El guardia civil alicantino Miguel Mateo Pastor, de 24 años y soltero, murió en el atentado del Comando Goierri contra dos vehículos de la Unidad Antiterrorista Rural (UAR) de la Benemérita, que circulaban por una carretera nacional guipuzcoana la tarde del 2 de febrero de 1983. Los etarras dispararon dos granadas anticarro y ametrallaron al convoy. Pastor recibió impactos en la espalda y el hígado y falleció durante su traslado a un centro sanitario cercano. Los agentes Custodio Contreras y José Bueno Fernández fueron heridos.

José Miguel Latasa Guetaria, alias Fermín, fue condenado por el asesinato a 25 años de reclusión mayor y a 18 años de reclusión menor por cada uno de los dos asesinatos frustrados. Juan Lorenzo Lasa Mitxelena y Pedro José Picabea Ugalde a 30 años de reclusión mayor y a dos penas de 22 años de reclusión mayor por los dos asesinatos frustrados.

Benicio Alonso Gómez, de 51 años, soriano de Barca, casado y con dos hijos, era empleado del Banco Vizcaya. La mañana del 5 de febrero de 1983 murió por la explosión de un maletín-bomba colocado por el comando José Martí en la sede central del Banco en Bilbao. Tres minutos después de una llamada que advirtió del artefacto, explotó matando aRamón Iturriondo García, Aníbal Alfonso Izquierdo Emperador e hiriendo de gravedad a Alonso y 11 personas más. A pesar de que le amputaron los dos brazos para salvarle la vida, murió dos días después. Tras este atentado se produjo una multitudinaria manifestación de repulsa que fue calificada como “la primera manifestación masiva contra ETA en el País Vasco”.

Juan Carlos Echeandia Zorroza fue condenado a 52 años de prisión y a pagar una indemnización económica a los herederos de cada uno de los fallecidos, mientras que Josu Amantes Arnaiz a penas que sumaban 61 años de cárcel.

Véase también Ramón Iturriondo García y Aníbal Alfonso Izquierdo Emperador.

Ramón Iturriondo García, de 43 años, era cajero del Departamento de Moneda Extranjera en el Banco de Vizcaya, estaba casado y tenía cuatro hijos. Murió el 5 de febrero de 1983 a consecuencia de la bomba que dos miembros de ETA del comando José Martí hicieron explotar en la sede central del Banco de Vizcaya en Bilbao.

La acción terrorista causó tres muertos y once heridos. La conmoción social por el atentado provocó una amplia respuesta ciudadana en el País Vasco. Dos días después se celebró en Bilbao una manifestación bajo el lema “ETA no, el pueblo unido por la paz”, en la que participaron cincuenta mil personas. Pamplona, San Sebastián, Vitoria y otras localidades se unieron a las manifestaciones de protesta. El atentado puso fin a la iniciativa de crear una “mesa por la paz” propuesta por el lehendakari.

Relato completo del atentado en Benicio Alonso Gómez.

Aníbal Alfonso Izquierdo Emperador, de 48 años, estaba casado y tenía un hijo. Murió junto a sus compañeros BenicioAlonso Gómez y Ramón Iturriondo García por la explosión de la bomba que el comando José Martí colocó en la sede del Banco de Vizcaya. Era empleado de otra sucursal pero el 5 de febrero de 1983 acudió a la sede central para realizar unas gestiones. Poco después del atentado, ETA difundió un comunicado a través de Egin para aliviar el rechazo que los asesinatos provocaron en la sociedad vasca. La banda terrorista definió el acto como un “lamentable suceso”, y su comunicado era una muestra de “autocrítica pública”. La mayoría de los partidos calificaron la declaración terrorista como una “cínica” argucia.

Relato completo del atentado en BenicioAlonso Gómez.

Véase también Ramón Iturriondo García.

La noche del 12 de febrero de 1983, Joaquina Patricia Llanillo Borbolla, de 32 años y embarazada, acompañaba a su esposo, el investigador privado José Luis Alonso. Ambos se encontraban dentro de su coche, en la calle Andia de Tolosa. Varios terroristas se colocaron junto al vehículo y les ametrallaron. Patricia murió en el acto, mientras que José Luis, con dos disparos en el tórax, fue trasladado a un centro sanitario y sobrevivió.

José Luis era un detective privado especializado en investigaciones laborales, por lo que se cree que ETA le debió confundir con un miembro de las Fuerzas de Seguridad. En todo caso, la organización terrorista asumió el atentado e intentó disimular su equivocación considerando a José Luis y a su esposa colaboradores de la policía. La pareja tenía dos hijos adolescentes, Patricia y Roger, de 15 y 14 años, respectivamente. Ambos encabezaron la manifestación por el asesinato de su madre que recorrió las calles de San Sebastián.

Joaquina, natural de Santander, fue enterrada en el cementerio donostiarra de Alza, con la asistencia de sus familiares y allegados.

Ramón Ezequiel Martínez, de 33 años, casado y con dos niños, era natural de Ceutí (Murcia). Estaba destinado en Gipuzkoa para reforzar los servicios policiales y tenía previsto regresar a Murcia una semana después de que se produjera el atentado que acabó con su vida.

El 25 de marzo de 1983, una furgoneta de la Policía Nacional con un grupo de agentes regresaba de la prisión provincial de Martutene, en San Sebastián, para dirigirse a Fuenterrabía. Los policías fueron emboscados por varios terroristas que les dispararon desde ambos lados de la carretera cuando llegaban a Oyarzun.

Cinco policías resultaron heridos en el atentado. El cabo primero Ramón Ezequiel Martínez García falleció tras sufrir un paro cardíaco cuando estaba siendo operado para extraerle una esquirla incrustada en su costado izquierdo.

Los miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, Francisco Javier Taberna Arruti y Francisco Imaz Martiarena fueron condenados a 26 años, 4 meses y 1 día de prisión mayor por el crimen y a cinco penas de 17 años, 4 meses y 1 día de prisión menor por cada uno de los asesinatos frustrados. Además, debían indemnizar a los herederos del fallecido y a los heridos.

El cabo de la Policía Nacional, Aniano Sutil Pelayo, de 27 años, era natural de La Iniesta (Zamora) y estaba casado.

El 27 de marzo de 1983, a la una de la madrugada, la Policía Municipal recibió un aviso telefónico en el que se advertía de la colocación de una bomba en el comercio Portobello, un establecimiento textil del barrio donostiarra de Gros, que ya había sufrido un atentado el pasado mes de enero. Varios agentes de la Policia Municipal y Nacional acudieron al lugar, localizaron la bomba e instalaron un cordón de seguridad.

Durante la operación, unos miembros del Tedax se dirigieron al sitio donde estaba colocado el artefacto. En un primer momento pensaron que la mejor opción era hacerla estallar a distancia, pero las dimensiones de la calle, muy estrecha y rodeada de inmuebles, hicieron descartar esa idea porque los efectos de la explosión podían ser devastadores. La segunda opción fue intentar desactivar la bomba para evitar daños. Los cabos Aniano Sutil Pelayo y Juan Manuel Martínez Aguiriano se acercaron para estudiar las posibilidades de neutralizar el artefacto. En ese momento fue cuando se produjo la explosión que les alcanzó de lleno.

Aniano Sutil Pelayo murió en el acto y su compañero, Juan Manuel Martínez, soltero, de 31 años, resultó gravemente herido y sufrió la amputación de la pierna izquierda. La hipótesis de la Policia fue que el objetivo de los terroristas era atentar contra los policías encargados de la desactivación.

El cabo Pedro Barquero González, de 30 años, era natural de Cádiz y se había casado hacía siete meses con María Dolores Ledo García., que murió en el atentado en el que también falleció el teniente de la Policía Nacional Julio Segarra Blanco. La pareja estaba esperando su primer hijo. Fueron asesinados por ETA el 4 de mayo de 1983, dentro del garaje de la plaza del Carmelo cuando la pareja iba a una revisión médica.

Véase el relato completo del atentado en Julio Segarra Blanco.

Véase también María Dolores Ledo García.

María Dolores Ledo García tenía 25 años, era natural de Barakaldo e impartía clases en el colegio Zumalakarregi del barrio bilbaíno de Santutxu. Estaba embarazada de tres meses cuando fue asesinada por ETA el 4 de mayo de 1983 junto a su esposo, el cabo de la Policía Nacional Pedro Barquero González. La pareja se encontraba dentro del garaje de la plaza del Carmelo con la intención de asistir a una revisión médica de la mujer. En el atentado también murió el teniente de la Policía Nacional Julio Segarra Blanco, a quien retuvieron como rehén y asesinaron después.

Véase el relato completo del atentado en Julio Segarra Blanco.

Véase también Pedro Barquero González.

El teniente Julio Segarra Blanco, de 50 años, era natural de Cabanillas del Campo (Guadalajara). Estaba casado con María Nieves Echeverría y tenía tres hijos: dos de 14 y 13 años y uno de tan solo 8 días. El oficial estaba destinado en Bilbao, ciudad natal de su esposa, desde 1966.

Miembros del comando Vizcaya de ETA prepararon el secuestro de Segarra para intentar que liberaran a presos de la organización terrorista. El 4 de mayo de 1983, tres etarras le esperaron dentro del garaje de la plaza del Carmelo donde el teniente aparcaba su coche. A las 8:00 horas, Julio fue al garaje para coger su coche e ir a trabajar al acuartelamiento de Basauri, donde estaba destinado. Los terroristas sorprendieron al policía, le ataron de pies y manos con alambres y le amordazaron la boca con un esparadrapo.

Cuando los etarras iban meter a Segarra en el maletero de un coche, entró en el garaje el cabo de la Policía Pedro Barquero González, que tenía su plaza de aparcamiento al lado del teniente. El cabo iba a una revisión médica con su mujer, María Dolores Ledo García., que estaba embarazada.

Pedro sacó su pistola, pero los terroristas le dispararon a él y a su mujer. Ambos cayeron muertos al suelo. Después, mataron a Julio Segarra y se dieron a la fuga. Cuando salían del garaje se encontraron con un vecino que había escuchado los disparos. Los terroristas le intentaron tranquilizar haciéndose pasar por policías.

Los miembros de ETA Enrique Letona Viteri y José Félix Zabarte Jainaga fueron condenados, como autores del atentado con resultado de muerte, a la pena de 29 años de reclusión mayor; por un delito de asesinato, en concurso ideal con uno de aborto, a 29 años de reclusión mayor, y por un delito de homicidio a 17 años de reclusión menor. Se les imponía también una indemnización de 15 millones de pesetas por cada una de las muertes a los herederos de las víctimas. El ayuntamiento de Cabanillas del Campo rindió homenaje a Julio Segarra poniéndole su nombre a una calle.

Véase también Pedro Barquero González y María Dolores Ledo García..

Antonio Conejo, de 41 años, natural del Valle de Santa Ana (Badajoz), estaba casado y tenía dos hijas de 12 y 13 años. Tras haber pasado muchos años destinado en las oficinas de la Comandancia de la Guardia Civil, el 28 de mayo de 1983 era una fecha especial para Antonio porque iba a realizar su primer día de servicio en un destino más cercano a la gente, el edificio central de correos de la capital navarra.

A las 11:30 horas, dos terroristas vestidos de traje entraron en el edificio central de Correos de Pamplona, situado en el paseo de Sarasate. En el interior habría unas 50 personas y tres agentes de la Guardia Civil encargados de la seguridad del edificio: uno en el interior de una garita blindada y los otros dos, en la zona de acceso del público.

Los individuos se dirigieron hacia estos últimos y les dispararon a bocajarro. El cabo primero Antonio Conejo Salguero murió en el acto y su compañero, Fidel Lázaro Aparicio., falleció mientras era trasladado a un centro sanitario. Los testigos del atentado se tiraron al suelo en medio de escenas de pánico. Los Comandos Autónomos Anticapitalistas se responsabilizaron del doble asesinato.

Véase también Fidel Lázaro Aparicio.

El guardia civil Fidel Lázaro Aparicio, de 49 años, era natural de Torrehermosa (Zaragoza). Falleció en el atentado de Pamplona que también acabó con la vida del cabo Antonio Conejo Salguero, en el edificio central de Correos del paseo de Sarasate, el 28 de mayo de 1983.

Su Majestad el rey Juan Carlos, junto al ministro del Interior, José Barrionuevo, acudió al funeral de los dos agentes. Tras las exequias tuvo lugar una manifestación de varios centenares de personas en Pamplona contra la banda terrorista ETA.

Relato completo del atentado en Antonio Conejo Salguero.

Eduardo Vadillo Vadillo, de 59 años, natural de Villalba de Losa (Burgos), estaba casado y tenía dos hijas. Estaba domiciliado en Bilbao y era jefe de ventas de la delegación de Land Rover Santana.

El teniente coronel de la Guardia Civil José Llull Catalá, era jefe de la 512 Comandancia de Vizcaya. Le gustaba compartir el riesgo con los hombres a su mando con el fin de mantener alta la moral, especialmente de aquellos que tenían que hacer los servicios más peligrosos. Solía acompañar a las patrullas cuando tenían que hacer itinerarios regulares, escoltar transportes de explosivos o en otros servicios en caso de atentado terrorista.

El 14 de junio de 1983, el teniente coronel Llull conducía su vehículo oficial, un Seat 1430, por el Alto de Trabacúa en Durango para inspeccionar los cuarteles de la zona. Sobre las 11:30 horas, Llul estaba a punto de llegar al lugar donde miembros del comando Gorrochategui de ETA habían colocado una bomba, esperando que en algún momento pasara por la carretera un vehículo de la Guardia Civil.

Sin embargo, el automóvil de Llul fue adelantado por otro turismo, un Talbot 150, conducido por Eduardo Vadillo Vadillo. Los terroristas, escondidos detrás de unas matas a poca distancia, vieron que un vehículo de capota negra se acercaba y activaron la bomba, que dio de lleno al conductor y lanzó el coche a unos veinte metros de la carretera. Eduardo fue gravemente herido y trasladado al hospital de Basurto donde falleció.

Fueron condenados José Ramón Larrinaga Celaya, a una pena de 9 años de prisión mayor por un delito de atentado contra un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado; en concurso ideal con un delito de asesinato, cualificado por la tenencia de explosivos, a 29 años de reclusión mayor. María del Carmen Guisasola Solozábal fue condenada como autora del asesinato a 23 años de reclusión mayor. Además, tuvieron que indemnizar económicamente a los herederos de la víctima.

El guardia civil Juan Maldonado Moreno tenía 42 años, era natural de Adra (Almería), estaba casado y tenía dos hijas.

Antes de las 19:00 horas del 22 de junio de 1983, salió de su casa en la calle Lezo-Bide de Pasajes y se dirigió hacia su coche, un Renault 8 que había aparcado cerca del domicilio, en el barrio de Meipi. Cuando arrancó, explotó una bomba colocada en los bajos del vehículo.

Maldonado murió en el acto. Una mujer que caminaba cerca resultó herida leve. La onda expansiva destrozó varios vehículos y rompió los cristales de algunas viviendas y comercios.

Maldonado fue enterrado en el municipio granadino de Motril.

El 23 de junio de 1983, una patrulla policial compuesta por un furgón y una furgoneta con siete agentes se dirigía hacia el Parque Móvil de San Sebastián y circulaba por el paseo de Mundaiz. A la altura de la Estación del Norte, los Comandos Autónomos Anticapitalistas habían aparcado un coche en el que estaba instalada una bomba. El artefacto explotó cuando los agentes se acercaron. Emilio Casanova murió al ingresar en el hospital de la Cruz Roja. Los otros seis agentes resultaron heridos.

Jesús salió de su casa, en la avenida de Bayona de Pamplona, poco antes de las 8:00 horas, para ir a su trabajo. En el portal se encontró a una vecina a quien ayudó a llevar unos paquetes a su coche. En ese momento, un etarra que llevaba un rato sentado en un banco de la acera de enfrente, le abordó y le disparó tres tiros, uno de ellos en la nuca, resultando herido de gravedad. Otros dos terroristas se encontraban sentados en el bordillo del escaparate de una zapatería a poca distancia del primer individuo. Jesús fue trasladado al hospital de Navarra pero ingresó muerto.

Esos mismos terroristas, miembros del Comando Mendaur de ETA, ya habían intentado asesinar a Jesús el 8 de abril con el mismo procedimiento, pero la víctima no salió de su casa a la hora que preveían, por lo que no pudieron perpetrar el atentado.

Enrique Labay Machín fue condenado a 29 años de prisión por el asesinato de Jesús Blanco Cereceda y al pago de una indemnización a los herederos de la víctima. Fermín Urdiain Ciriza y Joaquín Sancho Biurrun fueron sentenciados a 30 años de reclusión mayor y a la indemnización económica correspondiente.

Francisco Machío Martos tenía 31 años y estaba soltero. Había trabajado en una fábrica de muebles y en el momento del atentado se encontraba en el paro. Era natural de Hornachos (Extremadura), aunque desde los 10 años residía en el País Vasco.

El 7 de julio de 1983, a las 20:45 horas, se encontraba con dos amigos en el bar Amaya de Azpeitia (Gipuzkoa) cuando dos terroristas, miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, entraron en el establecimiento y le dispararon a bocajarro. Los terroristas se dieron a la fuga en un vehículo donde les esperaba un cómplice.

Francisco recibió dos impactos de bala en la cabeza que le provocaron la muerte prácticamente en el acto. Al día siguiente del asesinato, un grupo de vecinos de Azpeitia se manifestó por las calles de la localidad.

El agente Manuel Francisco García San Miguel, de 27 años, nació en Guitiriz (Lugo) y llevaba cuatro años trabajando como policía nacional. Un año antes del atentado fue destinado a la agrupación de conductores de Bilbao. Estaba casado y recientemente había sido padre de una niña.

El 13 de julio de 1983, Manuel Francisco se dirigió a su casa, en Sopelana, a las 8:45 horas tras acabar su servicio en Getxo. Antes de dejar la comisaría se vistió de paisano y tomó el tren para desplazarse desde Getxo hasta su lugar de residencia. Cuando llegó a su parada, caminó en dirección a su domicilio, en la calle Zubike. En ese momento, dos terroristas se acercaron por la espalda y le dispararon dos tiros en la cabeza, cayendo al suelo donde le remataron.

El empresario Ramiro Salazar, de 36 años, era natural de Urbina (Álava), estaba casado, tenía dos hijos e iba a ser padre de nuevo. Unos meses antes del asesinato, las lunas de su empresa fueron destrozadas por desconocidos.

El 23 de julio de 1983, a las 9:30 horas, Ramiro entró en Automóviles Salazar, su negocio de compraventa de vehículos situado en la avenida de los Pinos de Vitoria. Dos terroristas que llevaban tiempo merodeando alrededor del local, le vieron llegar y le dispararon en la cabeza sin poder reaccionar. La detonación del arma hizo que un grupo numeroso de gente que se encontraba en las proximidades se acercase al lugar del atentado. Entre ellos estaba un cabo de la Cruz Roja que trató de socorrer a la víctima. Ramiro fue trasladado al hospital general Santiago Apóstol y falleció a las tres horas de su ingreso.

El terrorista Ignacio Pujana Alberdi, miembro del comando Tontorramendi de ETA, fue condenado a 28 años de reclusión mayor, así como al pago de una indemnización a los herederos de la víctima.

Rafael Gil Marín, de 30 años, natural de Valencia de las Torres (Badajoz), estaba casado y tenía tres hijos, dos niños y una niña. Estaba destinado en el cuartel de Zarautz desde el 31 de marzo, cuatro meses antes de ser asesinado por ETA.

El 31 de julio de 1983, los guardias civiles Rafael Gil Marín y Enrique Rúa Díaz fueron enviados desde el cuartel de Zarautz, en el que estaban destinados, al puerto de Getaria para vigilar dos embarcaciones que habían sido interceptadas en una operación contra el narcotráfico.

Rafael se encontraba dentro de un Seat 131 en el que los dos guardias habían viajado desde Zarautz. Su compañero se había puesto el bañador para darse un baño, cuando dos terroristas, miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, se acercaron. Uno de ellos disparó a Enrique con una escopeta y el otro disparó con una pistola a Rafael dentro del coche. Ambos murieron en el acto.

Véase también Enrique Rúa Díaz.

Enrique Rúa Díaz, de 27 años, casado y con una hija, era natural de la localidad de Verín (Orense). El agente estuvo destinado en Pamplona hasta el 1 de julio de 1982, fecha en la que pasó a la Agrupación de Tráfico de Gipuzkoa. Posteriormente fue trasladado a Zarautz.

Falleció en el atentado de Getaria cuando se iba a dar un baño en el mar y un terrorista le disparó con una escopeta. También murió su compañero Rafael Gil Marín.

Al funeral, que se celebró en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor de Verín, asistieron familiares, autoridades y numerosos vecinos.

Relato completo del atentado en Rafael Gil Marín.

Manuel Peronié Díaz, de 27 años y soltero, era agente de la Policía Municipal de San Sebastián desde hacía apenas un año y patrullaba de noche.

Sobre las 3:00 horas de la madrugada del 5 de agosto de 1983, Manuel y su compañero, Víctor Zabala Urturi, regresaban a sus casas después de cenar en un restaurante. Cerca de la avenida de Jon Oñativia, tres miembros del comando Donosti de ETA retuvieron a Manuel y a Víctor obligándoles a esperar a que un cuarto terrorista llegase con un vehículo. Sin embargo, justo antes de subir al coche, los agentes huyeron corriendo. Un etarra comenzó a dispararles y Manuel falleció a causa de tres disparos en el torso y en la ingle. Víctor resultó herido en el brazo derecho. Dos personas que pasaban en una moto también fueron heridas.

Jesús María Zabarte Arregui y Juan José Iradi Lizarazu fueron condenados, cada uno, a una pena de 29 años de reclusión mayor, y a otra pena de 15 años de reclusión menor por el asesinato frustrado de Víctor. Además, debían indemnizar económicamente a los herederos de Víctor y a los heridos en el atentado.

Arturo Quintanilla, de 44 años, estaba casado y era padre de tres hijos, una chica de 15 y dos chicos de 10 y 12 años. Nació en Burgos, pero vivía en Hernani desde niño.

Arturo Quintanilla Salas salió de trabajar del bar José Mari de su propiedad, sobre las doce de la noche. Estaba acompañado por su mujer y su hija. En ese momento, un coche se puso a su altura y fueron tiroteados por miembros de ETA. Los disparos le alcanzaron el corazón y el abdomen provocándole la muerte en el acto. Dos de los disparos impactaron en el coche pero no llegaron a herir a su esposa ni a su hija, quienes entraron en una crisis nerviosa después de ver el asesinato.

Arturo ya había recibido amenazas de ETA militar. También había tenido avisos de bomba en su bar a cambio de que pagara diez millones de pesetas. La víctima había viajado a Francia para intentar contactar con ETA, pero no lo consiguió. Dos meses antes del atentado, el hostelero recibió una nueva carta de extorsión en la que se le pedía más dinero.

El etarra José Antonio Pagola Cortajarena fue condenado a una pena de 6 años y 1 día de prisión por integración en banda armada y 17 años, 4 meses y 1 día por un delito de asesinato con premeditación. Además, tuvo que indemnizar económicamente a los herederos de Arturo.

Francisco Javier Alberdi, de 49 años y natural de la localidad guipuzcoana de Bergara, estaba casado y trabajaba como representante comercial de la empresa Licores Goytisolo.

El 6 de septiembre, a las 19:30 horas, Francisco estaba dentro de su coche, en el paseo de los Olmos de la capital guipuzcoana, donde vivía, cuando tres individuos se acercaron y le dispararon tres veces, una de ellas en el corazón, muriendo en el acto. Antes del asesinato, los tres terroristas le habían dicho que se bajara del coche. Al negarse, tuvo lugar un forcejeo al que los etarras pusieron fin disparándole. Fue atendido por los servicios de urgencias, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida.

El policía Pablo Sánchez César, de 24 años, estaba casado y tenía una hija de 13 meses. Era natural de Badajoz y estaba destinado en la Policía de San Sebastián. Fue enterrado en la localidad de Hoyos (Cáceres), municipio natal de su esposa, Amalia García Mora.

Pablo salió la mañana del 16 de septiembre de 1983 de su casa de Urnieta en la que vivía con su esposa, su hija y sus suegros, para ir al trabajo. Cuando el agente se encontraba en el andén del tren a San Sebastián vio venir a tres terroristas. Intentó protegerse pero le hirieron mortalmente y le remataron con un disparo en la cabeza. Los asesinos huyeron en un vehículo robado.

Los miembros del comando Donosti, Jesús María Zabarte Arregui y José Antonio Pagola Cortajarena fueron condenados a penas de 29 años de reclusión mayor y a indemnizar a los herederos de Pablo.

Manuel Benito, de 36 años, era natural de Salamanca, estaba casado con Lourdes Martínez y tenía dos hijos, Javier, de 3 años, y Manuel, de 9. Era agente de la Policía Nacional y estaba destinado en la comisaría de Portugalete.

La noche del 3 de octubre, Manuel se encontraba en el bar Lugo, situado en la calle San Nicolás de Portugalete, charlando con dos personas. Dos etarras entraron en el local, se dirigieron hacia él, le dispararon y se dieron a la fuga. Una patrulla de la Policía Municipal que estaba cerca acudió al bar y encontró a Manuel aún vivo con tres impactos de bala en la cabeza y el estómago. Fue trasladado urgentemente al hospital de Cruces donde falleció dos días después.

El 5 de diciembre de 2002, el Ayuntamiento de Portugalete rindió un homenaje a Manuel por el aniversario de su muerte. A la ceremonia asistieron su mujer y sus dos hijos.

Juan José Pulido Pavón, de 38 años, nació en la localidad extremeña de Montánchez, estaba casado y tenía tres hijos. Era conocido como “doctor Yerbas” por su actividad como herborista y experto en el uso de plantas medicinales para el tratamiento de enfermedades.

La noche del 8 de octubre de 1983, Juan José salió del bar Justo de Hernani junto a dos amigos. Los tres entraron en un coche y Juan se sentó en la parte trasera. Antes de ponerse en marcha, un terrorista se acercó y le disparó cuatro veces en el cuello, tórax y extremidades. Fue trasladado a un centro sanitario donde murió mientras estaba siendo intervenido. Los terroristas trataron de justificar su asesinato acusándole de estar relacionado con el narcotráfico.

Jesús María Zabarte, miembro del comando Donosti de ETA y Pedro Miner fueron condenados a 25 años de cárcel y a una indemnización a los herederos de Pulido.

El guardia civil Ángel Flores Jiménez, de 44 años, nació en San Martín del Pimpollar (ávila) y tenía cinco hijos con edades comprendidas entre los 10 y los 22 años. Estaba destinado en el puesto de especialistas de la Estación Norte de Irún.

El 13 de octubre de 1983, Ángel llegó al barrio de Beraun en Rentería donde vivía. A las 14:30 horas estacionó su vehículo en la calle Norberto Almandoz. Dos terroristas se le acercaron y le dispararon a bocajarro. Fue alcanzado por tres disparos, uno de ellos en el cuello, que le provocó la muerte en el acto. Los terroristas huyeron en un coche robado.

El miembro del comando Donosti, Jesús María Zabarte Arregui fue condenado a 32 años de prisión y a indemnizar a los herederos de Ángel.

Alfredo Jorge Suar Muro, de 37 años, médico pediatra y doctor del penal de El Puerto de Santa María, era natural de Argentina, de donde había emigrado junto con su esposa, María Teresa Decarlini Méndez, y sus dos hijos, de 6 y 8 años. La familia se fue a vivir a Cádiz donde Alfredo comenzó a trabajar como médico. Tenía una consulta privada y compatibilizaba su trabajo con el de facultativo en la cárcel de El Puerto de Santa María.

El 14 de octubre a las 18:00 horas, un individuo entró en la consulta del doctor Suar. Ambos salieron juntos pocos minutos después con dirección desconocida. Horas más tarde, unos trabajadores de la residencia sanitaria Fernando Zamácola se acercaron a un coche Ford Escort que tenía las puertas abiertas cerca del hospital. En un primer momento pensaron que se trataba de un robo, pero cuando llegaron, se encontraron con el cuerpo de un hombre sentado en el asiento del copiloto con un impacto de bala debajo de la oreja izquierda y otro en la columna vertebral. La víctima fue identificada como Alfredo Jorge Suar Muro.

Cuatro días después, ETA militar asumió la autoría del crimen y aprovechó la circunstancia para amenazar de muerte a todos los funcionarios de prisiones.

El 5 de octubre de 2004, se inauguró en Jerez de la Frontera un Centro de Inserción Social al que se dio el nombre de Alfredo Jorge Suar Muro, en homenaje al médico asesinado por ETA.

El guardia civil José Reyes Corchado Muñoz tenía 28 años, era natural de Alburquerque (Badajoz), y estaba casado con Isabel Chamizo Díaz, con la que tenía dos hijas de 1 y 2 años.

La noche del 15 de octubre de 1983, una patrulla de la Guardia Civil formada por tres vehículos estaba realizando un servicio de vigilancia cuando una carga explosiva, escondida junto a un muro, fue activada a distancia. Los agentes habían salido del cuartel de Aretxabaleta y en ese momento pasaban por el barrio de Zubillaga, en Oñate.

La explosión afectó al primer vehículo de la patrulla en el que se encontraba José Reyes Corchado Muñoz, el conductor y el cabo primero Antonio Ramos Ramírez.. José Reyes, que viajaba en el asiento de atrás, falleció prácticamente en el acto. Los otros dos agentes resultaron heridos leves. Tres años más tarde, Antonio Ramos sería asesinado en un atentado en Mondragón.

Los guardias de los otros dos vehículos atendieron a sus compañeros y les trasladaron de inmediato a un centro sanitario, donde se certificó la muerte de José. En 1994, el Ayuntamiento de Alburquerque dedicó una calle a José Reyes y celebró un acto de homenaje en su memoria.

Véase también Antonio Ramos Ramírez.

El capitán de farmacia, Alberto Martín Barrios, de 39 años, estaba casado y tenía tres hijos. Fue secuestrado por miembros de ETA político-militar VIII Asamblea, una escisión minoritaria de la rama político-militar de ETA.

El 5 de octubre, Alberto salió de su casa poco antes de las 8:00 horas tras despedirse de su esposa, María Ángeles Alonso Linaje, para ir al trabajo en el Gobierno Militar de Bilbao. Tenía como costumbre llamar a su mujer a las 10.00, pero ese día no lo hizo. A las 11.00, María Ángeles telefoneó a Alberto pero aún no había llegado al trabajo. En ese momento se dispararon las alarmas. Su vehículo fue encontrado cerca del edificio militar donde trabajaba, sin signos de violencia y con una pistola en el interior. Poco después se encontraron las llaves del coche, por lo que todo indicaba que se trataba de un secuestro. El 6 de octubre, ETA político-militar VIII Asamblea se atribuyó la autoría del secuestro y exigió la suspensión del juicio contra los miembros de la banda detenidos por el asalto al cuartel del Ejército en la localidad catalana de Berga, hacía dos años.

En los días posteriores, los terroristas sometieron a un pulso a los medios de comunicación. La banda envió una carta a TVE exigiendo que leyera en sus informativos un texto en el que se cuestionaba la jurisdicción militar por la que iban a ser juzgados los asaltantes de Berga. El 13 de octubre la banda fijó un plazo de treinta y seis horas para que el escrito fuera leído en los informativos de las 15:00 y de las 20:30 horas. El ultimátum iba acompañado de dos fotografías en las que aparecía el militar con barba de varios días delante de una ikurriña y de carteles y pegatinas de la banda terrorista.

TVE emitió el día 13 una parte del escrito etarra condicionando la difusión completa del mismo a la liberación del capitán. RNE emitió, a petición de los familiares del secuestrado, un resumen en el informativo España a las ocho. Los periódicos vascos publicaron íntegro el documento etarra así como algunos de los diarios de Madrid.

Finalmente, el militar fue asesinado el día 18. Su cuerpo sin vida, con la boca amordazada, apareció en una caseta cerca del cruce de El Gallo, en Galdácano. Alberto había recibido un impacto de bala en la sien derecha.

Cándido Cuña González, de 51 años, nació en Galicia, residía en Rentería, estaba casado y tenía tres hijos, de 19, 22 y 26 años.

Eran las 18:45 horas del 20 de octubre de 1983, cuando Cándido salió de un bar de la calle Zubiaurre, en Rentería, cerca de su casa. En ese instante, dos etarras se acercaron a él y le dispararon a bocajarro. Fue trasladado al hospital de la Cruz Roja pero falleció por los dos disparos que recibió en la cabeza.

Cándido, socio de una cooperativa panadera de Pasajes, había sufrido otro atentado cuatro años antes. Fue tiroteado por miembros de ETA cuando salía de su casa. Recibió ocho disparos que le causaron heridas graves pero logró salvar su vida.

José María Zubiaurre Portugal fue condenado por el intento de asesinato a la pena de 17 años, 4 meses y 1 día de reclusión menor, así como a indemnizar a Cándido Cuña. ETA se responsabilizó del posterior crimen, acusándole de colaborar con la Policía.

Lorenzo Mendizábal Iturrarte, de 34 años y soltero, había nacido en Pasajes de San Juan, en el caserío Larrabide. Tenía una carnicería, llamada Biona, situada en la calle Luis Mariano, en el centro de la localidad de Irún.

El 26 de octubre de 1983, a las 17:50 horas, estaba despachando cuando dos etarras entraron en el local y le dispararon. Los proyectiles le alcanzaron los pulmones, el corazón y el hígado. Fue trasladado al hospital de la Cruz Roja de Irún donde falleció poco después de su ingreso.

Jon Koldo Aguinagalde Urrestarazu y Antonio Troitiño Arranz fueron condenados a 27 años de prisión cada uno. Ángel Zabaleta Mendía también fue condenado. Los terroristas debían indemnizar a los herederos de Lorenzo.

Manuel Carrasco Merchán, de 27 años, nació en Higuera de Vargas (Badajoz), pero emigró al País Vasco con sus padres siendo un niño. Vivió en Villabona hasta que se casó y se instaló en Asteasu. Estaba en el paro y una semana antes de su muerte había sido padre. Visitaba a menudo la localidad de Villabona donde mantenía amistades.

El asesinato fue cometido por miembros de ETA el 5 de noviembre de 1983. Manuel salió a las 14:00 horas del bar del Hogar del Jubilado. Varios terroristas le siguieron y le dispararon a quemarropa. Los tiros le alcanzaron la cabeza y el tórax, matándole al instante. Dos años antes de su muerte, un etarra se había interesado por él y había pedido información a un vecino de Villabona. Esta fue la razón de su asesinato. El día de su muerte, Manuel pasó por delante de una casa donde unos etarras le reconocieron. A partir de ese momento, pergeñaron el crimen.

El representante comercial Ángel Martínez Trelles, de 31 años, era natural de Oviedo, estaba casado y tenía una hija.

Hacia las 20:00 horas del 9 de noviembre de 1983, Ángel se encontraba en un bar charlando con el encargado del establecimiento cuando entraron dos miembros de ETA militar, uno fue hacia él y le disparó, causándole la muerte.

Ángel trabajaba ocasionalmente como camarero en el bar de la Hermandad de Antiguos Legionarios, situado en la plaza Conde de Mirasol, en el barrio de Bilbao la Vieja. La víctima había sido legionario paracaidista y formaba parte de la Hermandad, cuyo presidente, José María Maderal Oleaga, fue asesinado cinco años antes. Además, la sede de esta organización había sufrido un atentado con bomba a principios de ese mismo año.

El miembro del comando Vizcaya, Juan Manuel Gaztelumendi Uribarren, fue condenado a 29 años de prisión mayor, así como a la obligación de indemnizar a los herederos de Ángel.

Véase también José María Maderal Oleaga.

El teniente de Navío Antonio de Vicente Comesaña, de 52 años, nació en Pontevedra, estaba casado y tenía seis hijos. Hacía sólo cuatro meses que estaba destinado como ayudante de Marina de Bermeo.

Antonio fue asesinado a las 21:30 horas del 12 de noviembre de 1983. Se encontraba en una plaza de Bermeo, junto a la estafeta de Correos, cuando dos terroristas le dispararon por la espalda a corta distancia. Antonio tenía heridas de bala en la cabeza y en el pecho y fue trasladado al hospital de Cruces de Barakaldo donde falleció poco después.

El etarra Fernando Uriarte Elorduy fue condenado como cooperador necesario en el asesinato, a una pena de 27 años de reclusión mayor, así como a la indemnización correspondiente.

José Antonio Julián, de 43 años, natural de la localidad de Alarba (Zaragoza), iba a cerrar uno de los locales nocturnos que gestionaba en Vitoria. Al llegar a la puerta del local, en la carretera de Pamplona, le dispararon varios miembros de ETA cuando iba a salir del coche.

Algunos clientes se lo encontraron con cinco impactos de bala en el torso. Horas después, ETA asumió la autoría del atentado llamando al diario Egin, acusando a José Antonio de ser militante de Fuerza Nueva y de colaborar con la Policía.

Los miembros del comando Tontorramendi de ETA, Agustín Muiños Díaz y Jesús María Ormaechea Antepara fueron condenados a una pena de 29 años de prisión cada uno.

El 8 de diciembre de 1983, Francisco Javier Collado Azurmendi se encontraba en el bar Bastacho, de Cegama. Fiel a su costumbre, tomaba el aperitivo con unos amigos, mientras jugaba una partida de billar. Varios miembros de ETA comprobaron que Collado estaba en el interior del bar y le esperaron fuera del local. A las 13:45 horas, cuando Francisco Javier salió a la calle, los terroristas le dispararon por la espalda tres tiros en la cabeza. Murió en el acto.

Cometido el asesinato, los etarras se dieron a la fuga en un coche que les esperaba cerca.

Francisco Javier tenía 39 años y era natural de Cegama. Estaba casado y era padre de tres hijos de entre 9 y 12 años. Era un pequeño empresario aficionado a la caza que se dedicaba a la compra-venta de automóviles usados. De joven hizo atletismo y participó en varias ediciones del Cross Internacional de Lasarte.

A las diez de la noche del 9 de diciembre, el diario Egin recibió una llamada de ETA en la que informaban del asesinato de Pablo Garraza García. Le encontraron muerto, tumbado boca abajo con un disparo, en un pequeño bosque junto a la carretera de Zamalbide en dirección al barrio de Txikierdi. Al día siguiente, ETA confirmó que lo secuestraron, lo sometieron a un interrogatorio y, finalmente, lo asesinaron.

Pablo Garraza, de 59 años y casado, era natural de Ayo (Navarra). El mismo día que murió Pablo se produjeron otros dos atentados fallidos.

Eduardo Navarro Cañada, valenciano de 27 años, tenía dos hijos pequeños. Pertenecía a la Compañía de Reserva de la Policía, con sede en Valencia, que había sido enviada al País Vasco para reforzar las medidas de seguridad antiterroristas.

Los agentes Clemente Medina Monreal y Eduardo Navarro formaban, desde hacía ocho meses, parte de un dispositivo policial que quería normalizar la presencia de agentes en las calles de las capitales vascas.

El 15 de diciembre, Eduardo y Clemente patrullaban a pie y uniformados en el centro de San Sebastián. Al mediodía, dos etarras se acercaron a ellos, les dispararon y se dieron a la fuga en un vehículo de la Policía Municipal que habían robado poco antes a mano armada.

Eduardo fue trasladado a un centro sanitario con un disparo en la cabeza, donde murió. Clemente fue herido, tardó casi dos años en recuperarse y quedó incapacitado para trabajar como policía.

Los miembros de ETA, Pedro Alfonso María Briones Goicoechea, agente de la Ertzaintza y miembro del comando Bianditz, y Pablo José Gómez Ces fueron condenados como autores de un atentado con resultado de muerte a 26 años y por un delito frustrado, a 17 años de prisión.

El 15 de diciembre, sobre las 19:00 horas, tres terroristas armados, miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) entraron en el domicilio de Francisco Arín Urcola, donde estaban su mujer, uno de sus hijos. Gerardo, otro de sus hijos, llegó del colegio poco después.

Cuando Francisco llegó a casa, los secuestradores se lo llevaron en su coche, tras advertir a la esposa y los hijos que esperaran dos horas antes de avisar a nadie. Pocos minutos después, la familia recibió una llamada en la que le informaban de que Francisco había aparecido muerto en Irura.

Agentes de la Guardia Civil y de Cruz Roja, siguiendo las indicaciones que los CAA habían trasladado al diario Egin, encontraron el cuerpo de Francisco en un coche a la entrada de Irura, cerca de una antigua factoría en la que Francisco trabajó como directivo hasta su cierre, seis años antes.

Francisco estaba casado, tenía cuatro hijos, vivía en Tolosa y era directivo de la empresa Construcciones Electromecánicas Irura. Había sido amenazado para que pagara el chantaje que le exigía la banda. Intentó en varias ocasiones negociar con los extorsionadores que finalmente acabaron con su vida.