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El 7 de febrero de 1994, a las 14:50 horas, el coronel del Ejército de Tierra Leopoldo García Campos volvía a casa a pie por la calle Tenor Massini del barrio barcelonés de Sants. Un coche paró en doble fila. Dos etarras se bajaron, abordaron a Leopoldo por la espalda y uno de ellos le disparó dos tiros que le mataron en el acto. Los dos terroristas volvieron al coche del que habían bajado y se dieron a la fuga.
El vehículo fue abandonado frente a una oficina de Telefónica de la avenida de Marqués de Sentmenat. Los terroristas habían alojado en su interior un artefacto explosivo con un dispositivo trampa de iniciación para atentar contra artificieros de la Policía. ETA informó al diario Egin sobre la localización del vehículo y los miembros de los Tedax fueron capaces de desactivar la bomba sin provocar daños personales.
El coronel Leopoldo, de 58 años, natural de Segovia, estaba casado y tenía cinco hijos. Era licenciado en Derecho. Estaba destinado desde 1990 en la Jefatura de Intervención número 4 de la Capitanía General de la Región Militar Pirenaico-Oriental en Barcelona. Anteriormente había estado en otros destinos como jurista del Ejército de Tierra en Cataluña. En su funeral se le concedió a título póstumo la Cruz al Mérito Militar.
Fueron condenados los etarras Felipe San Epifanio San Pedro y Rosario Ezquerra Pérez de Nanclares como autores del atentado a 39 años y 9 meses de reclusión, Felipe San Epifani a 41 años de prisión y Benjamín Ramos Vega a 11 años. Otros dos etarras estaban huidos en el momento del juicio: Gregorio Vicario Setién y Dolores López Resina. Además, debían indemnizar económicamente de forma conjunta y solidaria a los herederos de Leopoldo.
El comando Vizcaya de ETA se había fijado como objetivo atentar contra la vida del guardia civil Fernando Jiménez Pascual. Los terroristas José Luis Martín Carmona y Andoni Ugalde Zubiri se habían ocupado, previamente, de vigilar a Fernando.
María Teresa Pedrosa y Carlos Emilio Cristóbal, miembros del comando Vizcaya, colocaron una bomba bajo el asiento del conductor del coche de Fernando, aparcado cerca de su casa.
El 4 de abril, sobre las 14:30 horas, Fernando montó en su coche, cuando vio un objeto extraño bajo el asiento del conductor y lo cogió con las manos. El artefacto explotó y le mató en el acto. La onda expansiva también hirió a una mujer que caminaba cerca del lugar.
Fernando Jiménez Pascual, de 29 años, era oriundo de Barakaldo, estaba casado y tenía una hija de 6 años. Trabajaba en el servicio de vigilancia en el Gobierno Civil de Vizcaya desde hacía un año. Al funeral asistieron centenares de personas. Fue enterrado en el cementerio de Salamanca.
Los etarras Carlos Emilio Cristóbal Martínez, José Luis Martín Carmona y Lourdes Churruca Medinabeitia fueron condenados a penas de 32 años de reclusión como autores del atentado; Andoni Ugalde Zubiri fue condenado a una pena de 17 años y 4 meses de reclusión menor y María Teresa Pedrosa Barrenechea fue condenada a la pena de 32 años de reclusión. Además debían indemnizar económicamente de forma conjunta y solidaria a los herederos de Fernando, a la mujer herida y a los afectados por los daños materiales.
Cuatro miembros del comando Barcelona de ETA se propusieron destruir parte del edificio de la sede del Gobierno Militar de Barcelona y causar el mayor número de daños personales posible.
Los etarras robaron un coche el día anterior y colocaron cuatro tubos lanzagranadas sobre su baca y una bomba en el maletero. La mañana del atentado fueron al puerto de Barcelona y allí aparcaron el vehículo con los tubos orientados hacia el edificio oficial y activaron un temporizador.
El 18 de abril de 1994, sobre las 13:20 horas, dos granadas impactaron contra la fachada de la sede del Gobierno Militar y una tercera contra una señal de tráfico. La cuarta no se activó. La metralla mató a un transeúnte y otras 6 personas resultaron heridas.
Los terroristas pretendían causar más daños. El coche utilizado para el atentado estalló en el momento en el que agentes de los Tedax se disponían a inspeccionarlo. La explosión no causó más víctimas.
Vicente Beti, de 43 años, era natural de Barcelona, estaba casado y tenía dos hijos. Trabajaba en una empresa consignataria de buques en el puerto de Barcelona.
Tres días después del atentado, unos quinientos estudiantes del instituto de bachillerato Infanta Isabel de Aragón de Barcelona, donde estudiaban los dos hijos de Beti, se manifestaron contra la acción terrorista.
Fueron condenados los etarras Felipe San Epifanio San Pedro y Rosario Ezquerra Pérez de Nanclares, como autores del atentado, y Gregorio Vicario Setién por su participación en el atentado, a penas de 154 años de reclusión. Además, debían indemnizar económicamente a los herederos de Beti y a los heridos por el atentado.
Benigno Villalobos Blanco, de 39 años, era natural de Lemóniz (Vizcaya). Casado y con tres hijos, era hijo y hermano de guardias civiles. Desde su ingreso en la Benemérita en 1975, siempre prestó servicio en Vizcaya. Estaba destinado en el Centro de Control de Transportes Internacionales de Barakaldo.
Hacia las 8:00 horas de aquel 28 de abril de 1994, Benigno se dirigía a su puesto de trabajo. Fue hacia su coche, frente a su casa en la calle José Rufino Olaso, y cuando introducía la llave para abrirlo, el etarra Ángel Irazabalbeitia le disparó tres tiros en la cabeza y le mató en el acto.
En el funeral, tras el acto litúrgico, fue trasladado hasta Cerezales del Condado (León).
Lourdes Churruca Medinabeitia y José Luis Martín Carmona fueron condenados a 38 años de prisión cada uno. El tercer etarra, autor de los disparos, Ángel Irazabalbeitia, falleció en Lujua (Vizcaya), en noviembre del mismo año, en un enfrentamiento con la Ertzaintza. Aitor Bores Gutiérrez, como cómplice, fue sentenciado a 28 años de reclusión y Jorge Martínez Aedo, a 32 años de reclusión mayor. Además, debían indemnizar a los herederos de Benigno.
El 23 de mayo de 1994, Miguel Peralta Utrera circulaba en su coche, camino del trabajo, por el kilómetro seis de la carretera de Extremadura, después de llevar a su hija de 15 años al instituto. Una bomba-lapa adosada al vehículo estalló. Había sido colocada bajo el coche cuando estaba aparcado cerca de la casa de Peralta, en una zona de viviendas militares del Suroeste de Madrid. La onda expansiva también hirió a dos civiles.
El teniente Peralta, de 47 años, era natural de Medina Sidonia (Cádiz). Casado y con cuatro hijos, de entre 15 y 22 años, estaba destinado en el Cuartel General del Mando de Transmisiones Estratégicas número 22 de Prado del Rey (Madrid). En su funeral se le entregó la Cruz al Mérito Militar a título póstumo. Fue enterrado en el cementerio de Chiclana (Cádiz).
Mikel Azurmendi Peñagaricano fue condenado a una pena total de 36 años de reclusión, además de indemnizar económicamente a los herederos de Peralta y a los heridos por el atentado. Tiempo después, Azurmendi fue declarado insolvente. La bomba-lapa que asesinó al teniente Miguel Peralta fue confeccionada por los etarras Azurmendi, Mercedes Chivite y álvaro Juan Arri, que fue absuelto al carecer de pruebas suficientes para condenarlo.
El 1 de junio, sobre las 8:40 horas, Juan José Hernández Rovira salió de su casa, en la calle Antonio Arias de Madrid, junto a su hija Lourdes. Se dirigía a su trabajo en el Ministerio de Defensa y su chófer le esperaba en la calle Ibiza. Se despidió de su hija y cuando iba a subir al coche un etarra le disparó. Una vez en el suelo, lo remató con cinco impactos de bala.
El vehículo en el que huyeron los tres terroristas que habían participado en el atentado, fue abandonado en la calle Walia, frente a dos guarderías. El coche explotó a las 9:40 horas sin causar daños personales.
Juan José Hernández Rovira, de 58 años, nació en Madrid. Había enviudado hacía un año y tenía siete hijos. En 1952 ingresó en el Ejército y tres años más tarde salió como alférez de la Academia General Militar de Zaragoza. Era general de Brigada de Infantería desde 1991. Anteriormente estuvo destinado en la Academia Especial Militar del Estado Mayor Conjunto; también en el Centro de Intendencia de Madrid, en la Academia General Militar, en la Escuela de Geodesia y Topografía del Ejército, en la Escuela de Parques y Talleres de Automovilismo y en la Escuela Superior del Ejército.
El etarra Mikel Azurmendi Peñagaricano fue condenado a 52 años de reclusión. Además, debía indemnizar a los herederos legales de Juan José. José Luis Aguirre Lete fue absuelto al carecer de pruebas suficientes para condenarlo por el asesinato.
Aquella madrugada del 27 de julio de 1994, José Manuel Olarte Urreizti se encontraba jugando a las cartas con unos amigos en la sociedad gastronómica La Unión Artesana de la calle Soraluce, en plena parte vieja de San Sebastián. El etarra Valentín Lasarte entró en el local, se acercó a José Manuel y le disparó un tiro en la cabeza. Murió en el acto.
ETA le relacionaba con el narcotráfico en Gipuzkoa y la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La iglesia de San Vicente, a escasos metros del lugar del asesinado, se llenó para dar el último adiós al fallecido. Fue enterrado en el cementerio de Polloe.
El etarra Valentín Lasarte Oliden fue condenado a 29 años de reclusión mayor. Además, debía pagar una indemnización económica a los herederos legales de José Manuel.
Francisco Joaquín Martín Moya era conductor civil del Parque Móvil del Estado, destinado en el Ministerio de Defensa. Estaba casado y tenía tres hijos. En 2001 se le condecoró a título póstumo con la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil.
El 29 de julio de 1994, hacia las 8:45 horas, explotó un coche-bomba colocado por ETA en la plaza madrileña de Ramales. Fallecieron Francisco Veguillas Elices, teniente general del Ejército de Tierra y entonces director general de la Política de Defensa, su chófer Francisco Joaquín Martín Moya y César García Contonente, operario de una compañía de danza que estaba trabajando en la plaza.
Al finalizar la misa fúnebre, el ministro de Defensa impuso sobre el féretro de Veguillas la Gran Cruz del Mérito Militar y sobre Martín Moya la Cruz del Mérito Militar. Los restos mortales de Martín Moya fueron incinerados en el crematorio de La Almudena.
Relato completo del atentado en Francisco Veguillas Elices.
Véase también César García Contonente.
Sucedió en Madrid, la mañana del 29 de julio de 1994. César García Contonente estaba cargando un camión cuando, a las 8:45 horas, un coche-bomba explotó. También alcanzó a un vehículo en el que viajaba el general de la Política de Defensa, Francisco Veguillas Elices y su chófer, Francisco Joaquín Martín Moya, yambos fallecieron. Además la explosión alcanzó e hirió a casi una veintena de personas.
Cesar, de 24 años, era tramoyista de la compañía privada de danza Los Ballets de Madrid, donde trabajaba su novia Laura Jorquera, como bailarina. Fue enterrado en el cementerio madrileño de Carabanchel.
Relato completo del atentado en Francisco Veguillas Elices.
Véase también Francisco Joaquín Martín Moya.
Poco después de las 8:30 horas de aquel 29 de julio de 1994, un coche-bomba explotó en la madrileña plaza de Ramales al paso del vehículo oficial que ocupaban el teniente general Francisco Veguillas Elices, director general de la Política de Defensa, y su chófer, Francisco Joaquín Martín Moya. También falleció César García Contonente, un operario de una compañía de ballet que estaba cargando material en un camión. Fueron heridas de diversa consideración otras 19 personas, se causaron estragos en 40 viviendas y locales y daños a 65 vehículos.
Veguillas, de 69 años, era natural de Alcalá de Henares (Madrid). Estaba casado y no tenía hijos. Ingresó en el Ejército en 1942 y estaba a punto de retirarse. Trabajó como agregado militar en la Embajada de España en Washington. Ascendió al generalato en 1982 y fue partícipe de diversas negociaciones militares internacionales. Tenía numerosas distinciones militares, entre ellas la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica o la Cruz de la Legión del Mérito de Estados Unidos.
álvaro Juan Arri Pascual fue condenado a 208 años de reclusión. Asimismo, debía indemnizar a los herederos de las víctimas mortales.
Véase también Francisco Joaquín Martín Moya y César García Contonente.
Hacia las 23:30 horas de aquel 9 de agosto, dos terroristas estaban esperando a José Antonio Díaz Losada, de 29 años, cerca del número 9 de la calle Bizkargi, en el barrio bilbaíno de Rekalde para matarle. José Antonio llegó en su furgoneta acompañado de su esposa y su hija de 14 meses. La mujer junto a la hija entraron en el portal mientras él aparcaba. Cuando José Antonio salió de la furgoneta y caminó hacia el portal, un etarra le disparó un tiro en la cabeza. Le mató en el acto.
ETA justificó el asesinato de José Antonio, natural de Bilbao, vinculándole al tráfico de drogas. Tenía antecedentes por tráfico ilícito de estupefacientes, atentado contra la autoridad, resistencia, desobediencia y robo con violencia e intimidación. En 1993 estuvo en la cárcel por ello.
Los etarras Jorge Martínez Aedo, José Luis Martín Carmona y Lourdes Churruca Medinabeitia fueron condenados a 48 años de reclusión cada uno.
Unos minutos antes de las 20:00 horas de aquel 21 de agosto de 1994, el policía José Santana Ramos, de 37 años, estaba jugando a las cartas con unos amigos, en la sede social del Partido Nacionalista Vasco (PNV) de Berengo, cuando el etarra José Luis Martín Carmona le disparó dos tiros en la cabeza. Murió en el acto. Uno de los disparos hirió el brazo derecho de José Benedicto Herrero Hernández.
José era natural de Minas de Riotinto (Huelva). Vivía en Berengo junto a su esposa, agente de la Ertzaintza, y sus tres hijos. Ingresó en 1979 en el Cuerpo Nacional de Policía y llevaba destinado en Bilbao 12 años. Prestaba servicios en el Puerto de Santurce. El funeral oficial fue celebrado en Bilbao. Después del acto, sus restos fueron trasladados a Dos Hermanas (Sevilla).
Los terroristas José Luis Martín Carmona y Lourdes Churruca Medinabeitia fueron condenados a 30 años de reclusión mayor, cada uno. Aitor Bores Gutiérrez, a 14 años de reclusión y Jorge Martínez Aedo a la pena de 17 años y 4 meses de reclusión menor. Además, debían pagar la correspondiente indemnización.
Poco después de las 8:00 horas de aquel 15 de diciembre de 1994, el policía Alfonso Morcillo Calero salía de su casa de Lasarte hacia su puesto de trabajo en San Sebastián. Apenas había recorrido unos metros desde el portal cuando los etarras Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, y Juan Ramón Carasatorre Aldaz le dispararon por la espalda, causándole la muerte.
Alfonso Morcillo Calero, de 40 años, era natural de Badajoz. Estaba casado en segundas nupcias y tenía dos hijos del matrimonio anterior. Era miembro de la Policía Municipal de la capital guipuzcoana desde hacía 17 años. Desde hacía cinco años, Alfonso era el máximo responsable de la Unidad de Investigación.
En el decimosegundo aniversario del asesinato de Alfonso, el Ayuntamiento donostiarra le rindió un homenaje. En la sede de la Policía Municipal de San Sebastián se descubrió una placa con su nombre.