El 20 de mayo de 1977, los Comandos Bereziak de ETA político-militar (que pronto se integrarían en ETA militar) secuestraron al industrial Javier de Ybarra y Bergé en su domicilio de Neguri (Getxo). Cuatro terroristas se presentaron en la casa familiar haciéndose pasar por enfermeros, sacaron las metralletas que llevaban ocultas bajo sus batas y consiguieron llegar hasta el lugar donde se encontraba el empresario. “No os preocupéis por mí. Lo más que estos van a poder hacer es pegarme un tiro y, en ese caso, iré a reunirme con vuestra madre en el cielo”, dijo a sus hijos.
Días más tarde, los terroristas enviaron una carta a la familia exigiendo el pago de un rescate: “La oligarquía de los Ybarra entregará a ETA la cantidad de mil millones de pesetas. En caso contrario, J. Ybarra será ejecutado, como lo fue Ángel Berazadi Uribe”. Familiares y hombres de negocios intentaron reunir el dinero solicitado, pero apenas consiguieron juntar 50 millones. El 2 de junio Miguel Ángel Apalategui, uno de los principales líderes de los Bereziak y sospechoso de haber ordenado el secuestro, fue detenido en Hendaya (Francia). El 13 de junio, los Ybarra recibieron un ultimátum en el que se fijaba como fin del plazo para el pago las 00.00 del día 15, fecha que posteriormente fue retrasada al 18.
El 20 de junio Radio Popular de San Sebastián recibió un comunicado en el que se indicaba dónde había sido depositado el cadáver con un plano del Alto de Barazar. Los guardias civiles que fueron a buscarlo sospechaban que pudiera ser una emboscada, pero no encontraron nada. Dos días después el cadáver cerca del caserío de Rekarte, un refugio de montañeros en el Alto de Barazar, envuelto en plásticos y cubierto por ramas de árboles, con un disparo en la cabeza, que podría haberse producido tres días antes. Allí aparecieron también diversos efectos personales de la víctima: un rosario, un misal y sus gafas.
Javier de Ybarra, nacido en Bilbao el 2 de julio de 1913, era licenciado en Derecho y diplomado en Psicología y Pedagogía. Estuvo vinculado al Consejo Superior de Protección de Menores en España, el Tribunal Tutelar de Menores de Vizcaya y la Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud. Como industrial, presidió la Babcock-Wilcox en Bilbao y fue consejero del Banco de Vizcaya, Iberduero y el diario El Correo. Durante cerca de 10 años, ETA le exigió el pago del impuesto revolucionario, pero él siempre se negó a hacerlo. En el ámbito político, fue presidente de la Diputación Provincial de Vizcaya (1947-1969) y alcalde de Bilbao (1963-1969).