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El guardia civil Pedro Ballesteros Rodríguez, madrileño de 24 años, casado y con una hija, fue la primera víctima mortal de ETA tras haberse firmado el Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi, más conocido como Pacto de Ajuria Enea.
El 19 de marzo de 1988 fue tiroteado en un stop por dos terroristas. Le dispararon ocho tiros que le mataron en el acto. Su mujer resultó herida en un brazo. Ambos regresaban a su casa del cuartel de Durango tras celebrar el Día del Padre con los padres de su mujer, con quienes dejaron a su hija.
Juan Ignacio Oyarbide Aramburu y Manuel Urionabarrenechea Betanzos, miembros del comando Araba y responsables del asesinato de Pedro, murieron en 1989 tras un enfrentamiento con la Guardia Civil en Irún. Otros cuatro sospechosos fueron absueltos por no quedar probada su participación en los hechos.
Luis Azcárraga Pérez-Caballero, general de División del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del Ejército del Aire retirado, de 80 años, era natural de Álava. Casado y con un hijo, fue asesinado el 27 de marzo de 1988 en Salvatierra. Tras asistir a misa para celebrar el Domingo de Ramos junto a su esposa y familiares, dos etarras le dispararon varias veces por la espalda y le remataron con dos tiros en la sien. Otros dos terroristas esperaban a los asesinos en un vehículo robado.
Azcárraga, que tuvo una brillante carrera militar, se especializó en Meteorología y Aviación Civil. Entre otros cargos, fue vicepresidente de la Agencia Meteorológica Mundial, presidente de la Conferencia Europea de Aviación Civil y presidente del Instituto de Ingenieros Civiles de España. Fue enterrado en el cementerio de Salvatierra al día siguiente de su asesinato.
En 1989, Juan Carlos Arruti Azpitarte fue detenido tras un enfrentamiento con la Guardia Civil en Irún y condenado a 30 años de reclusión mayor por un delito de asesinato con alevosía. En la misma operación murieron Juan Ignacio Oyarbide Aramburu y Manuel Urionabarrenechea Betanzos, que también participaron en el asesinato de Luis. Ramón Aldasoro Magunacelaya fue condenado a 30 años de reclusión mayor, mientras que el matrimonio Gotzone López de Luzuriaga Fernández e Ignacio Fernández de Larrinoa Pérez de Luco a 27 años. Carlos Torrecilla Parra a 18 años de reclusión menor. Además, todos tuvieron que indemnizar a la viuda de Luis.
El policía nacional sevillano Antonio Gómez Osuna, de 32 años, casado y con un hijo, fue asesinado a tiros junto a su compañero Francisco Espina Vargas cuando procedían a la identificación de varias personas en el centro de Vitoria el 15 de abril de 1988.
Relato completo del atentado en Francisco Espina Vargas.
Francisco Espina Vargas, policía nacional nacido en la sevillana Coria del Río, de 29 años, estaba casado y con dos hijos. Fue asesinado junto a su compañero del servicio de motoristas Antonio Gómez Osuna el 15 de abril de 1988. Aquel mediodía ETA llamó a la comisaría de Vitoria para avisar de la presencia de jóvenes toxicómanos pinchándose en un barrio. Cuando Espina y Gómez se personaron en el lugar, tres etarras salieron de un bar y les dispararon a bocajarro matándoles en el acto. Los terroristas huyeron en un vehículo robado donde les esperaba un cuarto etarra y se ocultaron en el domicilio vitoriano de Miren Gotzone López de Luzuriaga e Ignacio Fernández de Larrinoa Pérez de Luco.
Juan Carlos Arruti Azpitarte fue condenado como autor material del atentado. Supuestamente, Juan María Oyarbide y Manuel Urionabarrenetxea, muertos en un enfrentamiento con la Guardia Civil en Irún en 1989, fueron también responsables del doble crimen. Miren e Ignacio fueron sentenciados por encubridores. Asimismo, Ramón Aldasoro Magunacelaya fue detenido en Miami en 1997 y más tarde extraditado a España desde Estados Unidos para ser juzgado en 2001.
Véase también Antonio Gómez Osuna.
Sebastián Aizpiri Leyaristi, empresario de hostelería de 39 años y casado, murió el 25 de mayo de 1988. Dos etarras del comando Eibar le dispararon dos balas en la cabeza y por la espalda, que le mataron en el acto. ETA justificó el asesinato afirmando que estaba vinculado al tráfico de estupefacientes. Unos días más tarde, asesinó en Elgoibar a Francisco Javier Zabaleta Azpitarte, amigo de Sebastián, por ser traficante de drogas.
Unas 3.500 personas se manifestaron el 2 de junio por el asesinato de Aizpiri en Eibar, con una parcarta con el lema “Eibar y Elgoibar contra ETA”.
Jesús María Ciganda Sarratea, autor material del asesinato, y Juan Carlos Balerdi Iturralde fueron condenados a 30 años; así como a indemnizar a los herederos del fallecido, pago que el Estado asumió al declarse ambos insolventes.
Véase también Francisco Javier Zabaleta Azpitarte.
Francisco Javier Zabaleta, de 42 años, casado y con dos hijos, era corredor de seguros y regentaba con un primo suyo la discoteca Guass de Elgoibar. El 6 de junio de 1988 fue asesinado en la calle por el comando Eibar, por su supuesta vinculación con el tráfico de drogas.
Unos días antes, su amigo Sebastián Aizpiri Leyaristi fue asesinado en Eibar con el mismo pretexto a manos de los mismos mismos terroristas.
Jesús María Ciganda Sarratea, Juan Carlos Balerdi Iturralde y Fermín Javier Urdain Ciriza fueron condenados a penas de 30 años de reclusión mayor. José María Beristain Urbieta fue sentenciado a 27 años. Asimismo, fueron obligados al pago de una indemnización.
Véase también Sebastián Aizpiri Leyaristi.
Antonio Fernández Álvarez, salmantino de 35 años, casado y con dos hijos, fue asesinado junto a su compañero José Antonio Ferri Pérez el 21 de agosto de 1988. Un coche-bomba explotó en el casco urbano de Estella por el que circulaban como patrulla de tráfico. Días antes, los dos agentes asesinados habían realizado una arriesgada operación de salvamento en un incendio, por lo que la indignación popular fue aún mayor y la ciudad de Estella manifestó su repulsa hacia el atentado en una concentración silenciosa de unas 5.000 personas.
Germán Rubenach Roig fue absuelto del crimen al no poder probarse su participación. En 1990, resultó herido en la Foz de Lumbier, después de intentar suicidarse pegándose un tiro en la cabeza tras verse acorralado por las Fuerzas de Seguridad.
Véase también José Antonio Ferri Pérez.
El guardia civil alicantino José Antonio Ferri Pérez, de 34 años, casado y con tres hijos, falleció junto a su compañero de patrulla Antonio Fernández Álvarez tras la explosión de un coche-bomba el 21 de agosto de 1988 en Estella.
Las banderas oficiales de Navarra ondearon a media asta aquel día, en memoria de los dos guardias civiles asesinados. Al día siguiente, 5.000 estelleses recorrieron las calles en silencio. Era el primer atentado mortal de ETA en la localidad. Diez años más tarde firmarían el Pacto de Estella, por el que la mayor parte de las organizaciones políticas y sociales independentistas vascas se comprometían a buscar conjuntamente la soberanía de Euskadi.
Relato completo del atentado en Antonio Fernández Álvarez.
El policía nacional Pedro Antonio Fonte Salido, coruñés de 27 años y soltero, fue asesinado junto al inspector Martín Martínez Velasco el 10 de septiembre de 1988. Ambos estaban adscritos a la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao. Fonte fue asesinado mientras esperaba en un coche policial camuflado a que Martínez regresara de un bar de Izurza, al que mataron cuando hablaba por teléfono. Sus restos mortales fueron enterrados en Vilachá. En el cementerio se congregaron “centenares de personas, compañeros, amigos y allegados del agente fallecido”.
Véase también Martín Martínez Velasco.
El inspector de policía Martín Martínez Velasco, leonés de 33 años y casado, murió junto a su compañero, el agente Pedro Antonio Fonte, en el atentado de Izurza del 10 de septiembre de 1988. Ambos estaban adscritos a la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao. A Martínez lo mataron mientras se hallaba en un bar realizando una llamada de teléfono, en tanto que Fonte fue asesinado mientras esperaba en un coche policial camuflado a que Martínez regresará del bar. Ambos fallecieron en el acto.
Juan Carlos Arruti Azpitarte, Juan Ignacio Oyarbide Aramburu y Manuel Urionabarrenechea Betanzos fueron condenados como autores del crimen, y María Begoña Arroyo Pérez Nanclares como encubridora.
Véase también Pedro Antonio Fonte.
José Luis Barrios Capetillo, de 34 años y natural de Santurce (Vizcaya), estaba casado y con cuatro hijos. Era presidente de la Asociación de Hosteleros de la localidad y regentaba junto a su padre, ex concejal socialista en el Ayuntamiento de Santurce, el restaurante San Jorge. El 17 de septiembre de 1988, mientras José Luis preparaba unos cafés un miembro de ETA se le acercó por la espalda y le disparó en la cabeza.
Ramón Bañuelos Echevarría, vendedor ambulante de 33 años y con cuatro hijos, murió por una bomba colocada en los bajos de su coche. La explosión, ocurrida en el barrio bilbaíno de Churdinaga, le causó la muerte inmediata el 7 de octubre de 1988. Según ETA fue “ejecutado por colaborar con la Policía y por sus vinculaciones con el tráfico de drogas”. Ramón había estado unos meses en prisión preventiva en la cárcel de Basauri por tráfico de estupefacientes. Un primo de Ramón, Ignacio Bañuelos Lasso, también sería asesinado por ETA en 1989. María García Bañuelos y su hija Laura Manzanares García, familiares de Buñuelos, fueron heridas en Bilbao tras estallar una bomba adosada a los bajos de la furgoneta que ocupaban en 1991.
Fernando del Olmo Vega y José Luis Martín Carmona fueron condenados a 30 años de reclusión mayor, además del abono conjunto y solidario de una indemnización a los herederos de Ramón. Por su parte, Juan Carlos Iglesias Chouzas fue sentenciado a 40 años y 7 meses de prisión.
Julio Gangoso Otero, guardia civil zamorano de 31 años, estaba casado y con dos hijos. Murió en el atentado con furgoneta-bomba dirigido contra la tanqueta de la que era conductor y el Land Rover que escoltaban por Pamplona el 16 de octubre de 1988. Otros siete guardias que viajaban en su vehículo fueron heridos.
Por primera vez en el caso de una víctima mortal del terrorismo, la capilla ardiente fue instalada en el Ayuntamiento de Pamplona por expreso deseo del alcalde, Javier Chourraut.
Juan José Zubieta Zubeldia, Javier Goldaraz Aldaya y Germán Rubenach fueron condenados y obligados al pago de una indemnización económica. Al declararse insolventes, el Estado se hizo cargo de las indemnizaciones.
El ertzaina en Legazpi, Juan José Pacheco Cano, era natural de Cáceres. De 26 años y casado, falleció en el atentado bomba de las vías del tren Madrid-Irún del 16 de octubre de 1988. Tres de sus compañeros fueron heridos.
Jesús María Ciganda Sarratea, Juan Carlos Balerdi Iturralde, Pedro José Echevarría Lete, Fermín Urdian Ciriza y Lourdes Churruca Medinabeitia fueron condenados a penas de cárcel, así como a indemnizar a los herederos de la víctima.
El policía nacional Cristóbal Díaz García, de 36 años, era sevillano de Montellano y estaba casado con un hijo. Había acabado de prestar servicio de vigilancia en la entrada de la comisaría bilbaína de Santuchu cuando un compañero le pidió que ocupara un momento su puesto, instante en el que un etarra le dispararó con un fusil de mira telescópica. Falleció una hora después en la mesa de operaciones del hospital de Basurto el 29 de octubre de 1988.
Jaime Bilbao, de 38 años y natural de Madrid, era el responsable de la selección de largometrajes de Televisión Española, donde llevaba 14 años. Había ingresado en la cadena pública en 1974.
El entonces máximo dirigente de ETA, Francisco Múgica Garmendia, encargó al comando Argala, integrado por los hermanos Henri y Jean Parot, Jacques Esnal y Frédéric Haramboure el atentado del 22 de noviembre de 1988. A las 23:57 horas, estalló una furgoneta-bomba junto a la Dirección General de la Guardia Civil, en la calle Guzmán el Bueno de Madrid. La onda expansiva mató a Jaime Bilbao Iglesias y al niño Luis Delgado Villalonga, que moriría al día siguiente. Fueron heridos 46 miembros de la Benemérita y 42 transeúntes civiles.
Ocho años después del atentado, fueron condenados Henri Parot, Gonzalo Rodríguez Cordero y José Gabriel Zabala Erasun a penas de 1.170 años de reclusión por dos delitos de asesinato consumado, cuarenta y ocho de asesinatos frustrados, lesiones graves, falsificación de documentos oficiales y otros delitos menores. En 2001 la misma sala y sección de la Audiencia Nacional condenó a Francisco Múgica Garmendia y a José María Arregui Erostarbe a sendas penas de 1.128 años de prisión. Las sentencias llevaban aparejado el deber de los condenados de indemnizar de forma conjunta y solidaria a los herederos de cada una de las víctimas mortales y al resto de heridos.
Véase también Luis Delgado Villalonga.
Luis Delgado Villalonga tenía 2 años y medio cuando varios etarras le asesinaron en Madrid el 22 de noviembre de 1988. Viajaba en el coche familiar con sus padres cuando la explosión de una furgoneta-bomba, aparcada frente a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, le mató al ser gravemente herido en la cabeza. Sus padres resultaron heridos de gravedad y tuvieron que permanecer hospitalizados durante el entierro de su hijo en el cementerio de Torrelodones.
Su madre, Mercedes Villalonga Villalonga, estaba embarazada de cuatro meses y sufrió graves heridas por incrustaciones de metralla en el cráneo. Estuvo varios días en coma profundo y nunca más pudo volver a trabajar como enfermera. Su padre, el doctor Luis Delgado Cabezas, ejerció como secretario general de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) durante varios años.
Véase el relato completo del atentado en Jaime Bilbao Iglesias.
El policía nacional, Antonio Barrado Recio, tenía 30 años. Era natural del pueblo cacereño de Madroñera, estaba casado y tenía tres hijos.
Cada vez que el equipo eibarrés jugaba en su campo, un convoy de la Policía Nacional formado por tres vehículos, viajaba desde la comisaría hasta el estadio de fútbol de Ipurúa para controlar la seguridad durante el partido. El 18 de diciembre de 1988, hacia las 15:20 horas, el etarra Juan Carlos Balerdi Iturralde accionó un coche-bomba al paso del convoy. El impacto alcanzó al último de los coches.
El agente José Antonio Barrado Recio falleció mientras era trasladado a un centro sanitario. Otros tres policías y un sacristán resultaron gravemente heridos y tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente. La explosión produjo también heridas leves a tres civiles y otro policía. José Antonio fue enterrado en Alcalá de Henares.
Fermín Javier Urdiain Ciriza, Jesús María Ciganda Sarratea, Pedro José Echevarría Lete y Balerdi Iturralde fueron condenados, como autores del atentado, a sendas penas de 134 años. La sentencia incluía también la obligatoriedad de la correspondiente indemnización.
Engraciano González Macho, de 41 años, era natural de la localidad vizcaína de Ondarroa. Estaba casado y tenía dos hijos. Hacía seis meses que había abierto el pub Antxi en Zarautz.
El 22 de diciembre, sobre las 20:00 horas, el etarra Juan Carlos Balerdi entró en el local y pidió una consumición. Después le disparó dos tiros en la cabeza y le mató en el acto. Otro etarra le esperaba fuera del establecimiento y un tercero les aguardaba en un coche para salir huyendo. ETA justificó el crimen relacionando a Engraciano con el tráfico de drogas.
Los terroristas Juan Carlos Balerdi Iturralde, Fermín Urdiain Ciriza y Jesús María Ciganda Sarratea fueron condenados, como autores del asesinato, a penas de 30 años de reclusión mayor cada uno. José Cándido Zubicaray Badiola y José María Beristain Urbieta, por cooperación necesaria, fueron condenados a 27 años de reclusión mayor cada uno. Los cinco terroristas debían indemnizar conjunta y solidariamente a los herederos legales de la víctima.