A Manuel Vergara Jiménez le faltaban seis días para cumplir los 22 años cuando murió al estallar una bomba de ETA. El sábado 17 de enero de 1976 salió de patrulla en un Land Rover con un cabo y otros compañeros del puesto de la Guardia Civil de Ordizia. A las 15.50 horas, los agentes vieron una ikurriña colocada en el extremo de un palo que hacía de mástil, sobre un túnel, en la variante de Beasain de la Nacional I. Manuel y sus compañeros se acercaron con precaución, porque sabían que ETA solía poner trampas junto a las ikurriñas. Apenas tres meses antes, tres guardiaciviles murieron en una emboscada cuando acudieron a retirar una de ellas en el santuario de Aránzazu. Manuel vio junto al mástil un paquete de periódicos del que asomaba una mecha, comprobó que era un artefacto falso y lo lanzó lejos. Después tiró del mástil sin darse cuenta de que la carga explosiva real estaba enterrada en el suelo y conectada a la ikurriña. Al retirarla, se activó la bomba. La onda expansiva lanzó su cuerpo a casi veinte metros, provocándole la muerte en el acto. La detonación hirió levemente a otros dos agentes. Manuel nació el 23 de enero de 1954 en Viso del Alcor (Sevilla). Hijo y hermano de guardiaciviles, ingresó en el cuerpo en febrero de 1974. En junio de 1975 Manuel fue trasladado al puesto de Villafranca de Ordizia.

Víctor Legorburu Ibarreche, alcalde de Galdácano desde 1966, estaba sopesando dejar el cargo para dedicarse a su trabajo en la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao y al pequeño negocio de tipografía que compartía con un hermano. Tres meses antes, ETA había lanzado un ultimátum exigiendo la dimisión de todos los alcaldes y por eso Víctor iba escoltado por dos policías municipales. Además, dos años antes varios encapuchados entraron en su imprenta, amenazaron a Víctor y a su hermano Julián con una metralleta y prendieron fuego al local.

El 9 de febrero de 1976, el mismo día en que vencía el ultimátum de ETA, Legorburu salió de su casa sobre las ocho de la mañana y se dirigió al garaje, a varias manzanas, para recoger su coche y acudir al trabajo en la caja de ahorros. Cuatro individuos apostados a ambos lados de la calle le ametrallaron y fue alcanzado por doce proyectiles que le causaron la muerte. En el atentado resultaron también heridos los escoltas: Francisco Ruiz Sánchez, quien, a pesar de recibir once impactos de bala, logró salvar su vida y Gerardo García Romero. Víctor Legorburu, de sesenta y tres años, había nacido el 6 de marzo de 1912 en la misma localidad de la que era alcalde, estaba casado y tenía dos hijos de 20 y 22 años.

Julián Galarza tenía 37 años y llevaba casado apenas un par de meses. El 10 de febrero de 1976, unos minutos antes de la una del mediodía, se detuvo en un bar a tomar un vino con un amigo, como solía hacer antes de ir a comer a casa. Salió del local con su amigo y se encontró con unos familiares. Caminaron unos metros juntos antes de despedirse para cruzar la calle que le separaba de su domicilio. Le esperaban varios miembros de ETA que le dispararon a bocajarro y, tras cerciorarse de que estaba muerto, abandonaron el lugar en el mismo coche en el que llegaron, un taxi que robaron esa mañana, obligando a su conductor a bajarse y a no contactar con nadie en las dos horas siguientes. No habían pasado siquiera 24 horas desde el asesinato del alcalde de Galdácano. El 12 de febrero hizo público un comunicado en el que reconocía haberse equivocado de objetivo.

Emilio Guezala Aramburu, de 49 años, y su primo, Fernando Inchaundarrieta, salían de un bar de Lezo cuando fueron ametrallados desde un coche en marcha. Emilio fue alcanzado por ocho impactos de bala que le ocasionaron la muerte. Su primo resultó herido en una pierna. La víctima, veterinario durante varios años en Rentería, decidió cambiar de profesión ante un inminente traslado a Canarias y trabajar como inspector de los autobuses interurbanos San Sebastián-Fuenterrabía, empresa de la que era enlace sindical y donde estuvo en activo 15 años. Emilio era viudo y vivía con su madre, octogenaria, en Lezo. Tenía un hijo que se encontraba cumpliendo el servicio militar en Canarias y cuatro hijas de entre 12 y 18 años.

El atentado que costó la vida a Emilio Guezala era parte de la campaña de intimidación que ETA inició en julio de 1975 con el asesinato de Carlos Arguimberri en IItziar. Se trataba de atentados contra personas de origen vasco a quienes la banda acusaba de ser confidentes policiales.

Una pareja descubrió un coche con las luces encendidas y el motor en marcha en un paraje alejado de la carretera. Eran las 8.30 horas del 13 de marzo de 1976, los jóvenes, sorprendidos, se acercaron y encontraron dentro el cuerpo sin vida del conductor con el rostro ensangrentado. Se llamaba Manuel Albizu Idiáquez, tenía 53 años y le habían disparado dos balas a través del parabrisas. Manuel estaba casado y tenía cuatro hijos de entre 11 y 25 años. Tres años antes había sido policía municipal y era hermano de un concejal del Ayuntamiento de Deba y del levantador de piedras Soarte, ex campeón nacional de esta especialidad. Todos nacieron en el caserío de Soarte, en el barrio de Lastur de la localidad guipuzcoana de Itziar-Deba. En aquel momento trabajaba en Rentería como tractorista en unas excavaciones y, los fines de semana, era taxista en un coche de su propiedad con una licencia alquilada. Sus hijos, como tantos otros familiares de víctimas, cruzaron la frontera con Francia en busca de una explicación al asesinato de su padre. No obtuvieron respuestas.

Ángel Berazadi Uribe, de 58 años, era el director gerente de la empresa de máquinas de coser Sigma, de Elgoibar, y estaba casado con la hija del fundador de la factoría. Hombre de costumbres fijas, cuando la tarde del 18 de marzo no regresó a su casa en el barrio donostiarra de Intxaurrondo, su familia alarmada recorrió el trayecto entre San Sebastián y Elgoibar por si hubiera sufrido un accidente. Al día siguiente la esposa de Ángel denunció su desaparición. Al parecer, Berazadi fue capturado por un comando terrorista tras salir de la empresa y trasladado al caserío Ipiola, en Itziar, donde lo mantuvieron cautivo veinte días. Los secuestradores pertenecían a los Comandos Bereziak (especiales) de ETA político-militar, encabezados por Francisco Múgica Garmendia, Pakito; Eugenio Etxebeste, Antxon, y Miguel Ángel Apalategi, Apala, enfrentados abiertamente a la la dirección de ETA político militar, liderada por Eduardo Moreno Bergareche, Pertur. Los Bereziak, situados al margen de la disciplina oficial de ETA, solicitaron un rescate de doscientos millones de pesetas antes del 5 de abril. La familia estuvo representada en las negociaciones con los terroristas por miembros del PNV ya que Berazadi era próximo al partido. Según el relato de José María Irujo y Ricardo Arqués (ETA. La derrota de las armas, Plaza y Janés, 1993), el propio Xabier Arzalluz intervino para conseguir la liberación del empresario. Por parte de los Bereziak, fue Antxon quien participó en las negociaciones. La familia no logró reunir la cantidad exigida por los Bereziak, y estos, inflexibles, ordenaron al comando el asesinato. El cadáver del industrial apareció a la 1.45 horas del 8 de abril en una cuneta de la carretera comarcal Elgoibar-Azcoitia, tendido boca arriba, con los ojos cubiertos por unas gafas de soldador y un tiro en la nuca. Junto al cadáver había siete balas sin disparar. En las muñecas se apreciaban marcas de esposas o grilletes, lo que indicaba que había permanecido atado o encadenado a un lugar fijo. Aquella fue la primera vez que ETA asesinaba a un secuestrado.

Ángel nació en Zarautz el 8 de febrero de 1918, estaba casado y tenía seis hijos. Hablaba perfectamente euskera y se le consideraba un gran impulsor de la cultura vasca, pues había patrocinado la creación de varias ikastolas en Elgoibar, Zarautz y San Sebastián. Fue presidente del C. D. Zarautz de fútbol y era un consumado pescador de altura de atún. En agosto del año anterior había recibido una carta de ETA en la que le exigían diez millones de pesetas bajo amenaza de represalias, una carta similar a las recibidas por otros empresarios del País Vasco. El industrial era amigo de Francisco Luzuriaga, miembro del consejo de administración de Sigma y que sufrió un intento de secuestro el 11 de enero de ese mismo año.

Los etarras esperaron a Vicente Soria Blasco apostados en las inmediaciones de la fábrica Tornillos Ormaechea, donde trabajaba. A las 8.10 horas del 30 de marzo, cuando llegaba al trabajo, se cruzaron en su camino y le dispararon a bocajarro. Dos proyectiles le alcanzaron en el estómago y le causaron la muerte poco después. Un compañero de trabajo que fue testigo acudió a socorrerle. Cuando se acercó, Vicente le dijo: “Me han matado, me han matado”. Con la ayuda de otro compañero, Vicente fue conducido hasta el médico de la localidad y luego al hospital de San Sebastián, donde ingresó cadáver.

Los asesinos huyeron en un vehículo desde el que dejaron caer una granada de fabricación alemana que no explotó, porque llevaba el seguro puesto. Soria tenía 48 años, estaba casado y era padre de cuatro hijos de entre seis y dieciséis años. Vivía desde hacía dos décadas en Placencia de las Armas, pero era de Ceclavín (Cáceres). Para redondear su sueldo en la fábrica, los fines de semana trabajaba como portero en la discoteca Dantzari. ETA se atribuyó el atentado en un comunicado emitido el 30 de marzo en Bayona.

Aquel día dos inspectores de Policía de San Sebastián, José María González Ituero, de 25 años, y José Luis Martínez Martínez, de 31, cruzaron la frontera de Irún para ir a Francia, tras dejar sus armas en el puesto de control de la aduana. Los agentes habían comido en una pizzería de la capital guipuzcoana y después decidieron ir a ver una película en el cine Varietés, de Hendaya. En la puerta del cine fueron vistos con vida por última vez.

Al no acudir a recoger sus armas, las autoridades españolas alertaron a la policía francesa que llevó a cabo una operación de gran envergadura para localizar a los dos agentes, pero sin resultados. Hubo unos cuarenta detenidos pero sólo se encontró su documentación en casa de un miembro de ETA político-militar.

José María y José Luis estuvieron desaparecidos durante un año. El 19 de abril de 1977, tres adolescentes que jugaban en la playa Chambres D’Amour, de Anglet, entraron en un búnker alemán de la Segunda Guerra Mundial. Allí, enterrados en la arena, encontraron dos cadáveres. Los cuerpos, que luego serían identificados como los de los policías, estaban maniatados y con los dedos mutilados. Uno de ellos murió por dos disparos a quemarropa en la cabeza, efectuados con una pistola del calibre 7,65. El otro presentaba un impacto de bala. José María González Ituero habría cumplido veintiséis años en mayo de 1976. Era natural de Madrona, Segovia, y el segundo de seis hermanos. Al acabar la mili entró en la Policía, en septiembre de 1975 y estaba destinado en la oficina de hospedería.

Véase también José Luis Martínez Martínez

Relato completo del atentado en José María González Ituero

El guardia civil Miguel Gordo García era técnico en desactivación de explosivos. Como tal, había intervenido muchas veces en la retirada de ikurriñas, a menudo adosadas a cargas explosivas. Él había sido el encargado de quitar todas las banderas con explosivos de la provincia de Vizcaya a lo largo de la última semana. Aquel fin de semana aparecieron en las tres provincias vascas al menos, diez ikurriñas, tres de ellas con explosivos simulados y otras adosadas a cables de alta tensión. Miguel, de 41 años, murió electrocutado en Barakaldo al retirar una de ellas de un cable de alta tensión en la calle León, frente al edificio de Telefónica. Veinticuatro horas después de la muerte de Miguel Gordo, otra bandera fue colocada en la parte vieja de San Sebastián, con una inscripción firmada por ETA, y unida por cables a dos paquetes, uno de ellos con un potente explosivo.

Nacido en 1935 en Villabrán de Cea (Palencia), Gordo estaba casado y tenía un hijo de seis años. Ingresó en la Guardia Civil diecisiete años antes. Su primer destino fue en Ochandiano (Vizcaya) de donde pasó a la Comandancia de Bilbao como técnico en desactivación de explosivos. Fue enterrado Riesgo de la Vega (León), donde nació su viuda. Miguel Gordo fue el quinto guardia civil asesinado en circunstancias similares en apenas seis meses.

Otra vez, una ikurriña fue el cebo. Era el 3 de mayo de 1976 y la bandera se había colocado en un muro del embalse de Urtatxa, a unos dos kilómetros de Legazpia. Al lado, un paquete que parecía contener un explosivo. El grupo de guardiaciviles que reconocían la zona supo que la madrugada anterior un artefacto explosivo había destruido el vehículo del regente de un establecimiento de Legazpia. El cabo Antonio de Frutos ordenó a los dos agentes que le acompañaban que establecieran un cordón de seguridad en la zona ante el temor de que el paquete sospechoso contuviera un explosivo. Mientras tanto él ,en un Seat 850, inició el regreso al cuartel para informarse sobre la explosión del día anterior. Había recorrido apenas doscientos metros cuando estalló una bomba con seis kilos de explosivos colocada en un talud y accionada a distancia. Antonio murió de forma instantánea.

Antonio de Frutos nació en Valtiendas (Segovia) el 19 de abril de 1932, y dejó viuda, María Martín Peña, y tres hijas: María Jesús, de doce años; Teresa, de diez, y Antonia, de ocho. En 1963 ingresó en la Guardia Civil y su primer destino fue Bergara, en Guipúzcoa, donde nació su primera hija. Después fue trasladado a la villa segoviana de Riaza, donde estuvo seis años, hasta que en junio de 1971 ascendió a cabo primero y fue destinado a Legazpia. Antonio y su familia vivían atemorizados desde que se halló una bomba en la garita del puesto, en diciembre de 1975 y habían comprado un piso en Madrid. Sólo esperaban que las niñas terminaran el curso. El día del funeral, su viuda se trasladó a Madrid con sus hijas.

La portada del Diario de Navarra del 10 de junio llevaba dos noticias. Una, la aprobación del Proyecto de Ley del Derecho de Asociación, que abría el horizonte a la legalización de los partidos políticos. Otra, la del asesinato del abogado Luis Carlos Albo, tiroteado a las 16:10 horas, cuando se dirigía al instituto de Basauri donde impartía clases de Formación Política. Tres terroristas le esperaban en un coche robado poco antes en Bilbao. Al verle llegar, se bajaron y le dispararon a bocajarro varias veces. El abogado recibió seis impactos de bala, la mayoría de ellos en la cabeza, que le causaron la muerte instantáneamente. Los etarras huyeron en el automóvil en dirección a Bilbao.

Luis Carlos era hijo de Fausto Albo, un militar que fue alcalde de Barakaldo durante diecinueve años. También era jefe local del Movimiento Nacional, el partido único del régimen de Franco. Tenía 56 años y había nacido en Arnuero (Cantabria). Estaba casado y tenía seis hijos de entre 11 y 25 años. Abogado, tenía el despacho en Basauri. Con él trabajaba su hija como secretaria. “Creía que algo le podía pasar”, declaró la joven al diario El País un día después del crimen. Aun así no tomaba precauciones y, aunque tenía permiso de arma corta, nunca iba armado. En el funeral, su hijo mayor rogó que no se lanzaran voces de odio ni rencor: “Creo que así interpreto fielmente el pensamiento de mi padre”, dijo

El que fuera dirigente y principal ideólogo de ETA político militar, Eduardo Moreno Bergareche, Pertur, desapareció el 23 de julio de 1976, tras ser visto por última vez con Francisco Múgica Garmendia, Pakito, y Miguel Ángel Apalategui Aierbe, Apala, cabecillas de los Bereziak, los comandos especiales de ETA con los que mantenía importantes diferencias ideológicas y estratégicas. Algunos testigos de la propia banda vieron cómo Apala y Pakito recogieron a Pertur en un automóvil en San Juan de Luz. Según declararon ellos mismos a la Policía francesa, lo llevaron hasta Biriatou, donde supuestamente tenía una cita a la que nunca llegó. La desaparición de Pertur se produjo en un momento de fuertes divisiones internas en ETA ante el inicio de la Transición. Moreno Bergareche, al frente del sector mayoritario de ETA político militar, ante el nuevo escenario defendía la formación de un partido político revolucionario para actuar en la legalidad, al que quedaría subordinada la organización terrorista. Esta postura llevó a los polimilis unos años más tarde a renunciar a las armas. Los comandos Bereziak, creados en 1975 para llevar a cabo atentados, se oponían. El secuestro de Ángel Berazadi Uribe, industrial afín al PNV, a manos de los Bereziak puso de manifiesto las profundas diferencias existentes en el seno de ETA político militar. Los primeros optaron por asesinar al rehén ante la imposibilidad de acuerdo con la familia y en contra de la opinión de Moreno Bergareche y de otros dirigentes. Los jefes del comando, Miguel Ángel Apalategui, Eugenio Etxebeste, Antxon, y Francisco Múgica Garmendia, secuestraron a Pertur en abril de 1976 acusándolo de cometer una “falta de seguridad” al haber enviado una carta a un preso etarra, para impedirle asistir a una conferencia de dirigentes de la banda. Allí mismo se acabó exigiendo a los berezis que pusieran en libertad a Pertur. Apenas dos meses después, el 23 de junio, volvía a desaparecer en las proximidades de la frontera francoespañola después de ser visto en el interior de un coche con dos de sus máximos enemigos en el seno de ETA.

La familia de Moreno Bergareche sostiene públicamente desde 1978 que fueron sus antiguos compañeros los responsables de su muerte. Catorce años después de su desaparición, un juzgado de Irún tramitó, a petición de la familia, un expediente para declararle oficialmente muerto. Eduardo Moreno Bergareche tenía veinticinco años cuando desapareció. Nacido en 1950 en San Sebastián, estudió en el Colegio Alemán y en los marianistas, donde fue compañero de curso de Jaime Mayor Oreja, que años después sería líder del centro-derecha vasco y ministro del Interior, así como amigo íntimo de Gorka Knorr, que fue secretario general de Eusko Alkartasuna. Formó parte también de un grupo de música denominado Los Amis. En 1972 huyó a Francia, donde se convirtió en el ideólogo más relevante de ETA político militar

Cuatro individuos armados con metralletas dispararon casi un centenar de proyectiles contra el coche de Juan María de Araluce Villar, presidente de la Diputación de Guipúzcoa, consejero del Reino y procurador en Cortes y el de su escolta, ocupado por tres policías. Además de Araluce, en el atentado murieron el conductor, José María Elícegui Díaz y los tres escoltas Alfredo García González, Antonio Palomo Pérez y Luis Francisco Sanz Flores.

El coche de Araluce, como de costumbre, recorrió los menos de 800 metros que separaban la diputación del domicilio de su presidente seguido por un vehículo de escolta. Los dos turismos se detuvieron ante el domicilio de Araluce y tres individuos que esperaban bajo una marquesina de autobús los ametrallaron. Además de matar a los cinco ocupantes de los vehículos, hirieron a diez transeúntes y huyeron en un coche que después abandonaron. «Acabábamos de empezar a comer cuando oímos varios tiros; nos abalanzamos a la ventana y vimos en la acera, al borde del coche, el cuerpo ensangrentado de mi padre. Dos de mis hermanos bajaron inmediatamente a la calle, mientras los demás atendíamos a mi madre», declaraba Juan María, hijo mayor del político asesinado. Tres horas y media después del atentado, sendas llamadas anónimas a la emisora La Voz de Guipúzcoa y al diario La Voz de España se responsabilizaban en nombre de ETA V Asamblea, rama militar, de su autoría. A última hora de la noche, ETA V Asamblea reiteraba oficialmente la autoría del atentado desde Bayona.

Juan María de Araluce Villar, casado y padre de nueve hijos, nació el 24 de junio de 1917 en Santurce (Vizcaya). Teniente piloto de aviación de caza, combatió durante la Guerra Civil española. En 1947 obtuvo por oposición la notaría de Tolosa. Desde 1968 ocupaba el cargo de presidente de la Diputación de Guipúzcoa.

Véase también José María Elícegui Díaz, Alfredo García González, Antonio Palomo Pérez y Luis Francisco Sanz Flores.

José María Elícegui Díaz tenía veinticinco años, estaba a punto de casarse. El día que lo mataron era su último día de trabajo conduciendo el coche del presidente de la diputación de Guipúzcoa. Llevaba un año trabajando como interino y lo quería dejar. Según recordaba su hermano Jesús, estaba preocupado. No era policía ni militar y en la Diputación le habían avisado de que tenía que llevar pistola

El funeral de José María Elícegui se celebró el 6 de octubre en la localidad guipuzcoana de Pasajes. “Muchas vecinas me dijeron que como la muerte había sido así, es decir, un atentado terrorista, tenían miedo y no podían ir al funeral [...]”, recordaba su madre, Clementina. “Después del atentado la gente cambió de actitud y comportamiento con la familia, no reaccionaban con normalidad [...]. Mi marido y yo tuvimos que irnos unos meses fuera, no aguantamos las malas miradas, el olvido, el vacío, nos sentíamos aislados”.

Relato completo del atentado en Juan María de Araluce

Véase también Alfredo García González, Antonio Palomo Pérez y Luis Francisco Sanz Flores.

El policía Alfredo García González era el conductor del coche de escolta de Juan María de Araluce Villar, presidente de la Diputación de Guipúzcoa, también asesinado por ETA ese mismo día. Tenía veintinueve años, estaba soltero y era natural de Lago de Babia (León), donde nació el 5 de noviembre de 1946.

Relato completo del atentado en Juan María de Araluce,

Véase también José María Elícegui Díaz, Antonio Palomo Pérez y Luis Francisco Sanz Flores.

Antonio Palomo Pérez era subinspector de Policía y formaba parte de la escolta de Juan María de Araluce, presidente de la Diputación de Guipúzcoa. Falleció acribillado por tres etarras en el atentado contra el político. Natural de Osuna (Sevilla), había nacido en mayo de 1952 y estaba soltero. Llevaba un año y medio destinado en Guipúzcoa. Fue enterrado en Madrid el 6 de octubre junto a su compañero Luis Francisco Sanz Flores.

Relato completo del atentado en Juan María de Araluce

Véase también José María Elícegui Díaz, Alfredo García González y Luis Francisco Sanz Flores.

Luis Francisco Sanz Flores hubiese cumplido veinticinco años el día siguiente del atentado que le costó la vida y a otras cuatro personas, entre ellas la de Juan María de Araluce, presidente de la Diputación de Guipúzcoa cuando tres etarras acribillaron con más de un centenar de balas los coches en que viajaban. Luis Francisco, escolta de Araluce, era natural de Madrid, donde nació el 5 de octubre de 1951. Se había casado quince días antes con una mujer donostiarra.

Miles de personas presenciaron el 6 de octubre en Madrid el traslado de los cadáveres de Luis Francisco Sanz y Antonio Palomo Pérez en un ambiente tenso pero sin incidentes. En las inmediaciones de San Sebastián de los Reyes, a unos veinte kilómetros de Madrid, varios centenares de personas, en su mayor parte funcionarios de Policía que esperaban la llega da de los furgones mortuorios, formaron un cortejo fúnebre hasta la Puerta del Sol. Finalizado el acto religioso, fueron sacados los féretros a hombros de compañeros, familiares y amigos, y recibidos por la multitud que se agolpaba en las inmediaciones de la iglesia con una ovación.