Joaquín Imaz Martínez (Pamplona, 1927) comandante jefe de la Policía Armada de Pamplona, casado y con una hija pequeña, tenía 50 años cuando le asesinaron el 26 de noviembre de 1977. Joaquín, que estaba amenazado de muerte, se negaba a tener escolta o llevar un arma. Solía decir a sus amigos: “Sería inútil, pues si han de matarme, lo harán por la espalda”. Finalmente así fue. Aquel 26 de noviembre, cuando se dirigía a su coche, varios miembros de ETA le dispararon por la espalda en la cabeza y lo remataron con un tiro en la sien. Su cuerpo fue encontrado al pie de un árbol, cubierto por una manta, en los aparcamientos contiguos a la plaza de toros de Pamplona. Su asesinato fue el primero que la banda terrorista cometió en Navarra. El etarra Francisco Javier Martínez Apesteguia fue condenado por su participación en el crimen.

Joaquín Imaz ingresó en 1946 en la Academia Militar y su primer destino fue el Sáhara con el grado de teniente. En Santa Cruz de Tenerife desempeñó funciones en la Policía Armada. Fue nombrado ayudante del comandante en Bilbao. Ascendió a capitán y se reincorporó al Ejército. Ya con el grado de comandante, volvió a la Policía Armada y fue destinado a San Sebastián, donde permaneció más de un año. Desde allí se trasladó de nuevo a Pamplona, su ciudad natal, dondefue asesinado.

José Manuel Baena Martín (Granada, 1947), miembro de la Brigada de Información de la Policía de Pamplona, acababa de ser padre hacía unas semanas cuando el 11 de enero de 1978 fue asesinado en acto de servicio. Tanto su padre como su esposa se enteraron del fallecimiento al escuchar la noticia por la radio.

El grupo de Baena tenía una pista sobre un piso franco donde los terroristas responsables de los últimos atentados podían estar escondidos. Al ir a investigarlo, los policías se dieron de bruces con los pistoleros de ETA y, tras un intenso tiroteo, murieron Baena y los etarras Ceferino Sarasola Arregui y Joaquín Pérez de Viñaspre, mientras que varios transeúntes fueron heridos y tuvieron que ser trasladados a centros hospitalarios.

Manuel López González (Cáceres, 1955), de 23 años y con planes de boda a la vista, fue asesinado el 8 de mayo de 1978 en Pamplona.

El joven guardia civil volvía de trabajar en la estación de Renfe de la capital navarra junto a su hermano Francisco y otros dos compañeros en un coche oficial, cuando explotó un coche bomba. La onda expansiva hirió a los cuatro agentes que viajaban en el vehículo. Cinco guardias civiles fuera de servicio que se encontraban en la zona los socorrieron, trasladando a Manuel López, el herido más grave, con fragmentos de metralla en la aorta, a un centro hospitalario. Falleció poco después.

El cabo Francisco Berlanga Robles, artificiero de la Policía Nacional, nació en Casarabonela (Málaga) y era padre de tres niños. Sólo tenía 26 años cuando murió en acto de servicio el 2 de enero de 1979 en Pamplona.

La unidad de Francisco se personó en las oficinas de una céntrica inmobiliaria donde el comando Nafarroa había colocado una bomba y, tras desalojar y acordonar la zona, el artefacto explosionó causándole la muerte antes de que pudieran desactivarlo. Al día siguiente su cuerpo fue trasladado a Málaga.

El 30 de noviembre de 1982, Ricardo Garciandia Solano, Miguel Mateo Asnariz Dicastillo y María Gloria del Sagrario Recarte Gutiérrez fueron condenados por este atentado a 21 años de prisión mayor y a la indemnización económica a los herederos de Francisco.

Jesús Ulayar Liciaga, de 54 años, era natural de la localidad navarra de Etxarri Aranaz, de la que había sido alcalde durante 7 años. Casado y con cuatro hijos, era vocal de la Asociación de Padres de Alumnos y poseía una tienda de electrodomésticos y una funeraria. El 27 de enero de 1979, mientras estaba con su hijo de 13 años, un terrorista encapuchado le disparó a bocajarro cinco tiros matándole en el acto.

El 26 de junio de 1980, los hermanos Vicente y Juan Nazabal Auzmendi, autores del atentado, fueron condenados a 27 y 22 años de reclusión mayor, respectivamente; mientras que Jesús María Reparaz Lizarraga, cómplice, a 12 años y un día, y Eugenio Juan Ulayar Lizarraga, como encubridor, a 6 años y un día. Asimismo, todos los participantes tuvieron que pagar una indemnización económica a los herederos de la víctima.

Pedro Fernández, salmantino de 31 años, casado y con dos hijos, regentaba una cafetería próxima a la Jefatura Superior de Policía, sita en el Gobierno Civil de Navarra, a la que acudían numerosos agentes y funcionarios. Pedro, que ya había recibido amenazas de ETA por atenderles, fue asesinado el 5 de abril de 1979 por la explosión de una bomba colocada en los aseos de su establecimiento.

Ricardo Garciandia Solano, María Gloria del Sagrario Recarte Gutiérrez y Miguel Mateo Asnariz Dicastillo fueron condenados a 27 años de reclusión mayor y al pago de una indemnización a los herederos de la víctima.

Carlos Sanz Biurrun, de 39 años y natural de Guenduláin (Navarra) llevaba cinco años casado y no tenía hijos. En 1953 entró en el seminario diocesano de Pamplona donde estudió Filosofía y Teología, aunque no llegó a ordenarse. En 1962 entró en la Policía en Bilbao y poco tiempo después volvió a Pamplona, donde accedió a la Brigada de Investigación Criminal. Cuando ETA aumentó sus acciones terroristas en Navarra, los familiares de Sanz intentaron convencerle para que cambiara su vida profesional y priorizara su título de magisterio, pero él prefirió seguir siendo policía, profesión por la que sentía vocación.

El 8 de octubre de 1979 varios terroristas del comando Nafarroa le esperaron en la Bajada de Labrit, cerca de su casa. A las 14.45 horas, cuando estaba llegando a su domicilio, fue tiroteado por la espalda y murió en el acto.

Dos días después, ETA asumió la autoría de este asesinato y el ametrallamiento de varios policías en un bar de San Sebastián.

En 2004 se hizo un homenaje a las dos víctimas de ETA en Pamplona, Carlos Sanz Biurrun y Pedro Fernández Serrano, muerto el 5 de abril de 1979.

María Mercedes Galdós Arsuaga, miembro del Comando Nafarroa, fue condenada a una pena de 24 años de reclusión mayor. José Ramón Martínez de la Fuente Inchaurregui también fue condenado, como cómplice, a una pena de 18 años de prisión menor. Además, fueron obligados a indemnizar económicamente a los herederos de la víctima.

Véase también Pedro Fernández Serrano.

Sebastián Arroyo González, de 53 años y nacido en Sobradillo (Salamanca), estaba casado, tenía cuatro hijos y vivía en Alsasua. Fue guardiacivil, pero se retiró diez años antes para trabajar en la empresa Igartex, en Alsasua, dedicada a la fabricación de guantes.

El 8 de enero de 1980, a las 19.30 horas, Sebastián salió del trabajo y condujo en dirección a su casa. En el trayecto, varios etarras le ametrallaron desde un turismo. Sebastián resultó herido y perdió el control de su coche saliéndose de la carretera. El atentado sucedió cerca del Parque de Bomberos por lo que algunos agentes presenciaron los hechos y fueron a socorrerlo. La víctima fue trasladada a la casa de socorro de Alsasua, donde recibió las primeras atenciones médicas, y después al hospital de Navarra, donde falleció al día siguiente.

ETA militar se hizo responsable del atentado. Jesús Razquin Mendinueta fue condenado por vigilar a la víctima a la pena de un año de prisión menor y a indemnizar económicamente a la familia de Sebastián Arroyo.

Con motivo de la festividad del 1 de mayo, José Oyaga Marañón, navarro nacido en Estella, de 49 años, casado y padre de tres hijos, y su amigo, Jesús Vidaurre Olleta, habían salido a tomar unas copas por el casco viejo de Pamplona hasta que, de madrugada, dos etarras les dispararon a quemarropa matándoles en el acto.

Véase también Jesús Vidaurre Olleta.

Jesús Vidaurre Olleta, de 32 años, viudo y con cuatro hijos, murió acribillado en el atentado de Pamplona en el que también fue asesinado su amigo José Oyaga Marañón el 1 de mayo de 1980.

Véase el relato completo del atentado en José Oyaga Marañón.

El guardia civil Francisco Puig, de 31 años, soltero y natural de Mas de la Mariana, Castellón, fue asesinado junto a su compañero, el cabo Ramón Ruiz Fernández, el 15 de mayo de 1980. Los dos agentes fueron tiroteados hasta la muerte por miembros del comando Adarra mientras cenaban en un bar.

Francisco Javier Lujambio Galdeano fue condenado como autor material del atentado a dos penas de 27 años de reclusión mayor, mientras que José María Aramburu Lete y Juan Miguel Apecechea Arocena fueron condenados a 25 años de reclusión mayor en concepto de cooperación. Los tres terroristas tuvieron que indemnizar a los herederos de los fallecidos.

Véase también Francisco Ramón Ruiz Fernández.

Francisco Ramón Ruiz Fernández, natural de Arjona, Jaén, de 26 años y comandante del puesto de la Guardia Civil de Goizueta, fue asesinado cuando cenaba con su compañero Francisco Puig Mestre el 15 de mayo de 1980. Apenas quince días antes del atentado había sido padre por segunda vez.

Véase el relato completo del atentado en Francisco Puig Mestre.

El policía nacional Ángel Postigo Mejías, de 25 años, era natural de La Línea de la Concepción y vivía en Navarra desde los 6 años. Se casó en 1974 con Manuela Merchán y tenían un hijo. Llevaba en la Policía Nacional menos de un año cuando fue asesinado por ETA.

El 15 de junio de 1980, Ángel fue a visitar a su abuela en el barrio de la Rochapea. A las 10.15 horas salió de su casa y se dirigió hacia su coche, que estaba aparcado al lado del domicilio familiar. Cuando fue a abrir la puerta del automóvil, un hombre y una mujer que estaban sentados en un banco se levantaron y empezaron a dispararle. Murió casi en el acto. Los terroristas huyeron en un vehículo robado.

Ángel estaba siendo vigilado por un joven pagado por ETA. El individuo fue detenido y condenado como cómplice del atentado a una pena de 2 años de prisión menor y al pago de la indemnización correspondiente a la viuda de Ángel.

Mercedes Galdós Arsuaga fue condenada a 27 años de reclusión mayor y al pago de una indemnización a los herederos de la víctima. Santiago Arrospide Sarasola fue condenado como inductor del asesinato a 27 años de prisión mayor y al pago de una indemnización económica a la Administración del Estado.

El teniente coronel retirado José Luis Prieto Gracia, de 61 años, había nacido en Tafalla (Navarra). Estaba casado y tenía siete hijos. Fue jefe de la Policía Foral de Navarra entre 1966 y 1979.

El militar y su esposa salieron de casa el 21 de marzo de 1981 para asistir a la misa de las 20:00 horas que se celebraba en la parroquia de Nuestra Señora del Huerto, en el barrio de San Juan. Los etarras se dirigieron al templo y cuando se encontraban en la misma puerta, dos de los terroristas dispararon a José Luis en la cabeza provocándole la muerte en el acto.

Más de 20.000 personas pasaron por la capilla ardiente y alrededor de 4.000 asistieron al funeral. El 25 de marzo, más de 50.000 ciudadanos navarros se echaron a la calle para exigir a ETA que dejase de matar.

Manuel Víctor Tomás Salvador Labat fue condenado a una pena de 10 años de prisión mayor como encubridor de un delito de asesinato, por cobijar a los terroristas que mataron a José Luis. Los miembros del comando Nafarroa de ETA, Juan José Legorburu Guerediaga, Mercedes Galdós Arsuaga y José Ramón Martínez de la Fuente fueron condenados como autores del crimen a penas de 27 años de reclusión mayor y al pago de una indemnización a su viuda. José Ramón Artola Santiesteban fue condenado, como cómplice, a una pena de 13 años de prisión menor.

Vicente Luis Garcera López, policía nacional valenciano de 29 años, casado y con una hija, fue asesinado el 17 de abril de 1982 cuando el comando Nafarroa disparó una granada anticarro a la tanqueta que conducía. A pesar de ser trasladado al hospital provincial, falleció al poco de ingresar. Otras nueve personas resultaron heridas en el atentado.

Juan José Legorburu Guerediaga y Mercedes Galdós Arsuaga fueron condenados a 30 años de reclusión mayor y ocho penas de 23 años de reclusión mayor por asesinatos frustrados. Manuel Víctor Tomás Salvador Labat fue condenado a 10 años de prisión mayor como encubridor. Los tres tuvieron que indemnizar tanto al fallecido como a los heridos.

Juan García González y Francisco Javier López García, guardias civiles de 21 años, solteros e integrantes del Grupo Especial de Intervención en Montaña con base en la localidad navarresa de Burguete, salieron a divertirse y a tomar unas copas la madrugada del domingo del 4 de julio de 1982. Tras salir de un local, entraron en el coche de Juan y explotó una bomba colocada junto a las ruedas traseras. Un segundo explosivo situado en la parte delantera del vehículo no llegó a explotar. El guadalajareño Juan García fue alcanzado en la espalda por la onda expansiva y la metralla y falleció mientras era trasladado al hospital. Francisco Javier también resultó herido, pero gracias a una intervención quirúrjica pudo sobrevivir.

Alberto Toca Echeverría, de 56 años, natural de Estella y con siete hijos, era director de la mutua patronal de accidentes de trabajo Asepeyo. Toca fue uno de los impulsores y presidente de la Asociación Navarra de Familiares y Amigos de Subnormales (ANFAS), ya que uno de sus hijos tenía deficiencias psíquicas. El 8 de octubre de 1982, mientras estaba en su despacho de la capital navarra hablando con un médico de la mutua, dos etarras irrumpieron en la estancia y le dispararon cuatro tiros en la cabeza y el abdomen que le mataron en el acto.

Los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) usaron la militancia de Alberto en la formación carlista Comunión Tradicionalista para justificar el atentado.

El 5 de octubre de 2007, al cumplirse el 25º aniversario del asesinato de cuatro víctimas de ETA en Navarra, una de ellas Alberto Toca, se celebró un acto de homenaje a los fallecidos.

Gregorio Hernández Corchete, calderero salmantino de 27 años, casado y con tres hijos, vivía en Leiza desde hacía varios años y trabajaba en una empresa de Tolosa. El 15 de octubre de 1982 murió en el atentado que el Comando Goierri realizó contra el cuartel de la Guardia Civil de Leiza, a donde Hernández había acudido acompañado de dos cuñados para renovar el permiso de armas de su escopeta de caza. Terroristas colocados en un monte enfrente dispararon contra la casa-cuartel y lanzaron una granada que destrozó la planta baja del edificio. Gregorio fue alcanzado en la yugular y en la pierna por los primeros disparos, muriendo en el acto. Otros tres guardias civiles fueron heridos.

Juan María Tapia Irujo fue condenado a 26 años de prisión mayor por el delito de asesinato, así como a otra pena de 20 años y 1 día de reclusión mayor por el delito de atentado y lesiones. Además, tuvo que indemnizar económicamente a los herederos legales de Gregorio Hernández y también a Manuel Escobar, Manuel Vilariño, y Emilio Muiños, que fueron heridos.

Antonio Conejo, de 41 años, natural del Valle de Santa Ana (Badajoz), estaba casado y tenía dos hijas de 12 y 13 años. Tras haber pasado muchos años destinado en las oficinas de la Comandancia de la Guardia Civil, el 28 de mayo de 1983 era una fecha especial para Antonio porque iba a realizar su primer día de servicio en un destino más cercano a la gente, el edificio central de correos de la capital navarra.

A las 11:30 horas, dos terroristas vestidos de traje entraron en el edificio central de Correos de Pamplona, situado en el paseo de Sarasate. En el interior habría unas 50 personas y tres agentes de la Guardia Civil encargados de la seguridad del edificio: uno en el interior de una garita blindada y los otros dos, en la zona de acceso del público.

Los individuos se dirigieron hacia estos últimos y les dispararon a bocajarro. El cabo primero Antonio Conejo Salguero murió en el acto y su compañero, Fidel Lázaro Aparicio., falleció mientras era trasladado a un centro sanitario. Los testigos del atentado se tiraron al suelo en medio de escenas de pánico. Los Comandos Autónomos Anticapitalistas se responsabilizaron del doble asesinato.

Véase también Fidel Lázaro Aparicio.

El guardia civil Fidel Lázaro Aparicio, de 49 años, era natural de Torrehermosa (Zaragoza). Falleció en el atentado de Pamplona que también acabó con la vida del cabo Antonio Conejo Salguero, en el edificio central de Correos del paseo de Sarasate, el 28 de mayo de 1983.

Su Majestad el rey Juan Carlos, junto al ministro del Interior, José Barrionuevo, acudió al funeral de los dos agentes. Tras las exequias tuvo lugar una manifestación de varios centenares de personas en Pamplona contra la banda terrorista ETA.

Relato completo del atentado en Antonio Conejo Salguero.

Jesús salió de su casa, en la avenida de Bayona de Pamplona, poco antes de las 8:00 horas, para ir a su trabajo. En el portal se encontró a una vecina a quien ayudó a llevar unos paquetes a su coche. En ese momento, un etarra que llevaba un rato sentado en un banco de la acera de enfrente, le abordó y le disparó tres tiros, uno de ellos en la nuca, resultando herido de gravedad. Otros dos terroristas se encontraban sentados en el bordillo del escaparate de una zapatería a poca distancia del primer individuo. Jesús fue trasladado al hospital de Navarra pero ingresó muerto.

Esos mismos terroristas, miembros del Comando Mendaur de ETA, ya habían intentado asesinar a Jesús el 8 de abril con el mismo procedimiento, pero la víctima no salió de su casa a la hora que preveían, por lo que no pudieron perpetrar el atentado.

Enrique Labay Machín fue condenado a 29 años de prisión por el asesinato de Jesús Blanco Cereceda y al pago de una indemnización a los herederos de la víctima. Fermín Urdiain Ciriza y Joaquín Sancho Biurrun fueron sentenciados a 30 años de reclusión mayor y a la indemnización económica correspondiente.

Jesús Alcocer Jiménez, de 65 años y natural de Sos del Rey Católico (Zaragoza), estaba casado y tenía cuatro hijas. Fue comandante del Ejército hasta 1977, cuando se retiró y se dedicó a hacer actividades empresariales privadas en Pamplona.

Jesús iba todas las mañanas a Mercairuña, donde realizaba las compras para tres supermercados que tenía en Pamplona. El 7 de junio de 1978, Jesús sufrió dos atentados. Una bomba estalló en uno de sus supermercados y, poco después, una segunda explotó en su coche, a las puertas de su casa.

Años después, el 13 de abril de 1984, sobre las 07:00 horas, Jesús entraba al Mercairuña para hacer las compras habituales, cuando dos etarras le dispararon y le mataron en el acto.

Los miembros de ETA huyeron en un Renault 18 hasta el instituto de Ermitagaña. Se bajaron del coche, pero dejaron una bomba-trampa dentro.

Los testigos del asesinato informaron a la Policía. Se establecieron patrullas y puntos de control por toda la ciudad. Una hora después, un coche patrulla con tres agentes encontró el vehículo sospechoso en la ronda de Ermitagaña.

Uno de los agentes se quedó en el coche oficial para informar del hallazgo por radio, mientras sus compañeros, el cabo primero Tomás Palacín Pellejero y el agente Juan José Visiedo Calero, inspeccionaban el vehículo sospechoso. La bomba-trampa estalló y los alcanzó de lleno a los dos. Murieron en el acto.

Los miembros del comando Nafarroa de ETA, María Mercedes Galdós Arsuaga, Juan José Legorburu Guerediaga, Juan Carlos Arriaga, José Ramón Martínez de la Fuente Inchaurregui y Jesús Jiménez Zurbano, fueron condenados a penas de 29 años de reclusión por los asesinatos de Jesús y los dos policías.

Véase también Tomás Palacín Pellejero y Juan José Visiedo Calero.

Tomás Palacín Pellejero, de 43 años, estaba casado y tenía dos hijos. Era natural de Cervera de Cañada (Zaragoza). Murió el 13 de abril de 1984 tras recibir el impacto de una bomba-trampa en un vehículo robado con el que varios miembros de ETA habían huido tras cometer un atentado. En el atentado también murieron el comandante retirado Jesús Alcocer Jiménez y el agente Juan José Visiedo Calero.

Relato completo del atentado en Jesús Alcocer Jiménez.

Véase también Juan José Visiedo Calero.

Juan José Visiedo Calero, de 26 años, natural de Melilla, estaba casado y tenía una hija de 2 años. Murió el 13 de abril de 1984 tras recibir el impacto de una bomba-trampa colocada en un vehículo robado. El coche había sido usado previamente por varios miembros de ETA para cometer el atentado mortal contra el comandante retirado Jesús Alcocer Jiménez, en el que también murió el cabo primero Tomás Palacín Pellejero.

Relato completo del atentado en Jesús Alcocer Jiménez.

Véase tambiénTomás Palacín Pellejero.

El capitán Luis Ollo Ochoa, de 54 años, jefe de la Compañía de la Guardia Civil de Aoiz, aprovechó el domingo para ir a su piso en el barrio de la Chantrea (Pamplona). A las 20:00 horas del 27 de mayo de 1984, tenía la intención de regresar a Aoiz. Acompañado de su esposa entró en su coche, en la avenida de Villava. Al ponerlo en marcha, la vibración del motor hizo estallar una bomba colocada en los bajos del vehículo. Murió en el acto. Su esposa, Esther Pérez de Aramendi, no llegó a subir al coche, pero sufrió diversas heridas y fue trasladada a la residencia Virgen del Camino.

Luis nació en Ochagavía (Navarra) y era un profesional muy reconocido que previamente estuvo destinado en el Servicio de Información de la Guadia Civil de Navarra. Tenía un hijo de 22 años y una hija de 24.

Los etarras Juan José Legorburu Guerediaga, Jesús Jiménez Zurbano, Francisco Javier Martínez Nogales, Jesús María Altable Echarte, Miguel Santiago Izpurua García y José Javier Zabaleta Elosegui fueron condenados por el crimen.

Diego Torrente Reverte, de 29 años, estaba casado y tenía tres hijos. Era natural de Puerto Lumbreras (Murcia).

El 7 de junio de 1984, sobre las 20:00 horas, el agente salió a limpiar su coche en las inmediaciones del estadio de fútbol del Sadar, a fin de tenerlo preparado para la comunión de sus hijos que se celebraba esa semana. Dos miembros de ETA, del comando Mendaur, se aproximaron a Diego. Uno de ellos puso su mano en la cadera e identificándose como miembro de ETA, sacó la pistola, momento en que Diego, desarmado, se abalanzó sobre él iniciando un forcejeo y consiguiendo que el cargador de la pistola cayese al suelo, procediendo a continuación el segundo etarra a efectuar un disparo por la espalda a Diego que acabó con su vida.

Los miembros de ETA, Enrique Labay Machín, José Ignacio Urdiain Ciriza y Joaquín Sancho Biurrun, fueron condenados a 27 años de prisión.

Alfredo Aguirre Belascoain, conocido por “Godo”, tenía 13 años y vivía en el casco viejo de Pamplona. Estudiaba séptimo de enseñanza Primaria en el colegio de los jesuitas y era un gran deportista. Practicaba piragüismo en el Club Natación Pamplona y tenía un gran futuro por delante.

El 30 de mayo de 1985, estaba conversando con una vecina por el portero automático cuando fue alcanzado por una explosión provocada por ETA con intención de asesinar a policías nacionales.

Su madre, Carmen Belascoain, escuchó la explosión y fue corriendo al lugar, donde encontró el cuerpo ensangrentado de su hijo en el suelo.

Al día siguiente, los colegios de Pamplona celebraron una manifestación en recuerdo de Alfredo, en la que miles de niños se juntaron en la plaza del Castillo.

Dos días después del asesinato, ETA hizo un comunicado en el que expresaba su tristeza por el crimen. La organización terrorista intentó distanciarse del asesinato del menor, alegando que fue una muerte accidental. En este atentado fue asesinado el policía Francisco Miguel Sánchez.

Francisco Miguel, de 32 años, natural de Villaverde del Río (Sevilla), estaba casado y tenía dos hijos. En el atentado que acabó con su vida, también murió un niño de 13 años, Alfredo Aguirre Belascoain.

El viernes 30 de mayo, sobre las 21:00 horas, la centralita del 091 de Pamplona recibió una llamada anónima que alertaba a la Policía de que en el primer piso del número 16 de la calle Bajada San Francisco Javier, en Pamplona, un drogadicto pegaba su madre e incluso estaba a punto de matarla. Dos coches patrulla acudieron inmediatamente al lugar y fueron corriendo hacia el portal. Unos minutos antes, la etarra Mercedes Galdós Arsuaga, simulando ser una mujer embarazada, había colocado junto al portal un paquete entre bolsas de basura que contenía una potente bomba. Cuando los policías se acercaron, el explosivo estalló y acabó con la vida de Francisco Miguel Sánchez e hirió a otros cuatro agentes.

Los miembros de ETA, Mercedes Galdós Arsuaga, Juan José Legorburu Guerediaga y José Ramón Artola Santiesteban, fueron condenados por la Audiencia Nacional en 1987, por el delito de atentado contra un miembro de las Fuerzas de Seguridad, a una pena de 85 años de prisión mayor cada uno por asesinato en distintos grados. Además, también debían indemnizar a los herederos de Francisco y Alfredo.

Véase también Alfredo Aguirre Belascoain.

El general de brigada de la Guardia Civil Juan Atarés Peña, oscense de 67 años, estaba casado y con cuatro hijos. Había sufrido ya cuatro atentados frustrados. Condecorado y en la reserva activa desde 1979, fue asesinado el 23 de diciembre de 1985.

Al caer el mediodía, Juan paseaba por el parque pamplonés de la Vuelta del Castillo, cerca de su casa, cuando dos etarras bajaron de un coche robado y le dispararon tres tiros por la espalda que le causaron la muerte inmediata.

Juan José Legorburu Guerediaga y Mercedes Galdós Arsuaga fueron condenados a 29 años y 5 meses de prisión. María Cruz Azcona Larreta a 10 años y 1 día de prisión mayor como cómplice. Los tres tuvieron que indemnizar a la viuda de Juan.

María Cruz Yoldi Orradre, navarresa de 63 años, casada y con seis hijos, era repartidora del Diario de Navarra desde hacía 14 años. El 17 de octubre de 1987, mientras dejaba unos ejemplares en la entrada de la aseguradora La Unión y el Fénix Español en Pamplona, explotó una bomba en el exterior del edificio que mató en el acto a Yoldi. Enrique Aresti Urien, subdirector de esta entidad en Bilbao, ya había sido asesinado por ETA en marzo de 1980.

Bautista Barandalla Iriarte, miembro del comando Amaiur, fue condenado a prisión mayor por el asesinato, así como a indemnizar a los herederos de la víctima.

Antonio Fernández Álvarez, salmantino de 35 años, casado y con dos hijos, fue asesinado junto a su compañero José Antonio Ferri Pérez el 21 de agosto de 1988. Un coche-bomba explotó en el casco urbano de Estella por el que circulaban como patrulla de tráfico. Días antes, los dos agentes asesinados habían realizado una arriesgada operación de salvamento en un incendio, por lo que la indignación popular fue aún mayor y la ciudad de Estella manifestó su repulsa hacia el atentado en una concentración silenciosa de unas 5.000 personas.

Germán Rubenach Roig fue absuelto del crimen al no poder probarse su participación. En 1990, resultó herido en la Foz de Lumbier, después de intentar suicidarse pegándose un tiro en la cabeza tras verse acorralado por las Fuerzas de Seguridad.

Véase también José Antonio Ferri Pérez.

El guardia civil alicantino José Antonio Ferri Pérez, de 34 años, casado y con tres hijos, falleció junto a su compañero de patrulla Antonio Fernández Álvarez tras la explosión de un coche-bomba el 21 de agosto de 1988 en Estella.

Las banderas oficiales de Navarra ondearon a media asta aquel día, en memoria de los dos guardias civiles asesinados. Al día siguiente, 5.000 estelleses recorrieron las calles en silencio. Era el primer atentado mortal de ETA en la localidad. Diez años más tarde firmarían el Pacto de Estella, por el que la mayor parte de las organizaciones políticas y sociales independentistas vascas se comprometían a buscar conjuntamente la soberanía de Euskadi.

Relato completo del atentado en Antonio Fernández Álvarez.

Julio Gangoso Otero, guardia civil zamorano de 31 años, estaba casado y con dos hijos. Murió en el atentado con furgoneta-bomba dirigido contra la tanqueta de la que era conductor y el Land Rover que escoltaban por Pamplona el 16 de octubre de 1988. Otros siete guardias que viajaban en su vehículo fueron heridos.

Por primera vez en el caso de una víctima mortal del terrorismo, la capilla ardiente fue instalada en el Ayuntamiento de Pamplona por expreso deseo del alcalde, Javier Chourraut.

Juan José Zubieta Zubeldia, Javier Goldaraz Aldaya y Germán Rubenach fueron condenados y obligados al pago de una indemnización económica. Al declararse insolventes, el Estado se hizo cargo de las indemnizaciones.

Tomás Caballero Pastor subió a su coche para ir al Ayuntamiento de Pamplona, donde era concejal de Unión del Pueblo Navarro (UPN). Un terrorista le disparó dos veces desde la ventanilla delantera de un coche. Fue trasladado al hospital de Navarra, donde murió pocas horas después. El atentado sucedió el 6 de mayo de 1998.

Tomás, de 63 años, natural de Alfaro (La Rioja), estaba casado con Pilar Martínez, tenía cinco hijos y ocho nietos. Era navarro de adopción, ya que había vivido allí casi toda su vida. Trabajaba en Iberdrola y era militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC). Fue un veterano sindicalista democrático, dedicando su vida a la política y a la sociedad navarra.

En la década de los 60, Caballero Pastor presidió el Consejo de Trabajadores de Navarra. En 1971 fue concejal de Pamplona y en 1977, alcalde de la ciudad. Presidió el Club Deportivo Oberena entre 1984 y 1994. En 1993 figuró como candidato independiente en las listas de UPN, partido al que se afilió posteriormente y por el que fue elegido concejal de Pamplona en 1995.

Los etarras Francisco Javier Ruiz Romero, Mikel Javier Ayensa Laborda y Alberto Viedma Morillas fueron condenados como responsables del crimen a 30 años de prisión mayor y a indemnizar solidariamente a los herederos de Tomás.

Los etarras Alberto Viedma y Mikel Javier Ayensa asesinaron a tiros al subteniente Francisco Casanova Vicente, de 46 años, a las 15:15 horas, cuando estaba en el garaje de su casa, en una zona residencial de Berriozar (Navarra).

Francisco nació en Igea (La Rioja), tenía mujer y dos hijos. Vivía en Berriozar desde hacía nueve años. Estaba destinado en el Regimiento de Cazadores de Montaña América 66. Fue enterrado en el cementerio de Castejón (Navarra), donde aún vivían sus padres. A su misa funeral asistieron centenares de personas.

Pertenecía al grupo de jotas Ecos de Navarra y desde el año posterior a su muerte, se celebra anualmente el Encuentro de Jotas Francisco Casanova en su memoria. Desde 2003, la Escuela de Música lleva su nombre. Además, se constituyó el colectivo Vecinos de Paz.

Viedma y Ayensa fueron condenados a 30 años de prisión y a la correspondiente indemnización.

El cabo de la Guardia Civil, Juan Carlos Beiro Montes, ex soldado profesional asturiano de 32 años, estaba casado y tenía mellizos. Fue víctima de una bomba colocada junto a la calzada de la carretera NA-1320, a la altura de Leiza (Navarra), el 24 de septiembre de 2002. Como reclamo para atraer a las fuerzas del orden, ETA desplegó una pancarta que decía “ETA bietan jarrai. Guardia civil, jota bertan hil” (ETA, adelante con las dos. Guardia civil, mátalo aquí). Los terroristas activaron el explosivo cuando Beiro y un grupo de agentes fueron a descolgarla. El cabo fue gravemente herido en el abdomen y falleció de camino al hospital Donostia. El sargento y comandante del puesto de Leiza, Miguel de los Reyes Martínez Morata sufrió graves lesiones, mientras que los otros tres guardias civiles que les acompñaban también resultaron heridos.

Al día siguiente de su asesinato, miles de personas dieron el último adiós a Beiro en Langreo. Fue incinerado en el tanatorio de Gijón.

Cuatro días después, unas 50.000 personas se manifestaron por las calles de Pamplona por el atentado.

A Beiro se le concedió la Cruz con distintivo rojo de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil a título póstumo y, puesto que el atletismo era una de sus aficiones, pusieron su nombre al Palacio de Deportes de Leiza y al circuito de carreras del paseo de los Llerones de Sama, donde solía entrenar. Asimismo se creó la carrera popular Memorial Juan Carlos Beiro.