Jesús García García, de 43 años y natural de la localidad vizcaína de Arrigorriaga, estaba casado y tenía tres hijos cuando fue asesinado pocos días antes de su cumpleaños. Era propietario del bar Ion Kola de Barakaldo.

En el mes de diciembre de 1979, la revista Interviú (Nº 188) publicó una información en la que se recogían las acusaciones de un exmiembro de la Policía Nacional, Francisco Ros Frutos, contra supuestas personas de la ultraderecha, entre los que estaba el militante de Fuerza Nueva Jesús García, a quien acusaba de ser el máximo organizador de grupos extremistas en el País Vasco. El 5 de enero de 1980, a las 18.45 horas, dos terroristas entraron en el bar de Jesús y le dispararon provocándole la muerte. Los asesinos se dieron a la fuga en un Seat 131 robado que les esperaba fuera del local. Cinco días después, ETA militar asumió la autoría del atentado enviando un comunicado a distintos medios de comunicación de Bilbao.

Fuerza Nueva acusó a la revista Interviú de ser la responsable de la muerte de Jesús García por hacer públicas costumbres de la víctima y proporcionar datos falsos. El 20 de diciembre, el propio Jesús escribió una carta a Interviú comunicando que las acusaciones mencionadas en el reportaje eran falsas y que emprendería las acciones legales oportunas.

El periodista Francisco Xavier Vinader Sánchez, autor de los reportajes publicados en Interviú con la información que le proporcionó el expolicía, fue condenado a 7 años de reclusión mayor por imprudencia temeraria profesional, con resultado de dos asesinatos, el de Jesús García García y el de Alfredo Ramos Vázquez, asesinado por ETA unos días más tarde. Además, fue obligado a indemnizar a los herederos de Jesús.

También fue condenado el expolicía Francisco Ros Frutos, como cooperador de un delito de imprudencia temeraria no profesional, a 4 años de reclusión menor y al pago solidario, junto al otro procesado, de la indemnización prevista para los herederos de Jesús García.

Véase también Alfredo Ramos Vázquez.

Sebastián Arroyo González, de 53 años y nacido en Sobradillo (Salamanca), estaba casado, tenía cuatro hijos y vivía en Alsasua. Fue guardiacivil, pero se retiró diez años antes para trabajar en la empresa Igartex, en Alsasua, dedicada a la fabricación de guantes.

El 8 de enero de 1980, a las 19.30 horas, Sebastián salió del trabajo y condujo en dirección a su casa. En el trayecto, varios etarras le ametrallaron desde un turismo. Sebastián resultó herido y perdió el control de su coche saliéndose de la carretera. El atentado sucedió cerca del Parque de Bomberos por lo que algunos agentes presenciaron los hechos y fueron a socorrerlo. La víctima fue trasladada a la casa de socorro de Alsasua, donde recibió las primeras atenciones médicas, y después al hospital de Navarra, donde falleció al día siguiente.

ETA militar se hizo responsable del atentado. Jesús Razquin Mendinueta fue condenado por vigilar a la víctima a la pena de un año de prisión menor y a indemnizar económicamente a la familia de Sebastián Arroyo.

Jesús Ignacio Velasco Zuazola tenía 47 años y desde hacía seis era jefe de los Miñones de Álava, una Policía foral dependiente de la Diputación. Era también comandante del Arma de Caballería.

El 10 de enero de 1980, Velasco dejó a dos de sus hijas en el colegio de las Ursulinas y después se dirigió en coche a su despacho en la Diputación. Cuando paró en un semáforo en la calle Ramiro de Maeztu, se colocó a su lado un taxi con cuatro personas. Dos individuos salieron del vehículo y uno de ellos le disparó provocándole la muerte.

Velasco estaba casado con Ana María Vidal-Abarca y tenía cuatro hijas de corta edad. Tras su muerte, su mujer y sus hijas abandonaron el País Vasco para trasladarse a Madrid. Ana María, junto a Sonsoles Álvarez de Toledo e Isabel O’Shea, fundó en 1981 la Asociación Víctimas del Terrorismo. La viuda de Velasco también fue presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT) entre 2004 y 2005.

Por este atentado fueron juzgados varios terroristas: Moisés Izar de la Fuente Martínez de Arenaza y Pedro Manuel González Alonso fueron condenados a 6 años de prisión menor en concepto de cómplices. Ignacio Arakama Mendia fue condenado, en calidad de cooperador necesario, a 28 años de reclusión mayor; José Ramón López de Abechuco Liquiniano, a 18 años de reclusión mayor; Lorenzo Ayestarán, otro de los acusados, huyó a Venezuela. Todos fueron condenados a pagar una indemnización a los herederos de la víctima.

Francisco Moya Jiménez, de 42 años, era natural de Alcaudete (Jaén). Estaba casado y tenía tres hijos. Llevaba siete años destinado en la casa cuartel de Elorrio y como anteriormente ya había sido amenazado, solicitó el traslado a otra población fuera del País Vasco.

Francisco tenía como costumbre ir todas las tardes después de comer al restaurante Gamboa, en el barrio Berriochoa, cerca de la casa cuartel de Elorrio. Sobre las tres de la tarde llegaba al bar, tomaba un café y algunos días jugaba una partida de cartas con un grupo de amigos.

El 14 de enero de 1980, se dirigía como siempre hacia el restaurante Gamboa cuando se colocó a su altura un coche del que bajaron tres personas. Moya se percató del peligro y echó a correr pero los terroristas le dispararon por la espalda con dos pistolas y una metralleta. Recibió 14 impactos de bala que le mataron en el acto.

Los terroristas volvieron al coche y dejaron el cuerpo de Moya tumbado en el suelo rodeado de sangre. Poco después, la esposa de Moya que regresaba de hacer unas compras pasó por el lugar del atentado y encontró a su marido muerto.

El 15 de enero de 1980, ETA militar asumió la autoría del atentado a través de un comunicado enviado a distintos medios informativos de Bilbao.

José Miguel Palacios Domínguez, de 31 años, nacido en Algorta y soltero, trabajaba como agente comercial de la firma Olivetti, aunque en el momento del atentado estaba desempleado. Compartía piso con unos amigos en la calle Sarrikobaso, de Algorta, y casi todas las tardes iba a la cafetería Txiskiñe, en el mismo barrio, a jugar a las cartas.

El 19 de enero de 1980, hacia las 19 horas, José Miguel estaba jugando una partida en la cafetería cuando dos hombres y una mujer entraron y observaron a los clientes. Dos de los terroristas cruzaron el local hasta el extremo donde estaba José Miguel y le dispararon. Fue alcanzado por nueve disparos en la cabeza, el cuello y el pecho, que le dejaron mortalmente herido. Los asesinos salieron a la calle donde les esperaba otro individuo en un coche robado y se dieron a la fuga. José Miguel fue trasladado urgentemente al hospital de Basurto, donde ingresó muerto.

Alfredo Ramos Vázquez, de 56 años, era natural de Borrajeiros, en la provincia de Pontevedra, estaba casado y tenía dos hijas. Desde hacía 18 años era propietario del bar Stadium, en Barakaldo.

A Ramos se le relacionó con la ultraderecha de Vizcaya en los reportajes que la revista Interviú publicó en diciembre de 1979. En ellos se mencionaba también a Jesús García García, a quien ETA asesinó el 5 de enero de 1980.

A raíz de estas acusaciones, Ramos envió diversas cartas a la prensa bilbaína para aclarar que ni él ni su familia pertenecían a ningún grupo político y que no habían realizado ninguna de las acciones que se mencionaban en el reportaje de la revista.

El 23 de enero, dos terroristas de ETA, encapuchados y armados, entraron en el bar y sujetaron por el brazo a Ramos mientras amenazaban a su esposa, su hija y una sobrina para que se mantuvieran quietas. Los etarras le introdujeron a la fuerza en un coche donde había otro encapuchado y le llevaron hasta la zona minera de La Arboleda.

En ese lugar, Ramos fue interrogado y asesinado de cinco tiros en la cabeza. Media hora después, un comunicante anónimo avisó al diario Egin del lugar donde se encontraba el cadáver. La policía lo encontró en una cuneta, junto a la mina Matamoros, con la cabeza cubierta por una capucha y las manos atadas a la espalda.

ETA militar asumió la autoría del asesinato. El periodista de Interviú, Francisco Xavier Vinader Sánchez, y el ex policía Francisco Ros Frutos, como fuente informativa del reportaje, fueron condenados a 7 y 4 años de prisión respectivamente, además del pago de la indemnización a los herederos de la víctima.

Véase también Jesús García García.

Luis Domínguez Jiménez tenía 39 años, era natural de Cantaracillo (Salamanca), llevaba 25 años viviendo en el País Vasco donde trabajaba como enterrador desde 1971. Estaba casado y tenía cinco hijos, de entre 9 y 20 años.

El 25 de enero de 1980, varios etarras robaron un coche que condujeron hasta el cementerio donde trabajaba Domínguez. Cuando salió, gritaron su nombre y él intentó protegerse en unos jardines pero fue alcanzado por un tiro en la rodilla que le hizó caer al suelo. Después, le remataron.

El 5 de junio de 1979 ETA había asesinado a Luis Berasategui Mendizábal, amigo de la víctima. Los terroristas justificaron el asesinato acusando a Domínguez de pertenecer a la extrema derecha. La víctima sabía que le vigilaban desde hacía tiempo. Era amigo de guardiaciviles porque el cuartel estaba junto al cementerio. Su esposa le había aconsejado que dejara de hablar con los agentes por seguridad, pero Domínguez siempre se negó.

José Ramón Basauri Pujana y Javier Antonio Oregui Echeberría fueron condenados a 28 años de prisión como autores del asesinato además del pago de la indemnización económica a los herederos de la víctima.

Véase también Luis Berasategui Mendizábal.

Juan Manuel Román Moreno, de 23 años, era de Rota (Cádiz) y pertenecía a la Compañía de Reserva General de la Policía, con base en Logroño. Estaba en Vizcaya reforzando a los efectivos de esta provincia.

El 27 de enero de 1980, Juan Manuel viajaba en un convoy que escoltaba un camión que transportaba material para la factoría de Altos Hornos de Vizcaya. Tres vehículos regresaron hacia el acuartelamiento de Basauri, a las 20.30 horas, cuando cerca de la entrada del túnel de Malmasin se encontraron un coche obstaculizando la circulación. En el monte les esperaban al menos seis etarras que acribillaron a tiros a la dotación policial. Juan Manuel resultó muerto. Otros cinco agentes, José Luis Moreno, José Quintero González, José Marín Hospital, Evaristo Añeiros Castro y Eustaquio Calzada fueron heridos de diversa consideración.

El guardia civil Alfredo Díez Marcos era de Fermoselle (Zamora). Estaba casado, tenía 24 años y un hijo de 9 meses cuando fue asesinado por ETA junto a seis guardiaciviles. La dureza del atentado provocó una conmoción sin precedentes en la vida pública española.

Varias veces a la semana, un convoy formado por vehículos de la Guardia Civil y de la fábrica de armas Esperanza y Compañía salía de la localidad vizcaína de Markina en dirección a la playa de Laga, en Ibarranguelua, para probar algunos de los morteros que fabricaba la empresa.

El 1 de febrero de 1980, el convoy salió de Markina a las 7.30 horas. En el primer vehículo iban técnicos de la empresa Esperanza y Cía. Detrás circulaban un Land Rover de la Guardia Civil con tres agentes y otro vehículo de la empresa que llevaba los morteros. El último de la caravana era otro Land Rover de la Guardia Civil en el que viajaban tres agentes.

La protección de estos transportes de armamento la realizaban tres guardiaciviles en el puesto de Lekeitio y otros tres en el de Ondarroa. En el kilómetro 53 de la carretera, los dos Land Rover del cuerpo fueron atacados por ETA con fusiles de asalto, metralletas, granadas de mano y otras armas de fuego. Los agentes quedaron atrapados en los vehículos malheridos o muertos.

Para culminar el asesinato de todos los guardiaciviles, los etarras se acercaron y arrojaron una granada de mano en el interior del primer Land Rover e hicieron lo mismo en el otro, aunque la granada explotó antes de que los terroristas se alejaran lo suficiente y dos de ellos, Gregorio Olabarria Bengoa y Javier Gorrotxategi Agote, quedaron gravemente heridos y finalmente murieron.

Jaime Rementeria Beotegui fue condenado por su cooperación en la acción terrorista a seis penas de 19 años de reclusión menor y al pago subsidiario de indemnizaciones a los herederos de los guardias civiles asesinados: Alfredo Díez Marcos, José Gómez Martiñán, José Gómez Trillo, Antonio Marín Gamero , José Martínez Pérez Castillo. y Victorino Villamor González. Fue puesto en libertad el 17 de agosto de 2002 tras cumplir 22 años de prisión.

José Gómez Martiñán, de 24 años, nació en Algeciras (Cádiz). Estaba casado y no tenía hijos. Murió en el atentado de ETA de Ispaster junto a otros cinco guardias civiles, el 1 de febrero de 1980. A su funeral, celebrado en Tarifa, asistieron cerca de 4.000 personas.

Relato completo del atentado en Alfredo Díez Marcos.

Véase también Antonio Marín Gamero , José Martínez Pérez Castillo y Victorino Villamor González.

José Gómez Trillo, de 30 años, nació en Xirivella (Valencia), estaba casado y tenía un hijo. ETA lo mató en la emboscada de Ispaster en la que también fueron asesinados otros cinco guardias civiles, el 1 de febrero de 1980.

Véase el relato completo del atentado en Alfredo Díez Marcos.

Véase también José Gómez Martiñán, José Gómez Trillo, Antonio Marín Gamero y José Martínez Pérez Castillo.

Antonio Marín Gamero, de 27 años, nació en Oliva de la Frontera (Badajoz), estaba casado y tenía dos hijos. Murió en el atentado de Ispaster en el que fallecieron seis guardias civiles al sufrir una emboscada etarra, el 1 de febrero de 1980.

Relato completo del atentado en Alfredo Díez Marcos.

Véase también José Gómez Martiñán, José Gómez Trillo, José Martínez Pérez-Castillo y Victorino Villamor González.

José Martínez Pérez-Castillo nació en Oria (Almería) y estaba soltero. Llevaba tres años en la Guardia Civil cuando fue asesinado por ETA. Murió en el atentado de Ispaster junto a otros cinco guardias civiles, el 1 de febrero de 1980.

El Ayuntamiento de Oria acordó remitir telegramas de dolor e indignación en nombre del pueblo al Rey, al presidente del Gobierno, al director de la Guardia Civil y al gobernador civil de la provincia.

Véase el relato completo del atentado en Alfredo Díez Marcos.

Victorino Villamor González nació en Quecedo de Valdivielso (Burgos). Estaba soltero. Murió en el atentado de Ispaster junto a cinco compañeros que fueron asesinados en una emboscada de etarras, el 1 de febrero de 1980. Al funeral de Victorino acudió una multitud de personas de toda la comarca del valle de Valdivielso.

Véase el relato completo del atentado en Alfredo Díez Marcos.

Véase también José Gómez Martiñán, José Gómez Trillo, Antonio Marín Gamero y José Martínez Pérez Castillo.

Miguel Rodríguez Fuentes, de 44 años, era natural de Argoños (Cantabria). Estaba casado y tenía cuatro hijos. Pertenecía a la XIV promoción de la Academia General, la misma de Su Majestad el rey Juan Carlos, y estaba a punto de ser trasladado a Santander.

Apenas había pasado una semana desde el asesinato de los seis guardias civiles en Ispaster, cuando el 8 de febrero ETA perpetró otros dos atentados en los que murieron dos personas. El primero, en Pasajes, se cobró la vida del militar Miguel Rodríguez. Dos horas más, en Oñate, los terroristas asesinaron en Oñate a su primo, el policía militar Ángel Astuy Rodríguez.

El comandante Rodríguez compatibilizaba su trabajo como miembro de las Fuerzas Armadas destinado en San Sebastián con las clases que daba en el departamento de automovilismo de la Escuela de FP Don Bosco de Pasajes, desde hacía diez años. Miguel había terminado las clases y sobre las 21.15 horas se dirigió hacia su coche, aparcado en la puerta del centro. Cuando arrancó, dos personas con bolsas de deporte se acercaron y le dispararon, hiriéndole de muerte.

El conserje del colegio escuchó los disparos y se acercó para ver qué ocurría. Se encontró a Rodríguez dentro del automóvil pero no pudo hacer nada para socorrerle. Poco antes del atentado, los terroristas le habían convencido de que les dejara entrar, diciéndole que tenían que preparar una competición deportiva.

El rey Juan Carlos acudió al funeral en la capilla de la Escuela del Estado Mayor. Fue enterrado en el cementerio de Argoños.

Véase también Ángel Astuy Rodríguez.

Véase también atentado en Ispaster Alfredo Díez Marcos, José Gómez Martiñán, José Gómez Trillo, Antonio Marín Gamero y José Martínez Pérez Castillo. y Victorino Villamor González.

Ángel Astuy Rodríguez tenía 48 años, era de Isla (Cantabria) y llevaba nueve años viviendo en Oñate, donde trabajaba de policía municipal. Estaba casado y tenía cinco hijos de entre 10 y 20 años. Fue asesinado por ETA dos horas después de que la banda acabara también con la vida de su primo Miguel Rodríguez Fuentes.

El 8 de febrero de 1980, Astuy iba caminado a su trabajo para entrar en el turno de noche cuando, a la altura de la calle Aránzazu, fue tiroteado por dos terroristas que iban en un coche con el que se dieron a la fuga. Herido por tres de las diez balas que le dispararon, Astuy fue al bar Vitoria a pedir ayuda, pero murió en la puerta del establecimiento.

El mismo día en que fueron asesinados Ángel Astuy y Miguel Rodríguez, fue ametrallada por ETA políticomilitar la sede de Unión de Centro Democrático (UCD) en Oñate. No hubo víctimas porque el local estaba vacío.

Véase también Miguel Rodríguez Fuentes.

Ignacio Arocena tenía 43 años, era de Oiartzun, estaba casado y tenía tres hijos. Unos años antes había sido concejal del Ayuntamiento desu ciudad.

Arocena trabajaba como taxista y lo compatibilizaba con la gestión del bar Toki Alai, en el barrio de Gurutza de Oiartzun. El 16 de febrero de 1980, un etarra subió a su taxi, le dijo que su coche había tenido una avería y le pidió que lo llevara hasta la zona conocida como Castillo del Inglés. Durante el trayecto, el terrorista le obligó a desviarse por un camino vecinal donde fue asesinado sin testigos.

Los familiares del taxista estaban preocupados porque Ignacio tardaba demasiado y avisaron de madrugada a la Guardia Civil. La policía encontró el taxi a primera hora de la mañana y, dentro, el cadáver de Ignacio con dos heridas de bala en la cabeza.

ETA justificó el asesinato acusando a Arocena de ser “confidente” y “chivato” de las Fuerzas de Orden Público.

Dos miembros del Comando Arizta de ETA fueron juzgados por este crimen: José Javier Arnaiz Echevarría fue condenado a 27 años y Pedro Aira Alonso a otros 27 años de reclusión mayor. Además debían indemnizar a los herederos de Arocena.

Eugenio Saracíbar González de Durana, coronel de Infantería retirado con el cargo de jefe del Economato Militar, de 65 años, casado y con una hija, estaba muy vinculado al deporte. Además de impartir clases de Educación Física y ser vicepresidente de la Federación Atlética Guipuzcoana durante varios años, había promocionado a varios equipos de fútbol y atletismo y era responsable de la creación de los campos deportivos del cuartel de Irún.

La noche del 20 de febrero, mientras daba su habitual paseo nocturno, Saracíbar fue sorprendido por miembros del comando Otxobi que le dispararon por la espalda y lo remataron en el suelo. Tras asesinarle, los terroristas huyeron en un taxi robado.

ETA asumió la autoría del crimen y, un año después, José María Zubiaurre Portugal fue condenado a 26 años, 8 meses y 1 día como autor del asesinato y al pago de una indemnización económica a los herederos de la víctima. Fue puesto en libertad el 13 de septiembre de 1999.

José Luis Ramírez Villar, soltero y con dos hermanos, había ingresado voluntario en el servicio militar y estaba destinado en la Agrupación de Tropas del Cuartel General del Ejército como policía militar cuando fue asesinado el 18 de marzo 1980, un día antes de cumplir 20 años y su sueño de ser policía.

Aquel día realizaba tareas de escolta protegiendo a Fernando Esquivias Franco, general del Ejército de Tierra, y a su ayudante, el teniente coronel Manuel Mier Hidalgo, cuando fueron víctimas de una bomba colocada en el itinerario que diariamente realizaban. El explosivo, situado en una moto robada atada a una farola, fue detonado por Henri Parot, líder del comando Argala, célula etarra formada por ciudadanos franceses. José Luis Ramírez murió en el acto, mientras que Esquivias y Mier sufrieron heridas leves.

Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, dirigente de ETA que había suministrado la información al Comando, y Henri Parot, fueron condenados a 30 años de reclusión mayor por el asesinato de José Luis Ramírez y a dos penas de 25 años por los asesinatos frustrados de Esquivias y Mier; además de tener que indemnizar económicamente a los herederos de José Luis, obligación que Henri no cumplió al declararse insolvente.

Apenas una hora después del asesinato del joyero Dámaso Sánchez Soto. en Durango, el 24 de marzo de 1980, miembros del comando Iharra mataron a José Artero Quile, propietario de un pequeño almacén de placas y mármoles. De 42 años y natural de Albox, Almería, estaba soltero y residía en Guipúzcoa.

Sobre las 21.30 horas, José Artero salió de un bar que frecuentaba y montó en su coche. Fue entonces cuando dos terroristas le ametrallaron hasta la muerte. La excusa de los asesinos fue que su víctima había trabado amistad con miembros de la Guardia Civil local.

Francisco Martín Robles, Enrique Letona Viteri y Jon Aguirre Aguiriano como autores del asesinato, y Jesús María Zabarte Arregui, por cooperación necesaria, fueron condenados a 30 años de reclusión mayor y a indemnizar económicamente a los herederos de José.

Véase también Dámaso Sánchez Soto.

Dámaso Sánchez Soto, leonés de 50 años, casado y con tres hijos, vivía en Durango, Vizcaya, donde era dueño de una joyería. La noche del 24 de marzo de 1980, mientras cerraba su establecimiento con su mujer y una de sus hijas, dos etarras encapuchados bajaron de un taxi robado en el que les esperaba otro terrorista. Le dispararon cinco veces provocándole la muerte en el acto. ETA justificó el crimen acusando a Sánchez de ser confidente de la Policía.

José Larrinaga Echeverría, Juan Antonio Urrutia Aurteneche y Fernando Iraculis Albizu fueron condenados a 26 años de reclusión mayor y a indemnizar económicamente a los herederos de la víctima.

Enrique Aresti Urien, conde de Aresti, de 62 años, era natural de Gordejuela, Vizcaya. Viudo desde 1962 y padre de cinco hijos, es considerado la segunda víctima que se negó al pago del chantaje económico de ETA, tras José Legasa Ubiría.. Aresti, presidente del Patronato de Protección de la Mujer y miembro de la Asociación Vizcaína de Caridad, pertenecía a una de las familias más acomodadas de la alta sociedad vasca, muy ligada a la siderurgia minera. Su título nobiliario fue concedido a su abuelo por el rey Alfonso XIII en 1908.

Aresti, subdirector de la aseguradora La Unión y el Fénix y gerente de Maura y Aresti, era un hombre de hábitos. Cada día se desplazaba a pie a ambos trabajos. El 25 de marzo de 1980 fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras subía por las escaleras del edificio de La Unión.

ETA militar reivindicó su asesinato tres días después aduciendo que, siendo Aresti un representante del gran capital vasco, no sólo se había negado a pagar el denominado impuesto revolucionario, sino que además lo había denunciado a la Policía.

Véase también José Legasa Ubiría.

José María Piris Carballo tenía 13 años cuando murió por la explosión de un paquete bomba. El 29 de marzo de 1980 viajaba en el coche del padre de su amigo Fernando García, con él y otro niño más, después de jugar un partido de fútbol. Cuando los tres niños bajaron a la espera de que el padre de Fernando aparcase, José María golpeó un paquete que estaba en el suelo. Era una bomba que un comando de ETA había colocado bajo el coche de un guardia civil que se había soltado sin estallar. La explosión mató al niño en el acto y causó graves lesiones a su amigo Fernando.

Tras el asesinato, la familia de José María recibió una carta de ETA en la que lamentaban la muerte del chico, pues no era el objetivo del explosivo. Al poco tiempo, los Piris Carballo regresaron a su natal San Vicente de Alcántara en Badajoz.

Francisco Fernando Martín Robles, Jon Aguirre Aguiriano y Jesús María Zabarte Arregui fueron condenados a 23 años de prisión mayor y a otros 7 años por las lesiones sufridas por Fernando. Posteriormente, José Gabriel Urizar Murgoitio también fue condenado a igual pena. Todos tuvieron que indemnizar a los herederos de José y a los representantes legales de Fernando.

Francisco Pascual Andreu, guardia civil ceutí de 24 años y soltero, trabajaba en el puesto de la Benemérita en Orio, Gipuzkoa, a la espera de ser trasladado a su localidad natal, destino que le había sido concedido. El 6 de abril de 1980, Francisco y un compañero del Instituto Armado salieron de copas. Ya de madrugada, Francisco se quedó sólo y poco después se paró a conversar con Florentino Lopetegui Barjacoba, un pescador de la zona, sobre los trámites que debía seguir para solicitar la licencia de una lancha motora. Un terrorista les ametralló matándoles en el acto y se dio a la fuga en un coche en el que aguardaba otro terrorista.

Cuatro días después, los Comandos Autónomos Anticapitalistas se hicieron responsables del doble crimen. Lo cierto es que los terroristas confundieron a Lopetegui con el compañero de Francisco, que se había marchado antes dejando sólo a su compañero porque tenía que madrugar.

El cadáver de Pascual fue trasladado a su Ceuta natal y su entierro congregó a unas 4.000 personas.

Véase también Florentino Lopetegui Barjacoba.

Florentino Lopetegui Barjacoba, pescador de 24 años, natural de Orio, Gipuzkoa, casado y con una hija, murió en el atentado del 6 de abril de 1980. El crimen iba dirigido contra el guardia civil Francisco Pascual Andreu., a quien acompañaba la noche en la que murieron ametrallados.

ETA, que no asumió el error, acusó a Florentino de ser colaborador de la Guardia Civil.

Véase el relato completo del atentado en Francisco Pascual Andreu.

Eugenio Lázaro, de 46 años, era inspector jefe de la Policía Municipal de Vitoria y comandante de Infantería. Casado y padre de cuatro hijos, fue asesinado por ETA militar el 13 de abril de 1980. Eugenio murió en un paso de cebra, a la salida de la misa del domingo, de un disparo en la nuca ejecutado por un terrorista. Su cuerpo fue trasladado al hospital de Santiago, donde se certificó su muerte. El Ayuntamiento de Vitoria le concedió la Medalla de Oro de la ciudad a título póstumo.

Ignacio Arakama Mendia y José Ramón López de Abechuco Liquiniano fueron condenados como autores del asesinato a 30 años de reclusión mayor, mientras que Moisés Izar de la Fuente y Pedro Manuel González Alonso fueron condenados a 8 años de reclusión mayor por ser cómplices de asesinato. Todos tuvieron que indemnizar a los herederos de la víctima.

Véase también Jesús Ignacio Velasco Zuazola.

Luis Martos García, cordobés de 29 años, casado y padre de un niño, y José Torralba López, ambos guardias civiles adscritos al puesto de Especialistas Fiscales de Irún, donde se encargaban del control de los camiones que transitaban por la frontera, fueron asesinados el 16 de abril de 1980. Mientras comprobaban la documentación de un camión, varios terroristas ametrallaron a Luis y José por la espalda. Recibieron 38 balas que causaron su muerte en el acto.

Véase también José Torralba López.

José Torralba López, de 23 años, natural de Armilla, Granada, llevaba cinco días prestando servicio en el puesto fronterizo de Irún donde murió junto a su compañero Luis Martos García. al ser ametrallado el 16 de abril de 1980. El funeral por ambos agentes asesinados se celebró en el hospital militar de San Sebastián.

Véase el relato completo del atentado en Luis Martos García.

Rufino Muñoz Alcalde, guardia civil de 40 años destinado en el Gobierno Militar de San Sebastián y oriundo de la localidad burgalesa Fresno de Río Tirón, estaba casado y tenía tres hijos.

El 28 de abril de 1980, Rufino cogió el autobús en Irún para ir a su trabajo en San Sebastián. Casualmente el policía nacional Hipólito Rodríguez Ramos y su esposa subieron en su misma parada. Ninguno de los agentes iba uniformado. De camino, tres terroristas accedieron al autobús y, minutos más tarde, uno disparó a bocajarro a Rufino, matándole en el acto. Hipólito se abalanzó contra el asesino para arrebatarle la pistola y, en el forcejeo, el arma se disparó en el pecho del etarra Francisco Javier Aranceta, que murió en el acto.

Pese a que los otros dos terroristas dispararon a Hipólito Rodríguez, el policía sobrevivió a sus múltiples heridas en el tórax, la muñeca y la cabeza. Recibió los primeros auxilios en el puesto de la Cruz Roja de Rentería y, posteriormente, ingresó en la Residencia Sanitaria de San Sebastián.

Con motivo de la festividad del 1 de mayo, José Oyaga Marañón, navarro nacido en Estella, de 49 años, casado y padre de tres hijos, y su amigo, Jesús Vidaurre Olleta, habían salido a tomar unas copas por el casco viejo de Pamplona hasta que, de madrugada, dos etarras les dispararon a quemarropa matándoles en el acto.

Véase también Jesús Vidaurre Olleta.

Jesús Vidaurre Olleta, de 32 años, viudo y con cuatro hijos, murió acribillado en el atentado de Pamplona en el que también fue asesinado su amigo José Oyaga Marañón el 1 de mayo de 1980.

Véase el relato completo del atentado en José Oyaga Marañón.

José Espinosa Viscarret, pamplonica de 59 años, casado y con cinco hijos, se jubiló del ejército en 1979 como comandante de artillería. En el momento de su asesinato, el 8 de mayo de 1980, era jefe de compras de una empresa astillera.

Espinosa murió en la carretera de Rentería, cuando dos terroristas acribillaron el coche en el que viajaba con un compañero del trabajo que resultó ileso. La víctima, gran aficionado al hockey, había sido presidente de la federación guipuzcoana de esta disciplina durante casi 15 años. Mantenía una estrecha amistad con el general Lorenzo González-Valles Sánchez., asesinado por ETA en San Sebastián en septiembre de 1979.

Véase también Lorenzo González-Valles Sánchez.

Antonio Moreno Núñez, policía nacional de 24 años, soltero y malagueño natural de Cortes de la Frontera, estaba destinado en Bilbao desde hacía dos años y prestaba servicio en la comisaría de Santurce.

El 9 de mayo de 1980 fue asesinado en su coche por tres terroristas que le dispararon desde otro vehículo, cuando se dirigía del trabajo a casa. Recibió cinco balas, una de ellas en la cabeza que resultó mortal. Una patrulla cercana que escuchó el tiroteo se personó en el lugar a los pocos minutos, pero sólo pudo certificar la muerte de su compañero. ETA asumió la autoría del atentado tras una llamada al diario Egin.

Al día siguiente se celebró el funeral de Moreno en el acuartelamiento de la Policía Nacional de Basauri. Fue enterrado en Gaucín.

Ramón Baglietto Martínez, bilbaíno de 42 años y residente en Azcoitia, había sido concejal por UCD (Unión de Centro Democrático). Estaba casado y tenía dos hijos. Su asesinato tuvo lugar el 12 de mayo de 1980, pero la intrahistoria de este crimen se remonta al 21 de septiembre de 1962. Ramón, que ese día se encontraba en la puerta de su tienda de muebles, salvó la vida de un bebé de 11 meses, a quien arrebató de los brazos de su madre justo antes de morir aplastada por un camión junto a su otro hijo. Dieciocho años después, la noche del 12 de mayo, Ramón fue ametrallado en su coche por miembros de un comando etarra cuando regresaba a casa de su tienda de muebles. Tras perder el control del coche por los disparos, se estrelló contra un árbol y fue rematado con un tiro en la sien por Cándido Azpiazu Beristain, el niño al que años atrás había salvado de una muerte segura.

Un par de meses antes, el ex alcalde de Azcoitia, José Larrañaga Arenas., amigo íntimo de Ramón, sufrió un atentado en el que resultó herido (sería asesinado cuatro años más tarde).

Cándido Azpiazu Beristain y Juan Ignacio Zuazolazigorraga Larrañaga fueron condenados a 49 años de reclusión mayor y a indemnizar a los herederos de la víctima. Fueron liberados tras 12 años en prisión. Años después, un reportaje televisivo (Diario de…Mi vecino, el terrorista que mató a mi marido, 2006) mostraba que ambos seguían apoyando a ETA.

En 2004, Cándido abrió un negocio de cristalería junto a la casa de la viuda de Ramón. A raíz de esta situación, la Audiencia Nacional ordenó la subasta del negocio por las indemnizaciones que Cándido debía a la familia de su víctima. En 2008 se procedió a la subasta y la esposa del etarra se hizo con el negocio abonando una cantidad que no cubría el total de la indemnización debida.

Véase también José Larrañaga Arenas.

La mañana del 15 de mayo de 1980, Jesús Holgado Sabio, soltero de 27 años y natural de Carratraca (Málaga), salió a tomar un café con José Manuel Rodríguez Fontana y Dionisio Villadangos Calvo, compañeros de la oficina del Documento Nacional de Identidad de San Sebastián en la que estaban destinados. Mientras los tres agentes se encontraban de pie en la barra del bar, dos miembros de ETA a cara descubierta les ametrallaron por la espalda. Jesús y Dionisio quedaron incapacitados al instante. Aunque José Manuel pudo sacar su arma, los terroristas le mataron antes de utilizarla. Los asesinos escaparon en un coche en marcha que les esperaba en la puerta del bar. Pese a que Jesús y Dionisio seguían con vida y fueron trasladados a un centro sanitario, Dionisio falleció a los pocos minutos de ingresar y Jesús horas después.

Todos los vecinos de su pueblo natal asistieron al funeral de Jesús en Málaga y los establecimientos cerraron en señal de luto y protesta por el asesinato.

Véase también José Manuel Rodríguez Fontana y Dionisio Villadangos Calvo.

El agente José Manuel Rodríguez Fontana, almeriense de 24 años, fue asesinado en el atentado del 15 de mayo en San Sebastián, al ser ametrallado en un bar de la capital donostiarra junto a dos compañeros, Jesús Holgado Sabio y Dionisio Villadangos Calvo. José, que se iba a casar en agosto, había ingresado en el Cuerpo hacía menos de un año y llevaba en San Sebastián menos de dos meses. Véase el relato completo del atentado en Jesús Holgado Sabio.

Véase también Dionisio Villadangos Calvo.

Dionisio Villadangos Calvo, natural de la localidad leonesa de Villazala y de 24 años, estaba soltero y llevaba 8 meses en la Policía Nacional cuando fue asesinado. El atentado tuvo lugar el 15 de mayo en San Sebastián al ser ametrallado en un bar de la capital donostiarra junto a sus compañeros Jesús Holgado Sabio y José Manuel Rodríguez Fontana.

Relato completo del atentado en Jesús Holgado Sabio.

Véase también José Manuel Rodríguez Fontana

El guardia civil Francisco Puig, de 31 años, soltero y natural de Mas de la Mariana, Castellón, fue asesinado junto a su compañero, el cabo Ramón Ruiz Fernández, el 15 de mayo de 1980. Los dos agentes fueron tiroteados hasta la muerte por miembros del comando Adarra mientras cenaban en un bar.

Francisco Javier Lujambio Galdeano fue condenado como autor material del atentado a dos penas de 27 años de reclusión mayor, mientras que José María Aramburu Lete y Juan Miguel Apecechea Arocena fueron condenados a 25 años de reclusión mayor en concepto de cooperación. Los tres terroristas tuvieron que indemnizar a los herederos de los fallecidos.

Véase también Francisco Ramón Ruiz Fernández.

Francisco Ramón Ruiz Fernández, natural de Arjona, Jaén, de 26 años y comandante del puesto de la Guardia Civil de Goizueta, fue asesinado cuando cenaba con su compañero Francisco Puig Mestre el 15 de mayo de 1980. Apenas quince días antes del atentado había sido padre por segunda vez.

Véase el relato completo del atentado en Francisco Puig Mestre.

Ceferino Peña Zubía, de 29 años, casado, padre de una niña y propietario de un taller de carrocería en Arrona, Gipuzkoa, fue asesinado por error por el comando Andutz, tal y como reconoció posteriormente ETA, cuyo objetivo era otro industrial de Arrona.

Aquella tarde del 16 de mayo de 1980, tres terroristas le dispararon a bocajarro en la boca, el pecho y el vientre cuando atendía a un cliente. Murió en el puesto de la Cruz Roja de Zumaya.

Teodoro Izaguirre Iglesias fue condenado a una pena de 27 años de reclusión mayor; Luis María Pedro Careaga Urquizu, como cooperante necesario, a 20 años y 1 día de prisión mayor; José Ramón Irusta Urain, como cómplice, a 12 años y 1 día de reclusión menor y Juan Lucha García, como conspirador, a 6 años y 1 día de prisión mayor. Los cuatro tuvieron que pagar una indemnización a los herederos de la víctima.

Posteriormente fue detenido José Antonio Galarraga Arrona, que fue condenado como autor del asesinato a 27 años de reclusión mayor y al pago de una indemnización.

En mayo de 1978 la Policía detuvo a dos etarras pertenecientes a los comandos desarticulados Mendizabal y Sherpa. Tomás Sulibarria, Tomy, bilbaíno de 27 años y líder del primer comando, había escapado de la policía y estaba refugiado en Francia con su mujer y su hija. Pero tres meses más tarde, el 30 de agosto, Tomás apareció herido con un disparo en el cuello en la vizcaína carretera de Mundaca. Ya en el ambulatorio de Bermeo, en estado grave e incapaz de articular palabra, Sulibarria escribió con su propia sangre que pertenecía a ETA, tras lo que fue detenido y trasladado a un hospital donde fue finalmente identificado.

ETA se declaró responsable de su atentado acusándole de ser confidente de la Policía.

La familia de Sulibarria y sus antiguos compañeros de trabajo emitieron dos comunicados negando las acusaciones de la banda terrorista, que ya había advertido a Sulibarria que se fuera de Euskadi, amenaza a la que hizo caso omiso. Cuando se recuperó, ingresó un año en prisión.

La mañana del 3 de junio de 1980, Sulibarria tuvo una reunión para ser readmitido en su antiguo banco, pero de camino a su casa, un hombre y una mujer le dispararon un tiro en la nuca que le mató en el acto. ETA volvió a declarar su autoría en el atentado reiterando sus acusaciones.

José Miguel Etxeberria Álvarez, alias Naparra y Bakunin, de 22 años, militante primero de la Liga Comunista Revolucionaria y, posteriormente, de ETA político militar, ETA militar y, por último, los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) fue secuestrado y asesinado por el Batallón Vasco Español el 11 de Junio de 1980 y nunca se encontró su cadáver.

Natural de Pamplona, huyó de su domicilio en 1978, a los 20 años. Etxeberria tuvo los primeros roces con ETA militar poco después de haber huido a Francia, porque sus convicciones anarquistas chocaban frontalmente con los objetivos de la organización terrorista. Finalmente, abandonó ETA militar en 1978 y se unió a los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA).

El policía nacional Ángel Postigo Mejías, de 25 años, era natural de La Línea de la Concepción y vivía en Navarra desde los 6 años. Se casó en 1974 con Manuela Merchán y tenían un hijo. Llevaba en la Policía Nacional menos de un año cuando fue asesinado por ETA.

El 15 de junio de 1980, Ángel fue a visitar a su abuela en el barrio de la Rochapea. A las 10.15 horas salió de su casa y se dirigió hacia su coche, que estaba aparcado al lado del domicilio familiar. Cuando fue a abrir la puerta del automóvil, un hombre y una mujer que estaban sentados en un banco se levantaron y empezaron a dispararle. Murió casi en el acto. Los terroristas huyeron en un vehículo robado.

Ángel estaba siendo vigilado por un joven pagado por ETA. El individuo fue detenido y condenado como cómplice del atentado a una pena de 2 años de prisión menor y al pago de la indemnización correspondiente a la viuda de Ángel.

Mercedes Galdós Arsuaga fue condenada a 27 años de reclusión mayor y al pago de una indemnización a los herederos de la víctima. Santiago Arrospide Sarasola fue condenado como inductor del asesinato a 27 años de prisión mayor y al pago de una indemnización económica a la Administración del Estado.

José Pablo García Lorenzo era bilbaino, tenía 25 años, estaba casado desde hacía tres y tenía una hija de un mes. Era empleado del Ayuntamiento de Amorebieta desde 1971. Había trabajado como encargado de medir los contadores de agua en los domicilios de la localidad y en el momento del asesinato estaba adscrito al servicio de recogida de basuras.

El 19 de junio de 1980, José Pablo salió de su casa, en la calle San Miguel, a las 8 de la mañana para ir a su trabajo en el Ayuntamiento. Apenas había abandonado el portal cuando dos personas se acercaron y le dispararon a bocajarro en el pecho y la cabeza. Los autores del atentado huyeron en un coche robado. Al oír los disparos, la mujer de José Pablo salió a la calle corriendo y encontró a su marido en el suelo. ETA se hizo responsable del asesinato el 23 de junio de 1980.

Julio Santiago Expósito Pascual tenía 23 años y era de Sestao. Estaba soltero y había terminado recientemente el servicio militar. Trabajaba con su padre en la sastrería Expósito, propiedad de la familia.

A las 14 horas del 20 de junio de 1980, Julio y su padre salieron de la sastrería, en la antigua calle Queipo de Llano, para ir a comer a su casa en la calle San Diego. Caminaron dos metros en dirección a su coche, cuando dos etarras encapuchados y armados se bajaron de un automóvil y se dirigieron hacia ellos. Uno de los terroristas empujó a Julio que intentó protegerse escondiéndose detrás de un coche pero fue ametrallado y murió en el acto.

Cuando Julio cayó al suelo uno de los terroristas lo remató disparándole varias veces. El padre de Julio se acercó al cuerpo de su hijo y vio que ya estaba muerto. Los terroristas huyeron en un coche en el que les esperaban otros dos miembros de la banda. Al día siguiente, ETA militar se hizo responsable del atentado a través de una llamada telefónica al diario Egin.

Luis María Hergueta Guinea, de 52 años, estaba casado y tenía dos hijos de 16 y 20 años. Era jefe de instalaciones y materiales de la factoría Michelin de Vitoria. Gran aficionado a la pelota vasca, modalidad de pala, organizaba competiciones en las que participaban los trabajadores de la empresa.

El miércoles 25 de junio de 1980, Luis María Hergueta salió de trabajar hacia las 13.30 horas como era habitual. Cogió el coche para ir a su domicilio, aparcó, compró un periódico en el quiosco y se dirigió caminando hasta su casa, en la calle Dato. Antes de llegar al portal, tres terroristas le dispararon por la espalda en la nuca, matándole al instante. ETA político-militar se hizo responsable del asesinato y lo justificó por los conflictos laborales en las factorías de Michelin de Vitoria y Lasarte.

Los directivos de Michelin eran objetivo de atentados terroristas y secuestros. Un año antes del asesinato de Luis, el director general de la firma en España fue secuestrado, herido y abandonado en un descampado por un comando de ETA político militar. El director de la factoría alavesa también fue secuestrado por el mismo comando. Un mes antes del atentado de Luis María, otro directivo alavés fue herido grave por varios disparos.

El dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, fue considerado autor del delito. Dos trabajadores de Michelin en Vitoria, Modesto García Marañón y su esposa, Miren Edurne García Artal, fueron condenados por su colaboración.

Elio López Camarón tenía 60 años, era mecánico, natural de Castronuevo (Zamora) y viudo desde 1974. Tenía cuatro hijos. Murió en el atentado de Azcoitia del 28 de junio de 1980 junto a dos amigos: el guardia civil Justino Quindos López. y el funcionario Julio Muñoz Grau., acribillados por cuatro miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas.

Véase el relato completo del atentado en Justino Quindos López.

Véase también Julio Muñoz Grau.

Julio Muñoz Grau, de 60 años, era de Valladolid. Estaba casado y tenía tres hijos. Contable de formación, trabajaba como funcionario en el Ayuntamiento.

El 28 de junio de 1980 caminaba por la calle Mayor junto a dos amigos, el guardia civil Justino Quindos López. y el mecánico Elio López Camarón., cuando fueron acribillados por cuatro miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Julio quedó gravemente herido, pero falleció mientras le trasladaban a un centro sanitario. Cuatro disparos, dos de ellos en la cabeza, acabaron con su vida. Sus dos compañeros también fallecieron.

Relato completo del atentado en Justino Quindos López.

Véase también Elio López Camarón.

Justino Quindós López tenía 60 años, era de Ampudia (Palencia), estaba casado con Arcadia Izquierdo y tenía dos hijos. Había abandonado la Guardia Civil hacía más de 20 años y trabajaba en la empresa Beltia. Vivía en el mismo edificio que Ramón Baglietto Martínez, asesinado por ETA dos meses antes.

Justino y sus amigos, Elio López Camarón, mecánico, y Julio Muñoz Grau, empleado municipal, estuvieron viendo unos partidos de pelota antes de ir al bar Alejandro de Azcoitia. A las 20:30 horas, los tres amigos salieron del bar y continuaron de charla en plena calle Mayor. En ese momento, cuatro miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas les dispararon quince veces. Justino y Elio murieron al instante. Julio Muñoz quedó gravemente herido y falleció durante el trasladado al centro sanitario. Una de las balas entró en el bar e hirió en una pierna al policía municipal Manuel Pérez Zarzo.

Justino recibió tres disparos en el tórax y uno en la cabeza. En 2007, el Ayuntamiento de Azcoitia organizó un homenaje a siete víctimas del terrorismo de la localidad, entre los que se encontraban Justino, Julio y Elio.

Dos días después del atentado, los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) se responsabilizaron del triple crimen. Ese mismo día, el etarra Jesús María Larzabal Bastarrika fue detenido por la Policía en el barrio de Gros de San Sebastián cuando portaba un comunicado en el que los CAA se responsabilizaban del atentado de Azcoitia. El terrorista llevaba en su poder el arma con la que disparó a Justino Quindós, Julio Muñoz y Elio López.

Por este atentado fueron condenados Jesús María Larzabal y Juan Carlos Arruti Azpitarte, en concepto de autor del atentado. Fueron sentenciados a tres penas de 25 años de reclusión mayor, así como el pago conjunto y solidario de tres indemnizaciones a los herederos de las víctimas y otra indemnización a Manuel Pérez Zarzo, herido en el atentado.

Véase también Elio López Camaróny Julio Muñoz Grau.

Joaquín Becerra Calvente, de 40 años, nació en Cortes de la Frontera (Málaga) y vivía en Amurriodesde hacía más de 20 años. Estaba soltero y trabajaba como especialista en la empresa Tubos del Nervión. También ayudaba a su familia en dos bares de la misma localidad y estaba afiliado a la UGT. El 2 de julio de 1980, Julio estaba trabajando en uno de los bares familiares cuando su hermana le explicó que fuera había tres personas que decían que habían golpeado su coche. Cuando Joaquín salió para ver qué ocurría, dos de ellos le dispararon siete tiros que le mataron en el acto.

La noticia del asesinato provocó el paro de la fábrica Tubos del Nervión y la concentración de la mayor parte de la plantilla en una plaza del centro de la localidad. Por la tarde, los trabajadores se volvieron a manifestar por la zona industrial. El Ayuntamiento celebró un pleno extraordinario para condenar el atentado. ETA militar acusó a la víctima de ser confidente de la Policía.

Antonio Gómez, natural de Vilardebós (Ourense), tenía 21 años y estaba casado. Era el menor de ocho hermanos, todos ellos guardiaciviles. Varios miembros de ETA le asesinaron en una emboscada en la que también mataron a su compañero Aurelio Navío.

El 13 de julio de 1980, a las 14 horas, ocho guardiaciviles a bordo de tres vehículo volvían del polvorín que Explosivos Río Tinto tenía en Aia tras haber sido relevados. Se encontraban a la altura del puente del ferrocarril, a las afueras de Orio, cuando varios etarras dispararon contra ellos. Una granada de mano alcanzó al primero de los automóviles. Antonio Gómez Ramos fue el primero en morir. Sus compañeros, Jesús Díaz Blanco y Aurelio Navío Navío, intentaron protegerse detrás del coche. El segundo vehículo de la patrulla fue alcanzado por otra granada y sus ocupantes bajaron y se pusieron a salvo. Al oír los tiros, los agentes que acababan de llegar al polvorín bajaron a ayudar. Alcanzaron a dos de los etarras, Carlos Lucio Fernández e Ignacio Gabirondo Agote. Otros tres guardiaciviles, Francisco Villoria Villoria, Ramiro Cerviño Pereiro y Jesús Díaz Blanco, quedaron gravemente heridos.

Juan María Tapia Irujo, Jerónimo Azcue Arrizabalaga e Isidro Etxabe Urrestrilla fueron condenados como encubridores del atentado por dos delitos consumados y nueve frustrados de asesinato a dos penas de 9 años de prisión mayor y nueve penas de 3 años de prisión menor. Además de indemnizar a la viuda de Antonio; a la madre de Aurelio Navío y a tres heridos.

Véase también Aurelio Navío Navío.

Aurelio Navío Navío nació en Tordelloso (Guadalajara) el 20 de julio de 1946 y estaba soltero. Le asesinaron una semana antes de su cumpleaños. Varios miembros de ETA emprendieron una emboscada a la altura del puente del ferrocarril, a las afueras de Orio, atacando a varios agentes. También fue asesinado su compañero Antonio Gómez Ramos. Los restos de Aurelio fueron trasladados a Barcelona, donde recibieron sepultura.

Véase el relato completo del atentado en Antonio Gómez Ramos.

Ramón Ledo Taboada tenía 23 años y era de Chantada (Lugo). Se había casado pocos meses atrás y vivía en Zumárraga. Sólo le faltaba un mes para ser padre de su primer hijo.

El 18 de julio de 1980, Ramón estaba reparando un vehículo en el taller Aitor de Bergara, cuando dos encapuchados armados entraron en el garaje preguntando por él. Ramón se identificó y los terroristas le dispararon hiriéndole gravemente de cinco disparos en la cabeza, la yugular y el pecho. Sus compañeros de trabajo le llevaron urgentemente al centro sanitario de Mondragón, donde falleció minutos después de ser ingresado. Los terroristas eran miembros del comando Besaide y habían preparado el atentado robando un automóvil.

El 18 de septiembre de 1981 los miembros de ETA José Ramón Bidaburu Otaduy, Pedro Juan Guridi Arocena y Félix Bengoa Unzurrunzaga, culpables del asesinato de Ramón, fueron condenados a una pena de 25 años de prisión mayor cada uno. Además, debían indemnizar económicamente a los herederos de la víctima.

Francisco López, natural de Berbegal (Huesca), de 49 años, estaba casado y tenía dos hijas. Desde septiembre de 1975 estaba destinado en la Academia del Servicio Fiscal, en Sabadell (Barcelona), donde impartía clases. Ocho días antes de sufrir el atentado que le costó la vida había sido destinado a Logroño.

En 1980, la Guardia Civil concentraba en La Rioja a efectivos de diversas comandancias que, tras el adiestramiento, eran enviados al País Vasco para reforzar la lucha contra el terrorismo.

El 22 de julio de 1980, 120 guardiaciviles procedentes de Andalucía y Cataluña viajaban en tres autobuses desde Logroño para realizar prácticas en un tramo en construcción de la autopista A-68 Bilbao-Zaragoza, sin saber que ETA había colocado allí diez cargas explosivas. A las 9 horas los etarras activaron a su paso por control remoto las cargas ocultas y tres de ellas explotaron, alcanzando al último autobús.

El teniente Francisco López Bescos fue herido gravemente y falleció minutos después de ingresar en la clínica Clavijo de Logroño. Otros 36 agentes fueron alcanzados. Algunos de ellos fueron trasladados a Zaragoza para ser intervenidos quirúrgicamente.

El etarra Isidro Etxabe Urrestrilla fue condenado, como autor del atentado, a una pena de 25 años de prisión mayor y al pago de una indemnización a los herederos de la víctima y a los agentes heridos. Juan Manuel Soares Gamboa fue condenado a 26 años de cárcel por su participación.

Mario González Blasco tenía 51 años y desde hacía 28 trabajaba como soldador en la empresa Agruminsa, de Gallarta (Vizcaya). Natural de La Arboleda, del barrio de San Salvador del Valle, estaba casado y tenía dos hijos. Un año antes de morir se afilió a Comisiones Obreras.

El 2 de agosto de 1980, a las seis de la madrugada, Mario salió de su trabajo en el pozo minero Bodovile y junto a un compañero se trasladó en coche a su domicilio en San Salvador del Valle. El coche fue interceptado por varios encapuchados que ataron a su acompañante y secuestraron a Mario. A las 13 horas, un hombre encontró el cuerpo de Mario. Estaba abandonado a unos 50 metros de donde el 2 de febrero se halló el cadáver de Jesús María Zubicaray, militante de EIA (Partido para la Revolución Vasca) asesinado por el Batallón Vasco Español. Sobre el cuerpo de Mario colocaron un recorte de prensa con una fotografía de Zubicaray. Los terroristas, miembros de ETA político militar, le acusaban de estar relacionado con su muerte.

Los trabajadores de la empresa Agruminsa realizaron un paro de 24 horas por su compañero. El pleno del Ayuntamiento de San Salvador del Valle condenó en sesión extraordinaria el asesinato del trabajador vizcaíno.

Jesús María Echeveste, natural de Irún, tenía 46 años, estaba casado y no tenía hijos. Era ingeniero industrial y estaba trabajando como apoderado en la agencia de aduanas Sucesores de Echeandía, de la que era copropietario, junto a su hermano.

El 28 de agosto de 1980, Jesús salió de su casa hacia el trabajo a las 8.45 horas. Tras una breve parada para comprar un periódico y un paquete de tabaco en el quiosco, se dirigió hacia la calle Berrocarán cuando una persona se acercó y le disparó con una escopeta de cañones recortados. Fue trasladado a la residencia sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián, donde falleció horas más tarde. El agresor y un cómplice se subieron a un coche robado en el que les esperaba un tercer individuo para darse a la fuga.

El mismo día del asesinato, representantes de varios partidos políticos convocaron a todos los iruneses a una manifestación silenciosa tras el funeral de Echeveste.

Antonio Fernández Guzmán, de 37 años, casado y con dos hijos, era natural de Huelma (Jaén), aunque residía en Santurce desde hacía diez años, donde trabajaba como empleado de la empresa Termesa, dedicada a las tareas de estibado. ETA le mató, acusándole de ser confidente policial, el 3 de septiembre de 1980.

Ocho meses antes de su asesinato, en los muelles de Santurce aparecieron unos pasquines en los que se acusaba a Antonio de ser confidente policial. Sus amigos los retiraron, contactaron con los autores y les aclararon que las acusaciones eran falsas.

El 3 de septiembre de 1980, Antonio se dirigió andando hacia el puerto de Santurce donde trabajaba. Al llegar a la confluencia de las calles Capitán Mendizábal y Juan XXIII, dos etarras le tirotearon a corta distancia causándole la muerte. Los terroristas huyeron en un coche robado en el que les esperaba un cómplice.

Nicolás Fernández Guzmán, uno de los cinco hermanos de la víctima, pasó junto al lugar del atentado y se enteró del asesinato de Antonio al ver su cuerpo en el suelo.

Basilio Altuna Fernández de Arroyabe, natural de Azua (Álava), había estado destinado en Madrid y fue trasladado a la compañía de la Reserva General de Miranda de Ebro (Burgos). Acudía todos los años a Erentxun, localidad de donde era su mujer, para pasar las fiestas.

El 6 de septiembre de 1980, a las 22.15 horas, el capitán de la Policía se encontraba en la plaza de Erentxun cuando un terrorista se acercó y le disparó en la cabeza, matándole en el acto. El asesino montó en un coche que le esperaba y huyó.

ETA político militar se responsabilizó del atentado llamando por teléfono a varios medios de comunicación vascos, acusando a Basilio de ser uno de los causantes de la muerte de cinco trabajadores por disparos de la Policía en Vitoria en marzo de 1976. La mujer e hijos de Basilio Altuna enviaron una carta a varios medios en la que pedían a los terroristas que demostraran las acusaciones que habían hecho contra Basilio.

Los asesinos de Basilio Altuna nunca fueron juzgados por el asesinato y el caso nunca se ha reabierto.

José María Urquizu Goyogana tenía 55 años, era de Durango, estaba casado y era padre de cinco hijos. Estaba destinado en Burgos, donde pasaba parte de la semana. Había rechazado la escolta y no quiso irse del País Vasco porque era su tierra. Había sido fundador y miembro de diversas asociaciones deportivas.

José María era teniente coronel del Cuerpo de Sanidad. Los sábados solía ir a Durango, su localidad natal, donde estaba la farmacia que regentó primero su padre y luego su hermnao con su apoyo. Allí se encargaba de realizar análisis en un pequeño laboratorio.

El 13 de septiembre de 1980 a las 11.45 horas, un hombre y una mujer entraron en la farmacia diciendo que querían hacerse un análisis de sangre y preguntaron por José María. Cuando se inclinó para mirar por el microscopio, recibió un tiro en la nuca que le mató en el acto.

Los asesinos huyeron por un callejón y se subieron a un coche robado en el que les esperaba otro individuo. Cuando se conoció la noticia, todas las farmacias de la zona cerraron como protesta por lo sucedido. ETA militar asumió la autoría del atentado.

El crimen de José María sigue impune a día de hoy.

El guardia civil Antonio García Argente, de 20 años, era natural de Manises (Valencia). Estaba asignado en la III Compañía Móvil de Barcelona, aunque había sido destinado temporalmente al País Vasco. El 20 de septiembre de 1980 fue asesinado por ETA con otros tres agentes.

Después de ocho meses del asesinato en Ispaster de los seis guardias civiles que se encargaban del transporte de armamento fabricado por la empresa Esperanza y Cía. (véase Alfredo Díez Marcos), cuatro agentes que protegían las instalaciones de la empresa murieron en otro atentado terrorista.

El 20 de septiembre de 1980 los agentes Antonio García Argente, Mariano González Huergo, Miguel Hernández Espigares y Alfonso Martínez Bellas, estaban en el restaurante Arrieta, donde acostumbraban a comer algunos guardias civiles. El local tenía una puerta principal que se cerraba sobre las 14.30 horas y una puerta trasera, en la calle Osteko, que también solía estar cerrada.

El 20 de septiembre, poco después de las 14.30 horas, alguien llamó a la puerta trasera. La hija del dueño del restaurante abrió, al pensar que alguno de los clientes habituales llegaba con retraso. Tres terroristas con metralletas irrumpieron en el local, fueron directos a la mesa en la que comían los guardias civiles y comenzaron a disparar a los cuatro agentes que murieron en el acto.

Los etarras Jaime Rementería, encargado de dibujar el croquis del restaurante, y Fidel González, que alojó varios días a los terroristas y prestó su automóvil para realizar el asesinato, fueron condenados a cuatro penas de 17 años, 4 meses y un día de prisión mayor como cómplices del atentado, además de indemnizar económicamente a los herederos de cada una de las víctimas. José Ramón Foruria también fue condenado como cómplice. Las penas impuestas eran de 10 años y un día de prisión mayor por cada asesinato, así como al pago a los herederos de una indemnización económica.

Véase también Mariano González Huergo, Miguel Hernández Espigares y Alfonso Martínez Bellas.

Mariano González Huergo, de 25 años, era de Santander. Guardia civil, estaba destinado en la 551 comandancia de su ciudad natal, aunque se encontraba temporalmente en el País Vasco como refuerzo a las plantillas de la zona.

Mariano González fue asesinado por ETA el 20 de septiembre, cuando estaba comiendo con tres compañeros de trabajo, Antonio García Argente, Miguel Hernández Espigares y Alfonso Martínez Bellas, en el restaurante Arrieta de Marquina. Durante el atentado, tres terroristas armados con metralletas entraron en el local y comenzaron a dispararles, matándoles en el acto.

Véase el relato completo del atentado en Antonio García Argente.

Véase también Miguel Hernández Espigares y Alfonso Martínez Bellas.

Miguel Hernández Espigares, de 23 años, natural de Guadix (Granada), estaba soltero. Su destino era la III Compañía Móvil de Barcelona, pero se encontraba en el País Vasco como refuerzo a las plantillas de la zona.

Miguel fue asesinado por ETA el 20 de septiembre, cuando estaba comiendo con tres compañeros de trabajo, Antonio García Argente, Mariano González Huergo y Alfonso Martínez Bellas, en el restaurante Arrieta de Marquina.

Véase el relato completo del atentado en Antonio García Argente.

Véase también Mariano González Huergo y Alfonso Martínez Bellas.

Alfonso Martínez Bellas, de 22 años, era de A Coruña. Estaba casado, tenía un hijo pequeño y su esposa estaba embarazada del segundo. Estaba destinado en la 111 Comandancia de Madrid, pero le habían mandado temporalmente al País Vasco para reforzar las plantillas de la zona.

Fue asesinado por ETA el 20 de septiembre, cuando estaba comiendo con tres compañeros de trabajo, Antonio García Argente, Mariano González Huergo y Miguel Hernández Espigares, en el restaurante Arrieta, de la localidad de Marquina.

Véase el relato completo del atentado en Antonio García Argente.

Véase también Mariano González Huergo y Miguel Hernández Espigares.

José Ignacio Ustarán Ramírez, de 51 años, era de Vitoria. Estaba casado con Rosario Muelas, sevillana de 36 años, con quien tenía cuatro hijos. José Ignacio era perito industrial y también había realizado actividades relacionadas con la industria del automóvil. Su esposa era concejala de Unión de Centro Democrático (UCD) en el Ayuntamiento de Vitoria. José se afilió al partido después y se presentó a las elecciones al Parlamento.

El 29 de septiembre de 1980, la familia de José Ignacio estaba preparando la fiesta de cumpleaños de su hija que se celebraría el día siguiente. A las 21 horas alguien llamó a la puerta de su casa diciendo que traía un paquete. Abrieron pensando que sería un regalo, pero aparecieron cuatro terroristas armados con pistolas y obligaron a José Ignacio a tumbarse en el suelo, mientras que a su esposa e hijos les llevaron a otra habitación. Los terroristas secuestraron a José Ignacio y cortaron el teléfono.

A las 22.30 horas, unos vecinos encontraron en la calle de San Prudencio un coche aparcado y, en su interior, el cuerpo de José Ignacio con dos disparos, uno en la espalda y otro en la cabeza. El coche estaba estacionado junto a la sede provincial de la UCD.

Tras el asesinato, Rosario se trasladó a Sevilla, su ciudad natal, junto a sus hijos. En el 25º aniversario del crimen, 300 personas se reunieron en el convento de Los Remedios de Sevilla.

ETA político militar asumió la autoría del atentado justificando el asesinato por ser miembro de UCD. Comunicaron que continuarían matando a militantes y dirigentes de UCD, a quienes acusaban de ser responsables de la situación en el País Vasco.

Ramón Coto Abad, jubilado de 71 años, estaba casado y era amigo de los dueños del estanco de la calle Navarra de Bilbao, a quienes iba a visitar casi todas las mañanas.

A las 13.30 horas del 29 de septiembre de 1980, Ramón estaba en el establecimiento, sentado en un taburete detrás del mostrador, cuando llegaron varios miembros del comando Orbaiceta de ETA militar. Uno de los terroristas se quedó vigilando en la puerta, mientras otro entró en el local y disparó a Ramón, provocándole heridas muy graves. Fue trasladado e intervenido quirúrgicamente en el hospital civil de Bilbao, pero falleció tres días después.

El etarra Sabino Onaindia fue condenado a una pena de 6 años y un día de prisión mayor. Aitor Zumarraga Casas, como autor del atentado, fue sentenciado a una pena de 28 años de prisión mayor, así como a la indemnización correspondiente a la viuda de la víctima. Vicente Antonio Sagredo Rivas también fue condenado a 26 años de reclusión mayor, así como al pago de la indemnización a los herederos.

Benito Morales, de 40 años, estaba casado y tenía tres hijos. La víctima era de Santibáñez el Alto (Cáceres) y trabajaba como taxista en Rentería desde hacía seis años.

Se desconoce cómo se produjo su secuestro y asesinato. Probablemente, igual que en otros casos similares, uno o varios individuos solicitaron sus servicios y le asesinaron durante el trayecto.

A las cuatro de la madrugada del 2 de octubre, una persona que hablaba en nombre de ETA militar dio aviso de que en el interior del maletero de un coche se encontraba el cadáver de Benito, e informó de que el taxi estaba aparcado frente a una tienda de bicicletas de Rentería, en la Nacional I. Los agentes se trasladaron al lugar, encontraron el vehículo y, en el maletero, el cuerpo sin vida de Benito con dos disparos en la cabeza.

Los taxistas de Rentería pararon su actividad en protesta por su compañero asesinado. El 9 de octubre ETA militar asumió la autoría del asesinato, en un comunicado en el que también se responsabilizaba del asesinato de tres miembros de la Guardia Civil y de otros tres policías. La banda justificaba los crímenes como una presión encaminada a “demostrar al Gobierno español que solamente existe una salida de compromiso para evitar el grave conflicto que puede crear el todavía no resuelto proceso autonómico vasco”.

El subcomisario de policía Sergio Canal Canal nació en Bentrances (Orense). Tenía 56 años, estaba casado y no tenía hijos. Cuatro miembros de ETA le ametrallaron cuando volvía de prestar servicio, el 3 de octubre de 1980.

El primer día de cada mes, el subcomisario Canal, el inspector José Antonio Merenciano Ruiz y un conductor se trasladaban a Durango para tramitar el Documento Nacional de Identidad en unas oficinas que el Ayuntamiento ponía a disposición de los policías. El 3 de octubre, tras finalizar su trabajo, subcomisario e inspector volvían a Bilbao con el conductor Jesús Hernando Ortega. A las 12.30 horas, su coche se paró en un semáforo en rojo en la confluencia de las calles Carlos II y Mauricio Zabal. Cuatro terroristas dispararon contra el coche y se acercaron para rematar en la cabeza de las víctimas. Los terroristas huyeron en un coche robado.

José Antonio Merenciano Ruiz murió en el acto. Jesús y Sergio fueron heridos graves y trasladados al hospital civil de Bilbao. Jesús murió durante el trayecto y Sergio, media hora más tarde.

Véase también Jesús Hernando Ortega y José Antonio Merenciano Ruiz.

Jesús Hernando Ortega, policía nacional burgalés de 44 años, casado y con un hijo, fue asesinado en el atentado de Durango del 3 de octubre de 1980 con los agentes Sergio Canal Canal y José Antonio Merenciano Ruiz, cuando fueron acribillados por varios etarras en el coche en el que viajaban.

Véase el relato completo del atentado en Sergio Canal Canal.

Véase también Sergio Canal Canal y José Antonio Merenciano Ruiz.

El inspector de la policía nacional, José Antonio Merenciano Ruiz, valenciano de 24 años y casado desde hacía cuatro meses, fue asesinado en el atentado de Durango del 3 de octubre de 1980 con los agentes Sergio CanalCanal y Jesús Hernando Ortega, cuando fueron acribillados por varios etarras en el coche en el que viajaban.

Véase el relato completo del atentado en Sergio Canal Canal.

Véase también Jesús Hernando Ortega.

Avelino Palma Brioa, guardia civil pacense de 31 años y natural de Olivenza, estaba casado y tenía dos hijos. Fue asesinado por el comando Araba el 4 de octubre de 1980, durante la celebración las fiestas patronales de la localidad alavesa de Salvatierra. Avelino y dos compañeros, el cabo primero José Luis Vázquez Plata y el agente Ángel Prado Mella, estaban encargados de controlar el tráfico de la clásica carrera ciclista del Rosario cuando fueron tiroteados mientras repasaban el trayecto de la prueba.

Avelino, que antes había estado destinado en San Sebastián y Burgos, ascendió a cabo tras un tiroteo con terroristas que pretendían atentar contra una antena de comunicaciones en el monte Igueldo.

Ignacio Arakama Mendia fue condenado a 20 años de prisión menor por cada una de las víctimas mortales; el sacerdote Ismael Arrieta Pérez de Mendiola, acusado de proporcionar los datos relativos a la carrera y la ubicación de los guardias civiles, a 10 años y un día de prisión mayor por cada uno de los asesinatos, condena más tarde rebajada a 6 años. También fueron condenados a indemnizar a los herederos de las víctimas pero, al declararse insolventes, el Estado tuvo que asumir dichas compensaciones.

Véase también Ángel Prado Mella y José Luis Vázquez Plata.

El guardia civil Ángel Prado Mella, de 26 años, soltero y natural de Sobrado de los Monjes (A Coruña), fue asesinado en el atentado de Salvatierra el 4 de octubre de 1980, cuando él y sus compañeros Avelino Palma Brioa y José Luis Vázquez Plata fueron tiroteados mientras repasaban el trayecto de una carrera ciclista.

Véase el relato completo del atentado en Avelino Palma Brioa.

Véase también José Luis Vázquez Plata.

El cabo primero de la Guardia Civil, José Luis Vázquez, de 31 años y natural de Coiros (La Coruña), estaba casado desde hacía cinco meses y esperaba su primer hijo cuando fue asesinado en el atentado de Salvatierra del 4 de octubre de 1980, cuando él y sus compañeros Avelino Palma Brioa y Ángel Prado Mella fueron tiroteados mientras repasaban el trayecto de una carrera ciclista.

Véase el relato completo del atentado en Avelino Palma Brioa.

Véase también Ángel Prado Mella.

Carlos García Fernández, de 55 años, nacido en Eibar (Guipúzcoa), casado y con cuatro hijos, estaba amenazado por colaborar con la Policía. La segunda vez que incendiaron su coche, Carlos decidió que había llegado el momento de deshacerse de su estanco y demás propiedades y trasladarse con su familia a la localidad riojana de Arnedo.

El 7 de octubre de 1980, mientras Carlos y su esposa ultimaban el traspaso del negocio tabacalero junto a la nueva propietaria, dos terroristas entraron en el inmueble y uno de ellos le disparó varias veces hasta matarle en el acto. Su mujer y la nueva responsable del negocio no pudieron hacer nada para salvarle.

Jesús María Retolaza Loidi fue condenado a 13 años de reclusión menor y Apolinar Bilbao Inzunza a 12 años y un día de prisión menor; además de indemnizar económicamente a los herederos de la víctima.

El teniente coronel Lorenzo Motos Rodríguez, de 61 años, vallisoletano y residente en San Sebastián desde hacía 15 años, tenía esposa y siete hijos. Estaba destinado en el Patronato de Huérfanos del Gobierno Militar de Guipúzcoa cuando fue asesinado el 13 de octubre de 1980.

Motos, que se había alistado voluntario el 18 de julio de 1936, el primer día de la Guerra Civil, participó activamente en la campaña de SidiIfni en los años cincuenta y recibió múltiples condecoraciones por méritos en campaña. Llegó a ser distinguido con la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo.

El 13 de octubre, como cada mañana, Motos se dirigía a su acuartelamiento cuando en un semáforo rojo tres terroristas le ametrallaron. Recibió tres impactos que le hirieron mortalmente. Aunque le llevaron rápidamente al hospital de Aránzazu, no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Ignacio Esteban Erro Zazu fue condenado a una pena de 29 años de prisión mayor como autor del asesinato y al pago de una indemnización económica a los herederos de la víctima.

El donostiarra Juan Manuel García Cordero, de 53 años, casado y con siete hijos, era delegado de Telefónica en Guipúzcoa. ETA consideraba a la empresa un objetivo militar legítimo porque colaboraba con la Policía en las supuestas escuchas telefónicas. La mañana del 23 de octubre de 1980, los Comandos Autónomos Anticapitalistas secuestraron a García y le asesinaron de un tiro en la cabeza en el monte Ulía.

Cuatro días después, la Escuela Superior de Técnicos donde estudiaba uno de sus hijos convocó una manifestación silenciosa de protesta, bajo los lemas “La paz es nuestro objetivo” y “Violencia no.”

Dos años más tarde, su sucesor en el cargo, Enrique Cuesta Jiménez, también fue asesinado junto a su escolta, Antonio Gómez García.

Jaime Arrese Arizmendiarrieta, de 43 años, estaba casado y tenía dos hijos. Había sido alcalde de Elgoibar de 1974 a 1977 y miembro de la Comisión Ejecutiva Provincial de Unión de Centro Democrático (UCD) en Gipuzkoa y trabajaba en la empresa Arriola y Compañía. El mediodía del 23 de octubre de 1980, dos miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas le mataron al entrar en un bar de Elgoibar.

Arrese, Marcelino Oreja, Jaime Mayor Oreja, José Ignacio Ustarán Ramírez y Juan de Dios Doval Mateos eran cinco dirigentes de la UCD vasca que estaban en el punto de mira de ETA. Tres de ellos fueron asesinados. Ustarán, el 23 de septiembre de 1980; Arrese, un mes después y Doval, a la semana de morir éste. En mayo de ese mismo año, ETA había asesinado a Ramón Baglietto Martínez, también militante de UCD. Baglietto, que había estado en Elgoibar comiendo con Arrese horas antes de su propio asesinato, le habló de su temor a sufrir un atentado, ya que dos de sus escoltas, guardias civiles, habían sido asesinados en el municipio.

El día después del asesinato de Jaime Arrese fue declarado jornada de luto y unas de 5.000 personas se manifestaron silenciosamente en Elgoibar.

Juan Carlos Arruti Azpitarte fue condenado a 29 años de prisión mayor y a indemnizar económicamente a los herederos de la víctima. El terrorista no hizo frente a esta condena al declararse insolvente.

Véase también Ramón Baglietto Martínez, Juan de Dios Doval Mateos y José Ignacio Ustarán Ramírez.

El 23 de octubre de 1980, Felipe Alejandro Extremiana Unanue, casado y padre de cinco hijos, fue asesinado por dos miembros del Comando Kioto, que le tirotearon cuando aparcó su coche junto a la Escuela de Formación Profesional de Amorebieta en la que daba clases. Los asesinos se fugaron en un coche robado, donde les esperaba un cómplice.

Un hermano de Felipe fue concejal durante el franquismo y un sobrino suyo había sido asesinado dos meses antes de su muerte.

Juan José Larrinaga Echeverría, Juan Antonio Urrutia Aurteneche y Fernando Iraculis Albizu fueron condenados a 26 años de reclusión mayor y al pago de una indemnización a los herederos legales de la víctima.

Tras el asesinato de Juan Manuel García Cordero, delegado de Telefónica, los Comandos Autónomos Anticapitalistas amenazaron de muerte a todas las personas vinculadas con la compañía. Fue el caso de Juan Carlos Fernández Azpiazu, de 31 años, casado y con dos hijos. Juan Carlos era relaciones públicas de Telefónica y copropietario de un bar en San Sebastián, en el que fue tiroteado mientras hablaba con uno de sus socios. ETA le acusaba de traficar con drogas y de estar involucrado en las escuchas telefónicas ilegales.

Véase también Juan Manuel García Cordero.

Juan de Dios Doval Mateos, madrileño de 37 años, casado y con dos hijos, era doctor en Derecho y profesor adjunto de Derecho Procesal en la Facultad de San Sebastián, y dirigía, además, la gestoría de su hermano. Miembro del Comité Ejecutivo de Guipúzcoa de UCD, en el que había entrado un año antes, había ocupoado el segundo puesto de la candidatura en esa provincia en las anteriores elecciones. ETA político militar lo mató el 31 de octubre de 1980, apenas una semana después de asesinar a Jaime Arrese Arizmendiarrieta.

Juan de Dios salió de su casa y, al entrar en su coche para dirigirse al trabajo, dos terroristas le dispararon tres veces. Los asesinos huyeron en un coche robado en el que les esperaba otro etarra.

El sacerdote jesuita Antonio Beristain, compañero de Doval en la universidad, contó en Gaceta Universitaria que Doval, la víspera de su muerte, le dijo a su secretaria: “Reza por mí”. Ella le recomendó que abandonara, pero replicó: “No quiero que mis hijos piensen que soy un cobarde.” El día posterior a su asesinato se paró la actividad de la Facultad de Derecho y unos 300 alumnos y profesores se manifestaron de forma silenciosa desde la facultad hasta la Diputación Foral de Guipúzcoa.

Véase también Jaime Arrese Arizmendiarrieta.

José María Pérez López de Orueta, bilbaíno de 30 años, soltero y residente en San Sebastián, era abogado criminalista. Fue asesinado por ETA el 31 de octubre de 1980. Tras secuestrarle en casa de sus padres, los etarras le mataron y abandonaron su cadáver en la carretera que va de Hernani a Goizueta. La organización terrorista le acusaba de ser narcotraficante y de defender a drogadictos en casos relacionados con el consumo y el tráfico de drogas.

José Antonio Esnaola Lasa y Nicolás Francisco Rodríguez fueron condenados a 26 años, 8 meses y un día de prisión mayor, además de indemnizar a los herederos de José María.

Julio César Castillejos Pérez, guardia civil de 22 años, asturiano nacido en Villaviciosa y soltero, falleció en el atentado contra del bar Aizea, en Zarautz, el 3 de noviembre de 1980. El local, frecuentado por miembros de la Benemérita, fue asaltado por tres terroristas que entraron por la puerta trasera y mataron a cuatro guardiaciviles. Dos eran cabos primeros, Ángel Retamar Nogales. y Arturo López Hernández, y los otros dos, Modesto García Lorenzo y Julio César Castillejos Pérez, agentes. Un quinto guardia civil, Nicolás Martín Maestro, fue gravemente herido. También murió en este atentado el peluquero Miguel Lasa Arruabarrena y otras cuatro personas resultaron heridas.

Al día siguiente, 2.500 vecinos de Zarautz se manifestaron contra el atentado y se declaró un día de luto y protesta con el cierre de bares y establecimientos comerciales.

José Javier Zabaleta Elosegui, como autor del atentado, fue sentenciado a 30 años de prisión mayor por cada víctima mortal y otros 10 por cada uno de los cinco asesinatos frustrados. Juan María Tapia Irujo fue condenado a más de 50 años de prisión. Ambos fueron igualmente condenados a indemnizar a los herederos de cada uno de los fallecidos y a los heridos.

Véase también Modesto García Lorenzo, Miguel Lasa Arruabarrena, Arturo López Hernández y Ángel Retamar Nogales.

El guardia civil Modesto García Lorenzo, nacido en la zamorana Ribadelago, de 23 años y soltero, falleció en el atentado del bar Aizea, en Zarautz, en el que cinco personas fueron asesinadas a tiros por ETA el 3 de noviembre de 1980.

Relato completo del atentado en Julio César Castillejos Pérez.

Véase también Miguel Lasa Arruabarrena, Arturo López Hernández y Ángel Retamar Nogales.

Miguel Lasa Arruabarrena, peluquero de 49 años, natural de Zarautz y soltero, murió en el atentado del bar Aizea, en Zarautz, en el que cinco personas fueron asesinadas a tiros por ETA el 3 de noviembre de 1980. Miguel, miembro de una familia vinculada al Partido Nacionalista Vasco (PNV), fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando salía de los aseos del local.

Relato completo del atentado en Julio César Castillejos Pérez.

Véase también Modesto García Lorenzo,Arturo López Hernándezy Ángel Retamar Nogales.

Arturo López Fernández, cabo de la guardia civil de 37 años, soltero y natural de La Zubia, en Granada, falleció en el atentado contra el bar Aizea, en Zarautz, en el que cinco personas fueron asesinadas a tiros por ETA el 3 de noviembre de 1980.

Relato completo del atentado en Julio César Castillejos Pérez.

Véase también Modesto García Lorenzo, Miguel Lasa Arruabarrena y Ángel Retamar Nogales.

Ángel Retamar Nogales, cabo primero de la guardia civil de 26 años, nacido en Palomas, Badajoz, casado y con dos hijos, murió en el atentado contra del bar Aizea, en Zarautz, en el que cinco personas fueron asesinadas a tiros por ETA el 3 de noviembre de 1980.

Relato completo del atentado en Julio César Castillejos Pérez.

Véase también Modesto García Lorenzo, Miguel Lasa Arruabarrena y Arturo López Hernández.

José Alberto Lisalde Ramos, policía nacido en órgiva, Granada, de 27 años, casado y con dos hijos, fue asesinado junto a su amigo Sotero Mazo Figueroa,el 6 de noviembre de 1980.

El objetivo de los terroristas aquel día era matar a varios policías que estaban en el cine Coliseo de Eibar, pero al perderles la pista, cambiaron de planes al ver el coche de la Policía Nacional en el que circulaban Lisalde y Mazo. Los etarras les tirotearon cuando salían del domicilio familiar del primero. Lisalde falleció en el acto, mientras que Sotero murió poco después.

Al día siguiente, 1.500 personas se manifestaron en protesta por el atentado.

Fidel González García y Francisco Fernando Martín Robles, autores del crimen, fueron condenados a penas que sumaban 47 años de prisión, mientras que Pedro José Picabea Ugalde fue condenado a 27 años de prisión mayor por cada uno de los asesinatos. Los tres fueron sentenciados también a indemnizar a los herederos legales de cada una de las víctimas.

Véase también Sotero Mazo Figueroa.

Sotero Mazo Figueroa, de 35 años, natural de la cacereña Garganta, casado y con dos hijos, regentaba una peluquería de caballeros muy frecuentada en Eibar, donde llevaba viviendo muchos años. ETA militar le mató a tiros junto a su amigo, Alberto Lisalde Ramos.el 6 de noviembre de 1980, acusándole de ser “miembro de la red de confidentes en Eibar”.

Véase el relato completo del atentado en Alberto Lisalde Ramos.

Miguel Zunzunegui Arratibel, guipuzcoano de Ataun, fue asesinado por dos terroristas ocho días antes de cumplir 56 años. El 12 de noviembre de 1980 alrededor de las 20 horas, cuando se encontraba junto a su hermana en el garaje de su casa tras regresar de un viaje, fue tiroteado por dos individuos encapuchados y recibió dos balazos, uno en la clavícula y otro en la cabeza.

Pese a que la familia de Miguel Zunzunegui desmintió haber recibido amenazas de ETA militar o de cualquier otra organización terrorista, su coche había aparecido con el impacto de dos balas meses antes del asesinato, hecho que el propio Zunzunegui interpretó como una gamberrada.

Vicente Zorita Alonso, leonés de 60 años, casado y con cuatro hijos, era empleado de Altos Hornos desde hacía 30 años. Miembro de la ejecutiva de Alianza Popular de Vizcaya y número tres en la candidatura a las anteriores elecciones al Parlamento vasco por esta provincia, ETA militar lo asesinó a balazos el 14 de noviembre de 1980.

El 14 de noviembre de 1980, cuando regresaba a casa tras pasar la tarde en compañía de algunos amigos, Zorita fue secuestrado y ejecutado con varios disparos en el cuerpo y uno en la cabeza en Santurce.

El guardia civil Juan García León nació en Málaga y tenía 21 años. Entró en la Guardia Civil a los 18 y fue destinado a Las Palmas. Al poco tiempo solicitó el traslado voluntario al País Vasco para estar más cerca de su familia. Poco antes de ser asesinado había solicitado un nuevo destino en Santa Cruz de Tenerife.

El 17 de noviembre de 1980 a las 6:00 horas, Juan salió de la fábrica de armas Star, en Eibar, donde había prestado servicio de protección. Conducía uno de los tres Land Rover de la Guardia Civil que circulaban por la carretera con otros siete agentes. A la salida, un comando de ETA formado por cinco terroristas ametralló el convoy. Juan fue alcanzado por ocho disparos y trasladado a la casa de socorro de Eibar, donde falleció a los pocos minutos. Otros dos agentes, Gregorio González Roldán y Juan Baños López fueron ingresados en la residencia sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián. El Ayuntamiento de Eibar acordó suspender la actividad municipal durante 24 horas.

Los etarras Fermín Ancizar Tellechea, Ángel María Recalde Goicoechea y Francisco Martín Robles fueron hallados culpables como autores del atentado y condenados a 27 años de reclusión mayor y a dos penas de 13 años de prisión menor por el atentado a Gregorio González y Juan Baños. Jesús María Retolaza Loidi fue sentenciado como cómplice a 7 años de prisión mayor y José Antonio Arluciaga Iribar fue condenado a 13 años de prisión menor por dar cobijo y transporte a los terroristas.

Años después, Pedro José Picabea Ugalde fue condenado a 27 años de reclusión mayor por el asesinato de Juan García y a dos penas de 18 años de reclusión menor por las lesiones a los otros dos agentes. Las condenas incluían indemnizaciones económicas a los afectados.

Aurelio Prieto, de 23 años, era natural de Llerena (Badajoz), estaba casado y tenía una hija de 4 meses. Estudió en el colegio de guardias jóvenes y entró en el Cuerpo de la Guardia Civil en septiembre de 1974. En el momento del atentado trabajaba en la Comandancia de San Sebastián.

El 21 de noviembre de 1980 sobre las 12:30 horas, los guardias civiles José Blasco, Eduardo Izquierdo y Aurelio Prieto Prieto llegaron vestidos de paisano a la zona de la ermita de la Virgen de Izaskun, en Tolosa. Mientras el conductor, José Blasco, buscaba sitio para aparcar, los dos agentes se dirigieron a las inmediaciones de un bar cercano a la ermita para identificar a dos individuos.

Aurelio Prieto se acercó para pedirles la documentación pero uno de ellos sacó una pistola y les disparó. Como consecuencia de los disparos, Aurelio cayó al suelo y uno de los terroristas le remató. Eduardo Izquierdo, que ya había sido víctima de otro atentado en Logroño hacía cinco meses, recibió un tiro en el brazo derecho y rodó por el suelo para no ser alcanzado. Presenció cómo remataban a su compañero sin poder sacar su arma.

El tercer agente, José Blasco, quiso ayudar a sus compañeros y llegó a sacar su arma pero se le encasquilló varias veces. Eduardo, que se encontraba herido, vio como uno de los agresores se acercaba a él, pero con la mano izquierda consiguió disparar a los terroristas que se dieron a la fuga.

Aurelio Prieto murió de dos disparos, uno en el hombro derecho y otro en la cabeza. Los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) asumieron la autoría del asesinato tres días después. Eugenio Barrutiabengoa, que vivió en Venezuela desde finales de los ochenta, fue uno de los presuntos autores del atentado.

Miguel Garciarena Baraibar, de 63 años, había nacido en Ezcurra (Navarra). Estaba casado y tenía un hijo. Era el jefe de la Policía Municipal de San Sebastián y teniente coronel del Ejército en situación de reserva. En su carrera militar pasó de teniente de la Policía Armada en Irún (1954-1957) a capitán en San Sebastián hasta 1968. Fue ascendido a comandante y trasladado a La Coruña durante diez años. Con 61 años entró en la Policía Municipal de San Sebastián como máximo responsable y recibió numerosas amenazas de muerte.

El 27 de noviembre de 1980, Miguel salió de su domicilio y subió en el vehículo oficial donde le esperaba su chófer, José Antonio Díaz Montoya, para dirigirse hasta su despacho en la Jefatura de la Policía Municipal de San Sebastián. Durante el trayecto se detuvieron en el cruce de las calles Urdaneta con Easo. En ese momento dos individuos dispararon a Miguel en la cabeza, el cuello y el abdomen. El chófer resultó herido en el brazo, pero pudo llevar a Miguel hasta la casa de socorro donde los médicos certificaron su muerte.

Los etarras José Antonio Esnaola Lasa y Nicolás Francisco Rodríguez fueron condenados a 29 años de reclusión mayor y al pago de las indemnizaciones correspondientes a los herederos legales del Miguel Garciarena y José Antonio Díaz.

La dirección del grupo terrorista ETA facilitó información a los miembros del comando España sobre un bar en Logroño, localizado en la calle Ollerías, al que habitualmente iban miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El comando terrorista comprobó que la información era correcta y el 27 de noviembre de 1980 decidió perpetrar el atentado. Los etarras aparcaron enfrente de la puerta del bar un coche cargado con tres ollas metálicas rellenas de dinamita, goma 2 y metralla, que pretendían detonar a distancia con un telemando. Esperaron hasta las 21:40 horas, momento en el que vieron acercarse a tres personas. Cuando estaban muy cerca del coche-bomba los terroristas detonaron el artefacto que les alcanzó de lleno. La onda expansiva hirió a otras seis personas que estaban en la calle.

Miguel Ángel San Martín Fernández murió en el acto. El inspector Carlos Fernández Valcárcel y Joaquín Martínez Simón resultaron gravemente heridos y fueron trasladados al hospital, pero no pudieron hacer nada por salvar sus vidas.

El etarra Isidro Echave Urrestrilla fue condenado a una pena de 26 años de reclusión mayor, dos penas de 20 años y 1 día y a pagar las indemnizaciones a los herederos de cada una de las tres víctimas mortales. El terrorista Juan Manuel Soares Gamboa fue sentenciado a tres penas de 17 años, 4 meses y 1 día de reclusión menor y a la indemnización correspondiente. Los condenados debían indemnizar también a los otros seis heridos en el atentado.

Véase también Joaquín Martínez Simón y Miguel Ángel San Martín Fernández.

El industrial Joaquín Martínez Simón fue una de las víctimas de la explosión que causó la muerte a tres personas en Logroño. El atentado fue perpetrado por el comando España de ETA, el 27 de noviembre de 1980.

Véase el relato completo del atentado en Carlos Fernández Valcárcel.

Véase también Miguel Ángel San Martín Fernández.

Miguel Ángel San Martín Fernández, de 51 años, casado y con un hijo, era propietario de un comercio cercano al lugar del atentado de Logroño. El comando España de ETA le asesinó junto a otras dos personas, el 27 de noviembre de 1980.

Relato completo del atentado en Carlos Fernández Valcárcel.

Véase también Joaquín Martínez Simón.

Ignacio Lasa de Rezola tenía 38 años, estaba soltero y era propietario del bar Lasa, en Azpeitia (Gipuzkoa).

La noche del 6 de diciembre de 1980, dos miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas entraron en su bar. Ignacio estaba acompañado de una tía y no había ningún cliente. Los terroristas obligaron a la tía a pasar a una habitación y comenzaron a hacer preguntas a la víctima. Después de arrancar los cables del teléfono le dispararon en la cabeza y huyeron en un coche robado.

El terrorista Juan Carlos Arruti Azpitarte fue condenado a 29 años de prisión mayor y a una indemnización a los herederos de Ignacio.

Javier Moreno, de 27 años, era natural de Puentes de García Rodríguez (La Coruña) y llevaba un año y medio destinado en la comisaría de Policía de Eibar.

El 11 de diciembre de 1980, poco después de las 20:00h, el inspector Moreno acudió al bar Bikini donde había quedado con su novia y se sentó en un taburete junto a la barra. Un miembro de ETA que se encontraba en el establecimiento se lo encontró casualmente y fue a avisar a otros dos miembros de la banda terrorista para comunicarles la localización del inspector.

Mientras uno de los etarras esperaba fuera del bar en un coche, los otros dos entraron en el local. Uno de ellos se acercó por la espalda a José Javier Moreno y le disparó en la cabeza provocándole la muerte en el acto. Los terroristas se metieron en el coche que les esperaba fuera del bar y se dieron a la fuga. ETA militar se responsabilizó del atentado dos días después, a través de una llamada al periódico Deia.

Fidel González García, Ángel María Recalde Goicoechea y Fermín Ancizar Tellechea fueron condenados como autores de este atentado, a 28 años de reclusión mayor y al pago de una indemnización a los herederos de Javier Moreno.