellos era teniente de Ingenieros y estaba destinado en San Sebastián en el momento del atentado, otros dos eran periodistas y los demás estaban estudiando. Había sido destinado a San Sebastián como gobernador militar hacía pocos meses. González-Vallés ingresó como voluntario en la Marina para prestar sus servicios en el buque Almirante Cervera. Después hizo los cursos de alférez provisional e ingresó en la Academia de Transformación de Infantería. Formó parte de la División Azul. Su vida militar transcurrió en las guarniciones de Melilla, A Coruña, Lanzarote, Cáceres, Barcelona y Lleida.

El general González-Vallés y su mujer, Josefina, tenían la costumbre de salir a pasear por la playa de La Concha los días festivos. El domingo 23 de septiembre, a media mañana, salieron de su casa en el Gobierno Militar junto a uno de sus hijos para dar un paseo e ir a misa. Poco después de salir, cuando su hijo se había alejado un poco, González-Vallés se paró junto a una barandilla de La Concha. Dos terroristas se le acercaron y le dispararon en la sien. No tuvo tiempo de reaccionar y cayó al suelo muriendo en el acto. Los dos terroristas se dieron a la fuga por un callejón donde les esperaba otra persona en un coche robado.

Josefina estuvo un rato abrazada a su marido, ya sin vida, hasta que llegó su hijo.

La mayoría de las fuerzas políticas democráticas interpretaron el asesinato como un intento por parte de los terroristas de provocar la interferencia de las Fuerzas Armadas en el proceso de democratización que estaba viviendo el país.

Sixto Holgado, de 46 años, era de Bañobárez (Salamanca) y trabajaba como taxista en Rentería. Se había casado por segunda vez hacía seis meses y tenía ocho hijos de su anterior matrimonio con edades de entre 5 y 20 años.

Sicto entró en la Policía Municipal de San Sebastián con 26 años y estuvo hasta los 30, cuando se dio de baja voluntariamente. Después de trabajar durante cinco años como repartidor de Coca-Cola, compró una licencia de taxista en Rentería.

El 26 de septiembre, de madrugada, los empleados de recogida de basuras del vertedero de San Marcos, cerca del barrio de Beraun, en Rentería, descargaban un camión cuando encontraron el cuerpo de Sixto con un tiro en la nuca. Los últimos que le vieron con vida fueron algunos compañeros, poco después de las 21.30 horas de ese día, en la parada de taxis de la calle Biteri. Se desconoce lo que pasó entre ese momento y su asesinato.

Según las investigaciones policiales, se cree que los terroristas subieron al taxi y obligaron al taxista a conducir hasta el vertedero de basuras, donde fue obligado a agacharse o tumbarse en el suelo y asesinado de un disparo.

Después de matarle, los terroristas huyeron en su taxi. El vehículo apareció a las 9 de la mañana del día siguiente en las proximidades del caserío Larramendi, muy cerca de su casa.

El 8 de octubre, ETA reivindicó la autoría del atentado en un comunicado que envió a varios medios de comunicación. El 27 de septiembre, los 31 taxistas de Rentería paralizaron su trabajo durante todo el día como protesta.

Germán González fue la primera víctima mortal de ETA desde la aprobación en referéndum del Estatuto de Autonomía, como marco para el autogobierno en Euskadi. Tenía 35 años y era natural de La Horcajada (ávila), pero vivía en Zumaya.

Germán era afiliado de UGT y del Partido Socialista de Euskadi (PSE) y había participado activamente para movilizar el voto a favor del Estatuto. El día de la aprobación del referéndum estuvo en una mesa electoral en representación del PSE. Dos días después, el 27 de octubre de 1979, miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas le asesinaron en Urretxu, en la plaza de Iparraguirre. Germán estaba cerrando el maletero del coche cuando un terrorista se le acercó por la espalda y le disparó matándole en el acto. Cerca de 5.000 personas se manifestaron

El mismo día del atentado, los Comandos Autónomos se hicieron responsables de su asesinato. Jesús María Larzabal Bastarrika y Juan Carlos Arruti Azpitarte fueron condenados a una pena de 26 años de reclusión mayor y al pago de una indemnización a los herederos de la víctima.

Fernando Rodríguez Espínola, de 53 años, natural de Sevilla y soltero, llevaba 24 años trabajando como guarda forestal en Icona, los últimos quince en la zona de Oiartzun. Además colaboraba como corresponsal en El Diario Vasco y en La Voz de España.

El 12 de noviembre de 1979, a las 13 horas, Fernando estaba tomando un aperitivo en un bar de Oiartzun donde solía almorzar habitualmente, cuando tres terroristas le dispararon siete tiros, uno de ellos en la cabeza, que le provocaron la muerte en el acto.

Fernando fue enterrado en su ciudad natal, Sevilla. Alrededor de dos mil personas acompañaron al féretro en silencio hasta el cementerio. Al día siguiente del asesinato, ETA militar asumió la autoría enviando un comunicado a varios medios de comunicación de Bilbao, en el que acusaban a Fernando de ser confidente de la Guardia Civil.

Juan Luis Aguirreurreta tenía 32 años y era natural de Mondragón. Casado y con dos hijos pequeños trabajaba en el departamento de contabilidad de la empresa Pinturas Velasco, de Mondragón.

El 16 de noviembre de 1979 salió de su domicilio a las 14:30 horas, después de comer, para regresar a su trabajo. Caminaba por la calle San Francisco cuando al llegar a la confluencia con la calle Ignacio Zuloaga, dos etarras le dispararon por la espalda. Juan Luis fue alcanzado por seis disparos y cayó al suelo herido de muerte. Los terroristas huyeron en un coche robado donde les esperaba un cómplice.

Los Comandos Autónomos Anticapitalistas se responsabilizaron del atentado y acusaron a la víctima de ser confidente de las Fuerzas de Seguridad. Vicente Senar Huete fue condenado a 22 años de reclusión mayor en concepto de cooperador necesario. Juan Carlos Arruti Azpitarte, Paterra —quien tras pertenecer a los CAA pasó a formar parte de ETA militar—, fue condenado a 28 años de reclusión mayor y al pago, junto a Vicente, de una indemnización a los herederos de la víctima.

Antonio Alés, de 19 años, estaba soltero y era natural de Cuenca. El 28 de noviembre de 1979, Antonio y dos compañeros del cuartel de Azpeitia, Pedro Sánchez Marfil y Ángel García Pérez, fueron al bar Izaro, en el barrio de Juandegi, con la mujer de Pedro que estaba embarazada. Este local era frecuentado por miembros del Instituto Armado aunque estaba alejado del cuartel.

Los guardiaciviles se situaron de pie junto a la barra del bar para tomar algo. Al poco tiempo, entraron cuatro individuos que pidieron una consumición, pagaron y salieron a la calle. Minutos después regresaron con armas que habían cogido de un coche aparcado en la puerta. Antes de que los agentes pudieran reaccionar, los cuatro terroristas, miembros del Comando Goierri de ETA, separaron violentamente a la mujer de Pedro Sánchez y comenzaron a disparar por la espalda a los tres agentes, a quienes remataron en el suelo. Los cuatro terroristas escaparon en un vehículo robado con la ayuda de Juan María Tapia Irujo, colaborador del comando que les alojó en su casa. La mujer de Pedro salió a la calle a pedir ayuda y se encontró con dos coches de la Guardia Civil que pasaban en ese momento por delante del bar.

Juan María Tapia Irujo fue condenado a tres penas de 9 años de prisión mayor, como encubridor de los tres delitos de asesinato y, subsidiariamente, al pago de las correspondientes indemnizaciones económicas. Pedro María Leguina Aurre, fue declarado autor del asesinato tras las investigaciones y condenado a tres penas de 30 años de reclusión mayor y a indemnizar a los herederos de cada una de las víctimas. Fue detenido por la policía francesa en 1999.

Véase también Ángel García Pérez y Pedro Sánchez Marfil.

El guardia civil Ángel García Pérez tenía 20 años, estaba soltero, y era natural de Vitigudino (Salamanca). Cuatro miembros del comando Goierri de ETA le mataron junto a sus compañeros, Antonio Alés Martínez y Pedro Sánchez Marfil, cuando se encontraban en el bar Izaro, en el barrio de Juandegi, el 28 de noviembre de 1979.

Relato completo del atentado en Antonio Alés Martínez.

Véase también Pedro Sánchez Marfil.

El guardia civil Pedro Sánchez Marfil tenía 20 años y era de Moreda (Granada). El 28 de noviembre de 1979, Pedro estaba en el bar Izaro, en el barrio de Juandegi, con su mujer embarazada y dos compañeros, Antonio Alés Martínez y Ángel García Pérez. Los tres guardiaciviles fueron asesinados por cuatro etarras del Comando Goierri que entraron en el bar y les acribillaron.

Relato completo del atentado en Antonio Alés Martínez.

Véase también Ángel García Pérez.

Luis Domínguez Jiménez tenía 39 años, era natural de Cantaracillo (Salamanca), llevaba 25 años viviendo en el País Vasco donde trabajaba como enterrador desde 1971. Estaba casado y tenía cinco hijos, de entre 9 y 20 años.

El 25 de enero de 1980, varios etarras robaron un coche que condujeron hasta el cementerio donde trabajaba Domínguez. Cuando salió, gritaron su nombre y él intentó protegerse en unos jardines pero fue alcanzado por un tiro en la rodilla que le hizó caer al suelo. Después, le remataron.

El 5 de junio de 1979 ETA había asesinado a Luis Berasategui Mendizábal, amigo de la víctima. Los terroristas justificaron el asesinato acusando a Domínguez de pertenecer a la extrema derecha. La víctima sabía que le vigilaban desde hacía tiempo. Era amigo de guardiaciviles porque el cuartel estaba junto al cementerio. Su esposa le había aconsejado que dejara de hablar con los agentes por seguridad, pero Domínguez siempre se negó.

José Ramón Basauri Pujana y Javier Antonio Oregui Echeberría fueron condenados a 28 años de prisión como autores del asesinato además del pago de la indemnización económica a los herederos de la víctima.

Véase también Luis Berasategui Mendizábal.

Miguel Rodríguez Fuentes, de 44 años, era natural de Argoños (Cantabria). Estaba casado y tenía cuatro hijos. Pertenecía a la XIV promoción de la Academia General, la misma de Su Majestad el rey Juan Carlos, y estaba a punto de ser trasladado a Santander.

Apenas había pasado una semana desde el asesinato de los seis guardias civiles en Ispaster, cuando el 8 de febrero ETA perpetró otros dos atentados en los que murieron dos personas. El primero, en Pasajes, se cobró la vida del militar Miguel Rodríguez. Dos horas más, en Oñate, los terroristas asesinaron en Oñate a su primo, el policía militar Ángel Astuy Rodríguez.

El comandante Rodríguez compatibilizaba su trabajo como miembro de las Fuerzas Armadas destinado en San Sebastián con las clases que daba en el departamento de automovilismo de la Escuela de FP Don Bosco de Pasajes, desde hacía diez años. Miguel había terminado las clases y sobre las 21.15 horas se dirigió hacia su coche, aparcado en la puerta del centro. Cuando arrancó, dos personas con bolsas de deporte se acercaron y le dispararon, hiriéndole de muerte.

El conserje del colegio escuchó los disparos y se acercó para ver qué ocurría. Se encontró a Rodríguez dentro del automóvil pero no pudo hacer nada para socorrerle. Poco antes del atentado, los terroristas le habían convencido de que les dejara entrar, diciéndole que tenían que preparar una competición deportiva.

El rey Juan Carlos acudió al funeral en la capilla de la Escuela del Estado Mayor. Fue enterrado en el cementerio de Argoños.

Véase también Ángel Astuy Rodríguez.

Véase también atentado en Ispaster Alfredo Díez Marcos, José Gómez Martiñán, José Gómez Trillo, Antonio Marín Gamero y José Martínez Pérez Castillo. y Victorino Villamor González.

Ángel Astuy Rodríguez tenía 48 años, era de Isla (Cantabria) y llevaba nueve años viviendo en Oñate, donde trabajaba de policía municipal. Estaba casado y tenía cinco hijos de entre 10 y 20 años. Fue asesinado por ETA dos horas después de que la banda acabara también con la vida de su primo Miguel Rodríguez Fuentes.

El 8 de febrero de 1980, Astuy iba caminado a su trabajo para entrar en el turno de noche cuando, a la altura de la calle Aránzazu, fue tiroteado por dos terroristas que iban en un coche con el que se dieron a la fuga. Herido por tres de las diez balas que le dispararon, Astuy fue al bar Vitoria a pedir ayuda, pero murió en la puerta del establecimiento.

El mismo día en que fueron asesinados Ángel Astuy y Miguel Rodríguez, fue ametrallada por ETA políticomilitar la sede de Unión de Centro Democrático (UCD) en Oñate. No hubo víctimas porque el local estaba vacío.

Véase también Miguel Rodríguez Fuentes.

Ignacio Arocena tenía 43 años, era de Oiartzun, estaba casado y tenía tres hijos. Unos años antes había sido concejal del Ayuntamiento desu ciudad.

Arocena trabajaba como taxista y lo compatibilizaba con la gestión del bar Toki Alai, en el barrio de Gurutza de Oiartzun. El 16 de febrero de 1980, un etarra subió a su taxi, le dijo que su coche había tenido una avería y le pidió que lo llevara hasta la zona conocida como Castillo del Inglés. Durante el trayecto, el terrorista le obligó a desviarse por un camino vecinal donde fue asesinado sin testigos.

Los familiares del taxista estaban preocupados porque Ignacio tardaba demasiado y avisaron de madrugada a la Guardia Civil. La policía encontró el taxi a primera hora de la mañana y, dentro, el cadáver de Ignacio con dos heridas de bala en la cabeza.

ETA justificó el asesinato acusando a Arocena de ser “confidente” y “chivato” de las Fuerzas de Orden Público.

Dos miembros del Comando Arizta de ETA fueron juzgados por este crimen: José Javier Arnaiz Echevarría fue condenado a 27 años y Pedro Aira Alonso a otros 27 años de reclusión mayor. Además debían indemnizar a los herederos de Arocena.

Eugenio Saracíbar González de Durana, coronel de Infantería retirado con el cargo de jefe del Economato Militar, de 65 años, casado y con una hija, estaba muy vinculado al deporte. Además de impartir clases de Educación Física y ser vicepresidente de la Federación Atlética Guipuzcoana durante varios años, había promocionado a varios equipos de fútbol y atletismo y era responsable de la creación de los campos deportivos del cuartel de Irún.

La noche del 20 de febrero, mientras daba su habitual paseo nocturno, Saracíbar fue sorprendido por miembros del comando Otxobi que le dispararon por la espalda y lo remataron en el suelo. Tras asesinarle, los terroristas huyeron en un taxi robado.

ETA asumió la autoría del crimen y, un año después, José María Zubiaurre Portugal fue condenado a 26 años, 8 meses y 1 día como autor del asesinato y al pago de una indemnización económica a los herederos de la víctima. Fue puesto en libertad el 13 de septiembre de 1999.

Apenas una hora después del asesinato del joyero Dámaso Sánchez Soto. en Durango, el 24 de marzo de 1980, miembros del comando Iharra mataron a José Artero Quile, propietario de un pequeño almacén de placas y mármoles. De 42 años y natural de Albox, Almería, estaba soltero y residía en Guipúzcoa.

Sobre las 21.30 horas, José Artero salió de un bar que frecuentaba y montó en su coche. Fue entonces cuando dos terroristas le ametrallaron hasta la muerte. La excusa de los asesinos fue que su víctima había trabado amistad con miembros de la Guardia Civil local.

Francisco Martín Robles, Enrique Letona Viteri y Jon Aguirre Aguiriano como autores del asesinato, y Jesús María Zabarte Arregui, por cooperación necesaria, fueron condenados a 30 años de reclusión mayor y a indemnizar económicamente a los herederos de José.

Véase también Dámaso Sánchez Soto.

José María Piris Carballo tenía 13 años cuando murió por la explosión de un paquete bomba. El 29 de marzo de 1980 viajaba en el coche del padre de su amigo Fernando García, con él y otro niño más, después de jugar un partido de fútbol. Cuando los tres niños bajaron a la espera de que el padre de Fernando aparcase, José María golpeó un paquete que estaba en el suelo. Era una bomba que un comando de ETA había colocado bajo el coche de un guardia civil que se había soltado sin estallar. La explosión mató al niño en el acto y causó graves lesiones a su amigo Fernando.

Tras el asesinato, la familia de José María recibió una carta de ETA en la que lamentaban la muerte del chico, pues no era el objetivo del explosivo. Al poco tiempo, los Piris Carballo regresaron a su natal San Vicente de Alcántara en Badajoz.

Francisco Fernando Martín Robles, Jon Aguirre Aguiriano y Jesús María Zabarte Arregui fueron condenados a 23 años de prisión mayor y a otros 7 años por las lesiones sufridas por Fernando. Posteriormente, José Gabriel Urizar Murgoitio también fue condenado a igual pena. Todos tuvieron que indemnizar a los herederos de José y a los representantes legales de Fernando.

Francisco Pascual Andreu, guardia civil ceutí de 24 años y soltero, trabajaba en el puesto de la Benemérita en Orio, Gipuzkoa, a la espera de ser trasladado a su localidad natal, destino que le había sido concedido. El 6 de abril de 1980, Francisco y un compañero del Instituto Armado salieron de copas. Ya de madrugada, Francisco se quedó sólo y poco después se paró a conversar con Florentino Lopetegui Barjacoba, un pescador de la zona, sobre los trámites que debía seguir para solicitar la licencia de una lancha motora. Un terrorista les ametralló matándoles en el acto y se dio a la fuga en un coche en el que aguardaba otro terrorista.

Cuatro días después, los Comandos Autónomos Anticapitalistas se hicieron responsables del doble crimen. Lo cierto es que los terroristas confundieron a Lopetegui con el compañero de Francisco, que se había marchado antes dejando sólo a su compañero porque tenía que madrugar.

El cadáver de Pascual fue trasladado a su Ceuta natal y su entierro congregó a unas 4.000 personas.

Véase también Florentino Lopetegui Barjacoba.

Florentino Lopetegui Barjacoba, pescador de 24 años, natural de Orio, Gipuzkoa, casado y con una hija, murió en el atentado del 6 de abril de 1980. El crimen iba dirigido contra el guardia civil Francisco Pascual Andreu., a quien acompañaba la noche en la que murieron ametrallados.

ETA, que no asumió el error, acusó a Florentino de ser colaborador de la Guardia Civil.

Véase el relato completo del atentado en Francisco Pascual Andreu.

Luis Martos García, cordobés de 29 años, casado y padre de un niño, y José Torralba López, ambos guardias civiles adscritos al puesto de Especialistas Fiscales de Irún, donde se encargaban del control de los camiones que transitaban por la frontera, fueron asesinados el 16 de abril de 1980. Mientras comprobaban la documentación de un camión, varios terroristas ametrallaron a Luis y José por la espalda. Recibieron 38 balas que causaron su muerte en el acto.

Véase también José Torralba López.

José Torralba López, de 23 años, natural de Armilla, Granada, llevaba cinco días prestando servicio en el puesto fronterizo de Irún donde murió junto a su compañero Luis Martos García. al ser ametrallado el 16 de abril de 1980. El funeral por ambos agentes asesinados se celebró en el hospital militar de San Sebastián.

Véase el relato completo del atentado en Luis Martos García.

Rufino Muñoz Alcalde, guardia civil de 40 años destinado en el Gobierno Militar de San Sebastián y oriundo de la localidad burgalesa Fresno de Río Tirón, estaba casado y tenía tres hijos.

El 28 de abril de 1980, Rufino cogió el autobús en Irún para ir a su trabajo en San Sebastián. Casualmente el policía nacional Hipólito Rodríguez Ramos y su esposa subieron en su misma parada. Ninguno de los agentes iba uniformado. De camino, tres terroristas accedieron al autobús y, minutos más tarde, uno disparó a bocajarro a Rufino, matándole en el acto. Hipólito se abalanzó contra el asesino para arrebatarle la pistola y, en el forcejeo, el arma se disparó en el pecho del etarra Francisco Javier Aranceta, que murió en el acto.

Pese a que los otros dos terroristas dispararon a Hipólito Rodríguez, el policía sobrevivió a sus múltiples heridas en el tórax, la muñeca y la cabeza. Recibió los primeros auxilios en el puesto de la Cruz Roja de Rentería y, posteriormente, ingresó en la Residencia Sanitaria de San Sebastián.

José Espinosa Viscarret, pamplonica de 59 años, casado y con cinco hijos, se jubiló del ejército en 1979 como comandante de artillería. En el momento de su asesinato, el 8 de mayo de 1980, era jefe de compras de una empresa astillera.

Espinosa murió en la carretera de Rentería, cuando dos terroristas acribillaron el coche en el que viajaba con un compañero del trabajo que resultó ileso. La víctima, gran aficionado al hockey, había sido presidente de la federación guipuzcoana de esta disciplina durante casi 15 años. Mantenía una estrecha amistad con el general Lorenzo González-Valles Sánchez., asesinado por ETA en San Sebastián en septiembre de 1979.

Véase también Lorenzo González-Valles Sánchez.

Ramón Baglietto Martínez, bilbaíno de 42 años y residente en Azcoitia, había sido concejal por UCD (Unión de Centro Democrático). Estaba casado y tenía dos hijos. Su asesinato tuvo lugar el 12 de mayo de 1980, pero la intrahistoria de este crimen se remonta al 21 de septiembre de 1962. Ramón, que ese día se encontraba en la puerta de su tienda de muebles, salvó la vida de un bebé de 11 meses, a quien arrebató de los brazos de su madre justo antes de morir aplastada por un camión junto a su otro hijo. Dieciocho años después, la noche del 12 de mayo, Ramón fue ametrallado en su coche por miembros de un comando etarra cuando regresaba a casa de su tienda de muebles. Tras perder el control del coche por los disparos, se estrelló contra un árbol y fue rematado con un tiro en la sien por Cándido Azpiazu Beristain, el niño al que años atrás había salvado de una muerte segura.

Un par de meses antes, el ex alcalde de Azcoitia, José Larrañaga Arenas., amigo íntimo de Ramón, sufrió un atentado en el que resultó herido (sería asesinado cuatro años más tarde).

Cándido Azpiazu Beristain y Juan Ignacio Zuazolazigorraga Larrañaga fueron condenados a 49 años de reclusión mayor y a indemnizar a los herederos de la víctima. Fueron liberados tras 12 años en prisión. Años después, un reportaje televisivo (Diario de…Mi vecino, el terrorista que mató a mi marido, 2006) mostraba que ambos seguían apoyando a ETA.

En 2004, Cándido abrió un negocio de cristalería junto a la casa de la viuda de Ramón. A raíz de esta situación, la Audiencia Nacional ordenó la subasta del negocio por las indemnizaciones que Cándido debía a la familia de su víctima. En 2008 se procedió a la subasta y la esposa del etarra se hizo con el negocio abonando una cantidad que no cubría el total de la indemnización debida.

Véase también José Larrañaga Arenas.

La mañana del 15 de mayo de 1980, Jesús Holgado Sabio, soltero de 27 años y natural de Carratraca (Málaga), salió a tomar un café con José Manuel Rodríguez Fontana y Dionisio Villadangos Calvo, compañeros de la oficina del Documento Nacional de Identidad de San Sebastián en la que estaban destinados. Mientras los tres agentes se encontraban de pie en la barra del bar, dos miembros de ETA a cara descubierta les ametrallaron por la espalda. Jesús y Dionisio quedaron incapacitados al instante. Aunque José Manuel pudo sacar su arma, los terroristas le mataron antes de utilizarla. Los asesinos escaparon en un coche en marcha que les esperaba en la puerta del bar. Pese a que Jesús y Dionisio seguían con vida y fueron trasladados a un centro sanitario, Dionisio falleció a los pocos minutos de ingresar y Jesús horas después.

Todos los vecinos de su pueblo natal asistieron al funeral de Jesús en Málaga y los establecimientos cerraron en señal de luto y protesta por el asesinato.

Véase también José Manuel Rodríguez Fontana y Dionisio Villadangos Calvo.

El agente José Manuel Rodríguez Fontana, almeriense de 24 años, fue asesinado en el atentado del 15 de mayo en San Sebastián, al ser ametrallado en un bar de la capital donostiarra junto a dos compañeros, Jesús Holgado Sabio y Dionisio Villadangos Calvo. José, que se iba a casar en agosto, había ingresado en el Cuerpo hacía menos de un año y llevaba en San Sebastián menos de dos meses. Véase el relato completo del atentado en Jesús Holgado Sabio.

Véase también Dionisio Villadangos Calvo.

Dionisio Villadangos Calvo, natural de la localidad leonesa de Villazala y de 24 años, estaba soltero y llevaba 8 meses en la Policía Nacional cuando fue asesinado. El atentado tuvo lugar el 15 de mayo en San Sebastián al ser ametrallado en un bar de la capital donostiarra junto a sus compañeros Jesús Holgado Sabio y José Manuel Rodríguez Fontana.

Relato completo del atentado en Jesús Holgado Sabio.

Véase también José Manuel Rodríguez Fontana

Ceferino Peña Zubía, de 29 años, casado, padre de una niña y propietario de un taller de carrocería en Arrona, Gipuzkoa, fue asesinado por error por el comando Andutz, tal y como reconoció posteriormente ETA, cuyo objetivo era otro industrial de Arrona.

Aquella tarde del 16 de mayo de 1980, tres terroristas le dispararon a bocajarro en la boca, el pecho y el vientre cuando atendía a un cliente. Murió en el puesto de la Cruz Roja de Zumaya.

Teodoro Izaguirre Iglesias fue condenado a una pena de 27 años de reclusión mayor; Luis María Pedro Careaga Urquizu, como cooperante necesario, a 20 años y 1 día de prisión mayor; José Ramón Irusta Urain, como cómplice, a 12 años y 1 día de reclusión menor y Juan Lucha García, como conspirador, a 6 años y 1 día de prisión mayor. Los cuatro tuvieron que pagar una indemnización a los herederos de la víctima.

Posteriormente fue detenido José Antonio Galarraga Arrona, que fue condenado como autor del asesinato a 27 años de reclusión mayor y al pago de una indemnización.

Elio López Camarón tenía 60 años, era mecánico, natural de Castronuevo (Zamora) y viudo desde 1974. Tenía cuatro hijos. Murió en el atentado de Azcoitia del 28 de junio de 1980 junto a dos amigos: el guardia civil Justino Quindos López. y el funcionario Julio Muñoz Grau., acribillados por cuatro miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas.

Véase el relato completo del atentado en Justino Quindos López.

Véase también Julio Muñoz Grau.

Julio Muñoz Grau, de 60 años, era de Valladolid. Estaba casado y tenía tres hijos. Contable de formación, trabajaba como funcionario en el Ayuntamiento.

El 28 de junio de 1980 caminaba por la calle Mayor junto a dos amigos, el guardia civil Justino Quindos López. y el mecánico Elio López Camarón., cuando fueron acribillados por cuatro miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Julio quedó gravemente herido, pero falleció mientras le trasladaban a un centro sanitario. Cuatro disparos, dos de ellos en la cabeza, acabaron con su vida. Sus dos compañeros también fallecieron.

Relato completo del atentado en Justino Quindos López.

Véase también Elio López Camarón.

Justino Quindós López tenía 60 años, era de Ampudia (Palencia), estaba casado con Arcadia Izquierdo y tenía dos hijos. Había abandonado la Guardia Civil hacía más de 20 años y trabajaba en la empresa Beltia. Vivía en el mismo edificio que Ramón Baglietto Martínez, asesinado por ETA dos meses antes.

Justino y sus amigos, Elio López Camarón, mecánico, y Julio Muñoz Grau, empleado municipal, estuvieron viendo unos partidos de pelota antes de ir al bar Alejandro de Azcoitia. A las 20:30 horas, los tres amigos salieron del bar y continuaron de charla en plena calle Mayor. En ese momento, cuatro miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas les dispararon quince veces. Justino y Elio murieron al instante. Julio Muñoz quedó gravemente herido y falleció durante el trasladado al centro sanitario. Una de las balas entró en el bar e hirió en una pierna al policía municipal Manuel Pérez Zarzo.

Justino recibió tres disparos en el tórax y uno en la cabeza. En 2007, el Ayuntamiento de Azcoitia organizó un homenaje a siete víctimas del terrorismo de la localidad, entre los que se encontraban Justino, Julio y Elio.

Dos días después del atentado, los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) se responsabilizaron del triple crimen. Ese mismo día, el etarra Jesús María Larzabal Bastarrika fue detenido por la Policía en el barrio de Gros de San Sebastián cuando portaba un comunicado en el que los CAA se responsabilizaban del atentado de Azcoitia. El terrorista llevaba en su poder el arma con la que disparó a Justino Quindós, Julio Muñoz y Elio López.

Por este atentado fueron condenados Jesús María Larzabal y Juan Carlos Arruti Azpitarte, en concepto de autor del atentado. Fueron sentenciados a tres penas de 25 años de reclusión mayor, así como el pago conjunto y solidario de tres indemnizaciones a los herederos de las víctimas y otra indemnización a Manuel Pérez Zarzo, herido en el atentado.

Véase también Elio López Camaróny Julio Muñoz Grau.

Antonio Gómez, natural de Vilardebós (Ourense), tenía 21 años y estaba casado. Era el menor de ocho hermanos, todos ellos guardiaciviles. Varios miembros de ETA le asesinaron en una emboscada en la que también mataron a su compañero Aurelio Navío.

El 13 de julio de 1980, a las 14 horas, ocho guardiaciviles a bordo de tres vehículo volvían del polvorín que Explosivos Río Tinto tenía en Aia tras haber sido relevados. Se encontraban a la altura del puente del ferrocarril, a las afueras de Orio, cuando varios etarras dispararon contra ellos. Una granada de mano alcanzó al primero de los automóviles. Antonio Gómez Ramos fue el primero en morir. Sus compañeros, Jesús Díaz Blanco y Aurelio Navío Navío, intentaron protegerse detrás del coche. El segundo vehículo de la patrulla fue alcanzado por otra granada y sus ocupantes bajaron y se pusieron a salvo. Al oír los tiros, los agentes que acababan de llegar al polvorín bajaron a ayudar. Alcanzaron a dos de los etarras, Carlos Lucio Fernández e Ignacio Gabirondo Agote. Otros tres guardiaciviles, Francisco Villoria Villoria, Ramiro Cerviño Pereiro y Jesús Díaz Blanco, quedaron gravemente heridos.

Juan María Tapia Irujo, Jerónimo Azcue Arrizabalaga e Isidro Etxabe Urrestrilla fueron condenados como encubridores del atentado por dos delitos consumados y nueve frustrados de asesinato a dos penas de 9 años de prisión mayor y nueve penas de 3 años de prisión menor. Además de indemnizar a la viuda de Antonio; a la madre de Aurelio Navío y a tres heridos.

Véase también Aurelio Navío Navío.

Aurelio Navío Navío nació en Tordelloso (Guadalajara) el 20 de julio de 1946 y estaba soltero. Le asesinaron una semana antes de su cumpleaños. Varios miembros de ETA emprendieron una emboscada a la altura del puente del ferrocarril, a las afueras de Orio, atacando a varios agentes. También fue asesinado su compañero Antonio Gómez Ramos. Los restos de Aurelio fueron trasladados a Barcelona, donde recibieron sepultura.

Véase el relato completo del atentado en Antonio Gómez Ramos.

Ramón Ledo Taboada tenía 23 años y era de Chantada (Lugo). Se había casado pocos meses atrás y vivía en Zumárraga. Sólo le faltaba un mes para ser padre de su primer hijo.

El 18 de julio de 1980, Ramón estaba reparando un vehículo en el taller Aitor de Bergara, cuando dos encapuchados armados entraron en el garaje preguntando por él. Ramón se identificó y los terroristas le dispararon hiriéndole gravemente de cinco disparos en la cabeza, la yugular y el pecho. Sus compañeros de trabajo le llevaron urgentemente al centro sanitario de Mondragón, donde falleció minutos después de ser ingresado. Los terroristas eran miembros del comando Besaide y habían preparado el atentado robando un automóvil.

El 18 de septiembre de 1981 los miembros de ETA José Ramón Bidaburu Otaduy, Pedro Juan Guridi Arocena y Félix Bengoa Unzurrunzaga, culpables del asesinato de Ramón, fueron condenados a una pena de 25 años de prisión mayor cada uno. Además, debían indemnizar económicamente a los herederos de la víctima.

Mario González Blasco tenía 51 años y desde hacía 28 trabajaba como soldador en la empresa Agruminsa, de Gallarta (Vizcaya). Natural de La Arboleda, del barrio de San Salvador del Valle, estaba casado y tenía dos hijos. Un año antes de morir se afilió a Comisiones Obreras.

El 2 de agosto de 1980, a las seis de la madrugada, Mario salió de su trabajo en el pozo minero Bodovile y junto a un compañero se trasladó en coche a su domicilio en San Salvador del Valle. El coche fue interceptado por varios encapuchados que ataron a su acompañante y secuestraron a Mario. A las 13 horas, un hombre encontró el cuerpo de Mario. Estaba abandonado a unos 50 metros de donde el 2 de febrero se halló el cadáver de Jesús María Zubicaray, militante de EIA (Partido para la Revolución Vasca) asesinado por el Batallón Vasco Español. Sobre el cuerpo de Mario colocaron un recorte de prensa con una fotografía de Zubicaray. Los terroristas, miembros de ETA político militar, le acusaban de estar relacionado con su muerte.

Los trabajadores de la empresa Agruminsa realizaron un paro de 24 horas por su compañero. El pleno del Ayuntamiento de San Salvador del Valle condenó en sesión extraordinaria el asesinato del trabajador vizcaíno.

Jesús María Echeveste, natural de Irún, tenía 46 años, estaba casado y no tenía hijos. Era ingeniero industrial y estaba trabajando como apoderado en la agencia de aduanas Sucesores de Echeandía, de la que era copropietario, junto a su hermano.

El 28 de agosto de 1980, Jesús salió de su casa hacia el trabajo a las 8.45 horas. Tras una breve parada para comprar un periódico y un paquete de tabaco en el quiosco, se dirigió hacia la calle Berrocarán cuando una persona se acercó y le disparó con una escopeta de cañones recortados. Fue trasladado a la residencia sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián, donde falleció horas más tarde. El agresor y un cómplice se subieron a un coche robado en el que les esperaba un tercer individuo para darse a la fuga.

El mismo día del asesinato, representantes de varios partidos políticos convocaron a todos los iruneses a una manifestación silenciosa tras el funeral de Echeveste.

Benito Morales, de 40 años, estaba casado y tenía tres hijos. La víctima era de Santibáñez el Alto (Cáceres) y trabajaba como taxista en Rentería desde hacía seis años.

Se desconoce cómo se produjo su secuestro y asesinato. Probablemente, igual que en otros casos similares, uno o varios individuos solicitaron sus servicios y le asesinaron durante el trayecto.

A las cuatro de la madrugada del 2 de octubre, una persona que hablaba en nombre de ETA militar dio aviso de que en el interior del maletero de un coche se encontraba el cadáver de Benito, e informó de que el taxi estaba aparcado frente a una tienda de bicicletas de Rentería, en la Nacional I. Los agentes se trasladaron al lugar, encontraron el vehículo y, en el maletero, el cuerpo sin vida de Benito con dos disparos en la cabeza.

Los taxistas de Rentería pararon su actividad en protesta por su compañero asesinado. El 9 de octubre ETA militar asumió la autoría del asesinato, en un comunicado en el que también se responsabilizaba del asesinato de tres miembros de la Guardia Civil y de otros tres policías. La banda justificaba los crímenes como una presión encaminada a “demostrar al Gobierno español que solamente existe una salida de compromiso para evitar el grave conflicto que puede crear el todavía no resuelto proceso autonómico vasco”.

Carlos García Fernández, de 55 años, nacido en Eibar (Guipúzcoa), casado y con cuatro hijos, estaba amenazado por colaborar con la Policía. La segunda vez que incendiaron su coche, Carlos decidió que había llegado el momento de deshacerse de su estanco y demás propiedades y trasladarse con su familia a la localidad riojana de Arnedo.

El 7 de octubre de 1980, mientras Carlos y su esposa ultimaban el traspaso del negocio tabacalero junto a la nueva propietaria, dos terroristas entraron en el inmueble y uno de ellos le disparó varias veces hasta matarle en el acto. Su mujer y la nueva responsable del negocio no pudieron hacer nada para salvarle.

Jesús María Retolaza Loidi fue condenado a 13 años de reclusión menor y Apolinar Bilbao Inzunza a 12 años y un día de prisión menor; además de indemnizar económicamente a los herederos de la víctima.

El teniente coronel Lorenzo Motos Rodríguez, de 61 años, vallisoletano y residente en San Sebastián desde hacía 15 años, tenía esposa y siete hijos. Estaba destinado en el Patronato de Huérfanos del Gobierno Militar de Guipúzcoa cuando fue asesinado el 13 de octubre de 1980.

Motos, que se había alistado voluntario el 18 de julio de 1936, el primer día de la Guerra Civil, participó activamente en la campaña de SidiIfni en los años cincuenta y recibió múltiples condecoraciones por méritos en campaña. Llegó a ser distinguido con la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo.

El 13 de octubre, como cada mañana, Motos se dirigía a su acuartelamiento cuando en un semáforo rojo tres terroristas le ametrallaron. Recibió tres impactos que le hirieron mortalmente. Aunque le llevaron rápidamente al hospital de Aránzazu, no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Ignacio Esteban Erro Zazu fue condenado a una pena de 29 años de prisión mayor como autor del asesinato y al pago de una indemnización económica a los herederos de la víctima.

El donostiarra Juan Manuel García Cordero, de 53 años, casado y con siete hijos, era delegado de Telefónica en Guipúzcoa. ETA consideraba a la empresa un objetivo militar legítimo porque colaboraba con la Policía en las supuestas escuchas telefónicas. La mañana del 23 de octubre de 1980, los Comandos Autónomos Anticapitalistas secuestraron a García y le asesinaron de un tiro en la cabeza en el monte Ulía.

Cuatro días después, la Escuela Superior de Técnicos donde estudiaba uno de sus hijos convocó una manifestación silenciosa de protesta, bajo los lemas “La paz es nuestro objetivo” y “Violencia no.”

Dos años más tarde, su sucesor en el cargo, Enrique Cuesta Jiménez, también fue asesinado junto a su escolta, Antonio Gómez García.

Jaime Arrese Arizmendiarrieta, de 43 años, estaba casado y tenía dos hijos. Había sido alcalde de Elgoibar de 1974 a 1977 y miembro de la Comisión Ejecutiva Provincial de Unión de Centro Democrático (UCD) en Gipuzkoa y trabajaba en la empresa Arriola y Compañía. El mediodía del 23 de octubre de 1980, dos miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas le mataron al entrar en un bar de Elgoibar.

Arrese, Marcelino Oreja, Jaime Mayor Oreja, José Ignacio Ustarán Ramírez y Juan de Dios Doval Mateos eran cinco dirigentes de la UCD vasca que estaban en el punto de mira de ETA. Tres de ellos fueron asesinados. Ustarán, el 23 de septiembre de 1980; Arrese, un mes después y Doval, a la semana de morir éste. En mayo de ese mismo año, ETA había asesinado a Ramón Baglietto Martínez, también militante de UCD. Baglietto, que había estado en Elgoibar comiendo con Arrese horas antes de su propio asesinato, le habló de su temor a sufrir un atentado, ya que dos de sus escoltas, guardias civiles, habían sido asesinados en el municipio.

El día después del asesinato de Jaime Arrese fue declarado jornada de luto y unas de 5.000 personas se manifestaron silenciosamente en Elgoibar.

Juan Carlos Arruti Azpitarte fue condenado a 29 años de prisión mayor y a indemnizar económicamente a los herederos de la víctima. El terrorista no hizo frente a esta condena al declararse insolvente.

Véase también Ramón Baglietto Martínez, Juan de Dios Doval Mateos y José Ignacio Ustarán Ramírez.

Tras el asesinato de Juan Manuel García Cordero, delegado de Telefónica, los Comandos Autónomos Anticapitalistas amenazaron de muerte a todas las personas vinculadas con la compañía. Fue el caso de Juan Carlos Fernández Azpiazu, de 31 años, casado y con dos hijos. Juan Carlos era relaciones públicas de Telefónica y copropietario de un bar en San Sebastián, en el que fue tiroteado mientras hablaba con uno de sus socios. ETA le acusaba de traficar con drogas y de estar involucrado en las escuchas telefónicas ilegales.

Véase también Juan Manuel García Cordero.

Juan de Dios Doval Mateos, madrileño de 37 años, casado y con dos hijos, era doctor en Derecho y profesor adjunto de Derecho Procesal en la Facultad de San Sebastián, y dirigía, además, la gestoría de su hermano. Miembro del Comité Ejecutivo de Guipúzcoa de UCD, en el que había entrado un año antes, había ocupoado el segundo puesto de la candidatura en esa provincia en las anteriores elecciones. ETA político militar lo mató el 31 de octubre de 1980, apenas una semana después de asesinar a Jaime Arrese Arizmendiarrieta.

Juan de Dios salió de su casa y, al entrar en su coche para dirigirse al trabajo, dos terroristas le dispararon tres veces. Los asesinos huyeron en un coche robado en el que les esperaba otro etarra.

El sacerdote jesuita Antonio Beristain, compañero de Doval en la universidad, contó en Gaceta Universitaria que Doval, la víspera de su muerte, le dijo a su secretaria: “Reza por mí”. Ella le recomendó que abandonara, pero replicó: “No quiero que mis hijos piensen que soy un cobarde.” El día posterior a su asesinato se paró la actividad de la Facultad de Derecho y unos 300 alumnos y profesores se manifestaron de forma silenciosa desde la facultad hasta la Diputación Foral de Guipúzcoa.

Véase también Jaime Arrese Arizmendiarrieta.

José María Pérez López de Orueta, bilbaíno de 30 años, soltero y residente en San Sebastián, era abogado criminalista. Fue asesinado por ETA el 31 de octubre de 1980. Tras secuestrarle en casa de sus padres, los etarras le mataron y abandonaron su cadáver en la carretera que va de Hernani a Goizueta. La organización terrorista le acusaba de ser narcotraficante y de defender a drogadictos en casos relacionados con el consumo y el tráfico de drogas.

José Antonio Esnaola Lasa y Nicolás Francisco Rodríguez fueron condenados a 26 años, 8 meses y un día de prisión mayor, además de indemnizar a los herederos de José María.

Julio César Castillejos Pérez, guardia civil de 22 años, asturiano nacido en Villaviciosa y soltero, falleció en el atentado contra del bar Aizea, en Zarautz, el 3 de noviembre de 1980. El local, frecuentado por miembros de la Benemérita, fue asaltado por tres terroristas que entraron por la puerta trasera y mataron a cuatro guardiaciviles. Dos eran cabos primeros, Ángel Retamar Nogales. y Arturo López Hernández, y los otros dos, Modesto García Lorenzo y Julio César Castillejos Pérez, agentes. Un quinto guardia civil, Nicolás Martín Maestro, fue gravemente herido. También murió en este atentado el peluquero Miguel Lasa Arruabarrena y otras cuatro personas resultaron heridas.

Al día siguiente, 2.500 vecinos de Zarautz se manifestaron contra el atentado y se declaró un día de luto y protesta con el cierre de bares y establecimientos comerciales.

José Javier Zabaleta Elosegui, como autor del atentado, fue sentenciado a 30 años de prisión mayor por cada víctima mortal y otros 10 por cada uno de los cinco asesinatos frustrados. Juan María Tapia Irujo fue condenado a más de 50 años de prisión. Ambos fueron igualmente condenados a indemnizar a los herederos de cada uno de los fallecidos y a los heridos.

Véase también Modesto García Lorenzo, Miguel Lasa Arruabarrena, Arturo López Hernández y Ángel Retamar Nogales.

El guardia civil Modesto García Lorenzo, nacido en la zamorana Ribadelago, de 23 años y soltero, falleció en el atentado del bar Aizea, en Zarautz, en el que cinco personas fueron asesinadas a tiros por ETA el 3 de noviembre de 1980.

Relato completo del atentado en Julio César Castillejos Pérez.

Véase también Miguel Lasa Arruabarrena, Arturo López Hernández y Ángel Retamar Nogales.

Miguel Lasa Arruabarrena, peluquero de 49 años, natural de Zarautz y soltero, murió en el atentado del bar Aizea, en Zarautz, en el que cinco personas fueron asesinadas a tiros por ETA el 3 de noviembre de 1980. Miguel, miembro de una familia vinculada al Partido Nacionalista Vasco (PNV), fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando salía de los aseos del local.

Relato completo del atentado en Julio César Castillejos Pérez.

Véase también Modesto García Lorenzo, Arturo López Hernándezy Ángel Retamar Nogales.

Arturo López Fernández, cabo de la guardia civil de 37 años, soltero y natural de La Zubia, en Granada, falleció en el atentado contra el bar Aizea, en Zarautz, en el que cinco personas fueron asesinadas a tiros por ETA el 3 de noviembre de 1980.

Relato completo del atentado en Julio César Castillejos Pérez.

Véase también Modesto García Lorenzo, Miguel Lasa Arruabarrena y Ángel Retamar Nogales.

Ángel Retamar Nogales, cabo primero de la guardia civil de 26 años, nacido en Palomas, Badajoz, casado y con dos hijos, murió en el atentado contra del bar Aizea, en Zarautz, en el que cinco personas fueron asesinadas a tiros por ETA el 3 de noviembre de 1980.

Relato completo del atentado en Julio César Castillejos Pérez.

Véase también Modesto García Lorenzo, Miguel Lasa Arruabarrena y Arturo López Hernández.

José Alberto Lisalde Ramos, policía nacido en órgiva, Granada, de 27 años, casado y con dos hijos, fue asesinado junto a su amigo Sotero Mazo Figueroa,el 6 de noviembre de 1980.

El objetivo de los terroristas aquel día era matar a varios policías que estaban en el cine Coliseo de Eibar, pero al perderles la pista, cambiaron de planes al ver el coche de la Policía Nacional en el que circulaban Lisalde y Mazo. Los etarras les tirotearon cuando salían del domicilio familiar del primero. Lisalde falleció en el acto, mientras que Sotero murió poco después.

Al día siguiente, 1.500 personas se manifestaron en protesta por el atentado.

Fidel González García y Francisco Fernando Martín Robles, autores del crimen, fueron condenados a penas que sumaban 47 años de prisión, mientras que Pedro José Picabea Ugalde fue condenado a 27 años de prisión mayor por cada uno de los asesinatos. Los tres fueron sentenciados también a indemnizar a los herederos legales de cada una de las víctimas.

Véase también Sotero Mazo Figueroa.

Sotero Mazo Figueroa, de 35 años, natural de la cacereña Garganta, casado y con dos hijos, regentaba una peluquería de caballeros muy frecuentada en Eibar, donde llevaba viviendo muchos años. ETA militar le mató a tiros junto a su amigo, Alberto Lisalde Ramos.el 6 de noviembre de 1980, acusándole de ser “miembro de la red de confidentes en Eibar”.

Véase el relato completo del atentado en Alberto Lisalde Ramos.

Miguel Zunzunegui Arratibel, guipuzcoano de Ataun, fue asesinado por dos terroristas ocho días antes de cumplir 56 años. El 12 de noviembre de 1980 alrededor de las 20 horas, cuando se encontraba junto a su hermana en el garaje de su casa tras regresar de un viaje, fue tiroteado por dos individuos encapuchados y recibió dos balazos, uno en la clavícula y otro en la cabeza.

Pese a que la familia de Miguel Zunzunegui desmintió haber recibido amenazas de ETA militar o de cualquier otra organización terrorista, su coche había aparecido con el impacto de dos balas meses antes del asesinato, hecho que el propio Zunzunegui interpretó como una gamberrada.

El guardia civil Juan García León nació en Málaga y tenía 21 años. Entró en la Guardia Civil a los 18 y fue destinado a Las Palmas. Al poco tiempo solicitó el traslado voluntario al País Vasco para estar más cerca de su familia. Poco antes de ser asesinado había solicitado un nuevo destino en Santa Cruz de Tenerife.

El 17 de noviembre de 1980 a las 6:00 horas, Juan salió de la fábrica de armas Star, en Eibar, donde había prestado servicio de protección. Conducía uno de los tres Land Rover de la Guardia Civil que circulaban por la carretera con otros siete agentes. A la salida, un comando de ETA formado por cinco terroristas ametralló el convoy. Juan fue alcanzado por ocho disparos y trasladado a la casa de socorro de Eibar, donde falleció a los pocos minutos. Otros dos agentes, Gregorio González Roldán y Juan Baños López fueron ingresados en la residencia sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián. El Ayuntamiento de Eibar acordó suspender la actividad municipal durante 24 horas.

Los etarras Fermín Ancizar Tellechea, Ángel María Recalde Goicoechea y Francisco Martín Robles fueron hallados culpables como autores del atentado y condenados a 27 años de reclusión mayor y a dos penas de 13 años de prisión menor por el atentado a Gregorio González y Juan Baños. Jesús María Retolaza Loidi fue sentenciado como cómplice a 7 años de prisión mayor y José Antonio Arluciaga Iribar fue condenado a 13 años de prisión menor por dar cobijo y transporte a los terroristas.

Años después, Pedro José Picabea Ugalde fue condenado a 27 años de reclusión mayor por el asesinato de Juan García y a dos penas de 18 años de reclusión menor por las lesiones a los otros dos agentes. Las condenas incluían indemnizaciones económicas a los afectados.

Aurelio Prieto, de 23 años, era natural de Llerena (Badajoz), estaba casado y tenía una hija de 4 meses. Estudió en el colegio de guardias jóvenes y entró en el Cuerpo de la Guardia Civil en septiembre de 1974. En el momento del atentado trabajaba en la Comandancia de San Sebastián.

El 21 de noviembre de 1980 sobre las 12:30 horas, los guardias civiles José Blasco, Eduardo Izquierdo y Aurelio Prieto Prieto llegaron vestidos de paisano a la zona de la ermita de la Virgen de Izaskun, en Tolosa. Mientras el conductor, José Blasco, buscaba sitio para aparcar, los dos agentes se dirigieron a las inmediaciones de un bar cercano a la ermita para identificar a dos individuos.

Aurelio Prieto se acercó para pedirles la documentación pero uno de ellos sacó una pistola y les disparó. Como consecuencia de los disparos, Aurelio cayó al suelo y uno de los terroristas le remató. Eduardo Izquierdo, que ya había sido víctima de otro atentado en Logroño hacía cinco meses, recibió un tiro en el brazo derecho y rodó por el suelo para no ser alcanzado. Presenció cómo remataban a su compañero sin poder sacar su arma.

El tercer agente, José Blasco, quiso ayudar a sus compañeros y llegó a sacar su arma pero se le encasquilló varias veces. Eduardo, que se encontraba herido, vio como uno de los agresores se acercaba a él, pero con la mano izquierda consiguió disparar a los terroristas que se dieron a la fuga.

Aurelio Prieto murió de dos disparos, uno en el hombro derecho y otro en la cabeza. Los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) asumieron la autoría del asesinato tres días después. Eugenio Barrutiabengoa, que vivió en Venezuela desde finales de los ochenta, fue uno de los presuntos autores del atentado.

Miguel Garciarena Baraibar, de 63 años, había nacido en Ezcurra (Navarra). Estaba casado y tenía un hijo. Era el jefe de la Policía Municipal de San Sebastián y teniente coronel del Ejército en situación de reserva. En su carrera militar pasó de teniente de la Policía Armada en Irún (1954-1957) a capitán en San Sebastián hasta 1968. Fue ascendido a comandante y trasladado a La Coruña durante diez años. Con 61 años entró en la Policía Municipal de San Sebastián como máximo responsable y recibió numerosas amenazas de muerte.

El 27 de noviembre de 1980, Miguel salió de su domicilio y subió en el vehículo oficial donde le esperaba su chófer, José Antonio Díaz Montoya, para dirigirse hasta su despacho en la Jefatura de la Policía Municipal de San Sebastián. Durante el trayecto se detuvieron en el cruce de las calles Urdaneta con Easo. En ese momento dos individuos dispararon a Miguel en la cabeza, el cuello y el abdomen. El chófer resultó herido en el brazo, pero pudo llevar a Miguel hasta la casa de socorro donde los médicos certificaron su muerte.

Los etarras José Antonio Esnaola Lasa y Nicolás Francisco Rodríguez fueron condenados a 29 años de reclusión mayor y al pago de las indemnizaciones correspondientes a los herederos legales del Miguel Garciarena y José Antonio Díaz.

Ignacio Lasa de Rezola tenía 38 años, estaba soltero y era propietario del bar Lasa, en Azpeitia (Gipuzkoa).

La noche del 6 de diciembre de 1980, dos miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas entraron en su bar. Ignacio estaba acompañado de una tía y no había ningún cliente. Los terroristas obligaron a la tía a pasar a una habitación y comenzaron a hacer preguntas a la víctima. Después de arrancar los cables del teléfono le dispararon en la cabeza y huyeron en un coche robado.

El terrorista Juan Carlos Arruti Azpitarte fue condenado a 29 años de prisión mayor y a una indemnización a los herederos de Ignacio.

Javier Moreno, de 27 años, era natural de Puentes de García Rodríguez (La Coruña) y llevaba un año y medio destinado en la comisaría de Policía de Eibar.

El 11 de diciembre de 1980, poco después de las 20:00h, el inspector Moreno acudió al bar Bikini donde había quedado con su novia y se sentó en un taburete junto a la barra. Un miembro de ETA que se encontraba en el establecimiento se lo encontró casualmente y fue a avisar a otros dos miembros de la banda terrorista para comunicarles la localización del inspector.

Mientras uno de los etarras esperaba fuera del bar en un coche, los otros dos entraron en el local. Uno de ellos se acercó por la espalda a José Javier Moreno y le disparó en la cabeza provocándole la muerte en el acto. Los terroristas se metieron en el coche que les esperaba fuera del bar y se dieron a la fuga. ETA militar se responsabilizó del atentado dos días después, a través de una llamada al periódico Deia.

Fidel González García, Ángel María Recalde Goicoechea y Fermín Ancizar Tellechea fueron condenados como autores de este atentado, a 28 años de reclusión mayor y al pago de una indemnización a los herederos de Javier Moreno.

Antonio Díaz García tenía 30 años, era de San Sebastián y estaba casado. Era propietario del bar La Gramola de Rentería.

El 5 de enero de 1981, sobre las 3.00 de la madrugada, Antonio salió del bar y se dirigió a su casa situada en la avenida de Navarra. Abrió la puerta del portal y subió las escaleras, pero fue sorprendido por varios asaltantes que le estaban esperando. La víctima recibió dos disparos en la cabeza que le provocaron la muerte en el acto. A las 6.00 de la madrugada, uno de los vecinos encontró su cuerpo sin vida tendido en el suelo.

ETA militar asumió la autoría del crimen. Sin embargo, los Comandos Autónomos Anticapitalistas se atribuyeron la acción terrorista el mismo día del atentado, un hecho que fue desmentido por ETA, que ofreció datos sobre la identidad del vecino de Oiartzun, al que los etarras robaron el coche empleado en la huida. ETA justificó el asesinato acusando a la víctima de estar relacionada con el tráfico de drogas.

Leopoldo García Martín, policía jubilado de 63 años estaba casado y tenía una hija. Era natural de Marbella (Málaga), aunque llevaba 38 años viviendo en San Sebastián, desde que fuera destinado al cuartel de la Policía Armada de la capital donostiarra en 1943. Se retiró de la Policía en 1974 y llegó a ser subteniente.

El 17 de enero de 1981, sobre las 15:00 horas, Leopoldo caminaba por el alto de Miracruz cuando varios individuos se acercaron y le dispararon en la cabeza. Los impactos le hicieron caer al suelo, donde le remataron. Los terroristas llevaban un mes vigilando a su víctima para planificar la forma de asesinarle.

ETA militar asumió la autoría del atentado. Juan María Anza Ortúñez y María Itziar Galardi Sagardia fueron condenados a penas de 26 años, 8 meses y 1 día de reclusión mayor y a la indemnización económica correspondiente a los herederos de la víctima.

Juan Costa Otamendi, de 34 años, estaba casado y su esposa a punto de dar a luz. Los medios de comunicación le describieron como una persona de ideología abertzale y especularon con que la organización terrorista le relacionaba con el consumo de drogas.

El 27 de marzo de 1981, Juan y una amiga salieron de un bar en Tolosa cuando dos etarras les obligaron a meterse en el coche del propio Costa y les condujeron cerca de Alegría de Oria. Detuvieron el vehículo y ordenaron a la mujer que se metiera en el maletero. A Juan Costa le ataron las manos y le llevaron hasta un lugar más apartado, donde le dispararon en la cabeza, provocándole la muerte en el acto. La mujer fue liberada por la Policía tres horas después.

Los miembros de ETA, José Luis Martín Elustondo, Joaquín Zubillaga Artola e Ignacio Goicoechea Arandio, fueron condenados como autores de este asesinato.

Oswaldo José Rodríguez iba a cumplir 60 años y era natural de Rairiz (Lugo). Estaba viudo y tenía tres hijos. Retirado del Ejército con el grado de teniente desde hacía casi seis años, aún realizaba tareas administrativas en la delegación del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).

El 14 de abril de 1981, como cada mañana, Rodríguez se dirigía desde su casa al trabajo en la calle Urbieta, en el centro de San Sebastián. Entró en el edificio y subió a pie el primer piso. En las escaleras le esperaban varios miembros de ETA, que le dispararon causándole la muerte en el acto.

El miembro del Comando Donosti, Jesús María Zabarte Arregui, fue condenado a 29 años de reclusión mayor como culpable del asesinato. Ignacio Erro Zazu, a 29 años de reclusión mayor y Juan José Iradi Lizarazu, como cómplice del atentado, a 18 años de prisión menor. Además, Zabarte y Erro debían pagar una indemnización económica a la que respondería de forma subsidiaria Juan José Iradi Lizarazu en caso de no ser satisfecha por los dos primeros.

José María Latiegui Balmaseda, de 40 años, era el director de la empresa Moulinex de Usurbil, estaba casado y tenía dos hijos de 14 y 9 años.

El 14 de abril de 1981, una vez concluida su jornada laboral de mañana, regresaba a su casa, en San Sebastián, con un compañero de trabajo. Iban camino del coche cuando una persona se le acercó y le disparó en la sien. Fue trasladado a Nuestra Señora de Aránzazu donde ingresó sin vida.

Los miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, Joaquín Zubeldia Gorostidi y María Aránzazu Carrera Carrera fueron condenados como cómplices a 12 años y 1 día de reclusión mayor. Además, fueron sentenciados, junto a los autores del asesinato, al pago subsidiario de una indemnización económica.

Esteban Álvarez Merayo, cabo primero de la Policía Nacional de 33 años, leonés de Albares de la Sierra, fue asesinado el 5 de junio de 1981. Enviado temporalmente para reforzar las dotaciones de Gipuzkoa desde la Compañía de la Reserva General con base en La Coruña, Álvarez murió víctima de una bomba colocada en el itinerario que su convoy de la Policía Nacional realizaba hasta el acuartelamiento de Loyola, tras un operativo de seguridad en San Sebastián y otras localidades de la provincia. Los agentes, Julio Salgado Mendoza, José María Villar Iglesias, Fermín López Espino y Vicente Cachuza Basante resultaron heridos.

María José García Sánchez, de 23 años y soltera, fue la primera agente de policía asesinada en un atentado terrorista, durante un operativo antiterrorista en Zarautz. Hija de un guardia civil, pertenecía a la primera promoción de mujeres inspectoras del Cuerpo Superior de Policía. Tras asistir a la Academia fue destinada a la Brigada de Estupefacientes de Sevilla y, posteriormente, a la Brigada Central de Información. En sus dos años de servicio activo había acumulado diez menciones oficiales por su trabajo. Aquel 16 de junio de 1981, mientras María José y su grupo se disponían a registrar una vivienda sita en una urbanización de Zarautz en la que supuestamente se escondían miembros del Comando Goierri, fue asesinada de un tiro en la cabeza por terroristas que huían del lugar por las escaleras del edificio.

Juan María Tapia Irujo fue condenado el 15 de abril de 1988 a una pena de 7 años de prisión mayor por ocultar a los asesinos de la inspectora, además de tener que indemnizar a sus herederos.

El coronel de infantería Luis de la Parra Urbaneja, palentino de 63 años, casado y con dos hijos, fue asesinado a la salida de su oficina en los Cines Bidasoa por dos disparos efectuados por miembros del Comando Donosti el 22 de junio de 1981. Pese a ingresar con vida en la residencia Nuestra Señora de Aránzazu, murió dos días después, tras un coma irreversible.

De la Parra, que ingresó en el ejército en 1936 y perdió el brazo izquierdo en acción de guerra dos años después, ya como alférez provisional, pertenecía al Cuerpo de Mutilados con el grado de coronel de Infantería, y llevaba más de dos décadas trabajando como administrador contable de los Cines Bidasoa.

En octubre de 1985, Jesús María Zabarte Arregui fue condenado a 28 años de reclusión mayor. Cuatro años más tarde, Ignacio Erro Zazu recibió una pena de 32 años de reclusión mayor, y Luis María Lizarralde Izaguirre 28 años de prisión. Los tres terroristas fueron condenados a indemnizar a los herederos de la víctima.

Ignacio Ibarguchi Erostarbe, de 26 años, natural de Miravalles, Vizcaya, hijo de un importante txistulari, era miembro del PNV y dirigente comarcal de EGI, su organización juvenil. Junto a sus amigos los hermanos Juan Manuel Martínez Castaños y Pedro Conrado Martínez Castaños, también vizcaínos, trabajaban en Gipuzkoa como vendedores a domicilio de libros, discos y material para el aprendizaje del euskera.

El 24 de junio de 1981, tras comer en un restaurante de Tolosa, fueron ametrallados por dos miembros del Comando Goierri que les confundieron con agentes de Policía. Ignacio y Juan Manuel murieron en el acto, mientras que Pedro, herido de gravedad, permaneció en el hospital de Aránzazu de San Sebastián, donde murió nueve meses después.

ETA militar ni reconoció su error ni la autoría del atentado, y la atribuyó a asesinos a sueldo.

Juan Antonio Rezola San Vicente, policía municipal de Tolosa, fue condenado a tres penas de 18 años de reclusión mayor como cómplice del atentado por alojar a los terroristas, y a indemnizar económicamente a los herederos legales de las víctimas.

Véase también Juan Manuel Martínez Castaños y Pedro Conrado Martínez Castaños.

Juan Manuel Martínez Castaños, de 26 años, vizcaíno natural de Durango, casado y con dos hijos, murió en el atentado perpetrado por el Comando Goierri en Tolosa, el 24 de junio de 1981. En el mismo atentado murieron su hermano, Pedro Conrado Martínez Castaños, y su amigo, Ignacio Ibarguchi Erostarbe.

Relato completo del atentado en Ignacio Ibarguchi Erostarbe.

Véase también Pedro Conrado Martínez Castaños.

Pedro Conrado Martínez Castaños, de 30 años, casado y con un hijo y militante del Partido Comunista de Euskadi (PCE-EPK), murió a consecuencia de las graves heridas que sufrió en el atentado realizado por el Comando Goierri en Tolosa, el 24 de junio de 1981. También perdieron la vida su hermano Pedro Conrado Martínez Castaños y su amigo Ignacio Ibarguchi Erostarbe. Pedro permaneció nueve meses en el hospital de Aránzazu de San Sebastián, donde falleció el 28 de marzo de 1982.

Relato completo del atentado en Ignacio Ibarguchi Erostarbe

Véase también Juan Manuel Martínez Castaños.

Antonio Murillo Chacón, de 25 años y soltero, pacense nacido en Puebla Reina, fue asesinado por el Grupo Autónomo de Autodefensa de Euskadi (GAAE) el 26 de junio de 1981.

Antonio, que estaba celebrando con sus amigos las fiestas patronales de Hernani, murió en la ambulancia que le trasladaba al hospital de San Sebastián, por el disparo en la cabeza que recibió cuando entraba al portal de su casa pasadas las 4.30 de la madrugada. Según el Diario de Navarra, la víctima había sido detenida dos años antes por tenencia de drogas.

Luis Miranda Blanco, guardia civil sevillano de 28 años, casado y con dos hijos, iba a ser padre de nuevo cuando miembros del Comando Donosti le mataron, hiriendo de gravedad a su compañero, el agente José Paradero Garrote, tras disparar al vehículo oficial en el que viajaban por la Nacional I, el 6 de julio de 1981.

Jesús María Zabarte Arregui, Ignacio Esteban Erro Zazu y Luis María Lizarralde Izaguirre fueron condenados a 29 años de reclusión mayor por el asesinato de Miranda, y a 16 años de reclusión menor por el asesinato frustrado de Paradero. Además tuvieron que indemnizar a los herederos del primero y al segundo por las secuelas sufridas.

El lucense Benjamín Fernández Fernández, guardia civil retirado de 61 años, casado y con una hija, trabajaba de conserje en la Delegación de Educación de San Sebastián. El 16 de febrero de 1982 fue asesinado por miembros del Comando Donosti, que le dispararon a quemarropa mientras daba su acostumbrado paseo del mediodía en compañía de tres amigos. Eduardo Pablos Villanova fue herido en un tobillo.

Jesús María Zabarte Arregui fue condenado a 26 años y 8 meses de reclusión mayor y Juan José Iradi Lizarazu, como cooperador necesario, a 29 años de reclusión mayor, así como a indemnizar a los herederos de la víctima.

El guardia civil José Fragoso Martí, marroquí de 35 años, casado, con cuatro hijos y destinado en el guipuzkoano Servicio Fiscal del puerto de Pasajes, fue asesinado en su coche por el Comando Donosti el 16 de febrero de 1982.

Modesto Martín Sánchez, guardia civil de 38 años, era natural de la localidad cacereña de Pinofranqueado. Estaba casado, tenía dos hijos y su mujer estaba embarazada de siete meses cuando fue asesinado por ETA el 15 de marzo de 1982. Destinado en el Servicio Fiscal del puerto de Pasajes, aunque vivía en Rentería, Modesto solía llevar por las tardes a su hijo al colegio cuando su trabajo se lo permitía. El día de su asesinato, poco después de las 15:00 horas, subió a su coche, con su hijo y esposa cuando tres etarras, uno de ellos armado con una metralleta, se colocaron delante del vehículo y dispararon al guardia civil. Ingresó cadáver en el hospital militar de San Sebastián con heridas en el corazón, la boca y el pecho. Una semana después, ETA militar se responsabilizó de la autoría del asesinato a través del diario Egin.

Enrique Cuesta Jiménez, de 53 años y delegado de Telefónica en Gipuzkoa desde hacía dos años, fue asesinado a balazos junto a su escolta, Antonio Gómez García, por dos terroristas de los Comandos Autónomos Anticapitalistas el 26 de marzo de 1982, cuando ambos se dirigían a pie a las oficinas de la sede de la compañía en San Sebastián.

Alrededor de 500 empleados de Telefónica de Gipuzkoa se manifestaron tres días después en el barrio donostiarra de Amara.

Ramón Agra Alonso fue condenado como autor del atentado y murió en septiembre de 1990, durante un permiso penitenciario. El otro etarra implicado, Juan Antonio Zurutuza Sarasola, alias Capullo, fue detenido por la Policía francesa y extraditado a España.

Véase también Antonio Gómez García.

El policía nacional Antonio Gómez García, de 24 años, gaditano de Bornos, casado y con un hijo, era escolta de Enrique Cuesta Jiménez, delegado de Telefónica en Gipuzkoa. Ambos fueron asesinados el 26 de marzo de 1982 por dos miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Justificaron el crimen por las supuestas escuchas telefónicas con las que la compañía colaboraba con la Policía. Antonio entró en coma y murió cinco días después.

Cabe destacar que, durante el transcurso del 23-F, Antonio, entonces escolta del secretario general del Partido Socialista en Euskadi (PSE-PSOE), Txiki Benegas, se negó a entregar su arma en un primer control, aunque más tarde le quitaron la pistola y le encerraron junto a otros escoltas.

Véase el relato completo del atentado en Enrique Cuesta Jiménez.

Ramiro Carasa Pérez, médico de 38 años, era natural de la localidad cántabra de Liendo y tenía novia en San Sebastián. Tras años de estudios y oposiciones había alcanzado el puesto de jefe del Servicio de Traumatología de la residencia sanitaria de San Sebastián. La mañana del 30 de marzo de 1982, tras acabar su turno, fue secuestrado por miembros del Comando Donosti en el aparcamiento del hospital y le condujeron a un lugar despoblado cerca de la localidad de Urnieta. Allí le ataron las manos a la espalda, le interrogaron durante horas y, finalmente, le dispararon varias veces hasta matarlo. Más tarde los terroristas abandonaron el coche de la víctima en Lasarte. Sobre las 20:30 horas, ETA informó al diario Egin sobre el paradero del cadáver, que fue encontrado por la Policía con signos de tortura.

Jesús María Zabarte Arregui fue condenado como autor del atentado a 29 años de reclusión mayor y Juan José Iradi Lizarazu, como cómplice, a 19 años de prisión menor por haber facilitado la información necesaria para el asesinato de Ramiro. Además tuvieron que indemnizar económicamente a los herederos de la víctima.

Antonio Pablo Fernández, guardia civil pacense de 29 años, casado y con dos hijos, estaba temporalmente destinado en el País Vasco reforzando los operativos antiterroristas. El 2 de mayo de 1982, mientras realizaba el servicio de vigilancia en la puerta del cuartel de Ondarroa, fue asesinado por un miembro del comando Gorrochategui que le disparó tres balas en el hombro, el brazo derecho y la región abdominal. Pese a que ingresó en el hospital de Cruces, en Barakaldo, falleció una hora después.

En 1994, Villa del Rey, su localidad natal, y Santa Marta, de donde era su viuda y donde fue enterrado, le dedicaron una calle.

José Ramón Larrinaga Celaya fue condenado a 12 años de prisión mayor y al pago de una indemnización por esconder la pistola utilizada por los autores del crimen.

Antonio Huegun Aguirre, taxista guipuzcoano de 43 años, casado y con dos hijos, fue asesinado el 14 de mayo de 1982. Su cuerpo apareció en unos matorrales de Arrate con cinco impactos de bala en la espalda. Horas antes había llamado a su domicilio para comunicar que realizaba un servicio en Eibar, donde más tarde fue localizado su coche.

Los taxistas de San Sebastián convocaron una huelga de dos días.

El guardia civil José Luis Fernández Perna, de 26 años y natural de la coruñesa localidad de Pontes de García Rodríguez, estaba casado y con dos hijos. Destinado en la Comandancia de Pontevedra, había sido trasladado temporalmente al País Vasco como miembro de un operativo de refuerzo.

El 13 de junio de 1982 murió al recibir una bala en la cabeza mientras realizaba el servicio de vigilancia de la caseta de control en la entrada al puerto de Pasajes. Dos miembros del comando Sega le dispararon desde un taxi robado en el Alto de Capuchinos, una loma cercana, y dejaron el rifle y varios proyectiles en el suelo para que las fuerzas de seguridad los encontraran.

José Javier Beloqui Cortajarena, como autor material del asesinato, y José Aparicio Sagastume, conductor del coche que utilizado en el atentado, fueron condenados a 29 años de reclusión mayor.

Antonio Cedillo Toscano, policía nacional sevillano de 29 años, casado y con un hijo, murió asesinado por el comando Donosti. El 14 de septiembre de 1982 dos coches patrulla de la Policía Nacional, uno con distintivos oficiales y el otro camuflado, fueron emboscados en una curva cerrada de Rentería por cinco terroristas que les dispararon desde un terraplén. Dos de los agentes, Jesús Ordóñez Pérez y Juan Seronero Sacristán murieron en el acto al ser alcanzados de lleno por las balas. Los otros tres, Alfonso López Fernández, Antonio Cedillo Toscano y Juan José Torrente Terón, fueron heridos.

Cedillo, malherido, pudo salir de su vehículo y disparar a los etarras, que se dieron a la fuga. Tras caminar unos quinientos metros cayó al suelo medio inconsciente hasta que el conductor de una furgoneta le socorrió y decidió llevarlo a un centro sanitario. Pero los terroristas interceptaron el vehículo, que pararon a golpe de metralleta y, tras toparse con el agente herido, lo remataron de un tiro en la nuca.

Julián Carmona, compañero de los cuatro agentes asesinados, se suicidó un día después del atentado. Las circunstancias de su fallecimiento hicieron pensar que estaba relacionado con la muerte de sus compañeros, aunque no pudo probarse nada.

Jesús María Zabarte Arregui fue condenado a cuatro condenas de 20 años por asesinato y a 12 más por otro delito de asesinato en grado de tentativa. Fue el único condenado por este atentado sin ser autor material del mismo. Además, tuvo que indemnizar económicamente a los herederos de los fallecidos.

Véase también Alfonso López Fernández, Jesús Ordóñez Pérez y Juan Seronero Sacristán.

El policía nacional Alfonso López Fernández, argentino de nacimiento de 30 años, casado y con una hija, fue asesinado en el atentado de Rentería del 14 de septiembre de 1982 en el que también fallecieron sus compañeros Antonio Cedillo Toscano, Jesús Ordóñez Pérez y Juan Seronero Sacristán, cuando los coches en los que viajaban fueron emboscados por el comando Donosti. Fue enterrado en Mataró (Barcelona).

Véase el relato completo del atentado en Antonio Cedillo Toscano.

Véase tambiénJesús Ordóñez Pérez y Juan Seronero Sacristán.

Jesús Ordóñez Pérez, policía nacional jiennense de 25 años y casado, fue asesinado en el atentado de Rentería del 14 de septiembre de 1982 en el que también fallecieron sus compañeros Antonio Cedillo Toscano, Alfonso López Fernández y Juan Seronero Sacristán, cuando los coches en los que viajaban fueron emboscados por el comando Donosti. Fue enterrado en su Jaén natal.

Véase el relato completo del atentado en Antonio Cedillo Toscano.

Véase también Alfonso López Fernández y Juan Seronero Sacristán.

El policía Juan Seronero Sacristán, de 35 años, natural de Gijón, casado y con una hija, fue asesinado en el atentado de Rentería del 14 de septiembre de 1982 en el que también fallecieron sus compañeros Antonio Cedillo Toscano, Alfonso López Fernández y Jesús Ordóñez Pérez. Su funeral y entierro tuvieron lugar en Gijón, su ciudad natal.

Véase el relato completo del atentado en Antonio Cedillo Toscano.

Véase también Alfonso López Fernández y Jesús Ordóñez Pérez.

El capitán de la Guardia Civil retirado, José Jiménez Mayoral, de 67 años, natural de la tarragonina Montblanc, casado y con tres hijos, había sido jefe de la Benemérita en Irún. Trabajaba en la oficina irundarra de Behobia que expedía la Carta Verde, un seguro internacional obligatorio para todos los vehículos que cruzaran la frontera en Irún. El 9 de octubre, tras salir de su trabajo poco antes de las 19:00 horas, fue asesinado en una parada de autobús por dos terroristas que le dispararon por la espalda en la cabeza y la tráquea.

Jesús María Zabarte Arregui, miembro del Comando Donosti, fue condenado por el asesinato de Jiménez a una pena de 29 años de prisión mayor, así como a indemnizar económicamente a los herederos de la víctima.

Los pintores Carlos Manuel Patiño Casanova y dos compañeros de trabajo, Esteban Fariña González y Francisco Rosco Herrauzo, fueron acribillados mientras circulaban en coche por una calle de Rentería por miembros del comando Donosti el 18 de noviembre de 1982. Al parecer fueron confundidos con miembros de la Guardia Civil. Pese a que los tres fueron heridos, Patiño, de 28 años, natural de La Coruña, casado y con hijos, falleció por las lesiones sufridas cinco días después.

Jesús María Zabarte Arregui fue condenado a 27 años por el asesinato de Patiño y a 18 años más por cada uno de los asesinatos frustrados. Además tuvo que indemnizar a los herederos del fallecido así como a Esteban y Francisco.

Juan Ramón Joya, guardia civil melillense de 26 años, casado y con dos hijos, murió ametrallado en el coche de su compañero, Francisco Vázquez Bolaños, cuando se encontraban parados en un semáforo el 12 de diciembre de 1982. Francisco, pese a que sobrevivió, no pudo seguir desempeñando su profesión por las lesiones sufridas.

Juan Antonio Rezola San Vicente fue condenado a 18 años y 1 día de reclusión menor por complicidad en el atentado. La sentencia también le obligaba a indemnizar a los herederos de Juan Ramón y a Francisco.

Juan García Mencía, guardía civil leonés de 48 años, casado y con dos hijos, murió asesinado en la estación de Irún junto a su compañero Manuel López Fernández el 29 de diciembre de 1982. Dos terroristas les dispararon mientras realizaban una inspección en un tren de mercancías que partía hacia Hendaya. Juan recibió tres disparos en la cabeza que le mataron en el acto y Manuel tres impactos en el pecho. Los terroristas se mezclaron con la gente de la estación y huyeron en un vehículo robado.

Véase también Manuel López Fernández.

Manuel López Fernández, guardia civil malagueño de 22 años y soltero, fue asesinado junto a su compañero Juan García Mencía en el atentado de la estación de Irún del 29 de diciembre de 1982. Manuel, que presentaba tres disparos en el pecho, fue trasladado a la residencia sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián donde falleció al poco de ingresar.

Véase el relato completo del atentado en Juan García Mencía.

El guardia civil alicantino Miguel Mateo Pastor, de 24 años y soltero, murió en el atentado del Comando Goierri contra dos vehículos de la Unidad Antiterrorista Rural (UAR) de la Benemérita, que circulaban por una carretera nacional guipuzcoana la tarde del 2 de febrero de 1983. Los etarras dispararon dos granadas anticarro y ametrallaron al convoy. Pastor recibió impactos en la espalda y el hígado y falleció durante su traslado a un centro sanitario cercano. Los agentes Custodio Contreras y José Bueno Fernández fueron heridos.

José Miguel Latasa Guetaria, alias Fermín, fue condenado por el asesinato a 25 años de reclusión mayor y a 18 años de reclusión menor por cada uno de los dos asesinatos frustrados. Juan Lorenzo Lasa Mitxelena y Pedro José Picabea Ugalde a 30 años de reclusión mayor y a dos penas de 22 años de reclusión mayor por los dos asesinatos frustrados.

La noche del 12 de febrero de 1983, Joaquina Patricia Llanillo Borbolla, de 32 años y embarazada, acompañaba a su esposo, el investigador privado José Luis Alonso. Ambos se encontraban dentro de su coche, en la calle Andia de Tolosa. Varios terroristas se colocaron junto al vehículo y les ametrallaron. Patricia murió en el acto, mientras que José Luis, con dos disparos en el tórax, fue trasladado a un centro sanitario y sobrevivió.

José Luis era un detective privado especializado en investigaciones laborales, por lo que se cree que ETA le debió confundir con un miembro de las Fuerzas de Seguridad. En todo caso, la organización terrorista asumió el atentado e intentó disimular su equivocación considerando a José Luis y a su esposa colaboradores de la policía. La pareja tenía dos hijos adolescentes, Patricia y Roger, de 15 y 14 años, respectivamente. Ambos encabezaron la manifestación por el asesinato de su madre que recorrió las calles de San Sebastián.

Joaquina, natural de Santander, fue enterrada en el cementerio donostiarra de Alza, con la asistencia de sus familiares y allegados.

Ramón Ezequiel Martínez, de 33 años, casado y con dos niños, era natural de Ceutí (Murcia). Estaba destinado en Gipuzkoa para reforzar los servicios policiales y tenía previsto regresar a Murcia una semana después de que se produjera el atentado que acabó con su vida.

El 25 de marzo de 1983, una furgoneta de la Policía Nacional con un grupo de agentes regresaba de la prisión provincial de Martutene, en San Sebastián, para dirigirse a Fuenterrabía. Los policías fueron emboscados por varios terroristas que les dispararon desde ambos lados de la carretera cuando llegaban a Oyarzun.

Cinco policías resultaron heridos en el atentado. El cabo primero Ramón Ezequiel Martínez García falleció tras sufrir un paro cardíaco cuando estaba siendo operado para extraerle una esquirla incrustada en su costado izquierdo.

Los miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, Francisco Javier Taberna Arruti y Francisco Imaz Martiarena fueron condenados a 26 años, 4 meses y 1 día de prisión mayor por el crimen y a cinco penas de 17 años, 4 meses y 1 día de prisión menor por cada uno de los asesinatos frustrados. Además, debían indemnizar a los herederos del fallecido y a los heridos.

El cabo de la Policía Nacional, Aniano Sutil Pelayo, de 27 años, era natural de La Iniesta (Zamora) y estaba casado.

El 27 de marzo de 1983, a la una de la madrugada, la Policía Municipal recibió un aviso telefónico en el que se advertía de la colocación de una bomba en el comercio Portobello, un establecimiento textil del barrio donostiarra de Gros, que ya había sufrido un atentado el pasado mes de enero. Varios agentes de la Policia Municipal y Nacional acudieron al lugar, localizaron la bomba e instalaron un cordón de seguridad.

Durante la operación, unos miembros del Tedax se dirigieron al sitio donde estaba colocado el artefacto. En un primer momento pensaron que la mejor opción era hacerla estallar a distancia, pero las dimensiones de la calle, muy estrecha y rodeada de inmuebles, hicieron descartar esa idea porque los efectos de la explosión podían ser devastadores. La segunda opción fue intentar desactivar la bomba para evitar daños. Los cabos Aniano Sutil Pelayo y Juan Manuel Martínez Aguiriano se acercaron para estudiar las posibilidades de neutralizar el artefacto. En ese momento fue cuando se produjo la explosión que les alcanzó de lleno.

Aniano Sutil Pelayo murió en el acto y su compañero, Juan Manuel Martínez, soltero, de 31 años, resultó gravemente herido y sufrió la amputación de la pierna izquierda. La hipótesis de la Policia fue que el objetivo de los terroristas era atentar contra los policías encargados de la desactivación.

El guardia civil Juan Maldonado Moreno tenía 42 años, era natural de Adra (Almería), estaba casado y tenía dos hijas.

Antes de las 19:00 horas del 22 de junio de 1983, salió de su casa en la calle Lezo-Bide de Pasajes y se dirigió hacia su coche, un Renault 8 que había aparcado cerca del domicilio, en el barrio de Meipi. Cuando arrancó, explotó una bomba colocada en los bajos del vehículo.

Maldonado murió en el acto. Una mujer que caminaba cerca resultó herida leve. La onda expansiva destrozó varios vehículos y rompió los cristales de algunas viviendas y comercios.

Maldonado fue enterrado en el municipio granadino de Motril.

El 23 de junio de 1983, una patrulla policial compuesta por un furgón y una furgoneta con siete agentes se dirigía hacia el Parque Móvil de San Sebastián y circulaba por el paseo de Mundaiz. A la altura de la Estación del Norte, los Comandos Autónomos Anticapitalistas habían aparcado un coche en el que estaba instalada una bomba. El artefacto explotó cuando los agentes se acercaron. Emilio Casanova murió al ingresar en el hospital de la Cruz Roja. Los otros seis agentes resultaron heridos.

Francisco Machío Martos tenía 31 años y estaba soltero. Había trabajado en una fábrica de muebles y en el momento del atentado se encontraba en el paro. Era natural de Hornachos (Extremadura), aunque desde los 10 años residía en el País Vasco.

El 7 de julio de 1983, a las 20:45 horas, se encontraba con dos amigos en el bar Amaya de Azpeitia (Gipuzkoa) cuando dos terroristas, miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, entraron en el establecimiento y le dispararon a bocajarro. Los terroristas se dieron a la fuga en un vehículo donde les esperaba un cómplice.

Francisco recibió dos impactos de bala en la cabeza que le provocaron la muerte prácticamente en el acto. Al día siguiente del asesinato, un grupo de vecinos de Azpeitia se manifestó por las calles de la localidad.

Rafael Gil Marín, de 30 años, natural de Valencia de las Torres (Badajoz), estaba casado y tenía tres hijos, dos niños y una niña. Estaba destinado en el cuartel de Zarautz desde el 31 de marzo, cuatro meses antes de ser asesinado por ETA.

El 31 de julio de 1983, los guardias civiles Rafael Gil Marín y Enrique Rúa Díaz fueron enviados desde el cuartel de Zarautz, en el que estaban destinados, al puerto de Getaria para vigilar dos embarcaciones que habían sido interceptadas en una operación contra el narcotráfico.

Rafael se encontraba dentro de un Seat 131 en el que los dos guardias habían viajado desde Zarautz. Su compañero se había puesto el bañador para darse un baño, cuando dos terroristas, miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, se acercaron. Uno de ellos disparó a Enrique con una escopeta y el otro disparó con una pistola a Rafael dentro del coche. Ambos murieron en el acto.

Véase también Enrique Rúa Díaz.

Enrique Rúa Díaz, de 27 años, casado y con una hija, era natural de la localidad de Verín (Orense). El agente estuvo destinado en Pamplona hasta el 1 de julio de 1982, fecha en la que pasó a la Agrupación de Tráfico de Gipuzkoa. Posteriormente fue trasladado a Zarautz.

Falleció en el atentado de Getaria cuando se iba a dar un baño en el mar y un terrorista le disparó con una escopeta. También murió su compañero Rafael Gil Marín.

Al funeral, que se celebró en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor de Verín, asistieron familiares, autoridades y numerosos vecinos.

Relato completo del atentado en Rafael Gil Marín.

Manuel Peronié Díaz, de 27 años y soltero, era agente de la Policía Municipal de San Sebastián desde hacía apenas un año y patrullaba de noche.

Sobre las 3:00 horas de la madrugada del 5 de agosto de 1983, Manuel y su compañero, Víctor Zabala Urturi, regresaban a sus casas después de cenar en un restaurante. Cerca de la avenida de Jon Oñativia, tres miembros del comando Donosti de ETA retuvieron a Manuel y a Víctor obligándoles a esperar a que un cuarto terrorista llegase con un vehículo. Sin embargo, justo antes de subir al coche, los agentes huyeron corriendo. Un etarra comenzó a dispararles y Manuel falleció a causa de tres disparos en el torso y en la ingle. Víctor resultó herido en el brazo derecho. Dos personas que pasaban en una moto también fueron heridas.

Jesús María Zabarte Arregui y Juan José Iradi Lizarazu fueron condenados, cada uno, a una pena de 29 años de reclusión mayor, y a otra pena de 15 años de reclusión menor por el asesinato frustrado de Víctor. Además, debían indemnizar económicamente a los herederos de Víctor y a los heridos en el atentado.

Arturo Quintanilla, de 44 años, estaba casado y era padre de tres hijos, una chica de 15 y dos chicos de 10 y 12 años. Nació en Burgos, pero vivía en Hernani desde niño.

Arturo Quintanilla Salas salió de trabajar del bar José Mari de su propiedad, sobre las doce de la noche. Estaba acompañado por su mujer y su hija. En ese momento, un coche se puso a su altura y fueron tiroteados por miembros de ETA. Los disparos le alcanzaron el corazón y el abdomen provocándole la muerte en el acto. Dos de los disparos impactaron en el coche pero no llegaron a herir a su esposa ni a su hija, quienes entraron en una crisis nerviosa después de ver el asesinato.

Arturo ya había recibido amenazas de ETA militar. También había tenido avisos de bomba en su bar a cambio de que pagara diez millones de pesetas. La víctima había viajado a Francia para intentar contactar con ETA, pero no lo consiguió. Dos meses antes del atentado, el hostelero recibió una nueva carta de extorsión en la que se le pedía más dinero.

El etarra José Antonio Pagola Cortajarena fue condenado a una pena de 6 años y 1 día de prisión por integración en banda armada y 17 años, 4 meses y 1 día por un delito de asesinato con premeditación. Además, tuvo que indemnizar económicamente a los herederos de Arturo.

Francisco Javier Alberdi, de 49 años y natural de la localidad guipuzcoana de Bergara, estaba casado y trabajaba como representante comercial de la empresa Licores Goytisolo.

El 6 de septiembre, a las 19:30 horas, Francisco estaba dentro de su coche, en el paseo de los Olmos de la capital guipuzcoana, donde vivía, cuando tres individuos se acercaron y le dispararon tres veces, una de ellas en el corazón, muriendo en el acto. Antes del asesinato, los tres terroristas le habían dicho que se bajara del coche. Al negarse, tuvo lugar un forcejeo al que los etarras pusieron fin disparándole. Fue atendido por los servicios de urgencias, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida.

El policía Pablo Sánchez César, de 24 años, estaba casado y tenía una hija de 13 meses. Era natural de Badajoz y estaba destinado en la Policía de San Sebastián. Fue enterrado en la localidad de Hoyos (Cáceres), municipio natal de su esposa, Amalia García Mora.

Pablo salió la mañana del 16 de septiembre de 1983 de su casa de Urnieta en la que vivía con su esposa, su hija y sus suegros, para ir al trabajo. Cuando el agente se encontraba en el andén del tren a San Sebastián vio venir a tres terroristas. Intentó protegerse pero le hirieron mortalmente y le remataron con un disparo en la cabeza. Los asesinos huyeron en un vehículo robado.

Los miembros del comando Donosti, Jesús María Zabarte Arregui y José Antonio Pagola Cortajarena fueron condenados a penas de 29 años de reclusión mayor y a indemnizar a los herederos de Pablo.

El guardia civil Ángel Flores Jiménez, de 44 años, nació en San Martín del Pimpollar (ávila) y tenía cinco hijos con edades comprendidas entre los 10 y los 22 años. Estaba destinado en el puesto de especialistas de la Estación Norte de Irún.

El 13 de octubre de 1983, Ángel llegó al barrio de Beraun en Rentería donde vivía. A las 14:30 horas estacionó su vehículo en la calle Norberto Almandoz. Dos terroristas se le acercaron y le dispararon a bocajarro. Fue alcanzado por tres disparos, uno de ellos en el cuello, que le provocó la muerte en el acto. Los terroristas huyeron en un coche robado.

El miembro del comando Donosti, Jesús María Zabarte Arregui fue condenado a 32 años de prisión y a indemnizar a los herederos de Ángel.

El guardia civil José Reyes Corchado Muñoz tenía 28 años, era natural de Alburquerque (Badajoz), y estaba casado con Isabel Chamizo Díaz, con la que tenía dos hijas de 1 y 2 años.

La noche del 15 de octubre de 1983, una patrulla de la Guardia Civil formada por tres vehículos estaba realizando un servicio de vigilancia cuando una carga explosiva, escondida junto a un muro, fue activada a distancia. Los agentes habían salido del cuartel de Aretxabaleta y en ese momento pasaban por el barrio de Zubillaga, en Oñate.

La explosión afectó al primer vehículo de la patrulla en el que se encontraba José Reyes Corchado Muñoz, el conductor y el cabo primero Antonio Ramos Ramírez.. José Reyes, que viajaba en el asiento de atrás, falleció prácticamente en el acto. Los otros dos agentes resultaron heridos leves. Tres años más tarde, Antonio Ramos sería asesinado en un atentado en Mondragón.

Los guardias de los otros dos vehículos atendieron a sus compañeros y les trasladaron de inmediato a un centro sanitario, donde se certificó la muerte de José. En 1994, el Ayuntamiento de Alburquerque dedicó una calle a José Reyes y celebró un acto de homenaje en su memoria.

Véase también Antonio Ramos Ramírez.

El capitán de farmacia, Alberto Martín Barrios, de 39 años, estaba casado y tenía tres hijos. Fue secuestrado por miembros de ETA político-militar VIII Asamblea, una escisión minoritaria de la rama político-militar de ETA.

El 5 de octubre, Alberto salió de su casa poco antes de las 8:00 horas tras despedirse de su esposa, María Ángeles Alonso Linaje, para ir al trabajo en el Gobierno Militar de Bilbao. Tenía como costumbre llamar a su mujer a las 10.00, pero ese día no lo hizo. A las 11.00, María Ángeles telefoneó a Alberto pero aún no había llegado al trabajo. En ese momento se dispararon las alarmas. Su vehículo fue encontrado cerca del edificio militar donde trabajaba, sin signos de violencia y con una pistola en el interior. Poco después se encontraron las llaves del coche, por lo que todo indicaba que se trataba de un secuestro. El 6 de octubre, ETA político-militar VIII Asamblea se atribuyó la autoría del secuestro y exigió la suspensión del juicio contra los miembros de la banda detenidos por el asalto al cuartel del Ejército en la localidad catalana de Berga, hacía dos años.

En los días posteriores, los terroristas sometieron a un pulso a los medios de comunicación. La banda envió una carta a TVE exigiendo que leyera en sus informativos un texto en el que se cuestionaba la jurisdicción militar por la que iban a ser juzgados los asaltantes de Berga. El 13 de octubre la banda fijó un plazo de treinta y seis horas para que el escrito fuera leído en los informativos de las 15:00 y de las 20:30 horas. El ultimátum iba acompañado de dos fotografías en las que aparecía el militar con barba de varios días delante de una ikurriña y de carteles y pegatinas de la banda terrorista.

TVE emitió el día 13 una parte del escrito etarra condicionando la difusión completa del mismo a la liberación del capitán. RNE emitió, a petición de los familiares del secuestrado, un resumen en el informativo España a las ocho. Los periódicos vascos publicaron íntegro el documento etarra así como algunos de los diarios de Madrid.

Finalmente, el militar fue asesinado el día 18. Su cuerpo sin vida, con la boca amordazada, apareció en una caseta cerca del cruce de El Gallo, en Galdácano. Alberto había recibido un impacto de bala en la sien derecha.

Cándido Cuña González, de 51 años, nació en Galicia, residía en Rentería, estaba casado y tenía tres hijos, de 19, 22 y 26 años.

Eran las 18:45 horas del 20 de octubre de 1983, cuando Cándido salió de un bar de la calle Zubiaurre, en Rentería, cerca de su casa. En ese instante, dos etarras se acercaron a él y le dispararon a bocajarro. Fue trasladado al hospital de la Cruz Roja pero falleció por los dos disparos que recibió en la cabeza.

Cándido, socio de una cooperativa panadera de Pasajes, había sufrido otro atentado cuatro años antes. Fue tiroteado por miembros de ETA cuando salía de su casa. Recibió ocho disparos que le causaron heridas graves pero logró salvar su vida.

José María Zubiaurre Portugal fue condenado por el intento de asesinato a la pena de 17 años, 4 meses y 1 día de reclusión menor, así como a indemnizar a Cándido Cuña. ETA se responsabilizó del posterior crimen, acusándole de colaborar con la Policía.

Lorenzo Mendizábal Iturrarte, de 34 años y soltero, había nacido en Pasajes de San Juan, en el caserío Larrabide. Tenía una carnicería, llamada Biona, situada en la calle Luis Mariano, en el centro de la localidad de Irún.

El 26 de octubre de 1983, a las 17:50 horas, estaba despachando cuando dos etarras entraron en el local y le dispararon. Los proyectiles le alcanzaron los pulmones, el corazón y el hígado. Fue trasladado al hospital de la Cruz Roja de Irún donde falleció poco después de su ingreso.

Jon Koldo Aguinagalde Urrestarazu y Antonio Troitiño Arranz fueron condenados a 27 años de prisión cada uno. Ángel Zabaleta Mendía también fue condenado. Los terroristas debían indemnizar a los herederos de Lorenzo.

Manuel Carrasco Merchán, de 27 años, nació en Higuera de Vargas (Badajoz), pero emigró al País Vasco con sus padres siendo un niño. Vivió en Villabona hasta que se casó y se instaló en Asteasu. Estaba en el paro y una semana antes de su muerte había sido padre. Visitaba a menudo la localidad de Villabona donde mantenía amistades.

El asesinato fue cometido por miembros de ETA el 5 de noviembre de 1983. Manuel salió a las 14:00 horas del bar del Hogar del Jubilado. Varios terroristas le siguieron y le dispararon a quemarropa. Los tiros le alcanzaron la cabeza y el tórax, matándole al instante. Dos años antes de su muerte, un etarra se había interesado por él y había pedido información a un vecino de Villabona. Esta fue la razón de su asesinato. El día de su muerte, Manuel pasó por delante de una casa donde unos etarras le reconocieron. A partir de ese momento, pergeñaron el crimen.

El 8 de diciembre de 1983, Francisco Javier Collado Azurmendi se encontraba en el bar Bastacho, de Cegama. Fiel a su costumbre, tomaba el aperitivo con unos amigos, mientras jugaba una partida de billar. Varios miembros de ETA comprobaron que Collado estaba en el interior del bar y le esperaron fuera del local. A las 13:45 horas, cuando Francisco Javier salió a la calle, los terroristas le dispararon por la espalda tres tiros en la cabeza. Murió en el acto.

Cometido el asesinato, los etarras se dieron a la fuga en un coche que les esperaba cerca.

Francisco Javier tenía 39 años y era natural de Cegama. Estaba casado y era padre de tres hijos de entre 9 y 12 años. Era un pequeño empresario aficionado a la caza que se dedicaba a la compra-venta de automóviles usados. De joven hizo atletismo y participó en varias ediciones del Cross Internacional de Lasarte.

A las diez de la noche del 9 de diciembre, el diario Egin recibió una llamada de ETA en la que informaban del asesinato de Pablo Garraza García. Le encontraron muerto, tumbado boca abajo con un disparo, en un pequeño bosque junto a la carretera de Zamalbide en dirección al barrio de Txikierdi. Al día siguiente, ETA confirmó que lo secuestraron, lo sometieron a un interrogatorio y, finalmente, lo asesinaron.

Pablo Garraza, de 59 años y casado, era natural de Ayo (Navarra). El mismo día que murió Pablo se produjeron otros dos atentados fallidos.

Eduardo Navarro Cañada, valenciano de 27 años, tenía dos hijos pequeños. Pertenecía a la Compañía de Reserva de la Policía, con sede en Valencia, que había sido enviada al País Vasco para reforzar las medidas de seguridad antiterroristas.

Los agentes Clemente Medina Monreal y Eduardo Navarro formaban, desde hacía ocho meses, parte de un dispositivo policial que quería normalizar la presencia de agentes en las calles de las capitales vascas.

El 15 de diciembre, Eduardo y Clemente patrullaban a pie y uniformados en el centro de San Sebastián. Al mediodía, dos etarras se acercaron a ellos, les dispararon y se dieron a la fuga en un vehículo de la Policía Municipal que habían robado poco antes a mano armada.

Eduardo fue trasladado a un centro sanitario con un disparo en la cabeza, donde murió. Clemente fue herido, tardó casi dos años en recuperarse y quedó incapacitado para trabajar como policía.

Los miembros de ETA, Pedro Alfonso María Briones Goicoechea, agente de la Ertzaintza y miembro del comando Bianditz, y Pablo José Gómez Ces fueron condenados como autores de un atentado con resultado de muerte a 26 años y por un delito frustrado, a 17 años de prisión.

El 15 de diciembre, sobre las 19:00 horas, tres terroristas armados, miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) entraron en el domicilio de Francisco Arín Urcola, donde estaban su mujer, uno de sus hijos. Gerardo, otro de sus hijos, llegó del colegio poco después.

Cuando Francisco llegó a casa, los secuestradores se lo llevaron en su coche, tras advertir a la esposa y los hijos que esperaran dos horas antes de avisar a nadie. Pocos minutos después, la familia recibió una llamada en la que le informaban de que Francisco había aparecido muerto en Irura.

Agentes de la Guardia Civil y de Cruz Roja, siguiendo las indicaciones que los CAA habían trasladado al diario Egin, encontraron el cuerpo de Francisco en un coche a la entrada de Irura, cerca de una antigua factoría en la que Francisco trabajó como directivo hasta su cierre, seis años antes.

Francisco estaba casado, tenía cuatro hijos, vivía en Tolosa y era directivo de la empresa Construcciones Electromecánicas Irura. Había sido amenazado para que pagara el chantaje que le exigía la banda. Intentó en varias ocasiones negociar con los extorsionadores que finalmente acabaron con su vida.

Quedaban tres días para la celebración de las elecciones autonómicas vascas. Enrique Casas Vila, dirigente del Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE) y senador, encabezaba la lista socialista por Gipuzkoa. Natural de Guadix (Granada), tenía 40 años cuando fue asesinado. Estaba casado con Bárbara Durkhop y tenían dos hijos de 17 años y 8 meses.

Los terroristas, miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA), llevaban dos días vigilando a Casas. Habían observado que varios obreros trabajaban en la apertura de una canalización junto al edificio donde vivía, así que compraron trajes de agua y chaquetones parecidos a los que utilizaban los obreros y se vistieron así para pasar inadvertidos.

A las 14:45 horas llamaron al domicilio de Casas, identificándose como obreros de la canalización. El senador socialista abrió la puerta y se encontró con dos desconocidos que dispararon contra él.

José Luis Merino Quijano, fue condenado a 29 años por asesinato con premeditación, además de indemnizar económicamente a los herederos de Casas.

Ángel Rodríguez Sánchez, de 42 años, era natural de Villafranca de Barros (Badajoz), aunque residía en Irún desde hacía 13 años. Estaba casado y tenía tres hijos. El 3 de mayo de 1984, dos miembros del comando Otxobi de ETA lo asesinaron.

Era propietario de un taller mecánico y de una grúa. A las 10:30 horas, una persona le llamó, identificándose como un comercial que había tenido una avería en su coche y que necesitaba sus servicios en Ventas de Irún. Cuando Ángel llegó se encontró un coche estacionado en el arcén y dos etarras que le obligaron a desplazarse a una zona menos transitada.

Su esposa, al ver que no regresaba, alertó de su desaparición a la Policía Municipal. Al final localizaron el Land Rover de Ángel y a él muerto en su interior.

Los etarras Francisco Barrenechea Varela e Ignacio Mediburu Iturain fueron condenados a 27 años de reclusión por el crimen, entre otras condenas, y se vieron obligados a abonar solidariamente a su viuda una indemnización económica.

Juan Flores, de 20 años y natural de Barcelona, era el mayor de seis hermanos de una familia originaria de Córdoba. En julio habría cumplido 21 años. Trabajaba en hostelería, aunque por las noches estudiaba banca. Hizo la instrucción del servicio militar en Cartagena y más tarde le destinaron a El Ferrol y a Fuenterrabía. Cuando se produjo el atentado ya había cumplido la mitad del servicio militar y esperaba poder volver a Barcelona con su familia y su novia.

Juan y el marinero Antonio Martínez Abella estaban de guardia a bordo de la lancha PVI-19, anclada cerca de la orilla, en la desembocadura del río Bidasoa. A las 3:15 horas, la explosión de una potente bomba, colocada debajo de la embarcación, provocó que se inundara y se hundiera en cuestión de minutos. Martínez tuvo tiempo de saltar al agua y pudo llegar a la orilla a nado, pero Flores quedó atrapado dentro de la lancha y murió. La bomba fue colocada por un grupo denominado “Gataska”, una facción de los Comandos Autónomos Anticapitalistas.