El coronel del Ejército de Tierra, Luis García Lozano, segundo jefe del Gobierno Militar de Guipúzcoa, tenía 56 años y era natural de Cetina (Zaragoza). Vivía con su segunda esposa y la única hija de ambos en las viviendas militares del barrio donostiarra de Amara. Era muy conocido en la ciudad por ser el presidente de la Real Sociedad Hípica Deportivo-Militar. Fue asesinado el mediodía del 2 de enero de 1991, cuando regresaba a casa desde la sede del Gobierno Militar. Dos terroristas encapuchados le ametrallaron mientras su vehículo estaba detenido en un semáforo en rojo en un cruce de calles. Murió en el acto por 17 impactos de bala. En ese momento era gobernador militar de Guipúzcoa en funciones, ya que el titular del puesto, Juan Eleta Sequera, estaba de vacaciones.
El chófer del coronel, el soldado Jacinto Romátez, de 22 años, sufrió una crisis nerviosa tras el atentado y tuvo que ser atendido por los servicios de emergencias.
Al día siguiente, se celebró el funeral en la parroquia de la Sagrada Familia de San Sebastián, al que acudieron muchas personalidades, entre ellas, el rey don Juan Carlos, compañero de promoción de García, al que dedicó unas palabras en su memoria durante el discurso de la Pascua militar el 6 de enero de 1991.
Javier Balerdi Ibarguren fue condenado a 30 años de reclusión mayor y a indemnizar económicamente a los herederos de Luis. Juan Ignacio Ormaechea Antepara, otro de los autores del atentado, murió en un enfrentamiento con la Guardia Civil en agosto de 1991.
Isidro Jiménez Dual, de 37 años y natural de Bilbao, estaba casado y tenía cinco hijos. Fue asesinado como presunto traficante de droga el 9 de enero de 1991 mediante la explosión de una bomba-lapa adosada a su furgoneta. Falleció dos días después. Tres transeúntes resultaron heridos en el mismo incidente. Germán Urízar de Paz fue condenado como autor a 28 años de reclusión mayor y a pagar una indemnización a los herederos de Isidro y al resto de las víctimas.
Francisco Díaz de Cerio Gómez, vizcaíno de 41 años, casado y con dos hijos, había pertenecido a la Guardia Civil desde 1974 hasta 1980. En 1981 dejó el Instituto Armado y entró a trabajar en la central nuclear de Lemóniz (Vizcaya). Más tarde ingresó en la compañía hidroeléctrica Iberduero, realizando la lectura de contadores en domicilios particulares. Murió tiroteado cerca de su casa el 31 de enero de 1991.
José Edmundo, valenciano de 42 años, casado y con tres hijos, era ingeniero de caminos, canales y puertos y máximo responsable de Ferrovial en la Comunidad Valenciana. La polémica siguió desde un principio al proyecto de autovía diseñado por esta empresa, por la oposición etarra a su construcción. La noche del 4 de marzo de 1991, dos miembros del Comando Ekaitz entraron en las oficinas de la compañía y tras localizar el despacho de Casañ le dispararon en la cabeza, y le mataron en el acto.
Fernando Díez Torres fue condenado a 38 años de cárcel y José Luis Urrusolo Sistiaga a 45 años. Ambos tuvieron que indemnizar económicamente a sus herederos.
Luis Aragó Guillén, cabo primero de la Guardia Civil de 28 años, era natural de Murero (Zaragoza), localidad de la que su padre era alcalde. Fue asesinado por una bomba detonada al paso de su coche por el barrio donostiarra de Eguía el 16 de marzo de 1991. El explosivo, colocado junto a una farola, mató a Aragó, conductor del vehículo, e hirió a los otros tres ocupantes, también agentes de la Benemérita, así como a un padre y su hijo de 12 años que paseaban cerca del lugar.
El funeral de Aragó se realizó en la parroquia de la Sagrada Familia de San Sebastián, aunque fue enterrado en su Murero natal.
Manuel Echevarría Echevarría, vendedor ambulante de 44 años, fue asesinado por una bomba-lapa colocada en su furgoneta, en el barrio bilbaíno de La Peña, el 21 de marzo de 1991. Falleció en el hospital de Basurto. La onda expansiva hirió a María Begoña Arias, de 41 años, que tuvo que ser atendida por una contusión dorsal.
Vicente Albarrán, Sabino Llona Sáenz, Jorge Javier Ortiz de Echeverría y Anakoz Bilbao Mezo, miembros de Jarrai, fueron condenados a 7 años de prisión por su relación con este atentado y por informar a ETA sobre presuntos traficantes de droga y agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
José Manuel Cruz Martín, policía nacional onubense de 27 años y casado, murió por una bomba-lapa colocada en su coche el 8 de abril de 1991 en Barakaldo. Su mujer, que le acompañaba en el momento de la explosión, sufrió graves lesiones. Asimismo, fueron heridos un chico de 15 y una mujer de 37 años. Cruz fue enterrado en el cementerio de La Soledad, en su Huelva natal, y a su funeral acudieron más de 1.500 personas.
Mendinueta Flores e Iglesias Chouzas, del Comando Vizcaya, fabricaron la bomba y se la entregaron a Raúl Alonso Álvarez y a Germán Urízar de Paz para que ejecutasen el atentado. Los cuatro fueron condenados a severas penas de cárcel y a indemnizar económicamente a los herederos de Cruz.
María del Koro Villamudria Sánchez, tenía de 17 años y era estudiante de tercero de Secundaria e hija del agente del Cuerpo Nacional de Policía, Jesús Villamudria Lara. Murió en la residencia sanitaria de San Sebastián dos horas después de haber ingresado por las heridas provocadas por la explosión de una bomba colocada en el coche de su padre, que junto a sus otros tres hijos resultaron heridos en un atentado perpetrado 15 de abril de 1991. Los restos mortales de María fueron enterrados en Camuñas (Toledo), localidad natal de su madre. Al día siguiente, más de cinco mil personas se manifestaron recorriendo las calles de San Sebastián. ETA justificó el atentado aduciendo que la joven quería ingresar en la Policía.
La familia Villamudria ya había salido ilesa de otros dos atentados en lugares cercanos a su vivienda, por lo que se mudaron a Txintxerpe y estaban tramitando el traslado fuera del País Vasco, que se hizo efectivo tras el asesinato de su hija.
Francisco Robles Fuentes, guardia civil soltero de 21 años y natural de Segura de la Sierra (Jaén), llevaba seis meses destinado en el Servicio Fiscal de Control de Mercancías del guipuzcoano puerto de Pasajes. La mañana del 6 de mayo de 1991 murió por la explosión de una bomba adosada a una garita junto a uno de los muelles del depósito franco del puerto, que también hirió a tres de sus compañeros del Instituto Armado. Robles fue enterrado en el cementerio de Campanar de Valencia, ciudad en la que vivían sus padres.
Sergio García Razquin, José Ignacio Echevarría Pascual, Alfonso Castro Sarriegui, Ignacio Cañas Cartón, José Arizmendi Oyarzábal, Miren Maitane Sagastume Arrieta y Javier Aramburu Muguruza fueron condenados a penas de 55 años de prisión y a indemnizar económicamente, de forma conjunta y solidaria, tanto a los herederos de Francisco Robles como a los heridos.
Francisco Álvarez Gómez, guardia civil pacense de 38 años, casado y con dos hijos, estaba adscrito al Servicio de Vigilancia Fiscal de la Guardia Civil y trabajaba en el Puerto de Bilbao. El 9 de mayo de 1991 sufrió un atentado al explotar una bomba colocada en los bajos de su coche. Murió en la ambulancia cuando era trasladado al hospital de Cruces (Barakaldo). Su funeral en la iglesia San Félix de Cantalicio de Ortuella congregó a más de dos mil personas.
Jesús María Mendinueta Flores fue acusado de participar en el atentado pero le absolvieron por falta de pruebas en 1994.
La tarde del 29 de mayo de 1991, ETA impactó un coche-bomba contra la casa-cuartel de la Guardia Civil de Vic (Barcelona) tras detonarlo a distancia. Del edificio, en el que vivían 14 agentes, 13 mujeres y 22 niños, sólo quedó en pie la fachada. Se tuvieron que utilizar grúas y perros adiestrados para rescatar a las víctimas de debajo de los escombros. Nueve personas fallecieron, cinco de ellas menores, y otras cuarenta y cuatro resultaron heridas. El agente Juan Chincoa, de 31 años, sevillano natural de Martín de la Jara, y su esposa Nuria Ribó Parera, de 26 años, murieron en el ataque. La hija de ambos, que aún no había cumplido los 2 años, resultó herida.
Por su parte, el guardia civil Ramón Mayo García murió atropellado por una ambulancia cuando auxiliaba a los afectados. Fue reconocido como víctima del terrorismo en 2005. Debido al volumen de afectados, el Hospital General de Vic se colapsó y algunos heridos tuvieron que ser evacuados en helicóptero a centros de Barcelona. Vic se volcó con las víctimas donando sangre masivamente y ofreciendo sus hogares a los damnificados.
Al día siguiente, la Guardia Civil desarticuló el comando Barcelona. Monteagudo, responsable de activar el explosivo, y Juan Félix Erezuma Uriarte murieron en el operativo; mientras que Juan José Zubieta Zubeldia, que no opuso resistencia, María Pilar Ferreiro Bravo y Jordi Mas Trullenque fueron detenidos. Zubieta fue condenado a 1.311 años y a indemnizar económicamente a los herederos de los nueve fallecidos y al resto de heridos, cuyo coste finalmente fue asumido por el Estado. Ferreiro y Mas Trullenque fueron condenados a 8 y 6 años de cárcel respectivamente.
Véase también Francisco Cipriano Díaz Sánchez, Maudilia Duque Durán, Ana Cristina Porras López, María Pilar Quesada Araque, Nuria Ribó Parera, Rosa María Rosa Muñoz, Vanessa Ruiz Lara y Juan Salas Píriz.
Franscisco Cipriano Díaz Sánchez, estudiante de 3° E.S.O de 17 años, murió en el atentado con coche-bomba del comando Barcelona contra la casa-cuartel de la Guardia Civil de Vic el 29 de mayo de 1991. En el ataque murieron nueve personas, cinco de ellas menores, y otras cuarenta y cuatro resultaron heridas, entre ellas la hermana de Díaz.
Relato completo del atentado en Juan Chincoa Alés.
Véase también Maudilia Duque Durán, Ana Cristina Porras López, María Pilar Quesada Araque, Nuria Ribó Parera, Rosa María Rosa Muñoz, Vanessa Ruiz Lara y Juan Salas Píriz.
Maudilia Duque Durán, pacense de Alburquerque de 78 años, murió en el atentado con coche-bomba perpetrado por el comando Barcelona contra la casa-cuartel de la Guardia Civil de Vic, el 29 de mayo de 1991. Murieron nueve personas, entre ellas su yerno, el agente Juan Salas Píriz, y su hija. Otras cuarenta y tres resultaron heridas.
Relato completo del atentado en Juan Chincoa Alés.
Véase también Francisco Cipriano Díaz Sánchez, Ana Cristina Porras López, María Pilar Quesada Araque, Nuria Ribó Parera, Rosa María Rosa Muñoz, Vanessa Ruiz Lara y Juan Salas Píriz.
La tarde del 29 de mayo de 1991, ETA impactó un coche-bomba contra la casa-cuartel de la Guardia Civil de Vic (Barcelona) tras detonarlo a distancia. Del edificio, en el que vivían 14 agentes, 13 mujeres y 22 niños, sólo quedó en pie la fachada. Se tuvieron que utilizar grúas y perros adiestrados para rescatar a las víctimas de debajo de los escombros. Nueve personas fallecieron, cinco de ellas menores, y otras cuarenta y cuatro resultaron heridas.
Por su parte, el guardia civil Ramón Mayo García murió atropellado por una ambulancia cuando auxiliaba a los afectados. Fue reconocido como víctima del terrorismo en 2005. Debido al volumen de afectados, el Hospital General de Vic se colapsó y algunos heridos tuvieron que ser evacuados en helicóptero a centros de Barcelona. Vic se volcó con las víctimas donando sangre masivamente y ofreciendo sus hogares a los damnificados.
Al día siguiente, la Guardia Civil desarticuló el comando Barcelona. Monteagudo, responsable de activar el explosivo, y Juan Félix Erezuma Uriarte murieron en el operativo; mientras que Juan José Zubieta Zubeldia, que no opuso resistencia, María Pilar Ferreiro Bravo y Jordi Mas Trullenque fueron detenidos. Zubieta fue condenado a 1.311 años y a indemnizar económicamente a los herederos de los nueve fallecidos y al resto de heridos, cuyo coste finalmente fue asumido por el Estado. Ferreiro y Mas Trullenque fueron condenados a 8 y 6 años de cárcel respectivamente.
El 29 de mayo de 1991, Ana Cristina Porras López, de 10 años, estaba jugando con unas amigas en el patio de la casa-cuartel de Vic cuando el comando Barcelona detonó un coche-bomba. Cristina y otras dos menores murieron en el acto, mientras que a su hermana de 7 años tuvieron que amputarle parte de la pierna izquierda. Ambas eran hijas del guardia civil Teodoro Porras. Murieron nueve personas, cinco de ellas menores, y otras cuarenta y cuatro resultaron heridas.
Relato completo del atentado en Juan Chincoa Alés.
Véase también Francisco Cipriano Díaz Sánchez, Maudilia Duque Durán, María Pilar Quesada Araque, Nuria Ribó Parera, Rosa María Rosa Muñoz, Vanessa Ruiz Lara y Juan Salas Píriz.
María Pilar Quesada Araque, de 8 años, estaba jugando con unas amigas en el patio de la casa-cuartel de Vic cuando el comando Barcelona detonó un coche-bomba que la mató en el acto, el 29 de mayo de 1991. En total hubo nueve muertos, cinco menores, y cuarenta y cuatro heridos.
Relato completo del atentado en Juan Chincoa Alés.
Véase también Francisco Cipriano Díaz Sánchez, Maudilia Duque Durán, Ana Cristina Porras López, Nuria Ribó Parera, Rosa María Rosa Muñoz, Vanessa Ruiz Lara y Juan Salas Píriz.
Nuria Ribó Parera, ama de casa de 26 años, murió junto a su marido, el guardia civil Juan Chincoa Alés, en el atentado con coche-bomba del comando Barcelona contra la casa-cuartel de la Guardia Civil de Vic. Murieron nueve personas, cinco de ellas menores, y otras cuarenta y cuatro resultaron heridas. Su hija, Ana, resultó herida y se quedó huérfana sin haber cumplido aún los 2 años.
Véase el relato completo del atentado en Juan Chincoa Alés
Véase tambiénFrancisco Cipriano Díaz Sánchez, Maudilia Duque Durán, Ana Cristina Porras López, María Pilar Quesada Araque, Rosa María Rosa Muñoz, Vanessa Ruiz Lara y Juan Salas Píriz.
Rosa María Rosa Muñoz, de 14 años, murió en el atentado con coche-bomba del comando Barcelona contra la casa-cuartel de la Guardia Civil de Vic, en el que murieron nueve personas, cinco de ellas menores, y otras cuarenta y cuatro resultaron heridas el 29 de mayo de 1991. En el momento de la explosión, Rosa María jugaba con un grupo de amigas. Falleció en el acto. Pedro y David, sus hermanos de 15 y 17 años, se salvaron porque estaban examinándose en la Escuela Industrial. Su padre, el cabo David Rosa, se enteró del atentado estando en Madrid; mientras que su madre escuchó la explosión de la bomba desde su trabajo en un taller de confección.
En 2006, el Ayuntamiento de Vic aprobó por unanimidad “destinar un espacio en el mismo lugar donde estaba el antiguo cuartel de la Guardia Civil para erigir un monumento, una placa o un símbolo en recuerdo de las diez personas que fallecieron en el atentado de ETA del 29 de mayo de 1991”.
Relato completo del atentado en Juan Chincoa Alés.
Véase también Francisco Cipriano Díaz Sánchez, Maudilia Duque Durán, Ana Cristina Porras López, María Pilar Quesada Araque, Nuria Ribó Parera, Vanessa Ruiz Lara y Juan Salas Píriz.
Vanessa Ruiz Lara, de 11 años, murió en el atentado con coche-bomba del comando Barcelona contra la casa-cuartel de la Guardia Civil de Vic en el que murieron nueve personas, cinco de ellas menores, y otras cuarenta y cuatro resultaron heridas, el 29 de mayo de 1991.
Relato completo del atentado en Juan Chincoa Alés.
Véase también Francisco Cipriano Díaz Sánchez, Maudilia Duque Durán, Ana Cristina Porras López, María Pilar Quesada Araque, Nuria Ribó Parera, Rosa María Rosa Muñoz y Juan Salas Píriz.
Juan Salas Píriz, guardia civil pacense de 48 años, casado y con dos hijos, murió en el atentado con coche-bomba del comando Barcelona contra la casa-cuartel de la Guardia Civil de Vic. Murieron nueve personas, cinco de ellas menores, y cuarenta y cuatro resultaron heridas. En el ataque también falleció su suegra, mientras que su esposa resultó herida.
Relato completo del atentado en Juan Chincoa Alés.
Véase también Francisco Cipriano Díaz Sánchez, Maudilia Duque Durán, Ana Cristina Porras López, María Pilar Quesada Araque, Nuria Ribó Parera, Rosa María Rosa Muñoz y Vanessa Ruiz Lara.
El teniente del Ejército del Aire, Enrique Aguilar Prieto, de 52 años, era natural de Palencia. Casado y con dos hijos, fue asesinado la mañana del 5 de junio de 1991. Una bomba colocada en su coche explotó cuando se dirigía a su trabajo en el Servicio Cartográfico de la Escuela de Transmisiones, en la madrileña base militar aérea de Cuatro Vientos.
La explosión hirió a cuatro estudiantes. Los restos mortales de Aguilar fueron incinerados en el crematorio del cementerio de La Almudena (Madrid). Tras su muerte, se le impuso, a título póstumo, la Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco.
Raúl Suárez Fernández, de 24 años, fue asesinado a tiros junto a su perro mientras paseaba por Rentería la noche del 8 de junio de 1991. ETA justificó el asesinato vinculando a Suárez con el tráfico de drogas.
El cacereño Valentín Martín Sánchez, miembro de los Tedax de 38 años, estaba casado y con dos hijos. Murió en acto de servicio el 12 de junio de 1991 junto a su compañero, Andrés Muñoz Pérez, cuando intentaban desactivar un paquete-bomba dirigido a Jesús Gallego, presidente de Construcciones Atocha, SA. La compañía era la adjudicataria de la autovía de Leizarán. ETA manifestó su rechazo al proyecto, entre las provincias de Navarra y Guipúzcoa, por el negativo impacto medioambiental que tendría sobre el paisaje de Euskadi, por eso había amenazado a todos los agentes involucrados en las obras.
Sin embargo, el paquete jamás llegó a su destinatario porque lo remitieron a la antigua dirección de la empresa, que se había trasladado a otra calle. El envío fue entonces devuelto a las dependencias de la compañía transportista, que al intentar ponerse en contacto con el remitente, averiguó que el nombre y la dirección eran ficticios y avisó a la Policía. Los artificieros fallecieron al manipular el explosivo. Además, la bomba hirió a seis agentes, a dos empleados de la mensajería y a un transeúnte.
ETA asumió la autoría del atentado afirmando que el paquete-bomba iba dirigido a los miembros del Tedax.
José Luis Urrusolo Sistiaga, autor del atentado, fue condenado a 296 años de cárcel y a indemnizar económicamente a las familias de los fallecidos y a los heridos.
Véase también Andrés Muñoz Pérez.
El subinspector de Policía, Andrés Muñoz Pérez, abulense de Navaluenga, estaba casado y con tres hijos. Murió en acto de servicio cuando intentaba desactivar, junto a su compañero Valentín Martín Sánchez, un paquete-bomba el 12 de junio de 1991. Cerca de 200 personas asistieron a su funeral en Navaluenga.
Relato completo del atentado en Valentín Martín Sánchez.
Ricardo Couso Río, guardia civil coruñés de 38 años, casado y con dos hijos, fue asesinado a tiros por miembros del comando Vizcaya. El atentado tuvo lugar cuando esperaba a que salieran sus dos hijos del colegio. Uno de ellos fue testigo del fatídico desenlace.
El asesino huyó en un taxi robado, en el que esperaban otros etarras. ETA asumió la autoría del asesinato pocos días después.
Jesús Mendinueta Flores fue condenado a un total de 28 años de cárcel por el crimen. Juan Carlos Iglesias Chouzas, a 29 años de reclusión y a indemnizar económicamente a los herederos de Couso. Otro de los responsables, Juan Manuel Ormazábal Ibarguren, murió en un tiroteo con agentes de la Policía Autonómica vasca en Bilbao, en 1991.
Donato Calzado García, ex albañil sevillano de 27 años, interno en la cárcel Sevilla-1 y a punto de conseguir la condicional, colaboraba con el servicio paquetería del centro penitenciario cuando murió tras la explosión de un paquete-bomba remitido por ETA a la prisión el 28 de junio de 1991. La onda expansiva mató al funcionario Manuel Pérez Ortega, al recluso Jesús Sánchez Lozano y a Raimundo Pérez Crespo, que visitaba a un familiar interno. Además, resultaron heridas cerca de treinta de personas.
Egin publicaba ese día una carta fechada el 15 de junio de 1991 y firmada por trece etarras recluidos en la cárcel de Salto del Negro (Las Palmas de Gran Canaria), que denunciaban la “actitud de constante acoso, provocación y vejación de la dirección de esta cárcel”.
Al día siguiente, miles de personas se manifestaron en Bilbao bajo el lema: “A favor de los derechos humanos, los presos a Euskadi”.
Relato completo del atentado en Manuel Pérez Ortega.
Véase también Raimundo Pérez Crespo y Jesús Sánchez Lozano.
El comerciante santanderino Raimundo Pérez, de 27 años y soltero, murió la tarde del 28 de junio de 1991 en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Virgen del Rocío (Sevilla). Había resultado herido severamente por la explosión de un paquete-bomba enviado por ETA a la cárcel Sevilla-1, cuando visitaba a un familiar que estaba interno. El funcionario Manuel Pérez Ortega y los reclusos Donato Calzado García y Jesús Sánchez Lozano también fallecieron en el atentado. Cerca de treinta personas resultaron heridas.
Pérez fue enterrado en el cementerio de Ciriego, en Santander. El 2 de julio, más de treinta mil personas se manifestaron pacíficamente por la calles de Sevilla bajo el lema “Por la paz y la libertad”, en señal de protesta por el atentado.
Relato completo del atentado en Manuel Pérez Ortega.
Véase también Donato Calzado García y Jesús Sánchez Lozano.
Manuel Pérez Ortega, funcionario de prisiones sevillano de 39 años y soltero, murió por la explosión de un paquete-bomba enviado a Javier Romero Pastor, director de la prisión de Sevilla-1, el 28 de junio de 1991. Los funcionarios de la cárcel sospecharon del contenido del paquete porque pesaba mucho y en el escáner aparecía opáco. Explotó antes de que pudiesen llegar a examinarlo los artificieros de los Tedax. La explosión mató al funcionario Manuel Pérez Ortega, los reclusos Donato Calzado García y Jesús Sánchez Lozano, y Raimundo Pérez Crespo, que visitaba a un familiar interno. Además, una treintena de personas resultaron heridas.
Tras el atentado, los presos comunes trataron de linchar a los terroristas y las autoridades se vieron obligadas a trasladar a los seis etarras internos, así como a dos miembros de los GRAPO, a otros centros penitenciarios para evitar que sufrieran represalias.
Véase también Donato Calzado García, Jesús Sánchez Lozano y Raimundo Pérez Crespo .
Jesús Sánchez Lozano, ex taxista sevillano de 37 años, casado y con dos hijos, cumplía condena en la cárcel Sevilla-1. Murió mientras trabajaba en la sección de paquetería de la prisión por la explosión de un paquete-bomba enviado por ETA el 28 de junio de 1991. Lozano quedó sepultado bajo los escombros producidos por la deflagración y su cadáver fue encontrado por los bomberos tres horas y media después del atentado. El funcionario Manuel Pérez Ortega, el recluso Donato Calzado García, y Raimundo Pérez Crespo, que visitaba a un familiar interno, también murieron en el atentado, y una treintena de personas resultaron heridas.
Relato completo del atentado en Manuel Pérez Ortega.
Véase también Donato Calzado García y Raimundo Pérez Crespo .
Luis Claraco López, de 39 años y natural de Linares (Jaén), estaba casado y con tres hijos. Murió en acto de servicio junto a sus compañeros de los Tedax, Pedro Domínguez Pérez y José Luis Jiménez Barrero, cuando desactivaban un paquete-bomba dirigido al ex subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias el 1 de julio de 1991. El paquete, interceptado por los servicios de seguridad del Ministerio de Justicia, fue devuelto a la empresa de mensajería que lo había entregado. Varios artificieros de la unidad Tedax, entre los que se encontraba Claraco, acudieron al almacén de la sucursal de mensajería donde se localizaba el bulto sospechoso. Pero les esperaba una trampa y un doble detonador se activó cuando los agentes la manipulaban.
El funeral por Claraco se hizo en la parroquia de San Francisco, al que asistieron unos doscientos vecinos.
Véase también Pedro Domínguez Pérez y José Luis Jiménez Barrero.
El subinspector de Policía Pedro Domínguez Pérez, salmantino de 45 años, estaba casado y con tres hijos. Murió junto a los agentes Tedax, Luis Claraco López y José Luis Jiménez Barrero, cuando trataban de desactivar un paquete-bomba remitido por ETA desde Valladolid, a un alto cargo del Ministerio de Justicia el 1 de julio de 1991.
Relato completo del atentado en Luis Claraco López.
Véase también José Luis Jiménez Barrero.
El artificiero de los Tedax José Luis Jiménez Barrero, de 41 años y natural de ávila, estaba casado y con dos hijos. Murió en acto de servicio junto a sus compañeros de los Tedax, Pedro Domínguez Pérez y Luis Claraco López, cuando desactivaban un paquete-bomba dirigido al ex subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias el 1 de julio de 1991. A consecuencia de la explosión, Jiménez quedó en estado de coma irreversible y murió dos días después en el hospital Doce de Octubre.
Relato completo del atentado en Luis Claraco López.
Véase también Pedro Domínguez Pérez.
Carlos Pérez Dacosta, guardia civil zamorano de 22 años, soltero y con apenas un año de servicio en el Cuerpo, murió asesinado por la explosión de un coche-bomba cuando circulaba por el barrio de Las Arenas de Getxo, a unos 100 metros de un acuartelamiento de la Benemérita, el 28 de julio de 1991. El artefacto hirió a su compañero y a varios transeúntes, tres de los cuales tuvieron que ser hospitalizados. Además causó importantes daños materiales.
Francisco Gil Mendoza, donostiarra soltero de 27 años y residente en Hendaya (Francia), fue asesinado mientras se encontraba sentado en un banco de una céntrica plaza Irún, con su hermano Alfredo, la noche del 7 de agosto de 1991. Al observar a un encapuchado armado que se aproximaba hacia ellos, trataron de huir del lugar, pero una ráfaga de metralleta alcanzó a Francisco en la cabeza y el omoplato izquierdo antes de que pudiera reaccionar. Falleció horas después en un centro sanitario de San Sebastián y fue enterrado en el cementerio donostiarra de Polloe. ETA justificó el atentado de los hermanos Gil Mendoza por su presunta vinculación al tráfico de estupefacientes, pues habían sido detenidos varias veces por tráfico de heroína.
Juan Ramón Rojo González e Iñaki Recarte Ibarra fueron condenados a penas de 30 años de reclusión mayor, además de la indemnización económica correspondiente a los herederos de Francisco de forma conjunta y solidaria.
Alfonso Mentxaka Lejona, vizcaíno de Sondica y ertzaintza de la sexta promoción, era miembro del Grupo Especial de Intervención. De 29 años y casado, murió en acto de servicio el 1 de septiembre de 1991. Aquel día, los etarras Juan María Ormazábal Ibarguren y Jesús María Mendinueta Flores intentaron robar a la fuerza el coche en el que patrullaba Mentxaka, al que Ormazábal hirió de muerte cuando intentó huir. Sin embargo, varios ertzainas acudieron al lugar alertados por el ruido del disparo e iniciaron un tiroteo con los terroristas. El altercado se saldó con la muerte de Ormazábal, primer etarra muerto en un enfrentamiento con la Policía Autonómica Vasca, y con Mendinueta herido de bala en las piernas. Fue detenido y finalmente condenado a 27 años de reclusión mayor y a indemnizar a los herederos legales de Alfonso. Asimismo, la policía también detuvo aquel día a los etarras Icíar Martínez Sustacha y Pedro Mariano Márquez del Fresno, que justo antes de la muerte de Mentxala se habían reunido con Ormazábal y Mendinueta en la feria de Bilbao.
Francisco Cebrián Cabezas, ex guardia civil y conductor de grúa municipal de 40 años, era natural de Cedrillas (Teruel). Casado y con cuatro hijos, murió por la explosión de una bomba alojada en un coche que manipulaba con su grúa en el depósito municipal de vehículos de Muchamiel, el 16 de septiembre de 1991. Sus restos mortales fueron enterrados en el cementerio de dicha localidad, donde vivía con su familia. En el atentado también fallecieron José Luis Jiménez Vargas y Víctor Manuel Puertas Viera, policías municipales.
Relato completo del atentado en José Luis Jiménez Vargas.
Véase también Víctor Manuel Puertas Viera.
La noche del 16 de septiembre de 1991, ETA atentó con un coche-bomba contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en la alicantina localidad de Muchamiel. El vehículo, lanzado a la carrera sin conductor contra las dependencias policiales, se estampó finalmente contra la fachada de una oficina bancaria situada en la acera opuesta de la calle. Los terroristas optaron entonces por no activar el explosivo. A la mañana siguiente, cuando el director de la oficina bancaria llegó a su trabajo avisó a los agentes de la Guardia Civil, que en esos momentos estaban abriendo la entrada de la casa-cuartel, con el propósito de que retirasen el coche y lo trasladaran al depósito municipal, sito a unos doscientos metros del acuartelamiento. En el momento en el que el conductor de la grúa manipulaba el coche-bomba, explotó y mató en el acto a los policías municipales José Luis Jiménez Vargas, de 28 años, soltero y con novia, y a Víctor Manuel Puertas Viera; así como a Francisco Cebrián Cabezas, conductor de la grúa. Otras cuatro personas resultaron heridas de gravedad y treinta y seis necesitaron atención médica.
Gonzalo Rodríguez Cordero y José Gabriel Zabala Erasun fueron condenados a 136 años y 6 meses de reclusión como autores del atentado; así como a indemnizar económicamente a los herederos de las víctimas mortales, a los heridos y a los damnificados por los daños materiales. Por su parte, Fernando Díez Torres, José Luis Urrusolo Sistiaga e Idoia López Riaño fueron condenados a 38 años de prisión.
Véase también Francisco Cebrián Cabezas y Víctor Manuel Puertas Viera.
Víctor Manuel Puertas tenía 21 años y llevaba dos como policía local interino en Muchamiel. Dos de sus hermanos eran miembros del mismo cuerpo policial. Colaboró con la Cruz Roja, primero como voluntario y, después, al cumplir el Servicio Militar, en el área de salvamento marítimo y socorrismo.
El 16 de septiembre de 1991, el policía local Víctor Manuel falleció junto a su compañero José Luis Jiménez Vargas y el conductor de grúa Francisco Cebrián Cabezas cuando intentaban estacionar un coche en el depósito municipal de vehículos de Muchamiel. Los tres hombres no se percataron de que el coche que conducían escondía dentro una bomba colocada por ETA. El vehículo se había empotrado por error contra la fachada de una sucursal bancaria en la avenida Carlos Soler de Muchamiel, aunque el objetivo de los etarras era volar por los aires el edificio del acuartelamiento de la Benemérita, situado a pocos metros de donde habían recogido el turismo.
La misa funeral se ofició en la iglesia de El Salvador de Muchamiel. Al día siguiente se realizó un segundo acto religioso en el mismo lugar al que asistieron más de diez mil personas. En 2007 pusieron el nombre de los fallecidos a tres calles del pueblo de Muchamiel.
Relato completo del atentado en José Luis Jiménez Vargas.
Véase también Francisco Cebrián Cabezas.
Francisco Carballar Muñoz, de 47 años, casado y padre de cinco hijos, estaba destinado en el acuartelamiento del Regimiento de Artillería RACA XI de Madrid.
En la madrugada del 17 de octubre de 1991, la organización terrorista ETA colocó tres bombas en tres coches. Las explosiones tuvieron lugar entre las 7:55 y las 11:20 horas. Una persona murió, tres resultaron heridas de extrema gravedad y dos con lesiones leves.
La primera explosión se produjo en la calle Duquesa de Parcent, antes de las 9:00 horas. Afectó al teniente del Ejército de Tierra, Francisco Carballar Muñoz, cuando iba a iniciar su jornada laboral en la Academia de Artillería en el barrio de Fuencarral, donde se encargaba de examinar a soldados conductores. La bomba estaba situada en el asiento de su coche y explotó al arrancar provocándole la muerte en el acto. En el atentado fue herida leve una niña de 8 años.
La misma tarde se celebró en el Gómez Ulla una misa por Francisco. Fue enterrado en el cementerio de Santa Olalla del Cala (Huelva), localidad natal de la víctima. Asistió a las honras fúnebres un millar de personas.
El segundo atentado se produjo una hora después, a escasos 200 metros del anterior, en la calle Camarena. Resultaron heridas de extrema gravedad María Jesús González Gutiérrez y su hija de 13 años, Irene Villa González.
La tercera explosión ocurrió hacia las 11:20 horas, en la calle Pablo Casals, en el interior del coche del comandante de Infantería Rafael Villalobos Villa. El oficial sufrió lesiones de extrema gravedad. También fue herida de gravedad su hermana María Antonia.
Eduardo Sobrino González, de 34 años y natural de Vigo, estaba soltero. Era hijo de un guardia civil retirado. Llevaba 14 años destinado en el País Vasco, donde prestaba servicio en la Unidad Núcleo de Servicios y en los últimos meses realizaba labores de vigilancia en edificios públicos.
El 23 de octubre, sobre las 23:30 horas, los agentes de la Guardia Civil, Eduardo Sobrino González y Juan Carlos Trujillo García, estaban tomando un café después de cenar en el bar Puente, del barrio donostiarra de Eguía. El local era frecuentado por miembros de la Benemérita destinados en el cuartel de Intxaurrondo. Dos etarras les tirotearon por la espalda a través de la cristalera que separaba el bar de la calle. Murieron en el acto.
El funeral por los dos agentes se celebró al día siguiente en la parroquia donostiarra de la Sagrada Familia.
Véase también Juan Carlos Trujillo García.
Juan Carlos Trujillo, de 25 años y natural de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), estaba soltero y llevaba 6 años destinado en el País Vasco. Pertenecía a la Unidad Núcleo de Servicios de la Benemérita, donde realizaba labores de vigilancia en edificios públicos. Su padre, Luis Trujillo, también había sido guardia civil.
Hacia las 23:30 horas, los guardias civiles Juan Carlos Trujillo García y Eduardo Sobrino González estaban cenando en el bar Puente, un restaurante del barrio donostiarra de Eguía donde solían ir miembros de la Guardia Civil destinados en el cuartel de Intxaurrondo. Estaban sentados de espaldas a una cristalera, cuando dos etarras encapuchados se acercaron a ellos y les dispararon desde la calle Río Deva a través de los cristales. Los dos agentes murieron en el acto.
Fue enterrado en la localidad cántabra de Castro Urdiales, donde vivía su familia. Al funeral asistieron cientos de personas que rindieron homenaje al agente.
Véase también Eduardo Sobrino González.
En 1991, ETA mató a siete niños —uno en San Sebastián, cinco en Vic (Barcelona) y uno en Erandio— e hirió a otros menores de edad.
Fabio Moreno Asla tenía 2 años y había nacido en Bilbao. Su madre y toda su familia materna eran vascos. Su padre y varios miembros de su familia eran guardia civiles. Murió tras la explosión de una bomba colocada por miembros de ETA en el coche de su padre en la localidad vizcaína de Erandio.
Tres días antes del atentado, los etarras Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, y Francisco Javier Martínez Izaguirre fueron a la casa del guardia civil Antonio Moreno Chica, el padre de Fabio. Localizaron su automóvil, y mientras Martínez vigilaba, Iglesias forzó la puerta delantera derecha y colocó la bomba debajo del asiento del copiloto.
El 7 de noviembre de 1991, Antonio tenía la intención de ir a la piscina con sus mellizos. Antes de montar en el coche miró los bajos para comprobar que no había ninguna bomba. Después todos montaron en el vehículo. Cuando iban por la calle Tartanga, hacia las 16:45 horas, la bomba se activó en una curva. Fabio murió en el acto y su hermano Alexander sufrió quemaduras en una pierna y perforación en un tímpano. Su padre estuvo incapacitado 852 días y posteriormente fue declarado inválido para ejercer su profesión. Los etarras sabían que Antonio iba y volvía de su trabajo en tren y que exclusivamente usaba el coche en compañía de su familia.
Fabio fue enterrado en el cementerio vizcaíno de Derio.
Martínez fue condenado a 85 años de prisión e Iglesias a 82 años de cárcel. Además tenían que indemnizar a los herederos de Fabio y a los dos heridos. Rosa María Arana fue absuelta, el tribunal le aplicó el principio in dubio pro reo (en caso de duda, a favor del reo).
Pedro Carbonero Fernández, de 54 años y natural de Peraleda de San Román (Cáceres), estaba viudo y tenía cuatro hijos, tres chicos y una chica, de entre 27 y 22 años. Llevaba 17 años destinado en la localidad vizcaína de Galdácano, donde era jefe del puesto de la Benemérita de esa ciudad.
Los terroristas Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, y Javier Martínez Izaguirre habían estado vigilando a Pedro Carbonero Fernández para conocer sus costumbres.
El 18 de noviembre de 1991, Juan Manuel Tobalina Rodríguez llevó a los etarras en coche hasta Galdácano, donde robaron un taxi a mano armada. Ese día no localizaron al agente, por lo que al día siguiente, por la tarde, Iglesias y Martínez volvieron a Galdácano. Robaron un taxi y fueron a la calle Juan Bautista Uriarte, donde localizaron al sargento Carbonero, que volvía al cuartel de la Guardia Civil con su pareja. Chouzas se acercó por la espalda y le disparó. Carbonero cayó al suelo herido y el criminal le remató con un tiro en la cabeza.
Chouzas se dirigió al taxi robado donde le esperaba Martínez para darse a la fuga. Después se alojaron en el domicilio de Tobalina en Basauri.
Fueron condenados los etarras Martínez, como autor del asesinato, a 30 años de reclusión mayor; Tobalina, como encubridor, a 10 años y 1 día de prisión mayor; e Iglesias a 30 años de reclusión. Además, debían indemnizar a los herederos de Carbonero.
El 25 de noviembre, sobre las 23:00 horas, José Javier Urritegui Aramburu estaba trabajando en la barra del pub Chaplin, en el barrio donostiarra de Larracho. Dos etarras entraron en el local y le dispararon varias veces, muriendo poco antes de que llegara la asistencia sanitaria. Los dos terroristas se dieron a la fuga en un coche robado en dirección a Pasajes, donde abandonaron el vehículo.
ETA justificó el asesinato vinculando al propietario del pub Chaplin con el tráfico de drogas. Los etarras cometieron el asesinato por error. José Javier, de 24 años, había alquilado el local a su anterior dueño, quien traspasó el negocio por las amenazas recibidas por ETA que le implicaban con el narcotráfico.
Dos días después se celebró el funeral de José Javier en la parroquia de San Pedro de Lasarte.
Los etarras Mario Artola Mendibe y Oroitz Salegi García fueron condenados a 30 años de reclusión mayor y debían indemnizar a los herederos de Urritegui de forma conjunta y solidaria.
El policía nacional Francisco Javier Delgado, de 27 años, era natural de Fregenal de la Sierra en Badajoz. Estaba casado con una funcionaria valenciana de la Brigada de Policía Judicial. Barcelona fue su primer destino.
El 13 de diciembre, José Ángel Garrido Martínez y Francisco Javier, ambos policías nacionales, fueron a un comercio en la calle barcelonesa de Caballero, cuando dos etarras, José Luis Urrusolo Sistiaga y Juan Jesús Narváez Goñi, entraron en el local y les tirotearon por la espalda y a bocajarro. Francisco Javier murió en el acto, mientras que Garrido Martínez lo haría dos horas y media después en el hospital Clínico.
Sus cuerpos fueron trasladados desde Barcelona hasta el cementerio general de Valencia para ser enterrados.
Urrusolo fue condenado a 30 años de cárcel y a pagar una indemnización a los familiares de las víctimas.
Véase también José Ángel Garrido Martínez.
José Ángel Garrido Martínez, de 28 años, era natural de Valencia. Se casó 17 días antes de su asesinato. Estaba en prácticas en el Cuerpo Nacional de Policía desde hacía unos meses, tras superar las últimas pruebas en la Escuela de Policía de ávila. Fue enviado a Barcelona para reforzar la seguridad de los Juegos Olímpicos de 1992. Murió junto a su compañero, Javier Delgado González-Navarro, tiroteado por ETA.
El 13 de diciembre de 1991, a mediodía, José Ángel y Francisco Javier estaban en un comercio en la calle Caballero de Barcelona, cuando entraron en el establecimiento los etarras José Luis Urrusolo Sistiaga y Juan Jesús Narváez Goñi, que les tirotearon hasta matarles.
Véase el relato completo del atentado en Francisco Javier Delgado González-Navarro.