Tres minutos después de medianoche, ocho disparos despertaron a la población alavesa de Villarreal. Poco después, los agentes de la Guardia Civil descubrían a unos quinientos metros del cuartel, cerca de la zona de los pantanos, el cuerpo sin vida del taxista Germán Aguirre Irasuegui, vecino de Mondragón. El taxi se encontraba abandonado en un área denominada península de Sabalain, junto al embalse de Santa Engracia. El cuerpo del taxista se hallaba en el suelo con varios impactos de bala.

Unas horas antes, una persona pidió a Germán que lo trasladase de Mondragón a la localidad alavesa de Villarreal. Fue su última carrera. El falso cliente le obligó a dirigirse al descampado, donde le mataron a tiros. Germán Aguirre tenía treinta y ocho años y era natural de Bergara (Guipúzcoa). Estaba casado, tenía dos hijos, de diez y once años, y llevaba seis trabajando en Mondragón. Documentos incautados en 1992 al dirigente etarra José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, incluían un listado con varios asesinatos que ETA se atribuía. Entre ellos el de Germán Aguirre, que la banda justificó acusando a la víctima de ser un confidente policial.

Joaquín Ramos (Sevilla, 1952), policía nacional de 26 años y casado, fue asesinado el 5 de marzo de 1978 cuando el Comando Araba ametralló el Jeep de la Policía Armada en el que viajaba junto a un cabo y otros cuatro agentes. Falleció dos horas después de ser ingresado en el Hospital de Santiago, mientras los médicos le operaban de sus heridas de bala en el tórax, las extremidades y la cabeza.

Los terroristas mataron a tres policías e hirieron a los otros dos. El cabo, que iba de copiloto, resultó ileso y pidió ayuda desde una cabina de teléfono; Miguel Raya Aguilar, el chófer, consiguió salir malherido del coche, pero falleció junto a la rueda delantera. José Vicente del Val del Río murió 27 días después. Armando Doval González, de 21 años, y Santiago del Canto de los Reyes, de 24, sobrevivieron. Los terroristas se fugaron.

Véase también Miguel Raya Aguilar y José Vicente del Val del Río.

Miguel Raya Aguilar (Huelma, Jaén, 1952) tenía 26 años cuando fue asesinado por el comando Araba de ETA en Vitoria el 5 de marzo de 1978 con dos de sus compañeros: Joaquín Ramos Gómez y José Vicente del Val del Río.

Relato completo del atentado en Joaquín Ramos Gómez.

Véase también José Vicente del Val del Río.

José Vicente del Val del Río (Burgos, 1957), soltero y de 21 años, murió a manos del Comando Araba cuando el vehículo en el que viajaba fue ametrallado en Vitoria el 5 de marzo de 1978. Del Val fue trasladado en estado de máxima gravedad al Hospital de Santiago con heridas en el hemitórax, el hepigastrio, la pared torácica derecha y el bazo, y falleció el 30 de marzo. En el atentado también murieron sus compañeros Joaquín Ramos Gómez y Miguel Raya Aguilar.

Relato completo del atentado en Joaquín Ramos Gómez.

Véase también Miguel Raya Aguilar.

José García Gastiain, vecino de Vitoria y jubilado de 68 años, estaba casado y tenía dos hijos, de 20 y 15 años.

La noche del 25 de agosto de 1978, salió de su casa para aparcar el coche en un taller familiar. José García se acercó de manera fortuita hasta el cuartel de la Policía Nacional, donde varios miembros de ETA dispararon contra un centinela, que logró salir ileso. Sin embargo, las balas alcanzaron a José García en la cabeza. Fue llevado al hospital e intervenido quirúrgicamente, pero no se pudo salvar su vida.

Los terroristas utilizaron para la fuga un vehículo robado. La organización terrorista negó la autoría de este asesinato. En 1980, José Luis Gómez Sampedro fue condenado por su participación en el atentado, con una pena de seis años de reclusión y una indemnización económica a los herederos del fallecido.

El artificiero de la Policía Armada José Antonio Ferreiro González tenía 26 años cuando fue asesinado. Era natural de Valadouro (Lugo), estaba casado con Julia Flores y tenía dos hijos: un niño de tres años y medio, y una niña de uno. Murió a consecuencia de una explosión en una misión para la que se ofreció voluntario.

El 23 de septiembre de 1978 se recibió una llamada anónima en la comisaría de Vitoria, que informaba de que un hombre estaba maniatado cerca del puerto de Vitoria. Inmediatamente acudieron al lugar fuerzas de la Policía Armada y del Cuerpo General de la Policía. Al llegar, Ferreiro vio una cadena con un candado y otros objetos, que parecían indicar que la víctima había escapado. Cuando se agachó, un artefacto explotó causándole la muerte en el acto. Cuatro agentes más fueron alcanzados en el atentado: Javier Arranz Freire y Amancio Gutiérrez Álvarez perdieron la visión en un ojo; Valeriano Arroyo Bernal y el capitán Luis Más Pérez sufrieron heridas de diversa consideración.

En declaraciones a El Correo del 12 de febrero de 2007, su esposa explicaba: “A mí, lo de artificiero me parecía muy peligroso, pero en aquella época había más disparos que bombas y él me decía que sí, que peligroso era, pero que si te preparabas bien no tenía por qué ocurrirte nada”. El 26 de septiembre de 1978, ETA asumió la autoría del atentado en un comunicado que hizo llegar a diversos medios de comunicación del País Vasco.

Saturnino Sota, de 49 años, nacido en la localidad riojana de Aldeanueva de Ebro, era el dueño de una panadería situada en el número 33 de la calle Cuchillería de Vitoria. Allí, en su tienda, fue asesinado por ETA. Llevaba meses recibiendo amenazas por haber vendido pan durante una huelga en el sector e incluso habían lanzado un cóctel molotov contra su comercio.

Saturnino tenía el negocio en la planta baja y su vivienda en el piso superior. El 13 de diciembre, a las 19.45 horas, tres terroristas encapuchados bajaron de un Simca 1200 aparcado en la puerta del local, donde estaban Saturnino y una empleada. Los etarras le dispararon al menos cuatro veces y falleció en el acto.

ETA militar asumió la autoría del atentado y envió un comunicado a diversos medios informativos vascos donde acusaba a la víctima de ser un confidente policial.

José Luis Vicente Cantón, de 52 años, era natural de Bóveda (Álava), aunque residente en Llodio desde hacía veintisiete años. Padre de cinco hijos y empleado en una inmobiliaria, se convirtió en la última víctima mortal de ETA de 1978.

Señalado por la banda a causa de su supuesta relación con las Fuerzas de Seguridad del Estado, fue asesinado con dos balas que le impactaron en el tórax cuando salía de su casa el 31 de diciembre de 1978.

Pese a que su familia pudo auxiliarle al momento y trasladarlo a Urgencias, José Luis ingresó ya cadáver en el hospital. ETA reivindicó su asesinato el 2 de enero.

Ciriaco Sanz García, guardia civil de 50 años y natural de la localidad burgalesa de Santa Inés, llevaba veintiocho años viviendo en Llodio (Álava), donde compartía cuartel con uno de sus cuatro hijos, también miembro de la Benemérita.

El mediodía del 5 de enero de 1979, al salir de su casa para cumplir su servicio, varios terroristas le tirotearon desde un coche y, pese a que tuvo tiempo de poner cuerpo a tierra, fue alcanzado en las piernas y resultó herido de gravedad. Ciriaco, inicialmente atendido por una de sus hijas, fue primero trasladado al ambulatorio y luego al Hospital de Cruces, en Barakaldo. Sin embargo, no pudo sobrevivir al shock hipovolémico de la hemorragia y murió de un ataque al corazón el 9 de enero.

Sergio Borrajo Palacín, hijo de emigrantes gallegos y nacido en San Joaquín (Guatemala), estaba casado y tenía una hija. Había regresado a España y combatido en la Guerra Civil, en la que fue herido. Con el grado de teniente coronel de Infantería, Borrajo fue el jefe provincial de Mutilados de Guerra de Álava. Fue asesinado cuando se dirigía a su casa, tras abandonar su despacho en el Gobierno Militar, al mediodía del 14 de febrero de 1979. Al llegar a su casa, un terrorista le disparó un único tiro en la nuca, matándole en el acto. Mientras el autor del atentado se daba a la fuga los vecinos avisaron a la Policía, que acudió rápidamente y le trasladó al hospital de Santiago, donde ingresó ya muerto.

Su hija Carmen recordó algo sucedido la noche anterior que nadie había sabido interpretar en ese momento: “En el pomo de la puerta alguien había dejado colgada una de esas mallas en las que se meten las naranjas, llena de basura, y por fuera tenía pegada una bandera española”.

El zaragozano Antonio Recio Claver, de 50 años, era inspector de policía de la Brigada de Información en Vitoria. Casado y con dos hijos, fue asesinado por el comando Araba el 23 de marzo de 1979. Como todas las mañanas, antes de dirigirse a la comisaría, Recio fue a la empresa familiar de fontanería donde llevaba la contabilidad, cuando tres terroristas irrumpieron en el lugar y le mataron a balazos. Lo que nadie sabía, ni siquiera sus asesinos, es que era miembro del CESID, tal y como reveló posteriormente en su autobiografía el general Ángel Ugarte; lo que le convirtió en la primera víctima de terrorismo perteneciente a los Servicios de Inteligencia.

Casi dos décadas después, Ignacio Arakama Mendia fue condenado a 30 años de prisión mayor y a indemnizar a los herederos legales de la víctima como autor del asesinato.

Juan Cruz Montoya Ortueta, de 59 años, era el conserje del colegio de los Marianistas de Vitoria. Había nacido en Zambrana (Álava), estaba casado y tenía un hijo de 28 años.

El 18 de diciembre de 1979, Juan salió de su trabajo a las 20:30 horas. Dos individuos, miembros del comando Treviño de ETA, le estaban esperando en la puerta del centro escolar y le dispararon a bocajarro, en presencia de dos alumnos.

ETA decidió asesinar a Juan porque creía que era un guardia civil retirado. Al darse cuenta del error la banda trató de ocultar su autoría del crimen. Los etarras Saturnino López Domaica, Luis Javier Izaga González y José Miguel López de Muniain Díaz de Otalora fueron condenados a 26 años, 8 meses y 1 día de reclusión mayor cada uno, y al pago de una indemnización a los herederos de la víctima.

Dos días después de su asesinato, cerca de 4.000 personas se manifestaron en silencio por las calles de Vitoria en protesta por el asesinato.

Jesús Ignacio Velasco Zuazola tenía 47 años y desde hacía seis era jefe de los Miñones de Álava, una Policía foral dependiente de la Diputación. Era también comandante del Arma de Caballería.

El 10 de enero de 1980, Velasco dejó a dos de sus hijas en el colegio de las Ursulinas y después se dirigió en coche a su despacho en la Diputación. Cuando paró en un semáforo en la calle Ramiro de Maeztu, se colocó a su lado un taxi con cuatro personas. Dos individuos salieron del vehículo y uno de ellos le disparó provocándole la muerte.

Velasco estaba casado con Ana María Vidal-Abarca y tenía cuatro hijas de corta edad. Tras su muerte, su mujer y sus hijas abandonaron el País Vasco para trasladarse a Madrid. Ana María, junto a Sonsoles Álvarez de Toledo e Isabel O’Shea, fundó en 1981 la Asociación Víctimas del Terrorismo. La viuda de Velasco también fue presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT) entre 2004 y 2005.

Por este atentado fueron juzgados varios terroristas: Moisés Izar de la Fuente Martínez de Arenaza y Pedro Manuel González Alonso fueron condenados a 6 años de prisión menor en concepto de cómplices. Ignacio Arakama Mendia fue condenado, en calidad de cooperador necesario, a 28 años de reclusión mayor; José Ramón López de Abechuco Liquiniano, a 18 años de reclusión mayor; Lorenzo Ayestarán, otro de los acusados, huyó a Venezuela. Todos fueron condenados a pagar una indemnización a los herederos de la víctima.

Eugenio Lázaro, de 46 años, era inspector jefe de la Policía Municipal de Vitoria y comandante de Infantería. Casado y padre de cuatro hijos, fue asesinado por ETA militar el 13 de abril de 1980. Eugenio murió en un paso de cebra, a la salida de la misa del domingo, de un disparo en la nuca ejecutado por un terrorista. Su cuerpo fue trasladado al hospital de Santiago, donde se certificó su muerte. El Ayuntamiento de Vitoria le concedió la Medalla de Oro de la ciudad a título póstumo.

Ignacio Arakama Mendia y José Ramón López de Abechuco Liquiniano fueron condenados como autores del asesinato a 30 años de reclusión mayor, mientras que Moisés Izar de la Fuente y Pedro Manuel González Alonso fueron condenados a 8 años de reclusión mayor por ser cómplices de asesinato. Todos tuvieron que indemnizar a los herederos de la víctima.

Véase también Jesús Ignacio Velasco Zuazola.

Luis María Hergueta Guinea, de 52 años, estaba casado y tenía dos hijos de 16 y 20 años. Era jefe de instalaciones y materiales de la factoría Michelin de Vitoria. Gran aficionado a la pelota vasca, modalidad de pala, organizaba competiciones en las que participaban los trabajadores de la empresa.

El miércoles 25 de junio de 1980, Luis María Hergueta salió de trabajar hacia las 13.30 horas como era habitual. Cogió el coche para ir a su domicilio, aparcó, compró un periódico en el quiosco y se dirigió caminando hasta su casa, en la calle Dato. Antes de llegar al portal, tres terroristas le dispararon por la espalda en la nuca, matándole al instante. ETA político-militar se hizo responsable del asesinato y lo justificó por los conflictos laborales en las factorías de Michelin de Vitoria y Lasarte.

Los directivos de Michelin eran objetivo de atentados terroristas y secuestros. Un año antes del asesinato de Luis, el director general de la firma en España fue secuestrado, herido y abandonado en un descampado por un comando de ETA político militar. El director de la factoría alavesa también fue secuestrado por el mismo comando. Un mes antes del atentado de Luis María, otro directivo alavés fue herido grave por varios disparos.

El dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, fue considerado autor del delito. Dos trabajadores de Michelin en Vitoria, Modesto García Marañón y su esposa, Miren Edurne García Artal, fueron condenados por su colaboración.

Joaquín Becerra Calvente, de 40 años, nació en Cortes de la Frontera (Málaga) y vivía en Amurriodesde hacía más de 20 años. Estaba soltero y trabajaba como especialista en la empresa Tubos del Nervión. También ayudaba a su familia en dos bares de la misma localidad y estaba afiliado a la UGT. El 2 de julio de 1980, Julio estaba trabajando en uno de los bares familiares cuando su hermana le explicó que fuera había tres personas que decían que habían golpeado su coche. Cuando Joaquín salió para ver qué ocurría, dos de ellos le dispararon siete tiros que le mataron en el acto.

La noticia del asesinato provocó el paro de la fábrica Tubos del Nervión y la concentración de la mayor parte de la plantilla en una plaza del centro de la localidad. Por la tarde, los trabajadores se volvieron a manifestar por la zona industrial. El Ayuntamiento celebró un pleno extraordinario para condenar el atentado. ETA militar acusó a la víctima de ser confidente de la Policía.

Basilio Altuna Fernández de Arroyabe, natural de Azua (Álava), había estado destinado en Madrid y fue trasladado a la compañía de la Reserva General de Miranda de Ebro (Burgos). Acudía todos los años a Erentxun, localidad de donde era su mujer, para pasar las fiestas.

El 6 de septiembre de 1980, a las 22.15 horas, el capitán de la Policía se encontraba en la plaza de Erentxun cuando un terrorista se acercó y le disparó en la cabeza, matándole en el acto. El asesino montó en un coche que le esperaba y huyó.

ETA político militar se responsabilizó del atentado llamando por teléfono a varios medios de comunicación vascos, acusando a Basilio de ser uno de los causantes de la muerte de cinco trabajadores por disparos de la Policía en Vitoria en marzo de 1976. La mujer e hijos de Basilio Altuna enviaron una carta a varios medios en la que pedían a los terroristas que demostraran las acusaciones que habían hecho contra Basilio.

Los asesinos de Basilio Altuna nunca fueron juzgados por el asesinato y el caso nunca se ha reabierto.

José Ignacio Ustarán Ramírez, de 51 años, era de Vitoria. Estaba casado con Rosario Muelas, sevillana de 36 años, con quien tenía cuatro hijos. José Ignacio era perito industrial y también había realizado actividades relacionadas con la industria del automóvil. Su esposa era concejala de Unión de Centro Democrático (UCD) en el Ayuntamiento de Vitoria. José se afilió al partido después y se presentó a las elecciones al Parlamento.

El 29 de septiembre de 1980, la familia de José Ignacio estaba preparando la fiesta de cumpleaños de su hija que se celebraría el día siguiente. A las 21 horas alguien llamó a la puerta de su casa diciendo que traía un paquete. Abrieron pensando que sería un regalo, pero aparecieron cuatro terroristas armados con pistolas y obligaron a José Ignacio a tumbarse en el suelo, mientras que a su esposa e hijos les llevaron a otra habitación. Los terroristas secuestraron a José Ignacio y cortaron el teléfono.

A las 22.30 horas, unos vecinos encontraron en la calle de San Prudencio un coche aparcado y, en su interior, el cuerpo de José Ignacio con dos disparos, uno en la espalda y otro en la cabeza. El coche estaba estacionado junto a la sede provincial de la UCD.

Tras el asesinato, Rosario se trasladó a Sevilla, su ciudad natal, junto a sus hijos. En el 25º aniversario del crimen, 300 personas se reunieron en el convento de Los Remedios de Sevilla.

ETA político militar asumió la autoría del atentado justificando el asesinato por ser miembro de UCD. Comunicaron que continuarían matando a militantes y dirigentes de UCD, a quienes acusaban de ser responsables de la situación en el País Vasco.

Avelino Palma Brioa, guardia civil pacense de 31 años y natural de Olivenza, estaba casado y tenía dos hijos. Fue asesinado por el comando Araba el 4 de octubre de 1980, durante la celebración las fiestas patronales de la localidad alavesa de Salvatierra. Avelino y dos compañeros, el cabo primero José Luis Vázquez Plata y el agente Ángel Prado Mella, estaban encargados de controlar el tráfico de la clásica carrera ciclista del Rosario cuando fueron tiroteados mientras repasaban el trayecto de la prueba.

Avelino, que antes había estado destinado en San Sebastián y Burgos, ascendió a cabo tras un tiroteo con terroristas que pretendían atentar contra una antena de comunicaciones en el monte Igueldo.

Ignacio Arakama Mendia fue condenado a 20 años de prisión menor por cada una de las víctimas mortales; el sacerdote Ismael Arrieta Pérez de Mendiola, acusado de proporcionar los datos relativos a la carrera y la ubicación de los guardias civiles, a 10 años y un día de prisión mayor por cada uno de los asesinatos, condena más tarde rebajada a 6 años. También fueron condenados a indemnizar a los herederos de las víctimas pero, al declararse insolventes, el Estado tuvo que asumir dichas compensaciones.

Véase también Ángel Prado Mella y José Luis Vázquez Plata.

El guardia civil Ángel Prado Mella, de 26 años, soltero y natural de Sobrado de los Monjes (A Coruña), fue asesinado en el atentado de Salvatierra el 4 de octubre de 1980, cuando él y sus compañeros Avelino Palma Brioa y José Luis Vázquez Plata fueron tiroteados mientras repasaban el trayecto de una carrera ciclista.

Véase el relato completo del atentado en Avelino Palma Brioa.

Véase también José Luis Vázquez Plata.

El cabo primero de la Guardia Civil, José Luis Vázquez, de 31 años y natural de Coiros (La Coruña), estaba casado desde hacía cinco meses y esperaba su primer hijo cuando fue asesinado en el atentado de Salvatierra del 4 de octubre de 1980, cuando él y sus compañeros Avelino Palma Brioa y Ángel Prado Mella fueron tiroteados mientras repasaban el trayecto de una carrera ciclista.

Véase el relato completo del atentado en Avelino Palma Brioa.

Véase también Ángel Prado Mella.

Félix Galíndez Llano, soltero de 54 años y empleado de una inmobiliaria, llevaba 30 años viviendo en la alavesa pensión Ocho de su Amurrio natal. Allí murió asesinado a balazos la mañana del 25 de julio de 1981 por dos terroristas a los que abrió la puerta. Estanislao Galíndez Llano, hermano de Félix y cartero en la misma localidad, también fue asesinado por ETA unos años más tarde.

A las 21:00 horas del 31 de octubre, un convoy de la Policía formado por una tanqueta y dos furgonetas que se dirigía a relevar a otra dotación que vigilaba una subestación eléctrica de Iberduero sufrió un atentado. En un cruce de carreteras en las afueras de Vitoria, los terroristas explosionaron un coche-bomba estacionado en el arcén. La onda expansiva impactó de pleno en una de las furgonetas falleciendo el agente Francisco González Ruiz, de 24 años, natural de Granada y que se había casado apenas tres meses antes. El sargento José Miñano fue herido gravemente junto a otros diez policías que presentaban heridas leves, así como una mujer embarazada que se encontraba en su domicilio y que fue alcanzada por los cristales de una ventana afectada por la explosión.

El empresario Ramiro Salazar, de 36 años, era natural de Urbina (Álava), estaba casado, tenía dos hijos e iba a ser padre de nuevo. Unos meses antes del asesinato, las lunas de su empresa fueron destrozadas por desconocidos.

El 23 de julio de 1983, a las 9:30 horas, Ramiro entró en Automóviles Salazar, su negocio de compraventa de vehículos situado en la avenida de los Pinos de Vitoria. Dos terroristas que llevaban tiempo merodeando alrededor del local, le vieron llegar y le dispararon en la cabeza sin poder reaccionar. La detonación del arma hizo que un grupo numeroso de gente que se encontraba en las proximidades se acercase al lugar del atentado. Entre ellos estaba un cabo de la Cruz Roja que trató de socorrer a la víctima. Ramiro fue trasladado al hospital general Santiago Apóstol y falleció a las tres horas de su ingreso.

El terrorista Ignacio Pujana Alberdi, miembro del comando Tontorramendi de ETA, fue condenado a 28 años de reclusión mayor, así como al pago de una indemnización a los herederos de la víctima.

José Antonio Julián, de 43 años, natural de la localidad de Alarba (Zaragoza), iba a cerrar uno de los locales nocturnos que gestionaba en Vitoria. Al llegar a la puerta del local, en la carretera de Pamplona, le dispararon varios miembros de ETA cuando iba a salir del coche.

Algunos clientes se lo encontraron con cinco impactos de bala en el torso. Horas después, ETA asumió la autoría del atentado llamando al diario Egin, acusando a José Antonio de ser militante de Fuerza Nueva y de colaborar con la Policía.

Los miembros del comando Tontorramendi de ETA, Agustín Muiños Díaz y Jesús María Ormaechea Antepara fueron condenados a una pena de 29 años de prisión cada uno.

Pedro Ortiz de Urbina Garayalde, jubilado de 63 años y natural de Gamarra Mayor (Vitoria), trabajó como subcomisario de Policía hasta 1982. Se había quedado viudo hacía tres años y no tenía hijos.

El 1 de marzo de 1984, a las 7:30 horas, tres miembros del Araba de ETA robaron un coche y metieron al conductor en el maletero. Acto seguido se dirigieron a la casa del policía jubilado, en la avenida de Judizmendi.

A las 8:00 horas, dos de los etarras salieron del coche con su rehén y subieron al cuarto piso, donde vivían los porteros del edificio. Media hora después, Ortiz llegó a su casa. Los terroristas obligaron a la portera a llamar al timbre del policía jubilado. Al abrir la puerta, se dio cuenta del peligro e intentó cerrarla, pero los dos etarras se adelantaron. Le dispararon cuatro tiros, matándole en el acto. Los asesinos huyeron por las escaleras, se metieron en un coche que les esperaba y escaparon.

Juan Carlos Arruti Azpitarte, alias Paterra, fue condenado como autor del asesinato a 29 años y Carlos Torrecilla Parra, a 18 años. En 2002, también fue condenado el miembro de ETA José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, a 37 años de prisión por el asesinato.

Una llamada telefónica a la Policía Municipal de Vitoria en nombre de ETA, hacia la medianoche del 27 de septiembre de 1984, fue el primer paso de la trampa tendida por los terroristas. Costó la vida a tres agentes de la Guardia Civil y heridas a otros cinco. Comunicaban la explosión de un artefacto en una vía férrea, en una zona situada entre Elburgo y Alegría.

Los terroristas habían colocado una bomba señuelo en unas vías férreas y otra en una senda boscosa, alejada de la otra. Cuando iban hacia el lugar, un agente pisó un sedal y activó este último, provocando una explosión que alcanzó a ocho guardias civiles. Murieron prácticamente en el acto el sargento José Luis Veiga Pérez. y los guardias Victoriano Collado Arribas y Agustín Pascual Jove. Otros cinco compañeros resultaron heridos.

Victoriano Collado, de 21 años y soltero, era natural de Arroyomolinos de la Vera (Cáceres), localidad donde fue enterrado tras un funeral al que asistieron 4.000 vecinos. Entró en la Guardia Civil con 19 años. Fue trasladado al País Vasco con el fin de trabajar allí durante unos meses. Su padre era también miembro de la Guardia Civil.

Véase también Agustín Pascual Jove y José Luis Veiga Pérez..

El cabo Agustín Pascual Jove, de 23 años, casado y sin hijos, era miembro de la Guardia Civil desde los 19 años. Su padre era teniente del Instituto Armado destinado en la Agrupación de Tráfico, en Madrid, cuando se produjo el atentado. Estuvo destinado en el Servicio de Tráfico antes de ser trasladado al País Vasco. Sus restos mortales fueron enterrados en Madrid.

El 28 de septiembre de 1984, en una zona situada entre Elburgo y Alegría, ETA colocó dos bombas-trampa para asesinar a los agentes que se desplazaron hasta allí. Falleció Agustín, su compañero Victoriano Collado Arribas y el sargento José Luis Veiga Pérez.

Relato completo del atentado en Victoriano Collado Arribas.

Véase también José Luis Veiga Pérez..

El sargento José Luis Veiga Pérez, de 40 años, era natural Amorebieta (Vizcaya), aunque residía en La Coruña. Estudió Magisterio y estaba licenciado en Derecho. Ingresó en la Guardia Civil a los 23 años, siguiendo los pasos de su padre y de tres hermanos. Trabajaba desde hacía cuatro años en el Servicio de Desactivación de Explosivos. Era el jefe del equipo de los Tedax de La Coruña y todos los años debían cumplir dos meses de servicio en el País Vasco. José Luis no debía ir en esa ocasión, pero le cambió el turno a un compañero que acababa de casarse.

El día antes de morir, la familia de José Luis celebró cuarto cumpleaños de su segundo hijo sin que él pudiera estar presente. Quizá por eso le había prometido a su esposa que no volvería al País Vasco. Sin embargo, el 28 de septiembre de 1984, en una zona situada entre Elburgo y Alegría, ETA colocó dos bombas-trampa que terminaron con su vida y la de los guardias civiles Victoriano Collado Arribas y Agustín Pascual Jove.

Relato completo del atentado en Victoriano Collado Arribas.

Véase también Agustín Pascual Jove

Carlos Díaz Arcocha, de 52 años, estaba casado y tenía cinco hijos. Fue teniente coronel del Ejército y superintendente de la Ertzaintza. Estuvo destinado en el Sáhara como capitán de la Legión, en la Brigada Paracaidista y las unidades de Montaña de Jaca. Fue a San Sebastián como miembro del Servicio de Inteligencia del CESID, donde estuvo durante tres años antes de incorporarse al Regimiento Sicilia con base en los acuartelamientos de Loyola de la capital guipuzcoana. Fue amenazado por ETA cuando estuvo destinado en San Sebastián.

El 7 de marzo de 1985, Carlos llegó al bar de la gasolinera de Elorriaga (Vitoria), cerca de la Academia de la Policía Vasca de Arkaute, donde trabajaba. Era amigo de los propietarios del bar y normalmente iba a tomarse un café para saludarles. Estacionó el coche oficial, un Ford Escort sin distintivos, fuera del bar. Entró, se situó en la barra e inició una conversación con los dueños. En menos de diez minutos, varios miembros de ETA colocaron debajo del coche una bomba-lapa con un sedal conectado a la rueda para que se activara cuando el coche comenzara a moverse.

Antes de las 10:00 horas, Carlos salió del bar y puso el coche en marcha. La bomba explotó levantando el vehículo y resultó mortalmente herido. Varios ertzainas que se encontraban cerca, llevaron a su jefe al hospital de Santiago Apóstol, donde falleció.

Poco después del crimen, una mujer llamó a casa de la madre del teniente coronel, en Bilbao, y le preguntó: “¿Tienes un hijo soldado en Vitoria?”. La madre quiso aclarar que soldado no, pero sí militar y la comunicante anónima le replicó: “Pues acabamos de matarlo”. ETA justificó en un comunicado su asesinato por ser un mando de las Fuerzas Armadas.

El crimen de Carlos no ha sido resuelto judicialmente y tampoco se ha conseguido esclarecer quiénes fueron los asesinos.

Estanislao Galíndez Llano estaba casado, tenía siete hijas y un hijo de entre 11 y 18 años. Era natural de Lecamaña (Álava) y trabajaba en Correos desde 1946.

A las 8:45 del 26 de junio, Estanislao iba en bicicleta con su uniforme gris por la calle Mendico, en dirección a la estafeta de Correos para recoger las entregas del día. Al llegar a la altura de un colegio, un coche dio un giro brusco y se cruzó en su camino. Tres etarras, dos hombres y una mujer, bajaron del coche armados mientras Estanislao comenzó a gritar pidiendo auxilio. Los terroristas le dispararon dos veces en la cabeza y una en el corazón y provocaron que cayera al suelo junto a su bicicleta.

ETA justificó el asesinato de Galíndez en un comunicado enviado a los medios de comunicación en el que le acusaban de colaborar con la Guardia Civil.

La misma mañana se declaró luto oficial. Al día siguiente se hizo una misa funeral a la que asistieron casi todos los habitantes del pueblo. Sixto Galíndez, misionero en Filipinas, presenció el funeral de sus dos hermanos, Félix Galíndez Llano y Estanislao Galíndez Llano, asesinados por ETA en 1981 y en 1985. En el caso de Estanislao, el sacerdote llegó a administrarle la extrema unción mientras agonizaba en la cuneta donde murió.

El etarra Juan Carlos Arruti Azpitarte fue condenado a 35 años de prisión por el asesinato de Estanislao Galíndez, además de tener que indemnizar económicamente a los herederos.

Agustín Ruiz Fernández de Retana, subcomisario del Cuerpo Superior de Policía, de 43 años y soltero, trabajaba en las oficinas de expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI) en la comisaría de Vitoria y era colaborador directo de la gobernadora civil de Álava.

La noche del 29 de julio de 1985, tras reunirse con unos amigos en un bar que solía frecuentar, fue asesinado de un disparo en el cuello. ETA justificó su acción alegando que Agustín pertenecía a las “fuerzas de ocupación españolas”.

Ricardo Izaga González y Jesús Díaz de Heredia Ruiz de Arbulo fueron condenados a 29 años de reclusión mayor y a indemnizar económicamente a los herederos de la víctima.

Fernando Amor Calvo, coruñés de 25 años, estaba casado y era miembro de los Tedax de la Comandancia de Álava. Allí murió en acto de servicio el 3 de agosto de 1985. Tras recibir un aviso de ETA sobre un explosivo colocado en una caja de galletas junto a la puerta del disco-pub El Peñón, en Luyando, se procedió a desalojar las viviendas próximas. La unidad de técnicos artificieros intentó, sin éxito, provocar la explosión del artefacto arrojando agua a presión y efectuando varios disparos. Finalmente, la bomba explotó cuando Fernando la manipulaba para desactivarla. Pese a que fue trasladado a la residencia sanitaria Enrique Sotomayor de Barakaldo, falleció mientras era intervenido quirúrgicamente.

El policía nacional Félix Gallego Salmón, de 35 años, cántabro natural de Santoña, estaba casado y con cuatro hijos. Falleció en el atentado de Vitoria del 14 de septiembre de 1985.

Estaba acompañado por su amigo Cándido Martín Franco, cuando estalló una bomba colocada en su vehículo al intentar arrancarlo. Félix perdió las piernas y un brazo y falleció, pese a ser trasladado urgentemente al hospital Santiago Apóstol de Vitoria. Cándido fue gravemente herido, pero sobrevivió.

Juan Carlos Arruti Azpitarte, autor material del asesinato, fue sentenciado a una pena de 30 años de reclusión mayor, 20 años de reclusión menor y 11 años de prisión por asesinato frustrado. Carlos Torrecilla Parra, José Ignacio Gaztañaga Vidaurreta y Luis María Azkargorta Belategui, como cómplices, recibieron 37 años de cárcel cada uno. Además, todos los implicados tuvieron que indemnizar económicamente a los herederos de Félix y a Cándido Martín por las heridas y lesiones sufridas. No obstante, el Tribunal Supremo absolvió a los cinco etarras del delito de terrorismo en 1992, lo que disminuyó su pena de prisión en once años.

Hacia las 18:00 horas, José María Picatoste González de Echávarri estaba comiendo con su esposa, unos familiares y unos amigos en el restaurante Astola de Villarreal (Álava), cuando dos miembros de ETA, pertenecientes al comando áraba, entraron en el establecimiento. Los terroristas esperaron tomando un refresco en la barra a que José María saliera del local. Cuando se dirigía con su mujer, una sobrina y otro matrimonio hacia el coche, los etarras le siguieron y uno de ellos le disparó cuatro tiros, matándole casi en el acto. La esposa del militar fue herida por los cristales que saltaron del coche cuando los terroristas dispararon contra su esposo.

José María había llegado el día anterior a Villarreal para pasar cuatro días en casa de su madre, algo que solía hacer todos los veranos. De 58 años y natural de San Sebastián, estaba casado y tenía cuatro hijos. Era coronel de Artillería en la reserva activa y estaba destinado en el cuartel general de la Brigada de Artillería de Burgos. También era especialista en artillería antiaérea.

Por este atentado fueron condenados los etarras Francisco Antonio Cabello Pérez a 29 años de prisión, Juan María Gabirondo Agote a 29 años, Eduardo Sainz Lobato a 27 años y Jon Joseba Arrejolaleiba Madina a 7 años.

Antonio Ligero Hec, de 30 años, era natural de la localidad gaditana de Conil de la Frontera. Estaba casado y tenía dos hijos. Había ingresado en el Cuerpo Nacional de Policía en 1979 y le asignaron el destino de Vitoria tres años antes de su asesinato. El agente había sido mecánico naval anteriormente.

Fue asesinado durante las fiestas patronales de la Virgen Blanca en Vitoria, el 6 de agosto de 1987. Varios terroristas de ETA colocaron un coche-bomba en la cuneta de una curva situada en la carretera que lleva desde el Alto de Armentia hasta el paseo de San Prudencio, en el barrio de Armentia de Vitoria. Un terrorista activó la bomba cuando dos automóviles de una patrulla de la Policía Nacional pasaron por ese punto. Fallecieron Antonio y Rafael Mucientes Sanz. Obdulia Vega Solac, una transeúnte, resultó herida.

Los tres responsables del atentado fueron José Javier Arizkuren Ruiz, Juan Carlos Arruti Azpitarte y María Soledad Iparraguirre. Miren Gotzone López de Luzuriaga e Ignacio Fernández de Larrinoa ayudaron a los etarras a huir a Francia. Todos ellos fueron condenados, excepto Iparraguirre, y obligados a pagar una indemnización económica.

Véase también Rafael Mucientes Sanz.

Rafael Mucientes Sanz, de 37 años, había ingresado en el Cuerpo Nacional de Policía en 1971 y desde hacía cinco años prestaba servicio en la IV Compañía de la 56ª Bandera de la Policía Nacional, con sede en Vitoria. Era natural de la localidad vallisoletana de Mojados, estaba casado y tenía dos hijas.

El 6 de agosto de 1987, el Comando Araba de ETA le mató junto a su compañero Antonio Ligero Hec en el barrio vitoriano de Armentia mediante la explosión de un coche-bomba.

Relato completo del atentado en Antonio Ligero Hec.

Luis Azcárraga Pérez-Caballero, general de División del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del Ejército del Aire retirado, de 80 años, era natural de Álava. Casado y con un hijo, fue asesinado el 27 de marzo de 1988 en Salvatierra. Tras asistir a misa para celebrar el Domingo de Ramos junto a su esposa y familiares, dos etarras le dispararon varias veces por la espalda y le remataron con dos tiros en la sien. Otros dos terroristas esperaban a los asesinos en un vehículo robado.

Azcárraga, que tuvo una brillante carrera militar, se especializó en Meteorología y Aviación Civil. Entre otros cargos, fue vicepresidente de la Agencia Meteorológica Mundial, presidente de la Conferencia Europea de Aviación Civil y presidente del Instituto de Ingenieros Civiles de España. Fue enterrado en el cementerio de Salvatierra al día siguiente de su asesinato.

En 1989, Juan Carlos Arruti Azpitarte fue detenido tras un enfrentamiento con la Guardia Civil en Irún y condenado a 30 años de reclusión mayor por un delito de asesinato con alevosía. En la misma operación murieron Juan Ignacio Oyarbide Aramburu y Manuel Urionabarrenechea Betanzos, que también participaron en el asesinato de Luis. Ramón Aldasoro Magunacelaya fue condenado a 30 años de reclusión mayor, mientras que el matrimonio Gotzone López de Luzuriaga Fernández e Ignacio Fernández de Larrinoa Pérez de Luco a 27 años. Carlos Torrecilla Parra a 18 años de reclusión menor. Además, todos tuvieron que indemnizar a la viuda de Luis.

El policía nacional sevillano Antonio Gómez Osuna, de 32 años, casado y con un hijo, fue asesinado a tiros junto a su compañero Francisco Espina Vargas cuando procedían a la identificación de varias personas en el centro de Vitoria el 15 de abril de 1988.

Relato completo del atentado en Francisco Espina Vargas.

El Subteniente de la Guardia Civil, Alfonso Parada Ulloa, de 62 años, fue tiroteado a las 13:55 horas cerca de su casa, en la calle Juntas Generales de Vitoria. Fue trasladado al hospital de Txagorritxu, donde falleció al día siguiente, el 9 de mayo de 1998. Su nombre apareció en varias listas de posibles objetivos de ETA.

Alfonso estaba casado y tenía un hijo. Aunque natural de Melide (La Coruña), pasó casi toda su vida en el País Vasco, entre San Sebastián y Vitoria. En 1976 fue destinado a Vitoria, donde llegó a comandante del puesto de Abetxuko. Diez años después fue destinado a la Intervención de Armas y Explosivos. Pasó a la reserva en 1995.

José María Novoa, Igor Martínez de Osaba Arregui y Alicia Lucía Sáez de la Cuesta fueron condenados a 29 años de prisión y a indemnizar conjunta y solidariamente a los herederos de Alfonso.

El 22 de febrero de 2000, Fernando Buesa Blanco caminaba de su casa a la oficina con su escolta Jorge Díez Elorza, cuando estalló un coche-bomba que les mató e hirió a varios viandantes en una zona universitaria de Vitoria. Eran las 16:30 horas.

Bilbaíno y abogado de profesión, Fernando, de 53 años, estaba casado y tenía tres hijos. De 1990 a 1994 fue vicelehendakari del Gobierno autónomo vasco. Llevaba recibiendo amenazas desde hacía tiempo.

Después de su asesinato, se creó la Fundación Fernando Buesa en su memoria. Escribieron el libro-homenaje Fernando Buesa Blanco, una mirada abierta sobre la política vasca (Fundación Fernando Buesa Blanco, 2002).

Los etarras Asier Carrera y Luis Mariñelarena fueron condenados a 100 años y 9 meses de cárcel y Diego Ugarte a 100 años y 3 meses de prisión. Además, debían indemnizar económicamente a los familiares de Fernando y Jorge.

Véase también Jorge Díez Elorza.

El ertzaina Jorge Díez Elorza, natural de Vitoria, de 26 años, murió mientras protegía al político socialista Fernando Buesa Blanco, el 22 de febrero de 2000. Anteriormente también protegió a otros políticos amenazados por ETA. Era consciente del peligro que corría su vida, solía tranquilizar a su familia asegurándole que nada le pasaría a él. “¿Me va a tocar a mí, tantos como estamos?”.

Aquel día, estalló un coche-bomba que les mató a Fernando y a él e hirió a varios viandantes en una zona universitaria de Vitoria, a las 16:30 horas.

Relato completo del atentado en Fernando Buesa Blanco.

El 22 de octubre, sobre las 8.00 horas, Máximo Casado Carrera salió de su casa vitoriana para ir a trabajar en la cárcel alavesa de Nanclares de Oca. Fue al garaje donde aparcaba su coche y cuando lo arrancó, una bomba, colocada por ETA bajo su turismo, estalló matándolo en el acto.

Máximo, de 44 años, estaba casado por segunda vez y era padre de una niña y un hijo de su primer matrimonio. Era natural de Santa Elena de Jamuz (León), localidad donde la calle en la que vivió lleva su nombre. Desde 1983 trabajaba en el penal de Nanclares de Oca y allí se convirtió en funcionario de carrera. Estaba afiliado a Comisiones Obreras y había llegado a ser el delegado de ese sindicado en Nanclares de Oca.

Al día siguiente del atentado, su funeral en la catedral vitoriana de María Inmaculada se convirtió en un acto multitudinario. Fue enterrado en el cementerio de su pueblo natal.

Tras el atentado, su mujer abandonó el País Vasco junto a sus hijos. Al cumplirse el primer aniversario del atentado, el Ayuntamiento de Vitoria puso el nombre de Máximo Casado a unos jardines cerca del que fuera su domicilio. En ese mismo lugar se colocó posteriormente un monolito en su memoria.

Juan Manuel Piñuel Villalón, melillense de 41 años, casado y con un hijo, llevaba dos meses en el cuartel de Legutiano y ya había pedido el traslado a Andalucía, porque él y su familia residían en Málaga. Murió por la explosión de un coche-bomba colocado por ETA cerca de la casa-cuartel donde trabajaba la madrugada del 14 de mayo de 2008. Su cuerpo fue encontrado entre las paredes derruidas de la sala de comunicaciones del cuartel.

El funeral de Juan Manuel se hizo en la catedral de Vitoria y asistieron miles de personas. Fue incinerado en el malagüeño cementerio de San Gabriel.