Benigno García Díez, lucense de 36 años y natural de Foz, llevaba 17 años viviendo en Ondarroa. Estaba casado y tenía seis hijos. Tras trabajar como marinero, entró en la Policía Municipal en 1975. Después de recibir múltiples amenazas y sentirse perseguido, cambió sus hábitos y solicitó un año de excedencia para marcharse del pueblo y dejar que los ánimos se enfriasen. Sin embargo, el 27 de enero de 1982, una semana antes de entrar en vigor su excedencia, dos terroristas le dispararon tres balas por la espalda a escasos metros de su casa. Falleció de camino al hospital de Cruces. La viuda y los hijos de Benigno tuvieron que abandonar Ondarroa y se fueron a vivir a Cataluña.
El lucense Benjamín Fernández Fernández, guardia civil retirado de 61 años, casado y con una hija, trabajaba de conserje en la Delegación de Educación de San Sebastián. El 16 de febrero de 1982 fue asesinado por miembros del Comando Donosti, que le dispararon a quemarropa mientras daba su acostumbrado paseo del mediodía en compañía de tres amigos. Eduardo Pablos Villanova fue herido en un tobillo.
Jesús María Zabarte Arregui fue condenado a 26 años y 8 meses de reclusión mayor y Juan José Iradi Lizarazu, como cooperador necesario, a 29 años de reclusión mayor, así como a indemnizar a los herederos de la víctima.
El guardia civil José Fragoso Martí, marroquí de 35 años, casado, con cuatro hijos y destinado en el guipuzkoano Servicio Fiscal del puerto de Pasajes, fue asesinado en su coche por el Comando Donosti el 16 de febrero de 1982.
Modesto Martín Sánchez, guardia civil de 38 años, era natural de la localidad cacereña de Pinofranqueado. Estaba casado, tenía dos hijos y su mujer estaba embarazada de siete meses cuando fue asesinado por ETA el 15 de marzo de 1982. Destinado en el Servicio Fiscal del puerto de Pasajes, aunque vivía en Rentería, Modesto solía llevar por las tardes a su hijo al colegio cuando su trabajo se lo permitía. El día de su asesinato, poco después de las 15:00 horas, subió a su coche, con su hijo y esposa cuando tres etarras, uno de ellos armado con una metralleta, se colocaron delante del vehículo y dispararon al guardia civil. Ingresó cadáver en el hospital militar de San Sebastián con heridas en el corazón, la boca y el pecho. Una semana después, ETA militar se responsabilizó de la autoría del asesinato a través del diario Egin.
Cristina Mónica Illarmendi Ricci, soltera de 36 años, era natural de Buenos Aires (Argentina), profesora de inglés y residente en Santurce. Fue asesinada por ETA en el atentado del restaurante Rancho Chileno, donde también murieron los inspectores de Policía, Agustín Martínez Pérez. y Alfonso Maside Bouzo, el 22 de marzo de 1982.
Véase el relato completo del atentado en Agustín Martínez Pérez.
Véase también el atentado de Alfonso Maside Bouzo.
El inspector de policía Agustín Martínez Pérez, leonés de La Bañeza, de 26 años, soltero y desde hacía cuatro años destinado en la comisaría de Sestao, murió en el atentado del restaurante Rancho Chileno, en el que solían comer miembros del Cuerpo Superior de Policía. El 22 de marzo de 1982, tres terroristas entraron en el establecimiento y ametrallaron a cuatro inspectores de Policía y una joven civil. Agustín Martínez Pérez, Alfonso Maside Bouzo y la joven Cristina Mónica Illarramendi, que acompañaba a los policías, murieron; mientras que los inspectores Miguel Ángel Cabezas Fernández y Miguel Ángel Fernández Martínez resultaron heridos. El etarra Enrique Letona Viteri fue herido en una pierna, pero consiguió huir junto al resto de terroristas.
Enrique Letona Viteri, Ángel Luis Hermosa Urra y Miguel Arrieta Llopis fueron condenados a 28 años de reclusión mayor por cada una de las tres víctimas mortales, a dos penas de 18 años por cada asesinato frustrado y al pago conjunto y solidario de las respectivas indemnizaciones. Juan Carlos Echeandia Zorroza fue condenado como cómplice por facilitar información de Agustín, a una pena de 18 años de reclusión menor y dos de 17 años, 4 meses y 1 día, así como al pago de una indemnización a los herederos de las víctimas y a los heridos; mientras que Juan Ignacio Aldana Celaya, como encubridor, fue condenado a 10 años y 1 día y a 5 años por cada uno de los asesinatos frustrados, más al pago de una indemnización.
Véase también el atentado de Alfonso Maside Bouzo y Cristina Mónica Illarramendi.
Alfonso Maside Bouzo, de 26 años, natural de Baños de Molías (Orense) y soltero, llevaba cuatro años destinado en la comisaría de Sestao cuando fue asesinado el 22 de marzo de 1982 en el atentado del restaurante Rancho Chileno donde también murieron los Inspectores de Policía Agustín Martínez Pérez. y Cristina Mónica Illarramendi.
Véase el relato completo del atentado en Agustín Martínez Pérez..
Véase también el atentado de Cristina Mónica Illarramendi.
Enrique Cuesta Jiménez, de 53 años y delegado de Telefónica en Gipuzkoa desde hacía dos años, fue asesinado a balazos junto a su escolta, Antonio Gómez García, por dos terroristas de los Comandos Autónomos Anticapitalistas el 26 de marzo de 1982, cuando ambos se dirigían a pie a las oficinas de la sede de la compañía en San Sebastián.
Alrededor de 500 empleados de Telefónica de Gipuzkoa se manifestaron tres días después en el barrio donostiarra de Amara.
Ramón Agra Alonso fue condenado como autor del atentado y murió en septiembre de 1990, durante un permiso penitenciario. El otro etarra implicado, Juan Antonio Zurutuza Sarasola, alias Capullo, fue detenido por la Policía francesa y extraditado a España.
Véase también Antonio Gómez García.
El policía nacional Antonio Gómez García, de 24 años, gaditano de Bornos, casado y con un hijo, era escolta de Enrique Cuesta Jiménez, delegado de Telefónica en Gipuzkoa. Ambos fueron asesinados el 26 de marzo de 1982 por dos miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Justificaron el crimen por las supuestas escuchas telefónicas con las que la compañía colaboraba con la Policía. Antonio entró en coma y murió cinco días después.
Cabe destacar que, durante el transcurso del 23-F, Antonio, entonces escolta del secretario general del Partido Socialista en Euskadi (PSE-PSOE), Txiki Benegas, se negó a entregar su arma en un primer control, aunque más tarde le quitaron la pistola y le encerraron junto a otros escoltas.
Véase el relato completo del atentado en Enrique Cuesta Jiménez.
Ramiro Carasa Pérez, médico de 38 años, era natural de la localidad cántabra de Liendo y tenía novia en San Sebastián. Tras años de estudios y oposiciones había alcanzado el puesto de jefe del Servicio de Traumatología de la residencia sanitaria de San Sebastián. La mañana del 30 de marzo de 1982, tras acabar su turno, fue secuestrado por miembros del Comando Donosti en el aparcamiento del hospital y le condujeron a un lugar despoblado cerca de la localidad de Urnieta. Allí le ataron las manos a la espalda, le interrogaron durante horas y, finalmente, le dispararon varias veces hasta matarlo. Más tarde los terroristas abandonaron el coche de la víctima en Lasarte. Sobre las 20:30 horas, ETA informó al diario Egin sobre el paradero del cadáver, que fue encontrado por la Policía con signos de tortura.
Jesús María Zabarte Arregui fue condenado como autor del atentado a 29 años de reclusión mayor y Juan José Iradi Lizarazu, como cómplice, a 19 años de prisión menor por haber facilitado la información necesaria para el asesinato de Ramiro. Además tuvieron que indemnizar económicamente a los herederos de la víctima.
Vicente Luis Garcera López, policía nacional valenciano de 29 años, casado y con una hija, fue asesinado el 17 de abril de 1982 cuando el comando Nafarroa disparó una granada anticarro a la tanqueta que conducía. A pesar de ser trasladado al hospital provincial, falleció al poco de ingresar. Otras nueve personas resultaron heridas en el atentado.
Juan José Legorburu Guerediaga y Mercedes Galdós Arsuaga fueron condenados a 30 años de reclusión mayor y ocho penas de 23 años de reclusión mayor por asesinatos frustrados. Manuel Víctor Tomás Salvador Labat fue condenado a 10 años de prisión mayor como encubridor. Los tres tuvieron que indemnizar tanto al fallecido como a los heridos.
Antonio Pablo Fernández, guardia civil pacense de 29 años, casado y con dos hijos, estaba temporalmente destinado en el País Vasco reforzando los operativos antiterroristas. El 2 de mayo de 1982, mientras realizaba el servicio de vigilancia en la puerta del cuartel de Ondarroa, fue asesinado por un miembro del comando Gorrochategui que le disparó tres balas en el hombro, el brazo derecho y la región abdominal. Pese a que ingresó en el hospital de Cruces, en Barakaldo, falleció una hora después.
En 1994, Villa del Rey, su localidad natal, y Santa Marta, de donde era su viuda y donde fue enterrado, le dedicaron una calle.
José Ramón Larrinaga Celaya fue condenado a 12 años de prisión mayor y al pago de una indemnización por esconder la pistola utilizada por los autores del crimen.
Ángel Pascual Múgica, francés de 44 años nacido en Mecon, casado y con cuatro hijos, era ingeniero de la empresa Iberduero, en la que llevaba 25 años, y director del proyecto de la central de Lemóniz. Pese a que después de los atentados contra la empresa y del asesinato de su amigo José María Ryan Estrada le habían asignado escolta, fue asesinado la mañana del 5 de mayo de 1982. Dos terroristas dispararon al coche en el que viajaba con su hijo. Ángel resultó mortalmente herido y su hijo sufrió heridas en una mano.
Ese día se formó en Vitoria la Sociedad de Gestión de la Central Nuclear de Lemóniz, Sociedad del Gas de Euskadi y Ente Vasco de Energía. Los técnicos de Lemóniz se negaron a volver a sus puestos de trabajo mientras la situación de acoso continuase. El 13 de mayo la empresa anuló los contratos de ejecución de obras, suministros y servicios con sus contratas en la central de Lemóniz hasta que fuera viable continuar.
Véase también José MaríaRyan Estrada.
Antonio Huegun Aguirre, taxista guipuzcoano de 43 años, casado y con dos hijos, fue asesinado el 14 de mayo de 1982. Su cuerpo apareció en unos matorrales de Arrate con cinco impactos de bala en la espalda. Horas antes había llamado a su domicilio para comunicar que realizaba un servicio en Eibar, donde más tarde fue localizado su coche.
Los taxistas de San Sebastián convocaron una huelga de dos días.
Luis Manuel Allende Porrúa era un conocido odontólogo bilbaíno, casado y con una hija. Vicepresidente del Colegio Oficial de Odontoestomatología entre 1971 y 1975, ocupaba desde 1979 ́ la cátedra de Prótesis en la Escuela Universitaria de Estomatología de la Universidad del País Vasco. La tarde del 1 de junio de 1982 fue secuestrado en su consulta por tres terroristas. ETA exigía quince millones de pesetas, y aunque la familia negó haber pagado el rescate, fue liberado nueve días más tarde.
Tras su secuestro, se demostró pericialmente que la enfermedad cancerígena que Allende comenzó a padecer y por la que falleció el 20 de febrero de 1983 fue provocada por el estrés del secuestro.
Dos etarras fueron condenados como autores del rapto a 18 y 9 años de prisión.
El coronel retirado Daniel Henríquez García, de 64 años y leonés de Margoz de Atajo, había sido segundo jefe del Gobierno Militar de Bilbao y del regimiento de Garellano. Estaba casado y tenía tres hijas. Fue ametrallado por cuatro terroristas que iban en coche la tarde del 3 de junio de 1982, cuando se dirigía andando a casa tras comprar unos periódicos. Murió en el acto.
Tres años antes, Henríquez sufrió un intento de secuestro fallido y había recibido amenazas, por lo que estuvo viviendo en una caserna del Ejército y tuvo escolta durante un tiempo, hasta que se jubiló y volvió a su casa.
Rafael Vega Gil, de 48 años y natural de Tudelilla (La Rioja), llevaba más de dos décadas en Santurce dirigiendo un almacén de venta de vinos. Estaba casado y con cuatro hijos cuando fue asesinado el 5 de junio de 1982. Apenas una hora después de abrir su negocio, dos etarras accedieron a su despacho y dispararon contra él seis tiros, cuatro de ellos en la cabeza. Fue trasladado al hospital de Cruces donde falleció al cabo de una hora. Su viuda, María Dolores Bernisa Martínez, de 47 años, se suicidó tres meses después, víctima de una profunda depresión causada por el asesinato de su marido.
Ricardo Prieto Vicente y José Antonio Hernández Hernando, miembros de una célula etarra denominada Poeta, fueron condenados a 26 años, 8 meses y 1 día; además de indemnizar a los hijos de la víctima.
El guardia civil José Luis Fernández Perna, de 26 años y natural de la coruñesa localidad de Pontes de García Rodríguez, estaba casado y con dos hijos. Destinado en la Comandancia de Pontevedra, había sido trasladado temporalmente al País Vasco como miembro de un operativo de refuerzo.
El 13 de junio de 1982 murió al recibir una bala en la cabeza mientras realizaba el servicio de vigilancia de la caseta de control en la entrada al puerto de Pasajes. Dos miembros del comando Sega le dispararon desde un taxi robado en el Alto de Capuchinos, una loma cercana, y dejaron el rifle y varios proyectiles en el suelo para que las fuerzas de seguridad los encontraran.
José Javier Beloqui Cortajarena, como autor material del asesinato, y José Aparicio Sagastume, conductor del coche que utilizado en el atentado, fueron condenados a 29 años de reclusión mayor.
José Aybar Yáñez, vizcaíno de San Julián de Musquiz de 58 años, casado y con tres hijos, llevaba tres décadas en la Policía Municipal de Barakaldo, de la que era jefe desde 1968. La noche del 30 de junio de 1982, Aybar fue asesinado mientras jugaba a las cartas con dos amigos en un bar que frecuentaba tres veces por semana, costumbre estudiada por los cinco miembros del Comando Vizcaya que planificaron el atentado. Mientras un terrorista esperaba en el coche, los cuatro restantes entraron en el local y dispararon contra Aybar, que estaba de espaldas a la entrada. Ocho disparos le hirieron gravemente y murió de camino a un centro sanitario.
Uno de los etarras, Arrieta Llopis, hirió a dos de sus compañeros en el tiroteo, matando a Francisco Javier Zabaleta Urretavizcaya.
Ángel Luis Hermosa Urra fue condenado a 30 años de reclusión mayor y Juan Ignacio Aldana Celaya a 20 años de reclusión menor como cómplice. Además, Hermosa debía pagar la indemnización económica correspondiente y Juan Ignacio de forma subsidiaria.
En 2001 fueron condenados Miguel Arrieta Llopis a 30 años de reclusión mayor y Sebastián Echániz Alcorta a 30 años de reclusión mayor.
Juan García González y Francisco Javier López García, guardias civiles de 21 años, solteros e integrantes del Grupo Especial de Intervención en Montaña con base en la localidad navarresa de Burguete, salieron a divertirse y a tomar unas copas la madrugada del domingo del 4 de julio de 1982. Tras salir de un local, entraron en el coche de Juan y explotó una bomba colocada junto a las ruedas traseras. Un segundo explosivo situado en la parte delantera del vehículo no llegó a explotar. El guadalajareño Juan García fue alcanzado en la espalda por la onda expansiva y la metralla y falleció mientras era trasladado al hospital. Francisco Javier también resultó herido, pero gracias a una intervención quirúrjica pudo sobrevivir.
Alberto López-Jaureguízar Poncela, de 42 años, casado y con cuatro hijos estaba empleado en Tabacalera. Solía asistir a los funerales causados por el terrorismo y poner en su casa la bandera española con un crespón negro cuando mataban a un policía. Acababa de afiliarse a Alianza Popular cuando fue asesinado el 16 de julio de 1982. Aquella mañana, al arrancar su coche, tres terroristas se colocaron a ambos lados del mismo y lo acribillaron a balazos matándole en el acto. Tras el atentado, la familia de Alberto se trasladó a Alicante.
Miguel Garrido Romero, guardia civil onubense de 22 años y soltero, era especialista en la desactivación de bombas y estaba destinado en el grupo de Tedax de Vizcaya. Murió en acto de servicio el 25 de agosto de 1982, cuando su equipo, formado por el cabo primero Pedro Robles Barberán y Vicente Gómez Duarte, intentaba desactivar una bomba colocada en una oficina del Banco de Vizcaya. Tras recibir de madrugada una llamada anónima informando del artefacto explosivo, la policía estableció un anillo de seguridad alrededor de la sucursal y se desalojaron las viviendas cercanas. Sin embargo, la bomba explotó inesperadamente matando en el acto a Miguel Garrido Romero y Vicente Gómez Duarte, e hiriendo de gravedad al jefe del grupo de artificieros, Pedro Robles Barberán. La onda expansiva también lanzó al suelo a otros cinco guardias civiles, pero ninguno sufrió heridas de consideración. ETA asumió la autoría del atentado cuatro días después mediante un comunicado enviado al diario Egin.
Véase también Vicente Gómez Duarte.
Vicente Gómez Duarte, sevillano, soltero y artificiero del Tedax, murió en acto de servicio en el atentado bomba de la oficina del Banco de Vizcaya junto a su compañero Miguel Garrido Romero el 25 de agosto de 1982, día en el que cumplía 26 años.
Relato completo del atentado en Miguel Garrido Romero.
Antonio Cedillo Toscano, policía nacional sevillano de 29 años, casado y con un hijo, murió asesinado por el comando Donosti. El 14 de septiembre de 1982 dos coches patrulla de la Policía Nacional, uno con distintivos oficiales y el otro camuflado, fueron emboscados en una curva cerrada de Rentería por cinco terroristas que les dispararon desde un terraplén. Dos de los agentes, Jesús Ordóñez Pérez y Juan Seronero Sacristán murieron en el acto al ser alcanzados de lleno por las balas. Los otros tres, Alfonso López Fernández, Antonio Cedillo Toscano y Juan José Torrente Terón, fueron heridos.
Cedillo, malherido, pudo salir de su vehículo y disparar a los etarras, que se dieron a la fuga. Tras caminar unos quinientos metros cayó al suelo medio inconsciente hasta que el conductor de una furgoneta le socorrió y decidió llevarlo a un centro sanitario. Pero los terroristas interceptaron el vehículo, que pararon a golpe de metralleta y, tras toparse con el agente herido, lo remataron de un tiro en la nuca.
Julián Carmona, compañero de los cuatro agentes asesinados, se suicidó un día después del atentado. Las circunstancias de su fallecimiento hicieron pensar que estaba relacionado con la muerte de sus compañeros, aunque no pudo probarse nada.
Jesús María Zabarte Arregui fue condenado a cuatro condenas de 20 años por asesinato y a 12 más por otro delito de asesinato en grado de tentativa. Fue el único condenado por este atentado sin ser autor material del mismo. Además, tuvo que indemnizar económicamente a los herederos de los fallecidos.
Véase también Alfonso López Fernández, Jesús Ordóñez Pérez y Juan Seronero Sacristán.
El policía nacional Alfonso López Fernández, argentino de nacimiento de 30 años, casado y con una hija, fue asesinado en el atentado de Rentería del 14 de septiembre de 1982 en el que también fallecieron sus compañeros Antonio Cedillo Toscano, Jesús Ordóñez Pérez y Juan Seronero Sacristán, cuando los coches en los que viajaban fueron emboscados por el comando Donosti. Fue enterrado en Mataró (Barcelona).
Véase el relato completo del atentado en Antonio Cedillo Toscano.
Véase tambiénJesús Ordóñez Pérez y Juan Seronero Sacristán.
Jesús Ordóñez Pérez, policía nacional jiennense de 25 años y casado, fue asesinado en el atentado de Rentería del 14 de septiembre de 1982 en el que también fallecieron sus compañeros Antonio Cedillo Toscano, Alfonso López Fernández y Juan Seronero Sacristán, cuando los coches en los que viajaban fueron emboscados por el comando Donosti. Fue enterrado en su Jaén natal.
Véase el relato completo del atentado en Antonio Cedillo Toscano.
Véase también Alfonso López Fernández y Juan Seronero Sacristán.
El policía Juan Seronero Sacristán, de 35 años, natural de Gijón, casado y con una hija, fue asesinado en el atentado de Rentería del 14 de septiembre de 1982 en el que también fallecieron sus compañeros Antonio Cedillo Toscano, Alfonso López Fernández y Jesús Ordóñez Pérez. Su funeral y entierro tuvieron lugar en Gijón, su ciudad natal.
Véase el relato completo del atentado en Antonio Cedillo Toscano.
Véase también Alfonso López Fernández y Jesús Ordóñez Pérez.
Emilio Fernández Arias, gallego de la lucense Piñeiro, de 48 años, casado y con dos hijos, llevaba 14 años viviendo en Erandio, encargado del despacho de buques como suboficial de la Armada en la Comandancia de la Marina.
Fernández desconocía que el bar al que solía ir pertenecía a una familia relacionada con el entorno de ETA. El hijo de la propietaria, Juan Carlos Echeandia Zorroza, era miembro de la rama militar de la banda terrorista y le vigilaba. La mañana del 22 de septiembre varios terroristas le esperaron cerca de su casa y cuando salió le dispararon dos veces en la cabeza.
Echeandia fue condenado a 21 años de prisión mayor, así como al pago de una indemnización a los herederos de Emilio.
Juan Carlos Ribeiro de Aguiar Nalda, portugués de 33 años, vecino del barrio de San Pelayo, de Bakio (Vizcaya), fue encontrado muerto con cinco impactos de bala la noche del 5 de octubre de 1982. Su cuerpo apareció en una cuneta de la carretera que unía Bakio con Bermeo. Fue visto por última vez acompañando a una joven hasta el autobús, después de haber estado en bares de Bermeo. Ningún grupo asumió la autoría del asesinato.
Alberto Toca Echeverría, de 56 años, natural de Estella y con siete hijos, era director de la mutua patronal de accidentes de trabajo Asepeyo. Toca fue uno de los impulsores y presidente de la Asociación Navarra de Familiares y Amigos de Subnormales (ANFAS), ya que uno de sus hijos tenía deficiencias psíquicas. El 8 de octubre de 1982, mientras estaba en su despacho de la capital navarra hablando con un médico de la mutua, dos etarras irrumpieron en la estancia y le dispararon cuatro tiros en la cabeza y el abdomen que le mataron en el acto.
Los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) usaron la militancia de Alberto en la formación carlista Comunión Tradicionalista para justificar el atentado.
El 5 de octubre de 2007, al cumplirse el 25º aniversario del asesinato de cuatro víctimas de ETA en Navarra, una de ellas Alberto Toca, se celebró un acto de homenaje a los fallecidos.
El capitán de la Guardia Civil retirado, José Jiménez Mayoral, de 67 años, natural de la tarragonina Montblanc, casado y con tres hijos, había sido jefe de la Benemérita en Irún. Trabajaba en la oficina irundarra de Behobia que expedía la Carta Verde, un seguro internacional obligatorio para todos los vehículos que cruzaran la frontera en Irún. El 9 de octubre, tras salir de su trabajo poco antes de las 19:00 horas, fue asesinado en una parada de autobús por dos terroristas que le dispararon por la espalda en la cabeza y la tráquea.
Jesús María Zabarte Arregui, miembro del Comando Donosti, fue condenado por el asesinato de Jiménez a una pena de 29 años de prisión mayor, así como a indemnizar económicamente a los herederos de la víctima.
Gregorio Hernández Corchete, calderero salmantino de 27 años, casado y con tres hijos, vivía en Leiza desde hacía varios años y trabajaba en una empresa de Tolosa. El 15 de octubre de 1982 murió en el atentado que el Comando Goierri realizó contra el cuartel de la Guardia Civil de Leiza, a donde Hernández había acudido acompañado de dos cuñados para renovar el permiso de armas de su escopeta de caza. Terroristas colocados en un monte enfrente dispararon contra la casa-cuartel y lanzaron una granada que destrozó la planta baja del edificio. Gregorio fue alcanzado en la yugular y en la pierna por los primeros disparos, muriendo en el acto. Otros tres guardias civiles fueron heridos.
Juan María Tapia Irujo fue condenado a 26 años de prisión mayor por el delito de asesinato, así como a otra pena de 20 años y 1 día de reclusión mayor por el delito de atentado y lesiones. Además, tuvo que indemnizar económicamente a los herederos legales de Gregorio Hernández y también a Manuel Escobar, Manuel Vilariño, y Emilio Muiños, que fueron heridos.
César Uceda Vera, teniente jiennense del Cuerpo de Músicas Militares de 47 años, cofundador del Conservatorio de Lejona, casado y padre de nueve hijos, murió tiroteado en su coche por dos terroristas el 21 de octubre de 1982. Tras ingresar en el hospital de Basurto, fue trasladado a un hospital de Madrid por motivos de seguridad, pero falleció el 17 de noviembre a consecuencia de las 6 balas que tenía alojadas en su cuerpo, dos en el pecho y cuatro en el brazo.
Manuel Murua Alberdi, como autor del crimen, y Juan Carlos Echeandia Zorroza, por cómplice, fueron condenados a 26 años, 8 meses de prisión y 1 día de reclusión mayor, así como a indemnizar económicamente a sus herederos.
Domingo Javier García González, bilbaíno de 30 años, casado y con tres hijos, regentaba un bar en Getxo donde fue asesinado por dos terroristas que le dispararon el 22 de octubre de 1982.
A las 21:00 horas del 31 de octubre, un convoy de la Policía formado por una tanqueta y dos furgonetas que se dirigía a relevar a otra dotación que vigilaba una subestación eléctrica de Iberduero sufrió un atentado. En un cruce de carreteras en las afueras de Vitoria, los terroristas explosionaron un coche-bomba estacionado en el arcén. La onda expansiva impactó de pleno en una de las furgonetas falleciendo el agente Francisco González Ruiz, de 24 años, natural de Granada y que se había casado apenas tres meses antes. El sargento José Miñano fue herido gravemente junto a otros diez policías que presentaban heridas leves, así como una mujer embarazada que se encontraba en su domicilio y que fue alcanzada por los cristales de una ventana afectada por la explosión.
El general Víctor Lago Román, orensano de 63 años, casado y con ocho hijos, era jefe de la División Acorazada Brunete, la unidad más poderosa del Ejército español. Fue asesinado por dos miembros franceses del Comando Argala el 4 de noviembre de 1982. Su muerte tuvo un gran impacto en la sociedad al tratarse de un pretigioso alto mando militar y porque una semana antes el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) había ganado las elecciones generales. El atentado se produjo cuando Lago se desplazaba en coche oficial a su cuartel. Dos terroristas en moto de alta cilindrada se acercaron al vehículo y ametrallaron al general, que murió en el acto, e hirieron de gravedad a su chófer, Juan Carlos Villalba González.
Lago Román había ingresado en el Ejército como voluntario con 17 años, fue oficial en la Legión y ascendió a coronel en 1972. Estuvo en la División Azul y partició en las campañas de Ifni y del Sáhara. Tras ascender a general de Brigada, fue nombrado gobernador militar de Madrid y subinspector de tropas y servicios de la I Región Militar.
Henri Parot y Juan Lorenzo Santiago Lasa Mitxelena, Txikierdi, fueron condenados a 50 años de cárcel cada uno. Además, se les obligó a indemnizar a la familia de Lago y Villalba.
Los pintores Carlos Manuel Patiño Casanova y dos compañeros de trabajo, Esteban Fariña González y Francisco Rosco Herrauzo, fueron acribillados mientras circulaban en coche por una calle de Rentería por miembros del comando Donosti el 18 de noviembre de 1982. Al parecer fueron confundidos con miembros de la Guardia Civil. Pese a que los tres fueron heridos, Patiño, de 28 años, natural de La Coruña, casado y con hijos, falleció por las lesiones sufridas cinco días después.
Jesús María Zabarte Arregui fue condenado a 27 años por el asesinato de Patiño y a 18 años más por cada uno de los asesinatos frustrados. Además tuvo que indemnizar a los herederos del fallecido así como a Esteban y Francisco.
Juan Ramón Joya, guardia civil melillense de 26 años, casado y con dos hijos, murió ametrallado en el coche de su compañero, Francisco Vázquez Bolaños, cuando se encontraban parados en un semáforo el 12 de diciembre de 1982. Francisco, pese a que sobrevivió, no pudo seguir desempeñando su profesión por las lesiones sufridas.
Juan Antonio Rezola San Vicente fue condenado a 18 años y 1 día de reclusión menor por complicidad en el atentado. La sentencia también le obligaba a indemnizar a los herederos de Juan Ramón y a Francisco.
Juan García Mencía, guardía civil leonés de 48 años, casado y con dos hijos, murió asesinado en la estación de Irún junto a su compañero Manuel López Fernández el 29 de diciembre de 1982. Dos terroristas les dispararon mientras realizaban una inspección en un tren de mercancías que partía hacia Hendaya. Juan recibió tres disparos en la cabeza que le mataron en el acto y Manuel tres impactos en el pecho. Los terroristas se mezclaron con la gente de la estación y huyeron en un vehículo robado.
Véase también Manuel López Fernández.
Manuel López Fernández, guardia civil malagueño de 22 años y soltero, fue asesinado junto a su compañero Juan García Mencía en el atentado de la estación de Irún del 29 de diciembre de 1982. Manuel, que presentaba tres disparos en el pecho, fue trasladado a la residencia sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián donde falleció al poco de ingresar.
Véase el relato completo del atentado en Juan García Mencía.